28 de agosto, 2025.– Un nuevo informe elaborado por la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), Raza e Igualdad, el Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAM), la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) y el Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, revela que las desapariciones forzadas se han consolidado como el rostro más cruel de la represión y la prisión política en Nicaragua desde abril de 2018.

La evidencia más reciente de la extrema crueldad de esta práctica es la muerte del preso político Mauricio Alonso Petri, detenido el pasado 17 de julio por oficiales de la Policía. Estuvo 38 días bajo desaparición forzada y este 25 de agosto su familia fue convocada al Instituto de Medicina Legal, en Managua, a reconocer su cadáver.

El estudio documenta cómo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo utiliza la desaparición forzada como mecanismo de castigo y control social, afectando no solo a las personas detenidas, sino también a sus familias, condenadas a una búsqueda interminable en medio del silencio oficial. “Cada desaparición deja vidas suspendidas: las de quienes son borrados por el Estado y las de quienes, desde afuera, sostienen la vida, la memoria y la resistencia”, subraya el documento.

De acuerdo con el informe, la mayoría de las más de 2.000 detenciones políticas registradas por la CIDH en los últimos siete años han estado vinculadas a desapariciones forzadas. Muchas de ellas se han extendido por periodos prolongados. Las víctimas son trasladadas a centros clandestinos, sometidas a torturas físicas y psicológicas, y privadas de contacto con sus familiares o abogados. Desde 2023, las desapariciones han pasado de durar pocos días a convertirse en procesos abiertos, sin identificar aún límite temporal, amparados en la opacidad del sistema judicial.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU ha advertido que esta práctica responde a un “plan criminal” del Gobierno Ortega-Murillo para neutralizar cualquier disidencia y garantizar su permanencia en el poder.

Impactos diferenciados y violencia de género

El informe alerta que las desapariciones forzadas afectan con especial crueldad a mujeres, adolescentes, personas adultas mayores, líderes indígenas y personas con enfermedades crónicas. Mujeres presas políticas han denunciado violencia sexual y torturas específicas relacionadas con la violencia de género, mientras que adolescentes sometidos a aislamiento prolongado desarrollaron ideación suicida.

En el caso de líderes indígenas, la desaparición forzada no solo los silencia como individuos, sino que tienen un impacto colectivo específico, ya que debilita la defensa comunitaria de los territorios y constituye una forma de destrucción cultural.

El peso de la búsqueda

El informe dedica un apartado al impacto de estas prácticas en las personas buscadoras, en su mayoría mujeres, quienes enfrentan hostigamiento, desinformación, costos económicos insostenibles y graves afectaciones emocionales. Muchas son madres, hijas o esposas que cargan con la doble responsabilidad de sostener a sus familias y de mantener viva la búsqueda. “¿Dónde más busco?”, relató entre lágrimas la esposa de un desaparecido en diciembre de 2024, lo que refleja rabia, frustración y el dolor compartido de cientos de familias.

La persecución contra quienes buscan ha provocado que muchas tengan que exiliarse, lo que incrementa la angustia por la imposibilidad de obtener información en el país y agrava el trauma colectivo.

Llamado urgente

Las organizaciones firmantes exigen al Estado nicaragüense poner fin a la política de desapariciones forzadas y prisión política, liberar de inmediato a las personas detenidas por motivos políticos, e implementar mecanismos independientes de verdad y justicia. Asimismo, llaman a la comunidad internacional a mantener la vigilancia activa, exigir responsabilidades y garantizar acompañamiento a las víctimas y buscadoras.

“El régimen pretende borrar cuerpos y voces, pero la resistencia de quienes buscan mantienen viva la exigencia de verdad y justicia. La desaparición forzada es un ultraje contra la dignidad humana, un crimen que no prescribe y que la comunidad internacional no debe tolerar”, enfatiza el informe.