El pasado 8 de mayo se llevó a cabo la audiencia temática sobre situación de derechos humanos de las personas LGBTI privadas de la libertad en América, en el marco del 168 Período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La audiencia solicitada por la Red Corpora en Libertad que integra a más de 11 organizaciones sociales de toda la región, y con el apoyo técnico del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e igualdad), pretendía evidenciar la situación de vulneración y violación sistemática de los derechos humanos de las personas LGBTI privadas de la libertad ante las/os comisionados presentes en la audiencia.

Durante la sesión presidida por Ari Vera Morales- de la organización Almas Cautivas de México y Presidenta de la Red Corpora en Libertad; Bianka Rodríguez de la organización COMCAVIS TRANS del Salvador; Katalina Angel Ortiz de Red Comunitaria Trans de Colombia; y Mariel Ortega consultora legal para Raza e Igualdad, se referenció acerca de los altos índices de violencia, discriminación y exclusión a los que las personas LGBTI privadas de la libertad son sometidas, pues sus derechos tienden a ser desconocidos y su paso por los centros de reclusión no satisfacen las garantías mínimas de vida digna, en relación a los servicios de salud, sanitarios, cuidado personal, atención y continuidad de la vida en pareja y familiar desde una perspectiva adecuada que proteja en igual medida a las personas LGBTI en comparación con el resto de las personas a lo interno de dichos espacios. En relación a esto, las presentes manifestaron que las normas que regulan los sistemas penitenciarios y de detención en la región responden a patrones heterocisnormativos que no tienen en cuenta los derechos, identidades y necesidades particulares de las personas LGBTI.

Por su parte, Katalina Ángel de la Red Comunitaria Trans de Colombia expresó que las regulaciones de los centros penitenciarios parte de una visión “genitalista” para determinar la ubicación de los internos o internas de los centros, por tanto, son frecuentes los casos de mujeres trans obligadas a vestir prendas socialmente relacionadas con lo “masculino”, son llamadas por nombres que difieren con el cual se identifican, se les corta el pelo arbitrariamente, alegando razones de “higiene” y se les oblige a adoptar comportamientos acordes al género que socialmente les fue impuesto.

Asimismo, las personas LGBTI privadas de la libertad sufren de violencia y agresiones sexuales que tienden a quedar en impunidad. “Faltando un mes para cumplir mi pena en el centro penitenciario “Eron Picota” en Bogotá Colombia fui agredida sexualmente por 9 hombres, y para no prolongar mi estadía me dijeron que si quería salir que me quede callada” señaló Katalina durante su intervención en la audiencia.  Frente a lo manifestado, El Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva expresó preocupación porque situaciones como la expuesta estén teniendo lugar en las cárceles colombianas, esto especialmente, porque la Corte Constitucional promulgó en el 2011 la sentencia T072 para garantizar los derechos de las personas LGBTI privadas de la libertad, por lo que quedaría el interrogante, según el comisionado, por la implementación de la misma en los espacios correspondientes.  Así mismo, Ángel expresó que los cuerpos, especialmente de mujeres trans, son utilizados como botines de almacenamiento de artefactos prohibidos en centros penitenciarios refiriendo con esto, que en las cárceles no son consideras “ellas” o “ellos” sino “eso”, lo que demuestra que la violencia física y el maltrato emocional son prácticas sistemáticas y cotidianas en los establecimientos penitenciarios.

La Comisionada Flávia Piovesan, Relatora sobre los derechos de las personas LGBTI de la CIDH, manifestó que la primera situación de vulnerabilidad a la que se ven sometidas las personas trans es estar privada de la libertad, frente a lo que el Comisionado Vargas Silva manifestó con preocupación que en las cárceles colombianas, a los presos se les están negando sus derechos, especialmente cuando son LGBTI.

Entre las inquietudes que suscitaron a lo largo de la sesión se señaló la preocupación por la situación de las personas LGBTI privadas de la libertad tiende a ser olvidada en lo interno de las políticas públicas de los estados de la región, por lo que se solicitó abordar de manera más integral y hacer un seguimiento profundo de la temática, esto teniendo en cuenta, que pese a los esfuerzos de la CIDH por pronunciarse frente al tema, al tratarse de una temática tan poco abordada en la región, hay vagos estándares y guías referenciales que permitan delimitar un lineamiento claro en la materia, que guíe los diálogos y esfuerzos a lo interno de los Estados.  En concordancia, se instó a la CIDH prestar atención y hacer seguimiento directo a la misma a través de recomendaciones integrales y concretas que permitan el establecimiento de espacios de trabajo y comunicación con los Estados.

Para concluir, el comisionado Joel Hernández reafirmó la preocupación y plena atención en el tema, invitando a los presentes a comunicarse con la CIDH para activar sistemas de protección y dar monitoreo completo a la situación de violación que vive la población trans en los centros penitenciarios.  Así mismo, la Relatora Piovesan expresó publicamente el compromiso público de la CIDH para defender y denunciar cualquier violación de derechos, como también invitó a comunicar la situación de violación de derechos humanos que vive la comunidad LGBTI y las buenas prácticas que en relación al reconocimiento de derechos se han avanzado en la región.