Washington D.C., 28 de julio 2022.– En el marco del Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, y con miras a contribuir a un mundo más equitativo, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) lanzó el lunes 25 de julio, a través de un evento semipresencial en la Ciudad de México, el proyecto “Promoción de una agenda antirracista para fortalecer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra el racismo y la discriminación racial en México”, el cual está siendo implementado gracias al apoyo de la Fundación W.K. Kellogg.

Con la participación de representantes de instituciones públicas, organizaciones autónomas de derechos humanos, organizaciones étnicas y de carácter nacional, el evento se llevó a cabo en el salón Digna Ochoa, en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En sus palabras de bienvenida, el Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, resaltó la voluntad política del Estado mexicano para combatir el racismo y la discriminación racial con la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) en noviembre de 2019.

En tanto, la Directora de Programas para América Latina y el Caribe de la Fundación W.K. Kellogg, Alejandra Garduño Martínez, señaló la equidad racial como un elemento clave para la construcción de una agenda antirracista. “Lograr la equidad racial significa que la identidad de una persona no determina el trato que recibe; la equidad racial requiere, por tanto, la transformación de los sistemas y la identificación y cambio de las prácticas que niegan el trato equitativo o producen resultados desiguales para ciertos grupos sociales, teniendo como consecuencia el aumento de la desigualdad social”, enfatizó.

En el primer panel del evento, que se denominó “Importancia de promover una agenda antirracista en México”, las y los participantes brindaron sus apreciaciones sobre el racismo y la discriminación racial, coincidiendo en que estos son problemas estructurales en la sociedad mexicana y que tienen diferentes manifestaciones, por lo que deben ser combatidos desde diferentes ámbitos y mediante acciones comunes.

Francisco Estrada Correa, Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH), llamó la atención sobre la necesidad de que las políticas públicas o programas sociales asuman la problemática discriminatoria desde un punto de vista integral, pues al centrarse solamente en algunas de sus manifestaciones, son también acciones o prácticas racistas, consideró. “Para desaprender el racismo, la educación en las escuelas, los mensajes en medios de comunicación y las formas de socialización que aprendemos en la familia son centrales para su eliminación siempre y cuando vayan acompañados de disposiciones legales que sancionen estas conductas”, anotó.

La coordinadora de Igualdad de Género y No Discriminación de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Elvira García Aguayo, destacó el avance a nivel internacional con la adopción de acuerdos como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) y la CIRDI. En ese sentido, invitó a conocer el Sistema de Seguimiento y Atención a Recomendaciones Internacionales en Materia de Derechos Humanos, el cual puede ser localizado en Internet bajo las siglas SERIDH.

Akosua Ali, Presidenta de la sede de Washington D.C. de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color conocida por sus siglas en inglés NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), no pudo asistir de forma presencial al evento por razones de salud, por lo que su intervención fue a través de un video. La activista hizo referencia a la historia de la esclavitud en México, país que durante el Siglo XVI tenía más africanos esclavizados que cualquier otra colonia en el hemisferio occidental. “Debemos comenzar a tener estas conversaciones difíciles para sanar el trauma del pasado y avanzar juntos para garantizar que nuestras comunidades estén seguras, saludables y completas”, dijo.

Berenice Vargas, Subdirectora de Planeación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, consideró que el trabajo comunitario es importante para combatir y eliminar las prácticas racistas y discriminatorias, por lo cual es necesaria la coordinación entre las instituciones estatales y las organizaciones de la sociedad civil. También recalcó que las acciones en el marco de este esfuerzo deben contar con las perspectivas de género, interculturalidad, multiculturalidad, derechos humanos e interseccionalidad.

El Subdirector de Vinculación Territorial del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Jean Philibert Mobwa, brindó un panorama sobre el reconocimiento del racismo y la discriminación racial a nivel constitucional en México y el resto de países de las Américas. “La negación o eliminación del término raza en las disposiciones nacionales no resuelven el problema de la discriminación racial y el racismo. Y ojo que aquí sí funciona el principio general del Derecho según el cual ‘lo que no está prohibido está permitido’”, expuso.

