San José, 7 de diciembre de 2022.- El Estado de Nicaragua debe restablecer una “comunicación efectiva y constructiva con todos los mecanismos internacionales”, aseguró la ex-Vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos y actual miembro del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas,Vasilka Sancin, en una conferencia de prensa de seguimiento de las observaciones finales emitidas por el Comité de Derechos Humanos el pasado 3 de noviembre.

En la conferencia también participaron las defensoras nicaragüenses Alexandra Salazar, Coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), y Wendy Flores, Coordinadora del Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más”, quienes aseguraron que las 17 observaciones del Comité les animan a “no cesar ante la demanda de justicia y libertad” y continuar su labor de documentación y denuncia.

De las recomendaciones abordadas por el Comité, las ponentes destacaron la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos, los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, la situación de los derechos de las mujeres frente a la violencia, el uso excesivo de las fuerzas estatales, la falta de independencia de los Poderes del Estado, entre otras.

Sobre la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos, la Sra. Sancin expuso que el Estado de Nicaragua debe tomar fuertes medidas para “garantizar que el derecho de hábeas corpus esté disponible para todas las personas detenidas” y la aplicación de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) en los centros de detención; e instó a las autoridades nicaragüenses a liberar de forma inmediata a las personas detenidas arbitrariamente en el marco de la crisis sociopolítica y las elecciones generales de noviembre de 2021. 

Sancin también se refirió a la necesidad de que Nicaragua considere la celebración de nuevas elecciones “con total garantía del derecho al voto y libertad de candidatos y candidatas, según el Artículo 25 del Convenio (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), con la presencia de observadores internacionales”.  

Por otro lado, Alexandra Salazar denunció que el Estado de Nicaragua “ha instrumentalizado el ordenamiento jurídico nacional y otras normas para violar los derechos de la ciudadanía…y garantizar la represión y criminalización en contra de quienes le adversan o se atreven a disentir de la voluntad política partidaria”. 

Salazar también manifestó la urgencia de contar con una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que cumpla con los Principios relativos al estatuto de las Instituciones Nacionales (Principios de París) y “desempeñe su mandato de manera eficaz e independiente, sobre todo de los actos de tortura, malos tratos, tratos crueles y degradantes a los que son sometidas las personas presas políticas”.

Por su parte, Wendy Flores, recordó que las acciones de seguimiento para una aplicación efectiva de estas recomendaciones deberían de realizarse en Nicaragua “con defensores y defensoras de derechos humanos que aún están en Nicaragua” y con las que están en el exilio, y “dialogando con las diferentes instituciones del Estado sobre los desafíos que tienen que enfrentar cada una de ellas para mejorar y cumplir con los compromisos y obligaciones internacionales”.

Lamentablemente, “tal y como ha examinado el Comité, una serie de instrumentos legales deben ser reformados o derogados por estar en incompatibilidad con las obligaciones del Pacto”, agregó Flores. Entre estos instrumentos, mencionó la Ley de penalización absoluta del aborto y otras leyes que han permitido el aumento de femicidios y la violencia contra las mujeres. 

Finalmente, la experta invitó al Estado de Nicaragua a implementar las recomendaciones resultantes de la revisión para superar la crisis que aqueja al país hace más de cuatro años, y recordó que el Estado Parte tiene el deber difundirlas ampliamente con vistas a aumentar la conciencia sobre los derechos consagrados en el Pacto. Sancin expresó su deseo de que el Estado de Nicaragua entable un diálogo constructivo con el Comité de Derechos Humanos antes del 2025, año en el que se dará la siguiente revisión sobre Nicaragua.