“No hay derecho más esencial que el derecho a la identidad y el derecho al libre desarrollo de la personalidad” señaló la Relatora sobre los derechos de las personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, Flávia Piovesan, durante el panel organizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos humanos el pasado 10 de Mayo en la ciudad de Santo Domingo – República Dominicana en el marco de la 168 Período de Sesiones de la CIDH.

El espacio de diálogo que tenía por objetivo abordar las implicaciones jurídicas y políticas de la opinión consultiva No. 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos títulada “Identidad de Género, E Igualdad y No discriminación a parejas del mismo sexo” para los Estados miembros de la OEA, contó con la especial participación de diferenes representantes de organizaciones sociales LGBT de la región quienes sostuvieron una sincera conversación con la relatora acerca de la situación de derechos de las personas LGBT.  Por su parte, Christian King Director de la organizació “TRANSSA” (Trans Siempre Amigas) manifestó que las personas trans no pueden disfrutar del desarrollo libre de su personalidad en la República Dominicana porque son víctimas de discriminación, así como también indicó que considera que su país debe contar con leyes y políticas públicas que garanticen la igualdad  material de todas las personas, incluída el reconocimiento legal de las diversas identidades de género.  Por su parte, Julio José Martínez, líder del Movimiento de Hombres Trans y fundador del Colectivo de hombres Trans IMBERBE expresó: “En la República Dominicana los hombres trans son como invisibles, no tienen forma de acceder a tratamientos de reafirmación de su identidad si no es porque de forma personal conocen o tienen acceso a tiendas de gimnasio donde bajo su propio riesgo se “medican”. El personal médico necesita ser capacitado en estos temas y saber de tratarnos, cuando he asistido a revisiones con ginecólogos a pesar de que pido que me llamen por mi nombre “Julio José” me indican que ese no es el nombre que sale en mi documento de identidad y me llaman por dicho nombre en plena sala de espera. Cuando esto sucede las miradas extrañas y acusativas que ya me llegaban se duplican, es muy humillante”.  En este sentido, la relatora Piovesan señaló que “El grupo más vulnerable de personas en nuestra sociedad tiene nombre propio: personas trans y especialmente mujeres trans”.

Por su parte, la consultora legal del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Race and Equality) Mariel Ortega, expuso a la audiencia un análisis jurídico sobre la Opinión Consultiva No. 24, llevada a cabo por la organización, que aborda aspectos relacionado con el reconocimiento legal de la Identidad de Género y la protección igualitaria  de los derechos de parejas del mismo sexo. En dicho análisis destaca que los lineamientos para el reconocimiento legal de la identidad de género contemplados en la OC-24 si bien fueron esbozados por el la Corte bajo su competencia consultiva, al haber emanado del órgano intérprete último de la Convención Américana (CADH), y acogiéndose a la jurisprudencia constante en la materia de la Corte, éstos pasan a formar parte del corpus juris interamericano, y por lo tanto resultan de obligatorio y vinculante cumplimiento para todos los Estados parte de la Convención, mediante el control de convencionalidad ex-officio que deben realizar sus oficiales públicos. (Vea a continuación infograma resumen de la Opinión Consultiva No. 24).

De acuerdo a lo anterior, la Comisionada Piovesan menciona que son muchos los desafíos que acarrea la implementación de la Opinión Consultiva No. 24, indicando que la formulación de este mecanismo es apenas el comienzo de un proceso de trabajo diverso que implica el compromiso de todos los grupos sociales para una efectiva y real aprehensión de lo expuesto en el documento.  En relación a esto, señala que uno de los principales puntos de la agenda de la Relatoría, para viabilizar y abonar camino a la implementación de la opinión consultiva, es el rechazo a la criminalización de la orientación sexual no normativa, identidad de género y expresiones. “La criminalización fomenta un ambiente de violaciones crueles, hostigamientos, hostilidades, ósea genera un espacio de violación de derechos humanos” expresa la Comisionada sobre los derechos de las personas LGBT.  En adición, indica que el segundo punto de la agenda de la relatoría es la promoción y protección de los derechos de las personas LGBT en el que refiere que nadie puede ser inferior, nadie puede tener menos derechos en virtud de su diversidad sexual y que la La clave para la NO discriminación es la igualdad “a nadie se le pueden negar sus derechos a causa diversidad sexual”.

Finalmente, la relatora se comprometió públicamente a trabajar para que los Estados incorporen dentro de sus políticas lo referido en la opinión consultiva, así mismo manifestó su completo respaldo a la comunidad LGBT para seguir luchando por el reconocimiento de la identidades, autonomía y libre desarrollo de la personalidad de cada persona.