Washington D.C., 7 de noviembre de 2023 – Luego de las protestas masivas del 11 de julio de 2021 en Cuba, el gobierno de ese país ha desarrollado una campaña sistemática de represión contra la ciudadanía que se materializa, entre muchas otras formas, en la detención arbitraria de personas cuyo único delito ha sido levantar la voz y salir a la calle a ejercer sus derechos a la libertad de expresión y protesta pacífica..

Según la organización internacional Prisoners Defenders, 1052 personas se encuentran inmersas en procesos judiciales con sentencias u otro tipo de medidas de privación de la libertad, parcial o total, impartidas por jueces y fiscales. De este número cerca de 812 personas son presas de conciencia que se encuentran tras la rejas y 210 son condenadas de conciencia sometidas a diversas medidas sin internamiento, ambas por motivos políticos. Adicionalmente, afrontan distintas clases de tortura que van desde vejámenes, incomunicación, persecución y amenazas contra sus familiares, malos tratos al interior de las cárceles o impedimento para que puedan ser atendidas por médicos y profesionales de la salud.

Tras las protestas del 11J más de 1400 personas han sido procesadas y más de 700 se mantienen en prisión con penas desproporcionadas por delitos como sedición. La situación es tan grave que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha decidido dar un espacio  a la sociedad civil independiente y a las organizaciones internacionales que acompañan a activistas y personas defensoras de Derechos Humanos en la Isla para conocer, de primera mano, la situación de las y los presos políticos en ese país.

En el marco de esta audiencia, que también pretende revisar medidas cautelares en favor de al menos una decena de personas privadas de libertad por motivos políticos, las organizaciones firmantes solicitamos a la Comisión y a la Organización de Estados Americanos las siguientes peticiones:

1. Emitir un pronunciamiento público exigiendo al Estado cubano la liberación inmediata de las personas beneficiarias de las medidas cautelares y de todos los presos y presas por razones políticas y de conciencia en Cuba; y que tanto ellos como sus familiares dejen de ser víctimas de limitaciones a su movilidad y objeto de violencia, hostigamiento o discriminación por motivos políticos.
2. Emitir resoluciones de seguimiento, reconociendo que la privación arbitraria de libertad por motivos políticos pone a las víctimas en una situación de vulnerabilidad que las expone a graves violaciones a sus derechos y exigir su inmediata liberación en los mismos términos que lo ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos similares[1].
3. Exigir al Estado cubano el cumplimiento de sus obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad personal, a la protección contra la detención arbitraria, a la libertad de pensamiento y expresión, a la libertad de asociación y a las garantías y protección judiciales de la ciudadanía, y en particular de las personas protegidas por las medidas cautelares otorgadas por la Comisión.
4. Incluir la información presentada durante esta audiencia en el capítulo IV.B de su informe anual 2023, enfatizando en el deterioro físico y emocional de las personas privadas arbitrariamente de la libertad, beneficiarias de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión, así como de sus familias.
5. Solicitar al gobierno cubano una visita in loco, con el acompañamiento de un organismo neutral tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, para constatar las condiciones deplorables en que tiene lugar la detención arbitraria de las personas beneficiarias de las medidas cautelares, así como poder observar el estado de desprotección que vienen afrontando sus familiares. Además, emitir un informe exhaustivo al término de esa visita.
6. Instar al Estado cubano a aplicar los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas, especialmente en lo concerniente a la prohibición de actos de tortura y la garantía de la alimentación, la salud y las visitas y comunicación con familiares.
7. Monitorear las condiciones de salud de las personas privadas arbitrariamente de la libertad protegidas por las medidas cautelares acá analizadas y dar seguimiento a la situación de deterioro físico, emocional y económico de las familias, así como a la posible imposición de regulaciones, exilios forzados y prohibiciones de retorno en caso de recobrar su libertad.
8. Solicitar la realización de una Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para presentar la situación de la libertad de expresión en Cuba, así como las violaciones a los derechos humanos fundamentales, la situación de los presos políticos y las ejecuciones extrajudiciales responsabilidad del estado cubano, documentadas por esta Comisión.

Organizaciones firmantes:

• Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.
• Article 19.
• Cubalex.
• Civil Rights Defenders.
• Fundación para la Democracia Panamericana.
• Prisoners Defenders.
• Observatorio Cubano de Derechos Humanos.