Washington D.C., 18 de marzo de 2022.– Raza e Igualdad expresa su enérgico rechazo a las múltiples violaciones a la libertad de asociación perpetradas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde el año 2018, las que se han intensificado en los últimos cuatro años con la cancelación de la personalidad jurídica de más de 130 organizaciones.

El día de ayer, 17 de marzo, la Asamblea Nacional aprobó un Decreto Legislativo de Cancelación de Personalidad Jurídica de otras 25 organizaciones defensoras de derechos humanos, aduciendo el supuesto “incumplimiento de la Ley General Sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro y la Ley contra el Lavado de Activos”, con las que ya suman 156 oenegés canceladas desde que Daniel Ortega regresó al poder en 2007.

El cierre absoluto del espacio cívico  se agravó desde el año 2018 cuando el Estado de Nicaragua implementó una estrategia para obstaculizar el trabajo de defensoras y defensores de derechos humanos a través de actos sistemáticos  de intimidación, amenazas, campañas de estigmatización, confiscación de bienes y el uso de un marco legislativo que como han expresado organismos de derechos humanos tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, contraviene los estándares internacionales de derechos humanos y se usa selectivamente en contra de organizaciones que el régimen identifica como “opositoras”.

Entre las organizaciones canceladas el día de ayer, mediante un proceso en el que no se respetó el derecho de las personas asociadas a defenderse, se encuentran la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia (FVBCH),  Fundación Grupo Cívico Ética y Transparencia, Fundación Libertad, Asociación Colectivo de Mujeres 8 de Marzo, Fundación Fondo de Becas de Exalumnos del Colegio Centroamérica (Fobeca), Asociación Fondo de Desarrollo Local (FDL) y Asociación Operación Sonrisa Nicaragua (OSN), Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Caribe Nicaragüense (CEJUDHCAN), entre otras.

Rechazo al derecho de asociación de asociaciones indígenas 

En la cancelación de las personalidades jurídicas, preocupa especialmente la cancelación de CEJUDHCAN, pues su trabajo en favor de los pueblos indígenas y defensa de los derechos humanos con enfoque en los derechos colectivos y territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes, es de suma importancia para las poblaciones que se encuentran en situaciones vulnerables y que históricamente han sido olvidadas por los gobiernos de turno, incluido el gobierno sandinista en los años 80 y, nuevamente, desde el período 2007-2022.

CEJUDHCAN ha advertido de un aumento significativo de la violencia protagonizada por “colonos” que han invadido las tierras que les pertenecen a los pueblos indígenas que habitan en el territorio.

Las agresiones han sido tan graves que, el 11 pasado de marzo, el Gobierno Indígena del Territorio Mayangna Sauni Arungka, decretó un estado de alerta ante una posible invasión de tierras luego que uno de sus miembros fuera torturado y asesinado, tras haber desaparecido durante varios días cuando trabajaba una parcela de tierra.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet afirmó el pasado 7 de marzo que “los pueblos indígenas de Nicaragua han seguido sufriendo ataques violentos en el contexto de disputas territoriales, la mayoría de ellos en total impunidad”. En ese mismo informe, Bachelet expresó que había recibido noticias de al menos 6 ataques e incidentes violentos durante el año 2021 cuando se asesinó a 11 hombres indígenas, una mujer y una niña violadas, y otras siete personas heridas, incluidos dos niños.

La cancelación de CEJUDHCAN demuestran el irrespeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas consagrado en la Constitución de la Nación. Además, demuestra la falta de voluntad del gobierno a la organización de los pueblos indígenas como comunidades autónomas.

Pronunciamiento

Desde Raza e Igualdad, expresamos nuestra solidaridad a estas organizaciones. Nos preocupa profundamente que su cierre agrave aún más la situación de grupos que han sido históricamente vulnerabilizados  en Nicaragua, como los pueblos indígenas y afrodescendientes, y mujeres; así como el cierre de más espacios participativos y de diálogo, la censura y el recrudecimiento de la represión.

Ante esta lamentable situación, demandamos al Estado de Nicaragua:

• Cesar de inmediato los ataques contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
• Derogar el marco legal que permite que organizaciones y personas defensoras sean criminalizadas por su trabajo en la promoción y defensa de los derechos humanos.
• Restituir la personalidad jurídica de las asociaciones canceladas, así como proceder a la devolución de los bienes que han sido incautados.
• Respetar sus obligaciones en materia de derechos humanos y cumplir con las recomendaciones de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
• Investigar estas violaciones a la libertad de asociación y al derecho a defender derechos, juzgar y sancionar a todos los responsables.
• Respetar los derechos de asociación y autodeterminación de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Reiteramos la urgente necesidad de establecer un Mecanismo internacional de investigación y rendición de cuentas en el marco de la 49 sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Este grupo de expertos investigaría los hechos denunciados con un enfoque interseccional, preserve las evidencias, identifique a los perpetradores y siente las bases del proceso de justicia que Nicaragua necesita para salir de esta crisis.