Washington D.C., 12 de octubre de 2022.- En un acto inaceptable, el Gobierno de Nicaragua negó la entrada al país a la ciudadana nicaragüense y experta del Mecanismo sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (EMRIP, por sus siglas en inglés), Anexa Alfred Cunningham, el pasado 9 de julio. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena este ataque contra la Sra. Alfred por su trabajo como defensora de derechos humanos, que también es un ataque hacia el EMRIP, las Naciones Unidas y  demás personas expertas independientes nombradas por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH). 

La Sra. Alfred Cunningham es una mujer indígena mískitu, abogada y experta en Derechos y Política Indígena, que se ha desempeñado como asesora de Gobiernos Territoriales y Gobiernos Comunales Indígenas en Nicaragua. Entre otros, la Sra. Alfred ha contribuido al proceso de demarcación y titulación de territorios indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe de Nicaragua, y ha promovido diferentes reformas legislativas relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas en la legislación nicaragüense.

En abril de este año, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la nombró miembro  del Mecanismo de Expertos sobre Derechos de los Pueblos Indígenas por América Central y del Sur, cuyo mandato es asistir de forma especializada a los Estados Miembros en la consecución de los objetivos contenidos en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y promover medidas concretas para que los Estados, los pueblos indígenas, la sociedad civil, las organizaciones internacionales, las instituciones nacionales de derechos humanos y otras entidades puedan adoptar para alcanzar su cumplimiento.

En julio, la experta viajó a Ginebra, Suiza, con el objetivo de llevar a cabo su primera misión oficial en la decimoquinta sesión del EMRIP. Al final de su gira, la línea aérea no le permitió abordar el avión hacia Nicaragua informándole que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo no autorizó su entrada al país. Esta decisión del régimen, entre otras cosas, violenta el artículo VI, sección 22, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Privilegios e Inmunidades, que otorga a las personas expertas nombradas por el CDH “prerrogativas e inmunidades necesarias para el ejercicio independiente de sus funciones, durante el período de sus misiones, incluido el tiempo necesario para viajar en relación con ellas”.

Frente a esta grave situación, el pasado miércoles 28 de septiembre, el Presidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Federico Villegas, expresó que ha solicitado “en numerosas ocasiones aclaraciones sobre la situación, así como la cooperación del Gobierno de Nicaragua para rectificar el asunto”; sin embargo, no ha recibido ninguna respuesta, “ni las garantías del Gobierno de que la señora Cunningham podría regresar a Nicaragua”. Esto indica un “acto de represalia”, aseguró Villegas. 

Por su parte, en una entrevista a Raza e Igualdad, la Sra. Alfred Cunningham expresó que la prohibición de retornar a su país se enmarca en una serie de acciones emprendidas por el gobierno de Nicaragua para reprimir y castigar a voces disidentes. “Lo hemos visto con periodistas, personas defensoras de derechos humanos, opositores políticos, líderes religiosos, organizaciones no gubernamentales… y los pueblos indígenas y afrodescendientes no estamos exentos de esto”. 

Asimismo, lamentó que el régimen le impida cumplir su mandato en Nicaragua, pues “el EMRIP tendría la capacidad técnica y especializada de asesorar al Estado para poder cumplir con la fase del proceso de saneamiento, entendiendo que este es un derecho que está reconocido en la Constitución Política de Nicaragua y en todos los instrumentos de derechos humanos en materia de Pueblos Indígenas de los que Nicaragua es parte”. 

“Sabemos que es un proceso que no se ha cumplido y ha generado una serie de irregularidades que afecta los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe de Nicaragua”, explicó a Raza e Igualdad.

Finalmente, Alfred llamó al gobierno de Nicaragua  a responder las comunicaciones que ha enviado el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Secretaría General de las Naciones Unidas sobre su caso, así como a rectificar su decisión y abrir las vías de comunicación con la comunidad internacional y los sectores nacionales. 

“Yo creo que todavía está a tiempo de reaccionar y rectificar esta grave decisión… El aislamiento no es la solución para salir de esta crisis sociopolítica, económica y de derechos humanos que vive el pueblo de Nicaragua. Es necesario abrir un canal de comunicación, solo de esa manera vamos a poder salir de esta crisis”, finalizó.

Pronunciamiento

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su profunda solidaridad hacia la Sra. Anexa Alfred Cunningham y su familia. 

Condenamos este grave ataque sin precedentes hacia una experta de Naciones Unidas, el cual atenta contra los privilegios e inmunidades diplomáticas que Nicaragua y demás Estados Miembros se han comprometido a respetar.

Recordamos que esta es una violación directa al Artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos:“Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país”, que además, conlleva afectaciones múltiples de otros derechos como: el derecho a un nivel de vida adecuado, a la libertad de circulación, a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros.

Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional -incluidos el Sistema Universal y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos- para que condenen la actuación de Nicaragua e insten al Estado a rectificar su decisión y asegurar condiciones para el retorno seguro de la Sra. Alfred y su familia; y soliciten investigaciones, juicios y sanciones para todos los responsables, así como reparación por todas las violaciones y abusos sufridos.

No cesamos en exigir al Estado  de Nicaragua el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y el restablecimiento de una cooperación significativa con la comunidad internacional. El pueblo de Nicaragua necesita que se realicen investigaciones que garanticen justicia, reparación y no repetición de las violaciones y abusos a los derechos humanos que se continúan cometiendo en el país. 

La investigación y rendición de cuentas de estas violaciones que -como ha mencionado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH- deben considerarse crímenes de lesa humanidad, son requisitos indispensables para combatir la impunidad y superar la grave crisis de derechos humanos. 

Esperamos que el Grupo de Personas Expertas en Derechos Humanos sobre Nicaragua, mandatado por el Consejo de Derechos Humanos en su resolución 49/3, continúe con esta importante labor.