Washington, D.C. 22 de marzo de 2019. El retorno a la mesa de negociación entre el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia desembocó este miércoles en el acuerdo de una agenda de negociación que retoma temas indispensables para asegurar una salida justa y democrática a la crisis que enfrenta el país desde abril del año pasado: la liberación de los presos políticos, el fortalecimiento de derechos y garantías constitucionales, la aplicación de reformas electorales, el aseguramiento de verdad, justicia, reparación y no repetición y mecanismos de implementación de los acuerdos.

Según un comunicado conjunto publicado ayer, las autoridades nicaragüenses se comprometieron a “liberar en un plazo no mayor de noventa días a todas las personas detenidas y presas en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril de 2018, de conformidad con el ordenamiento jurídico del país”.

De acuerdo con cifras del Comité Pro Liberación de Presos Políticos de Nicaragua, al menos 802 personas se encuentran privadas de libertad en distintos centros penitenciarios del país, delegaciones policiales o bajo el régimen de convivencia familiar. Todos ellos fueron apresados por haber participado en las manifestaciones que desde abril del 2018 exigían el cese a la represión gubernamental, justicia por las víctimas de violaciones de derechos humanos que ocurrieron en ese contexto de represión y reformas para democratizar el país.

El Gobierno nicaragüense, aunque durante estos meses había insistido en que los prisioneros eran “presos comunes” que cometieron delitos como parte de un supuesto Golpe de Estado, aceptó ayer que liberará a “todas las personas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha identificado como preso político”, según una misiva enviada ayer por el canciller nicaragüense Denis Moncada al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.

Durante estos once meses de crisis, las cárceles nicaragüenses han sido denunciadas como centros de torturas y lugares donde se somete a los prisioneros a tratos crueles e inhumanos, discriminación, violencia sexual, deficiente o nula atención médica y hostigamientos constantes.

Sumado a esto, en los últimos once meses la represión a las protestas antigubernamentales ha dejado como resultado al menos 325 personas fallecidas, más de 2 mil heridos, alrededor de 50 mil personas que debieron salir del país en calidad de refugiadas, según datos de la CIDH y la ONU.

Raza e Igualdad considera que las negociaciones que han retomado el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica pueden representar un avance significativo en  la búsqueda de una salida pacífica a la crisis que vive el país, siempre que en la ejecución de los acuerdos, se priorice el respeto a los derechos humanos, el derecho a la verdad, justicia y  la reparación para las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos en las que ha incurrido el Estado de Nicaragua.

Los acuerdos alcanzados en dicha negociación no deben fomentar la impunidad de los crímenes cometidos por fuerzas policiales y grupos paraestatales u ordenados por las más altas autoridades, como ha documentado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Estimamos indispensable que se reestablezca la personería jurídica a las nueve organizaciones de la sociedad civil independiente a las que se les ha negado su derecho de ejercer derechos y contraer obligaciones desde diciembre pasado y se les regresen los bienes que fueron ocupados por las autoridades, así como los bienes que fueron ocupados ilegalmente a las empresas vinculadas al periodista Carlos Fernando Chamorro.

Así mismo, consideramos  urgente que se propicien las condiciones para que la ciudadanía en general pueda expresarse y manifestarse libremente y que los periodistas y medios independientes puedan ejercer su derecho de informar y disponer de sus equipos y bienes, sin temor a las represalias del poder.

Finalmente, Raza e Igualdad considera que la liberación de los presos políticos debe hacerse sin dilaciones y de forma simultánea con la anulación de todos los procesos judiciales para que estos ciudadanos, líderes estudiantiles, campesinos, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, hombres y mujeres encarceladas puedan recobrar a lo inmediato, su total libertad y continuar con sus proyectos de vida.