Washington D.C., 16 de febrero de 2023.- El Instituto Internacional sobre Raza Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena enérgicamente la decisión del régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo de despojar de su nacionalidad y derechos ciudadanos y ordenar la confiscación de los bienes a 94 personas nicaragüenses, a quienes acusa de “traidores a la patria”, considerándoles “prófugos de la justicia”. Entre estas personas figuran defensores y defensoras de derechos humanos, activistas sociales y políticos, periodistas, directores de medios, escritores/as y religiosos que no recibieron previas notificaciones de procesos en su contra y se suman a 222 personas excarceladas que fueron desterradas y despojadas de su nacionalidad el pasado 9 de febrero. 

La decisión fue dada a conocer el día de ayer, 15 de febrero, por Ernesto Rodríguez, Magistrado Presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, quien alegó que esta fue adoptada por los jueces de distrito penales de audiencia de Managua, tras una denuncia del Ministerio Público sobre la cual tampoco fueron informadas las víctimas. 

Cabe destacar que el régimen ya se había valido de esta práctica anteriormente. Entre 2018 y 2021, canceló la nacionalidad de al menos 3 personas; y en los últimos siete días, ha despojado de su nacionalidad a 316 personas nicaragüenses, incluidas 222 personas desterradas que habían sido privadas de libertad por motivos políticos y habían sufrido actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en centros estatales de reclusión en  Nicaragua.

Pronunciamiento

Ante la grave situación antes planteada, Raza e Igualdad  rechaza y condena que el régimen autoritario de Ortega y Murillo continúe valiéndose del Poder Judicial para emitir resoluciones que contravienen todos los instrumentos  internacionales firmados por el Estado nicaragüense. Estas decisiones unilaterales de parte de los tribunales de justicia representan una flagrante y absoluta violación de los principios de la administración de justicia, el debido proceso y los derechos humanos de las víctimas.

El Estado de Nicaragua está obligado a cumplir con las disposiciones establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,  la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos. En tal sentido, recordamos que el Art. 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que: “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”, y su artículo 15: 1. “Toda persona tiene derecho a una nacionalidad” y 2. “A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad”. 

Los actos en los que está incurriendo el régimen, y en particular, el despojo de la nacionalidad y el destierro forzado de cientos de personas, constituyen crímenes de lesa humanidad según el artículo 7 del Estatuto de Roma, que deben ser investigados, juzgados y sancionados para erradicar la impunidad estructural que impera en el país.

Alertamos a la comunidad internacional y a los órganos de protección de derechos humanos sobre este nuevo método represivo para intimidar, silenciar y dejar en la indefensión a personas que permanecen en el país y a aquellas que se vieron forzadas al  exilio. Resaltamos que algunas de estas personas cuentan con medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) por su situación de gravedad y riesgo irreparable a sus vidas. 

Llamamos a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a apoyar una nueva resolución que renueve por dos años el mandato del “Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Nicaragua” y refuerce su enfoque interseccional, prestando especial atención en grupos como personas víctimas de desplazamiento forzado y víctimas de detenciones arbitrarias por razones políticas y sus familiares.

Exigimos que se respete la integridad personal de las destacadas defensoras de derechos humanos: Doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh); Sofia Montenegro, periodista y activista, y Azahalea Solís, activista feminista; así como de cualquier persona acusada por motivos políticos que se encuentre en el país. 

Continuaremos denunciando los vejámenes en los que está incurriendo el régimen Ortega-Murillo y documentando las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de quienes claman por la libertad de Nicaragua. Las personas responsables de tales atropellos deberán rendir cuentas ante la justicia y reparar los daños causados.

¡Basta ya de represión hacia quienes reclaman libertad y respeto de los derechos humanos!