Washington DC, 2 de octubre de 2023.- El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su profunda preocupación y rechazo ante la escalada de detenciones arbitrarias por motivos políticos en Nicaragua. Este fin de semana, se registraron cinco arrestos en diferentes puntos del país, entre los cuales figuran miembros de la Iglesia Católica e integrantes del partido político indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (Yatama). 

“Estrategia política” del régimen contra Yatama

La mañana del viernes 29 de septiembre, policías de civil arrestaron al diputado del partido Yatama, Brooklyn Rivera, en su vivienda en Bilwi (Puerto Cabezas en Miskito), Caribe Norte de Nicaragua. Rivera fue desterrado en abril de este año, al querer retornar al país luego de participar en un foro sobre las comunidades indígenas en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos; posteriormente, entró al territorio nacional  por un punto fronterizo no autorizado. Al respecto, en entrevista brindada, el diputado alegó su derecho de permanecer en su país. di. Aún no se tiene información de su paradero.

Dos días después, el domingo 1 de octubre, el régimen arrestó a la diputada suplente y presidenta del partido, Nancy Elizabeth Henríquez James, junto a una sobrina y su nieto -un niño de tres años-, para ser presuntamente entrevistada por el caso de Brooklyn Rivera. Henríquez era quien estaba a cargo del puesto de Yatama en la Asamblea Nacional, tras el destierro de Rivera.

“Los subieron en una camioneta y según los llevaban al Distrito II, luego cambiaron la ruta al Distrito III. Desde el momento que la llevaron al Distrito III empezaron los gritos y las amenazas hacia ella, la encerraron y no sabemos nada de ella”, describió su hija, quien también aclaró que la sobrina y el menor de edad fueron liberados tras llegar a la delegación policial.

Sobre estos hechos, la directiva del partido Yatama advirtió que son una “estrategia política” para dejarles fuera de las próximas elecciones regionales, que se celebrarán en marzo del 2024 y “en la cual Yatama es la única fuerza política regional, competente y de masa”, cita el comunicado. 

Detenciones arbitrarias, amenazas y vigilancia contra sacerdotes  

El día domingo 1 de octubre, policías vestidos de civil detuvieron arbitrariamente al sacerdote Cristóbal Gadea, de la Diócesis de Jinotega, y a los sacerdotes Iván Centeno y Julio Ricardo Norori, ambos de la Diócesis de Estelí.

Gadea estuvo en 2019 exponiendo en España la persecución de la Iglesia en Nicaragua; Centeno es el sacerdote  de la parroquia Inmaculada Concepción de María, en Jalapa, Nueva Segovia, y Norori era docente del Seminario Mayor Madre Albertina Ramírez de la Diócesis de Estelí, cuyo administrador es el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien fue condenado a 26 años de prisión y despojado arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense y derechos ciudadanos.

Antes de estas detenciones, el régimen de Ortega y Murillo mantenía a ochenta y nueve personas privadas de libertad por motivos políticos, de las cuales ocho son sacerdotes encarcelados en condiciones de tortura, malos tratos, crueles e inhumanos. Según información del medio de comunicación Confidencial, otras formas de represión fueron manifestadas este fin de semana, pues al menos otros cinco sacerdotes de las Diócesis de Estelí y Matagalpa fueron obligados a abordar camionetas particulares en las que eran amenazados por policías y paramilitares; mientras otros sacerdotes de la Diócesis de León denunciaron vigilancia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha alertado en varias ocasiones sobre la persecución a la Iglesia católica. En su último comunicado del 15 de septiembre, la CIDH advirtió que la persecución contra la Iglesia Católica continúa agudizándose en un contexto de cierre del espacio cívico y democrático, donde existen hechos consistentes de detención arbitraria, encarcelamiento y expulsión del país de sacerdotes y religiosas sin garantizar el debido proceso, así como la expropiación de sus bienes. 

Pronunciamiento

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) demanda la liberación inmediata de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos, incluyendo a las personas recientemente detenidas; así como el cese de los actos de represión contra líderes y lideresas comunitarias.

Raza e Igualdad recuerda que, pese a la próxima entrada en vigor de  los efectos de la denuncia de la carta de Organización de Estados Americanos (OEA), el Estado de Nicaragua debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, entre éstas la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho de todas las personas a la libertad de conciencia y religión, lo que conlleva «la libertad de profesar y divulgar su religión y sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado».

Raza e Igualdad llama a la comunidad internacional a tomar acciones concretas que ayuden a detener la escalada de persecución contra la disidencia, particularmente hacia los liderazgos y miembros de Yatama ante las próximas elecciones regionales de 2024 y ponga fin a toda forma de represión contra las voces disidentes en el país.