“Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Nelson Mandela”

Washington, D.C, diciembre 10, 2018 – El Día de los Derechos Humanos se celebra hoy, 10 de diciembre, en conmemoración de un hito histórico en el avance del reconocimiento mundial de los derechos humanos fundamentales. En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese fue el primer documento adoptado por un organismo multi-regional que contó con una amplia gama de derechos políticos, civiles, sociales, culturales y económicos reconocidos para “todos los pueblos y naciones”.

Desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hace 70 años, ha habido grandes avances en el mundo en materia de reconocimiento de derechos para diversas poblaciones, respeto a la dignidad humana y la creación de instrumentos jurídicos que sientan las bases para eliminar la desigualdad, la exclusión y la discriminación en las naciones.

Sin embargo, muchos son los derechos humanos que se siguen vulnerando en el mundo y América Latina y el Caribe no son la excepción. En países como Brasil, Colombia, Cuba, Nicaragua, República Dominicana, Panamá y Perú los defensores de derechos humanos continúan trabajando arduamente para promover y proteger los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o identidad de género.  Así mismo, son alarmantes las sistemáticas y estructurales violencias que enfrentan hoy poblaciones afrodescendientes, LGBTI, mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas en situación de discapacidad y el adulto mayor; quienes en situación de extrema vulnerabilidad se siguen enfrentando a políticas discriminatorias y deficientes planes de implementación que efectivamente garanticen los derechos fundamentales.

Observamos un preocupante detrimento de la garantía y protección de los derechos humanos en el mundo por parte de los Estados, especialmente para el caso de America Latina y el Caribe, producto de los altos índices de violencia, oleadas de homicidios, detenciones arbitrarias, desaparición forzada y una ascendente y sistemática violencia contra defensores, defensoras de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación independientes de la región; lo que acrecienta el estado de impunidad en el que históricamente han vivido los países latinoamericanos.

Los pueblos indígenas y afrodescendientes siguen siendo víctimas de formas múltiples y agravadas de discriminación, entre otras cosas, asociados a la negación de los derechos económicos, políticos y culturales, incluyendo los derechos a la tierra y la consulta previa, libre e informada en relación al uso de sus espacios ancestrales e históricamente habitados.  Por su parte, los grupos LGBTI continúan siendo objeto de diversas formas de odio e intolerancia que acrecienta el estado de des-protección y eminente violación de los derechos a la libertad de expresión, identidad y autonomía.

El elevado número de personas y pueblos enteros en la región que enfrentan violación a sus derechos fundamentales es completamente alarmante, pues es evidente un retroceso en las legislaciones, políticas y prácticas implementadas por los Estados, que fuera de garantizar y proteger los derechos humanos para el goce efectivo de los mismo, recurren a tácticas represivas haciendo uso indebido de la fuerza y los sistemas de justicia para acallar las denuncias de grupos o personas disidentes, lo que se traduce en un aumento insostenible de violaciones a los fundamentales además de lógicas corruptas que perpetúan la impunidad y la injusticia en los territorios.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) defiende la postura de que la lucha por los derechos debe ser una suma de voluntades comprometida con la transformación de las sociedades para lograr escenarios más justos, diversos, equitativos y libres. Hacemos un llamado a todos los Estados de la región para que en real y efectivo compromiso emprendan todos los esfuerzos para implementar políticas que promuevan la justicia, el reconocimiento, la paz, y un desarrollo social, económico y cultural inclusivo que garantice la tranquilidad y goce pleno de las libertades de los pueblos y la posibilidad de construir una región de manera participativa, dialógica y diferenciada.