Washington D.C., 5 de octubre de 2022– “No hay país que no esté retado por la existencia de detenciones arbitrarias”, fueron  las palabras de Claudia Samayoa, vicepresidenta de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), quien se refirió a  esta problemática durante el evento “Ni un día más en detención, libertad para las personas privadas de libertad por motivos políticos en las Américas”, organizado por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) en el marco de la 52° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Lima, Perú.

Samayoa recordó  tres de las cinco categorías que ha fijado el Grupo de Trabajo sobre la  Detención Arbitraria para determinar que una persona está siendo víctima de esta práctica: 

• La ausencia de base legal para la detención;
• La detención como resultado del ejercicio de derechos o libertades; y
• La inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Samayoa también destacó que las detenciones arbitrarias que ocurren para privar derechos, comúnmente están asociadas a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y afectan a muchos grupos de personas: defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, miembros de partidos políticos de oposición, manifestantes y participantes de protestas pacíficas, líderes de pueblos indígenas, entre otros.

“Nicaragua es donde tienen (detenidos) de todo: desde una feminista, un sacerdote, un estudiante o alguien que quiso participar en el Movimiento Azul y Blanco (organización política nicaragüense), un policía que se negó a cumplir las órdenes, esto es una expresión del autoritarismo”, expresó Samayoa. 

La vicepresidenta de la OMCT categorizó a diferentes países en tres secciones dependiendo el tipo de detenciones arbitrarias que cometen. Identificó que México, Guatemala, Honduras, Colombia, Perú, Brasil y Chile “padecen” del fenómeno de criminalización de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos. 

Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia, Panamá, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador y Cuba, están en la categoría de países que detienen arbitrariamente a periodistas y personas ejerciendo sus derechos de manifestación o libertad de expresión. 

En una tercera categoría de países Samayoa identificó aquellos que realizan detenciones arbitrarias de políticos de oposición a quienes se consideran enemigos del Estado. En esta lista ubicó a Nicaragua, Venezuela, Cuba, Guatemala y El Salvador.

Todo esto permite entender el fenómeno de la privación arbitraria de libertad por motivos políticos  en las Américas, y para dimensionar los efectos sobre sus poblaciones, Raza e Igualdad invitó a familiares de personas que enfrentan esta realidad en  Cuba, Nicaragua y Venezuela quienes dieron sus testimonios en el evento antes citado.

Los Estados deben garantizar el derecho a defender derechos humanos 

El comisionado Joel Hernández, Relator sobre los Derechos de los Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recordó  las obligaciones que tienen los Estados de proteger y prevenir ataques contra quienes defienden los derechos humanos en los países. Considerando que, entre las personas privadas de libertad por motivos políticos, siempre existen defensores y defensoras de derechos humanos que son víctimas de la represión estatal. 

“Existen diversas obligaciones, inherentes, para el Estado, como son el deber de prevenir ataques a la labor de defensa de derechos humanos, el deber de proteger a las personas defensoras de derechos humanos y también el deber de investigar y sancionar, cualquier ataque que surja contra las personas defensoras”, dijo Hernández.

“Historia de prisioneros políticos en Cuba es horrenda”

Miriam Cardet, hermana del ex preso político y líder del Movimiento Cristiano Liberación de Cuba, Dr. Eduardo Cardet, recordó que su hermano se convirtió en privado de libertad por motivos políticos en 2016 cuando regresó de un viaje de Estados Unidos y fue interceptado por agentes estatales vestidos de civil que lo golpearon y se lo llevaron, para liberarlo tres años después luego de un juicio sin garantías del debido proceso y una sentencia injusta en su contra.

“La historia de los prisioneros políticos en Cuba es horrenda y de larga data. Consta desde 1959 ininterrumpidamente desde que los hermanos Castro (Fidel y Raúl Castro) asumieron el poder, con oleadas significativas (de detenciones), en las décadas del 60 y 70”, contextualizó Cardet.

