Las prisioneras cubanas se enfrentan a condiciones adversas durante su detención, y pocas veces sus derechos básicos son respetados. Jacqueline Heredia lo sabe bien. Pero en su caso, además, dos factores fueron determinantes para que los niveles de violencia y discriminación aumentaran estas condiciones: ser opositora y vivir con VIH.

Jacqueline, una activista de 40 años, estuvo por 16 meses en la prisión San José, una cárcel ubicada en las afueras de La Habana donde son remitidos reclusos hombres y mujeres que viven con el VIH. “(Esa prisión) no deja de ser severa ni tiene ninguna prioridad… el trato allí es discriminatorio, los mismos guardias y doctores tratan a los presos como si tuvieron la peste”, relata.

A pesar de estar en una prisión para personas con VIH, Jacqueline no recibió sus medicamentos antirretrovirales durante el tiempo que estuvo apresada. Tampoco tuvo acceso a una alimentación sana ni a un trato digno. Fue golpeada por otras prisioneras. Le quitaban el derecho a llamadas, le suspendían las visitas de sus hijos y su esposo. Vivía en condiciones de hacinamiento en una celda con poca ventilación.

“Duele mucho pensar cuando estuve allí”, refiere.

Activismo

Desde hace seis años, Jacqueline es miembro de la Unión Nacional Patriótica de Cuba (UNPACU), y desde hace cinco, de las Damas de Blanco. En este tiempo, ha asistido activamente a manifestaciones y actos de protesta por la libertad de las y los prisioneros políticos cubanos y las violaciones de derechos humanos en la isla.

“Decido volverme opositora por las muchas injusticias que ocurren en el país, veía a muchos gobernantes de este país que vivían mejor y el pueblo era más pobre y reprimido”, comenta la activista, quien vivió en carne propia la falta de oportunidades y la violencia policial.

Cuando tenía 6 años, su padre Ulises Heredia Yovi fue asesinado por la policía dentro su propia casa. Aunque no pertenecía a ningún grupo opositor, el padre de Jacqueline siempre había expresado públicamente su posición ideológica. “Todo fue por pensar diferente, más en ese tiempo (a mediados de los 80s)”, asegura.

A cargo de su madre, Jacqueline y su hermano pasaron tiempos difíciles mientras crecían, a veces el dinero no alcanzaba ni para la comida. Ella tampoco tuvo la oportunidad de estudiar una carrera, y empezó a trabajar desde muy temprana edad para ayudar con el sustento económico.

Para Jacqueline, los ciudadanos cubanos deben tener la oportunidad de trabajar, de tener acceso a insumos básicos, de “vivir tranquilos”. Por esos ideales se unió en 2014 a grupos opositores, pero desde entonces la represión se intensificó. En varias ocasiones fue detenida por lapsos de 24 a 48 horas, y en una ocasión fue golpeada violentamente con mangueras por parte de la Policía Política y la Policía Nacional Revolucionaria.

Detención

Pero la detención del 15 de abril de 2016 marcaría otro escenario.

Esa mañana en que Jacqueline se encontraba en el Parque de la Fraternidad conversando con otras tres Damas de Blanco (Xiomara Cruz, Marieta Martínez y Yunet Cairo), varios agentes de la Seguridad del Estado las detuvieron, las llevaron a la estación de policía para ficharlas, y por la tarde las enviaron al centro de detenciones El Vivac, en donde estuvieron detenidas por 17 días.

Mientras a sus otras tres compañeras las enviaron a la cárcel de mujeres El Guatao, Jacqueline fue trasladada a la prisión de San José.

Un año después de su detención, en mayo de 2017, las autoridades remitieron a la activista a un juicio en el Tribunal de Centro Habana, acusada de los supuestos delitos de desacato y atentado en contra de la policía. En junio, Jacqueline enfrentó junto a sus tres compañeras otro juicio en el Tribunal de San José. Por ambas causas fue condenada a 3 años de privación de libertad.

Después de un par de meses de haber recibido su condena, Jacqueline se enfermó de un catarro que no fue atendido por las autoridades penitenciarias. Más bien, la activista fue enviada a otra celda con personas que tenían tuberculosis, enfermedad de la cual se contagió. Si bien recibió tratamiento en prisión, su salud desmejoró rápidamente, por lo cual fue enviada a su casa bajo una licencia extrapenal.

“Estaba muriendo en prisión. Me mandaron para la casa, como si fuera a morir, (pero) Dios mediante logré recuperarme y cumplí en casa el tiempo que me quedaba de condena”, relata Jacqueline, quien para abril de 2019 ya había culminado su sentencia.

Actualidad

Desde entonces, ha sido detenida en “incontables” ocasiones. “Me detienen en una actividad o en la esquina de la bodega, en un parque, donde ellos quieran detenerme y hacerme pasar el mal rato, es a cualquier día y en cualquier hora”, asegura. Una de las últimas veces ocurrió un par de días antes del Día de las Madres.

Para sus dos hijos, de 9 y 12 años, ha sido una situación compleja. Su padre, el esposo de Jacqueline, Carlos Alberto Alvares, también es miembro de UNPACU y ha enfrentado varias detenciones. Los niños tienen miedo a la policía, porque en alguna ocasión incluso los detuvieron junto a su madre.

“Eso es más que una tortura para esos niños, que no entienden por qué motivo, si su mamá no comete ningún delito (es detenida), si solamente piensa diferente”, reflexiona Jacqueline.