Washington D.C., 10 de febrero de 2023.– El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) celebra con emoción y esperanza la liberación de 222 personas que permanecían privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua. “Este hecho es resultado de la perseverancia de familiares, activistas, organizaciones de la sociedad civil y organismos de protección de derechos humanos en su trabajo por visibilizar la situación de personas presas políticas en el país y exigir su inmediata liberación”, valora Carlos Quesada, Director de la organización. 

Desde el estallido social de abril de 2018 y el posterior uso indiscriminado de la fuerza por parte de grupos estatales y progubernamentales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado 355 víctimas fatales, más de 1600 personas heridas y 1614 detenidas arbitrariamente (hasta mayo de 2020). El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas reportó al menos 245 personas privadas de libertad por motivos políticos, al 30 de enero de 2023; y 35 personas tras la excarcelación masiva de la mañana del 9 de febrero. 

Todas estas personas habrían sido víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes en centros estatales que no cumplen con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Personas Reclusas (Reglas Nelson Mandela) y las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok).

Libres bajo un continuum de violaciones a sus derechos humanos

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó a través de un comunicado que la administración de Biden-Harris facilitó el traslado seguro de las 222 personas excarceladas al Aeropuerto Internacional Dulles en Washington, DC, y les está prestando apoyo médico y legal. Raza e Igualdad forma parte del equipo de asistencia, encargándose de asegurar alojamiento en hoteles y viáticos, proveer artículos de primera necesidad y de garantizar su reubicación dentro de Estados Unidos.

Por su parte, mientras estas personas aún se encontraban volando hacia Estados Unidos y con el objetivo de legitimar los actos del régimen autoritario de Ortega y Murillo, el Presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), Octavio Rothschuh ordenó la “deportación inmediata y ya efectiva” de las 222 personas excarceladas, quienes ya habían sido declaradas “traidores (y traidoras) a la patria e inhabilitados (e inhabilitadas) de forma perpetua” para cargos públicos y de elección popular, y “suspendidos (suspendidas) sus derechos ciudadanos de forma perpetua” 

Posteriomente, la Asamblea Nacional -controlada por el partido de gobierno- reformó el Artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua agregando que “los traidores a la patria pierden su calidad de nacional nicaragüense” y recordando que, en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblos a la Independencia y Autodeterminación para la Paz (Ley 1055) están establecidas “las acciones que lesionen los intereses supremos de la nación, por lo que los nicaragüenses ejecutores de estos actos se consideran traidores a la patria”.

Además, minutos después, la Asamblea aprobó una Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense que, a través de su Artículo 2, establece que las personas sentenciadas bajo la Ley 1055 “perderán su nacionalidad nicaragüense”.

Pronunciamiento

Desde el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) rechazamos la reforma inconstitucional al Artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua, un intento para revestir de legalidad el destierro y la cancelación de la nacionalidad nicaragüense a una persona nacida en el país. Con esta acción, el Estado de Nicaragua viola los derechos humanos, precisamente los derechos civiles y políticos de las personas nicaragüenses, e incumple con múltiples tratados en materia de derechos humanos.

Lamentamos profundamente que el Estado de Nicaragua mantenga a 35 personas encarceladas por razones políticas en condiciones inhumanas. Particularmente, nos preocupa la situación de Monseñor Rolando Álvarez, quien según Daniel Ortega, no se acogió al destierro y fue cambiado de régimen de “casa por cárcel” a una celda en el Sistema Penitenciario “La Modelo”. Consideramos de suma gravedad que en cadena nacional y de manera amenazante, Ortega le calificó de “soberbio”, “desquiciado” y “energúmeno” que “no puede tener el coraje de Cristo, que aguantó los azotes y soportó la crucifixión”. 

No nos olvidamos de destacar el rol fundamental de las voces de la sociedad civil nicaragüense y las organizaciones nacionales e internacionales en el monitoreo, documentación y denuncia de violaciones a los derechos humanos, particularmente de las detenciones arbitrarias y la criminalización de personas opositoras, defensoras de derechos humanos, líderes estudiantiles, periodistas, empresarios, campesinos, entre otros. Su arduo trabajo ha sido incansable y ha trascendido al plano internacional.

Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso con la reconstrucción de la democracia, que solo será posible con la puesta en libertad de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos, el retorno seguro de las personas exiliadas, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, y la justicia y rendición de cuentas por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua. 

Aún hay un gran camino por recorrer, pero con mucha esperanza exigimos: ¡Justicia para Nicaragua! ¡Nicas Libres Ya!