Desde las históricas protestas del 11 de julio de 2021, cuando la ciudadanía salió a manifestarse pacíficamente contra la crítica situación socio-económica y de derechos humanos en la Isla, organizaciones de derechos humanos como Justicia 11J y Cubalex han registrado por lo menos 1,514 detenciones arbitrarias y refieren que actualmente hay 665 personas privadas de libertad por participar en dichas protestas. Desde entonces, la situación solo se ha agravado, relató Cardet. 

A pesar de la violenta represión en contra del pueblo cubano desde el 11J, el paso del huracán Ian, que provocó falta de acceso al fluido eléctrico y agravó las condiciones de pobreza de muchas personas, está generando nuevas manifestaciones en Cuba, cuyos pobladores exigen “libertad”, a lo cual las autoridades cubanas han respondido con más represión. 

“Mi mami solo ha podido ver a Lesther 10 veces en 15 meses”

En Nicaragua se contabilizan más de 205 personas privadas de libertad por motivos políticos. 195 de ellas después de las manifestaciones pacíficas de abril de 2018 y 10 antes de esa fecha, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua.

Entre las personas que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo detuvieron en julio de 2021, se encuentra el líder estudiantil Lesther Alemán, de 24 años, quien tiene más de un año de haber sido detenido y condenado a 13 años de prisión.

Su hermana, Kenia González, recordó que durante el diálogo nacional que se realizó en el país en 2018, Alemán le reclamó directamente a Ortega por las muertes de estudiantes y manifestantes pacíficos, y le pidió que dejara el poder. 

Desde que fue detenido, Alemán ha sido una de las víctimas que ha sufrido aislamiento prolongado, torturas físicas y psicológicas, mala alimentación y padece una enfermedad no determinada en una de sus piernas que le impide caminar correctamente, mientras la Policía le impide acceder a atención médica especializada. 

“(Este 5 de octubre), él cumple 15 meses de estar en privación de libertad y mi mami solo lo ha podido ver en 10 ocasiones. Todos los días ella va con unas botellas de agua y la esperanza, a veces se las dejan pasar y a veces no”, denunció González.

La situación en el país centroamericano no mejora y los medios de comunicación y organizaciones defensoras de derechos humanos reportan que entre septiembre e inicios de octubre de este año, al menos 17 personas más fueron detenidas arbitrariamente y se iniciaron juicios en su contra.  

Jueces actúan a favor del poder para condenar a inocentes

José Gregorio Guarenas, miembro de la Vicaría de Derechos Humanos de Venezuela, organización de la Arquidiócesis de Caracas que promueve y defiende los derechos humanos en ese país, resaltó durante su intervención que para que existan personas privadas de libertad por motivos políticos en un país, también debe existir un sistema de justicia que actúe a favor del gobierno de turno, como es el caso de Venezuela y otros países. 

“Para que existan presos políticos debe existir un régimen de jueces que se encuentren a la disposición del Poder Ejecutivo o a la disposición de un régimen”, destacó Guarenas durante su intervención. 

El Foro Penal de Venezuela estima que desde 2014 hubo más de 15,775 detenciones arbitrarias de personas que luego fueron liberadas. Sin embargo, hay 244 que todavía continúan encarceladas y, de esa misma cifra, 79 fueron condenadas ilegalmente en procesos judiciales cuestionables y llenos de arbitrariedades.

Un informe de la Organización de Naciones Unidas publicado en septiembre de 2022 sobre la situación en Venezuela, concluyó que los organismos del Estado, civiles y militares, funcionan como estructuras coordinadas desde las autoridades más altas del gobierno para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad.

Desde el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), mantenemos nuestro llamado constante por la liberación de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos en las Américas. 

De la misma manera, exhortamos a los Estados a que inicien procesos de reparación y justicia a favor de las víctimas quienes no cometieron ningún delito, sino que fueron encarceladas con acusaciones falsas y en el marco de procesos carentes de independencia, siguiendo instrucciones dictadas desde el Poder Ejecutivo. 

 ¡Ni un día más en detención!