En el segundo panel, titulado “Hacia la construcción de una agenda antirracista en México”, intervino María Celeste Sánchez, Senadora suplente por la Ciudad de México; Fátima Gamboa, directora general de EQUIS: Justicia para las Mujeres A.C.; José Antonio Aguilar, fundador y director de Racismo MX; Sagrario Cruz, profesora e investigadora de la Universidad Veracruzana, y Conrado Zepeda, director del Servicio Jesuita a Refugiados en México.

La Senadora Suplente por la Ciudad de México, María Celeste Sánchez, reconoció el papel que deben jugar las organizaciones de la sociedad civil en la construcción de una agenda antirracista en el país, con una representación de todos los grupos poblacionales y zonas geográficas. Además, confirmó que el Senado cuenta con una iniciativa de proyecto de decreto desde diciembre 2020 en que se solicita reformar y adicionar diversas disposiciones del código penal federal para tipificar como delito el odio racial con fundamento de la CIRDI, se espera que una vez se reintegre el Senado en septiembre y con la promoción de una “agenda antirracista” se logre avanzar en este y muchos temas de interés para las comunidades étnicas en México.

La directora general de EQUIS: Justicia para las Mujeres, Fátima Gamboa, aportó al debate algunos cuestionamientos para la construcción de una agenda antirracista, entre ellos: el papel que tienen las organizaciones que impulsan proyectos, los cuales—dijo—deben ser más horizontales, de acompañamiento y fortalecimiento, así como contar con una ética en el uso de voz y representación de personas, organizaciones y actores clave para su construcción que perfile transformaciones estructurales antirraciales con perspectiva de género.

Sagrario Cruz, profesora e investigadora de la Universidad Veracruzana, presentó una serie de propuestas para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en el país, apuntando a sectores como educación, salud y censo. Sobre este último, expresó que es muy necesario que se actualice la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) con datos desagregados.

José Antonio Aguilar, Fundador y Director de Racismo MX, resaltó la importancia de este proyecto, al cual identificó como un primer espacio para establecer una agenda antirracista en México. “Tenemos un país donde más del 80% de la población, de acuerdo con la ENADIS del 2017, tiene tonos de piel oscuros sin importar la identidad, entonces eso quiere decir que hay una población mayoritaria en México que es vulnerable hacia actos de discriminación racista”, compartió.

Conrado Zepeda, director del Servicio Jesuita a Refugiados en México, se refirió a la problemática del racismo y la discriminación racial desde la perspectiva de la movilidad humana y la interseccionalidad. “Todos los migrantes y refugiados no son tratados de igual manera por los agentes gubernamentales, por las organizaciones sociales y por las personas en general; no es lo mismo ser migrante o refugiado de género masculino, blanco, joven, heterosexual y europeo, que ser una migrante o refugiada de género femenino, indígena o negra, anciana, lesbiana y de un país pobre”, planteó.

Sobre el proyecto

Miguel Ángel Alanis, consultor de Raza e Igualdad en México, señaló que este proyecto “forma parte de una estrategia integral enfocada en México cuyo objetivo es empoderar a las organizaciones de la sociedad civil para fortalecer su lucha contra el racismo estructural y la discriminación racial que enfrentan en lo cotidiano, con base en una agenda antirracista que dirija sus acciones hacia un mundo más equitativo”.

Un enfoque clave de este proyecto es la promoción de la implementación efectiva de herramientas y convenciones regionales e internacionales de derechos humanos y de lucha contra el racismo y la discriminación racial. “Con la firma de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) por el Estado mexicano el 19 de noviembre del 2019, se perfila la necesidad de redoblar esfuerzos para promover los contenidos y alcances establecidos en la Convención entre las instituciones públicas, académicas y las contrapartes que abonen a construir una agenda antirracista en el país”, explicó Alanis.

En México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, 2,576,213 de personas se auto reconocen como afrodescendientes y 7,364, 645 son hablantes de alguna lengua indígena. A pesar de los avances en el reconocimiento de los derechos y la inclusión de la información estadística, continúan existiendo barreras estructurales que imposibilitan el ejercicio de los derechos humanos y el disfrute de una vida libre de discriminación y racismo.