Washington D.C., 17 de mayo de 2024 -. “Nadie se queda atrás: igualdad, libertad y justicia para todes” es el lema global para este 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia + (IDAHOBIT por sus siglas en inglés). Hoy conmemoramos la fecha en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó a la homosexualidad de la lista de patologías mentales del Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) y recordamos que no hay democracia sin la inclusión de las personas LGBTI+.

Exaltar que nadie debe quedarse atrás implica reflexionar sobre cuántas veces las personas LGBTI+ han sido excluidas de espacios públicos y privados debido a su orientación sexual, expresión de género e identidad de género; significa, por eso mismo, pensar en una inclusión real donde no haya lugar para el odio y el rechazo ya que matan, matan arrinconando hacia la marginalización, matan con el bullying y el suicidio, matan violentando sus cuerpos y torturando sus mentes, y matan asesinándoles.

Por ello, este día nos compromete a la tarea de erradicar la LGBTI+fobia en todas sus manifestaciones y de cualquier ámbito de la sociedad.  Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), apostamos por ello y creemos que en ese esfuerzo es importante el reconocimiento de cada logro conseguido con la fuerza y ardua incidencia de las organizaciones LGBTI+ contra el odio y a favor de los derechos humanos.

Cifras que visibilizan

En Nicaragua, por ejemplo, existe del Observatorio de Violaciones a Derechos Humanos de Personas LGTBIQ+, la única plataforma de denuncia social en el país creada por la organización feminista La Corriente desde hace más de dos décadas. Pese al cierre total del espacio cívico y del contexto de censura impuesto por el régimen Ortega-Murillo, la vigencia del Observatorio es una demostración del rechazo a la violencia y otras formas de discriminación por parte de sociedad.

Una situación similar es la de Cuba cuyo logro más reciente a través del referéndum ha sido la aprobación del Código de Las Familias, donde las parejas del mismo sexo pueden casarse y adoptar. Sin embargo, en este país no hay una Ley de identidad de género ni registros oficiales que aborden estas violencias que sufren a diario esta población.

Voces firmes ante el avasallamiento

En Perú, hace poco, las organizaciones LGBTI+ y de derechos humanos se pronunciaron firme y masivamente contra un Decreto Supremo del Ministerio de Salud que modifica el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), donde aplica la obsoleta CIE-10 e incorpora al travestismo, la identidad de género y a la orientación sexual egodistónica como trastornos mentales para poder acceder a procedimientos médicos y sanitarios a través del seguro de salud. Ante la reacción colectiva de la sociedad civil, el Ministerio de Salud emitió un comunicado señalando que la implementación de la CIE-11 se encuentra en proceso y afirmando su posición de que la identidad de género y la orientación sexual no constituían enfermedades. Otro ejemplo inspirador de persistencia es el hecho de que el caso “Tengo Dos Mamás” llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y están a la espera del pronunciamiento sobre admisibilidad del caso que busca el reconocimiento de las familias lesboparentales en el país.

Construyendo un marco legal contra la discriminación

En Brasil, además de la creación de la Secretaría Nacional para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas LGBTQIA+ en 2023, hubo 21 proyectos de ley pro-LGBTQIA+ presentados en el Congreso Nacional, entre los cuales estaba la prohibición de las mal llamadas “terapias de conversión sexual”, la reserva de plazas para personas trans y travestis en universidades federales, la tipificación del delito de violencia política contra parlamentarios LGBTI+, entre otros. Ese mismo año, el Tribunal Supremo Federal reconoció que los delitos de homofobia y transfobia deberían equipararse a insultos raciales.

Un alto a los discursos y prácticas de odio

Por otro lado, en Colombia la Corte Constitucional de Colombia realizó dos importantes avances jurisprudenciales sobre los derechos de las personas LGBTI+. En primer lugar, la sentencia T-061 de 2024 declara la violación de los derechos fundamentales de personas LGBTI+ y manda a rectificar al influencer Luis Villa Westcol por la publicación de contenidos que promueven discursos de odio. Para el alto tribunal, la publicación excedió los límites de la libertad de expresión e incitó el odio contra las personas LGBTI+. En segundo lugar, la Corte Constitucional, mediante sentencia T-033 de 2024, declaró la violación de los derechos fundamentales de dos madres que fueron interrogadas por un médico de la Clínica Noel porque, según él, sólo la madre biológica podía ser considerada la “real” madre. Esta instancia ordenó a la clínica pedir disculpas y reconocer el derecho de la pareja a la igualdad, rechazando la discriminación por orientación sexual.

Si bien falta mucho por avanzar y actualmente estamos viendo movimiento anti democráticos que tiene como blanco de ataque al movimiento LGBTI+, estos avances demuestran la resilencia del movimiento LGBTI+. Demuestran que avanzar es posible inclusive en contextos adversos como Nicaragua y Cuba y que la inclusión LGBTI+ es fundamental para garantizar nuestra democracia. Es necesario salir del papel y que el avance sea social y cale en la consciencia de la gente a fin de un cambio duradero y transformador. Los Estados y sociedad en general debemos comprometernos a tomar acción contra la discriminación y violencia en todas las esferas de la sociedad. Por ello, Raza e Igualdad recomienda a los Estados, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos:

1. Derogar las leyes que penalizan las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo y asegurar con marcos legales el respeto por la diversidad sexual y de género.
2. Elaborar normas y leyes que garanticen la igualdad y no discriminación en los espacios públicos y privados.
3. Sancionar los delitos de odio cometidos contra personas LGBTI+ y elaborar protocolos de atención para su correcta investigación. Asimismo, establecer, cumplir y monitorear las medidas de reparación correspondientes.
4. Reconocer la identidad de género de las personas trans y de género diverso a fin de que puedan obtener documentos de identidad que les representen, así como acceder y ejercer sus derechos básicos.
5. Poner en marcha programas de capacitación y sensibilización sobre derechos humanos, diversidad sexual y de género para agentes de la policía, personal de salud, de establecimientos penitenciarios, docentes, trabajadores y funcionarios públicos en general a fin de que cumplan sus funciones sin humillar, maltratar, discriminar o violentar a personas LGBTI+.