Son innumerables las violaciones a los derechos humanos que el régimen de Daniel Ortega ha cometido en contra de las personas opositoras en Nicaragua desde el estallido de las protestas de abril de 2018 a las que respondió con represión, violencia, tortura, detenciones arbitrarias y juicios espurios. La represión dejó como saldo 355 víctimas letales, 1614 detenciones arbitrarias cuyos casos todavía se encuentran en la impunidad, además de obligar a más de 110,000 nicaragüenses a exiliarse.

Cuatro años han pasado y aunque la situación sea crítica para la oposición nicaragüense, las organizaciones de la sociedad civil continúan documentando casos, ya sea en el país o desde el exilio, para poder llevarlos ante la justicia internacional y lograr reparación para  las víctimas  entre las que se cuentan más de 181 presos políticos.

El Instituto Sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), conversó con Alexandra Salazar, Coordinadora  de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), quien trabaja en los procesos judiciales que se realizan a personas presas políticas en Nicaragua y Wendy Flores, coordinadora del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, sobre el trabajo de acompañamiento a las víctimas de la represión en Nicaragua en su búsqueda de justicia, los procesos que se han realizado para llevar los casos ante los organismos internacionales y los pasos que vienen a continuación para que en en el país haya justicia y reparación.

Salazar considera que la renovación del mandato a la Alta Comisionada de Derechos Humanos y la creación del grupo de expertos para Nicaragua contribuirán a impulsar investigaciones que permitan garantizar la justicia a todas las víctimas de la represión de Ortega desde abril de 2018.

La documentación de todos los hechos es uno de los pasos  más importantes para alcanzar la justicia. Al respecto, Salazar considera que tal documentación es un desafío para las organizaciones nacionales e internacionales que ya no tienen acceso directo a los procesos que se realizan dentro de la Policía Nacional que conllevan a la judicialización de opositores en Nicaragua. Pese a la falta de acceso, Salazar indica que continuarán realizando la documentación que es tan necesaria para poder asignar responsabilidad o señalar violaciones al debido proceso.

“La represión es tan intensa y persistente  que ha conllevado a un silencio, a un miedo profundo a la denuncia por temor a represalias que pueden derivar en  detenciones”, advierte Salazar, a pesar de ello, los familiares y las víctimas continúan denunciando y aportando pruebas que se espera presentar en juicios imparciales de jurisdicción interna e internacional.

En contra de la impunidad

En 2019 el régimen de Daniel Ortega aprobó la cuestionada Ley de Amnistía (Ley n° 996), con la que liberaron a los presos políticos que aún permanecían en las cárceles luego de las manifestaciones de 2018 y no habían sido excarcelados previamente, acción que benefició a todas aquellas personas capturadas ilegalmente.

Sin embargo, Flores recordó que la amnistía, también tuvo como propósito principal dejar en “la impunidad los crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos” cometidos por el régimen en contra de la población civil.  Pero si algo ha permitido que esos crímenes no desaparezcan de la mente de las personas, es que sus familiares, apoyados por las organizaciones que velan por los derechos humanos, continúan denunciando y documentando los hechos.

“La comunidad internacional, tiene la oportunidad a través de sus distintos mecanismos y procedimientos, de determinar la responsabilidad del Estado de Nicaragua por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en 2018 hasta la actualidad, pero también de enrumbar acciones dirigidas a que los autores intelectuales y materiales de estos crímenes sean debidamente juzgados”, detalló Flores.

Siguen sumando presos políticos

En las cárceles de Ortega se encuentran 181 personas presas políticas.  Algunas de ellas se encuentran privadas de libertad desde 2018, mientras que otras están por cumplir su primer año tras las rejas. Recientemente, varios prisioneros políticos fueron condenados bajo procesos cuestionados por la falta de imparcialidad del Poder Judicial nicaragüense y una Fiscalía encargada de falsificar pruebas en contra de los detenidos, según documentaron los medios de comunicación independientes.

