“Instamos a la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente por su participación en las protestas o por expresar opiniones disidentes o críticas, incluidas las que se encuentran bajo medidas alternativas al encarcelamiento”, enfatizó, reiterando el llamado “a que se lleven a cabo investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas sobre estas denuncias de tortura y los hechos violentos bajo custodia”.

Expresó preocupación por la actuación arbitraria de la Policía Nacional, que continúa impidiendo el derecho ciudadano a la manifestación citando que de acuerdo con fuentes no gubernamentales, desde mediados de marzo de 2019, más de 500 personas fueron arrestadas por agentes de policía mientras intentaban organizar protestas en varias ciudades, aunque la mayoría permanecieron bajo custodia durante unas pocas horas y luego fueron liberadas sin cargos.

También se refirió a la situación de defensores y defensoras de derechos humanos y los líderes comunitarios que continúan siendo blanco de ataques, amenazas, hostigamiento y vigilancia constante, y al hecho que no se ha restablecido el estatus legal y los activos de 9 organizaciones de la sociedad civil que fueron arbitrariamente ilegalizadas en noviembre y diciembre de 2018.

Además, aseguró que “las violaciones del derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de los medios de comunicación, siguen afectando a los periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, así como a los medios de comunicación”.

El Estado nicaragüense continúa negando responsabilidades

La Alta Comisionada Adjunta también lamentó que el Gobierno de Nicaragua continúa negando la responsabilidad de agentes estatales o elementos armados pro-gobierno. “Es crucial garantizar la rendición de cuentas sin ninguna excepción, asegurar el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación, y determinar las garantías que el Estado establecerá para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos”, remarcó Gilmore.

De hecho, el vicecanciller nicaragüense Valdrack Jaentscke, quien se apersonó a la sesión del Consejo de Derechos Humanos, repitió el argumento gubernamental de que en Nicaragua se produjo un fallido golpe de Estado que fue controlado para “consolidar la paz y retomar la senda del progreso y bienestar”. Además, dijo que en Nicaragua no hay persecución a defensores de derechos humanos.

Sobre esto último, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) señaló en un comunicado publicado tras la sesión del Consejo de Derechos Humanos, que el vicencanciller “miente”, puesto que el mismo CENIDH es una de las “víctimas de una vengativa persecución, usurpación de bienes y cancelación de personerías jurídicas”, lo que ha obligado “al exilio forzado a varios de defensores de derechos humanos, y quienes continuamos ejerciendo en nuestro país el derecho a defender derechos enfrentamos un ambiente hostil, de descalificación, estigmatización y amenazas”.

Delegaciones opinaron

La mayoría de las delegaciones que opinaron tras la actualización sobre Nicaragua lo hicieron solicitando se libere a los presos políticos que aún continúan encarcelados, se retome el diálogo nacional de buena fe, se garantice el trabajo independiente de las organizaciones de sociedad civil, se lleven a cabo investigaciones imparciales sobre los hechos violentos cometidos desde abril de 2018 y se permita el retorno de una misión de OACNUDH al país.

Ese fue el caso de la delegación de Argentina, que se pronunció en nombre de Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú; y de otras como Croacia, Uruguay, España, Alemania, México,  Australia,  Finlandia, Suiza, Bélgica, Georgia y Barbados.

“Nos preocupa que persistan los actos de violencia, así como nuevas modalidades de represión y violaciones de derechos humanos. Causa alarma también que continúen los actos destinados a impedir la labor de los defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación”, señaló la delegación uruguaya.

La representación de España además manifestó su preocupación por la Ley de Amnistía, que “puede condicionar la liberación de los presos y servir de base para posibles situaciones de impunidad ante las violaciones de derechos humanos”.

Bolivia, Cuba, Rusia y Venezuela, respaldaron al Gobierno nicaragüense y alegaron que se debía respetar la “libre determinación de los pueblos” y la “no injerencia” en asuntos internos.

La sociedad civil, por su parte, este jueves también hizo eco de las demandas del pueblo nicaragüense y participó del debate dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, incluida la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y CIVICUS.

Desde Raza e Igualdad nos unimos al llamado de la OACNUDH y de las misiones diplomáticas que respaldan los derechos humanos de los nicaragüenses, para que el Gobierno de Nicaragua acceda a cumplir con los compromisos internacionales que ha suscrito y proceda a la liberación plena e incondicional de los presos políticos que continúan encarcelados, para que retome el diálogo con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de buena fe y con la intenciones de honrar los acuerdos allí suscritos, para que restablezcan los derechos ciudadanos que han sido violados y restringidos en contravención a los estándares internacionales desde hace más de catorce meses, y para que investigue los hechos violentos que ocurrieron desde abril de 2018 y se castigue a los responsables de forma que las víctimas y sus familiares tengan acceso a justicia.