Washington D.C., 3 de julio de 2024.- El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) lanzó el informe “El apoyo financiero internacional a Nicaragua y la crisis democrática y de derechos humanos”, que analiza la falta de cambios sustanciales en la relación de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) con el régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pese a la amplia documentación de crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde el año 2018. Según la investigación, las IFIs tampoco han reforzado su debida diligencia en derechos humanos para impedir que sus aportes financieros contribuyan para la manutención de la crisis democrática y de derechos humanos.

El espacio cívico nicaragüense está completamente cerrado. Desde el año 2018, el régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sido responsable de violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos contra la población civil por motivos políticos, constituyendo crímenes de lesa humanidad. Entre estos crímenes destacan 355 ejecuciones extrajudiciales, más de 2000 detenciones arbitrarias en el marco de las protestas pacíficas de abril de 2018, más de 317 casos de despojo arbitrario de la nacionalidad nicaragüense, y la permanencia de 141 personas presas políticas en centros estatales con condiciones que suponen tratos crueles, inhumanos y torturas. 

El informe detalla que, en el mes de febrero de 2024, el grupo Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el grupo Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica estaban apoyando 97 proyectos de desarrollo en Nicaragua, con una aprobación total de 5,082.43 millones de dólares. Entre estos proyectos se encuentran 57 proyectos que fueron aprobados después del inicio de la crisis en 2018, con una aprobación total de 2,784.43 millones de dólares estadounidenses, según la información disponible en sus páginas web.

El informe recuerda que, según sus convenios constitutivos, las IFIs no pueden practicar actividades políticas y sus decisiones deben basarse en aspectos económicos. Sin embargo, el respeto a la democracia y a los derechos humanos son cruciales para la estabilidad económica y deben ser considerados en sus decisiones y actividades en Nicaragua. 

Asimismo, el derecho internacional obliga a las IFIs a no reconocer la legalidad de situaciones creadas por crímenes de lesa humanidad ni ofrecer apoyo que las perpetúe. Las IFIs deben prevenir o mitigar los impactos negativos vinculados a sus operaciones y proyectos. Por tanto, es vital que las IFIs reconozcan el contexto de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua y actúen en consecuencia implementando políticas de debida diligencia en derechos humanos para identificar, prevenir, abordar y remediar los impactos negativos asociados a sus actividades.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), reconociendo que el trabajo de las IFIs es crucial para el desarrollo sostenible y la reducción de desigualdades en Nicaragua, recomienda:

• Fortalecer el acceso público a la información sobre proyectos de desarrollo ejecutados en territorio nicaragüense de manera a permitir la auditoría ciudadana de las políticas públicas sin hostigamiento, persecución o criminalización;
• Fortalecer las políticas de debida diligencia en derechos humanos para identificar, prevenir, abordar y remediar los potenciales y consumados impactos negativos a los derechos humanos asociados a su cadena de valor;
• Cooperar para poner fin a la crisis democrática y de derechos humanos en Nicaragua.
  Para más información descarga el informe aquí