La cantidad de personas presas políticas sigue aumentando y una semana antes de que se cumpla un cuarto aniversario de abril de 2018, la Policía continúa asediando las casas de las familias de víctimas de la represión letal de 2018 y deteniendo a ciudadanos por el solo hecho de ser identificados como opositores y opositoras.

Flores recuerda que desde 2018 en Nicaragua se han realizado más de 800 juicios penales “en contra de manifestantes, activistas, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, opositores-ras políticos-as, empresarios y cualquier persona que disienta públicamente del Gobierno”.

Los organismos han identificado patrones dentro de estos procesos que varían, dependiendo la etapa de represión que esté desarrollando el régimen. Por ejemplo, los primeros juicios tenían la característica de que los procesados eran acusados por terrorismo, obstrucción de funciones, daños a la propiedad, asesinatos, entre otros; mientras que en una segunda etapa “se les acusó por delitos comunes como robos, tráfico de estupefacientes, y en esta etapa represiva actual; nos encontramos con delitos relacionados con la Ley de Ciberdelitos y la Ley de Soberanía”, apunta Flores.

Procesos no cumplen estándares internacionales

Salazar agregó que  ninguno de los procesos realizados en contra de miembros de la oposición, personas defensoras, activistas y periodistas, ha cumplido con los estándares internacionales y a las personas detenidas no se les brinda información sobre las causas por las que se las llevan, les violan su derecho de contar con  una defensa técnica efectiva, acceso oportuno a los expedientes y mucho menos la indispensable representación durante las audiencias.

Sumado a eso, las personas presas políticas son víctimas de torturas psicológicas, apuntó Salazar, pues la Policía les realiza interrogatorios diariamente y se les priva de una alimentación adecuada y , de acuerdo a las denuncias de sus familiares, hasta de frazadas que les ayuden a protegerse del frío de la noche.

“Hemos presentado apelaciones en contra de las sentencias y hemos presentado recursos de casación, todos han sido ineficaces y se observa  una coordinación plena y ninguna en pro de la garantía del acceso a la justicia efectiva y real para las personas presas políticas”, comenta Salazar.

En Pro de la liberación de las personas presas políticas en Nicaragua 

En marzo de 2022, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó una resolución sobre Nicaragua para establecer un grupo de expertos que deberá “realizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre todas las presuntas violaciones de derechos humanos”, cometidas en el país desde abril de 2018.

Esto, según Flores, permitirá a la ONU conocer los hechos y “responsabilizar a los perpetradores o autores materiales” de estas violaciones, lo cual es un paso positivo para poder llevar justicia a las familias de las víctimas.

“Los resultados de esta investigación podrían derivar en potenciales aperturas de procesos bajo la jurisdicción universal o bien, que en el futuro y con un cambio de Gobierno, se pueda aceptar la competencia de la Corte Penal Internacional y reconocer estos crímenes cometidos a efectos de que sean debidamente sancionados”, menciona Flores, mientras que Salazar agrega: “tenemos las voces de las propias víctimas”, como testigos de los crímenes.

“Esta generación no acepta borrón y cuenta nueva”

Aunque hayan pasado cuatro años desde el inicio de la represión y la vida de miles de nicaragüenses haya cambiado como consecuencia de la persecución política, las violaciones a los derechos humanos y la violencia generalizada, las organizaciones que trabajan en pro de los derechos humanos llaman a no perder la esperanza de que la justicia llegará a Nicaragua.

Salazar menciona que “tenemos plena certeza que tarde o temprano la justicia para Nicaragua va a llegar y tiene que ser real, verdadera y bajo mecanismos que logren generar la certeza y la confianza de que los procesos son imparciales”.

“A diferencia del pasado o de nuestra historia como nicaragüenses, esta generación no acepta como receta el “perdón y olvido” o el “borrón y cuenta nueva”, por ello, deben mantener la esperanza de que sus voces, sus demandas y sus luchas constantes, contribuirán a los diferentes procesos de búsqueda de verdad, justicia y reparación”, alentó Flores.