Washington, D.C. 2 de mayo de 2023. – Hasta mayo de 2023, Cuba y Nicaragua mantienen al menos a tres periodistas encarcelados únicamente por ejercer su labor de  informar a la población sobre las constantes violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades. Este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, esas personas no podrán ejercer su libertad. Han sido silenciadas.

La cifra es una muestra pequeña de la enorme cantidad de agresiones que estos dos Estados han cometido contra las personas periodistas desde dos momentos históricos vividos por sus poblaciones: abril de 2018 en Nicaragua, cuando la ciudadanía salió masivamente a protestar para pedir la renuncia del presidente Daniel Ortega y vicepresidenta Rosario Murillo del poder; y el 11 de julio de 2021 en Cuba, cuando sus ciudadanos se manifestaron contra la escasez y la difícil situación política, social,  económica y de derechos que se registra en la Isla. 

En Nicaragua el periodista Victor Ticay fue detenido la mañana del 6 de abril de este año cuando salió a grabar una procesión religiosa en el marco de la conmemoración de la Semana Santa. Desde entonces, la policía al servicio de Daniel Ortega y Rosario Murillo no han dado información sobre él ni a sus familiares ni a la opinión pública. 

A 1243 kilómetros de distancia, en Cuba, el periodista Lázaro Valle Roca fue condenado a cinco años de prisión bajo el falso delito de “desacato”, tras publicar el reportaje “Se calentó la Habana, lanzan octavillas conmemorando el natalicio de Antonio Maceo”, que contaba cómo unos mensajes lanzados desde un edificio en La Habana, exigían que  las personas privadas de la libertad por motivos políticos, fueran liberadas de forma inmediata. Él fue detenido en junio de 2021.  

En las prisiones cubanas también se encuentra Jorge Bello Domínguez, a quien se le impuso una pena de 15 años de prisión por haber participado en las históricas protestas de julio de 2021. 

Ticay, Valle y Bello no son los únicos periodistas que han sido privados de libertad. Para febrero de 2023, el régimen de Ortega-Murillo excarceló a un grupo de 222 personas que estaban en prisión por motivos políticos, y las desterró hacia Estados Unidos. 

En ese grupo se encontraban tres  trabajadores de la organización defensora de la libertad de prensa “Fundación Violeta B. de Chamorro” periodistas Miguel Mora, Miguel Mendoza; los directivos del Diario La Prensa, Cristiana Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro, detenidos arbitrariamente en 2021 y al menos dos trabajadores de dicho diario y el gerente general  del diario, Juan Lorenzo Holmann, privados arbitrariamente de su libertad en 2022.

Sumado a ellos, al menos 185 periodistas nicaragüenses se encuentran actualmente en el exilio, en países como Estados Unidos, Costa Rica o España, algunos huyeron para evitar la prisión arbitraria tras la aprobación de la Ley de Ciberdelitos a finales de 2020 y otros fueron imposibilitados de regresar por el régimen cuando habían salido a hacer trabajos en otros países. 

El periodista Ángel Gahona fue asesinado en abril de 2018 de un disparo en la cabeza mientras daba cobertura a las protestas en la ciudad de Bluefields. El régimen de Nicaragua intentó inculpar a ciudadanos inocentes y, hasta hoy, no se ha realizado una investigación seria que lleve ante la justicia a los culpables.

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (Iclep) registró de forma parcial que 40 periodistas independientes o que trabajaron o trabajaban en los medios estatales, emigraron durante 2022 a diferentes países como España, Argentina, Uruguay, Paraguay, Alemania, Perú y la gran mayoría a los Estados Unidos.

Según el Informe Anual 2022 presentado en abril de 2023 por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Nicaragua tuvo una intensificación de la escalada represiva en contra de periodistas y medios de comunicación, mientras en Cuba  la represión contra periodistas, artistas y defensores de derechos humanos, constituye un “patrón incesante”.

Cuba y Nicaragua han utilizado leyes para censurar, reprimir, asediar, asaltar y confiscar medios de comunicación, como una política de Estado para silenciar al periodismo independiente y evitar así que las denuncias por violaciones a los derechos humanos lleguen a los organismos internacionales. 

Por ello las cifras de agresiones contra medios y periodistas son tan altas en estos países: entre 2021 y los primeros 10 meses de 2022, la organización Article 19 en su informe ‘Silencio y destierro: El exilio forzado de periodistas independientes en Cuba’, documentó que las y los periodistas sufrieron un total de 246 agresiones; mientras que el ICLEP registró que en la Isla ocurrieron 1637 violaciones a la libertad de prensa durante ese mismo periodo de tiempo, y 208 detenciones arbitrarias sólo el año pasado. De otro lado, en Nicaragua hubo por lo menos 3344 violaciones a la libertad de prensa en los últimos cinco años, según datos de Voces del Sur.

Tanto Díaz-Canel como los Ortega-Murillo conocen el poder de denuncia que tienen los medios independientes, y su afán de silenciar las opiniones diferentes tiene como principal objetivo a los medios de comunicación. A pesar de ello, desde el exilio, las y los periodistas han seguido trabajando, recopilando información sobre las violaciones de derechos humanos, por ejemplo en el caso de Nicaragua, su labor  contribuyó a que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU, emitiera un informe contundente en el que calificaba los hechos ocurridos en ese país como crímenes de lesa humanidad. 

El trabajo de las y los periodistas de denunciar, documentar y divulgar las violaciones de derechos que ocurren en Cuba y Nicaragua es esencial para la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas y los eventuales procesos de justicia  a los que deberán someterse tanto los dirigentes de esos gobiernos como quienes ejecutaron sus órdenes en contra de una ciudadanía que no ha hecho más que resistir cívicamente la represión de ambos regímenes. 

Por ello, desde el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condenamos la cárcel,  el exilio, el destierro y el despojo de la nacionalidad al que son sometidas las personas periodistas en estos países y celebramos que, a pesar de las dificultades, los micrófonos y las cámaras siguen recogiendo los testimonios de las víctimas que exigen verdad, reparación y justicia,  y que contribuyen a la creación de memoria histórica de ambos países. 

El tiempo ha demostrado que la censura no puede ganarle a la divulgación de la verdad y que las políticas represivas de ambos Estados sólo fortalecen la credibilidad de los medios de comunicación independientes. 

¡No más censura! ¡Cese  la represión contra el periodismo independiente!