Bogotá, 9 de septiembre de 2020.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) e ILEX Acción Jurídica reunieron a expertas y expertos en un seminario virtual para analizar la sentencia que anula, en primera instancia, la titulación colectiva otorgada en 2012 al Consejo Comunitario de La Boquilla, en Cartagena. En el encuentro, las y los invitados también reflexionaron sobre cómo este fallo impacta en los derechos de los Consejos Comunitarios del Caribe, especialmente en su derecho a la titulación de tierras, tal como lo establece la Ley 70 de 1993.

El webinar, que se denominó La Boquilla y la defensa de los territorios ancestrales de las comunidades afro del Caribe, fue moderado por la directora de ILEX Acción Jurídica, Dayana Blanco, quien en sus palabras de introducción destacó la importancia del reconocimiento de los derechos territoriales para la consolidación de todos los derechos de las comunidades afrocolombianas. Luego, invitó a cada una de las personas invitadas a ofrecer sus apreciaciones sobre la sentencia 001 2020 del Tribunal Administrativo de Bolívar.

Historia y tradición

La joven Yuliza Gutiérrez, estudiante de Derecho y nacida en La Boquilla, fue la primera en intervenir y aprovechó el espacio para señalar la importancia que tiene este territorio para la supervivencia de la comunidad y la materialización de su “Bien Estar” como pueblo negro. La Boquilla es un corregimiento ubicado a 20 minutos del centro histórico de Cartagena, cercano al aeropuerto, donde la mayoría de su población es afrodescendiente, viven de la pesca, el cuidado del manglar y conservan aún sus tradiciones culinarias y musicales.

Estela Simancas, profesora de la Universidad de Cartagena y coordinadora de la Maestría en Estudios Afrocolombianos de la Pontificia Javeriana de la misma ciudad, brindó un panorama sobre la historia de este poblamiento y la presencia de comunidades negras en el Caribe, específicamente en Bolívar, llamando la atención sobre la necesidad de visibilizar y reflexionar sobre sus dinámicas, que  son muy diversas y deben ser entendidas por la legislación vigente que regula lo concerniente a titulación colectiva.

La sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, emitida el pasado 31 de julio, anula en primera instancia el título que concede la propiedad colectiva de su territorio a la comunidad de La Boquilla. En su argumentación, el Tribunal cuestiona al entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) por haber efectuado la titulación sobre zonas urbanas y no rurales, contrario a lo contemplado en Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 de 1995.

Un retroceso

Ricardo Leal, abogado experto en derechos territoriales, aseguró que dicho fallo representa un retroceso en el reconocimiento de los derechos étnicos y territoriales de las comunidades negras del Caribe, mientras que Moisés Pérez, miembro del Proceso de Comunidades Negras (PCN), indicó que a esto se suma el hecho que desde el INCODER –que en 2015 fue disuelto por el Ejecutivo para la creación de seis entidades rurales— no se ha dado trámite a alrededor de cien solicitudes de titulación colectiva.

La abogada de Raza e Igualdad, Laura Ante, desde su experiencia en incidencia internacional realizó una descripción detallada de los instrumentos y mecanismos internacionales con los que contaría el Consejo Comunitario de La Boquilla para defender las garantías descritas en el Convenio 169 de la OIT, específicamente en los artículos 13, 14 y 15, así como en las normas concordantes, además que mencionó cuáles son los organismos internacionales que están encargados de vigilar que el Estado colombiano garantice el derecho fundamental al territorio de las comunidades negras.

Las y los especialistas también discutieron los recursos que hasta la fechan han sido presentados por la comunidad y distintas autoridades en contra de la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, entre ellos el recurso presentado por la Procuraduría General de la Nación, que entre sus argumentos invita al Tribunal a hacer una interpretación integral del marco jurídico vigente y la reiterada jurisprudencia de la Corte y organismos internacionales que reconocen y otorgan categoría de Rango Fundamental Constitucional a los derechos territoriales de los pueblos étnicos, los cuales deben ser atendidos al momento de adoptar este tipo de  decisiones judiciales, aplicando  el enfoque étnico-territorial.

Recomendaciones

El panel coincidió en que es necesario continuar abriendo espacios para la visibilización de las limitaciones que están enfrentando las comunidades negras del país, especialmente las comunidades negras del Caribe, para la materialización de su derecho fundamental al territorio y la efectiva titulación de sus tierras.

Apuntaron también que se debe fortalecer el debate político desde una visión técnica y crítica sobre la Ley 70 de 1993 que regula lo dispuesto en el artículo 55 transitorio de la Constitución Política y normas concordantes, en lo relativo a participación política, representación, autonomía de las autoridades propias del pueblo negro y lo concerniente a la titulación de tierras de las comunidades negras.

Asimismo, hicieron un llamado para que no se ignore la presencia de las comunidades negras en el territorio colombiano, sobre todo en las costas, y entender que estas no son masas homogéneas, incluso cuando están en la misma región.

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