Washington, D.C. 30 de enero de 2020. La invasión de territorios indígenas en la Costa Caribe de Nicaragua continúa generando violencia con consecuencias letales para la vida, integridad fisica y derechos humanos de los pueblos indígenas. Raza e Igualdad conoció que la noche del 29 de enero un grupo de colonos fuertemente armados invadió la comunidad mayagna de Alal, ubicada dentro de la Zona Núcleo de la Reserva de Biósfera de Bosawas, en el Caribe Norte, con el objetivo de despojar a los indígenas de sus territorios.

Durante la invasión, los colonos quemaron las viviendas de la comunidad mayagna, asesinaron a seis indígenas y secuestraron a otros diez comunitarios, de los cuales han sido identificados seis: Tránsito Meza, Víctor Díaz, Juan Emilio Devis, Carlos Martín, Miguel Dixon y Efraín Miguel.

Hasta el momento, la Policía de Nicaragua informó que se encuentra investigando los hechos, aunque solo reportaron el fallecimiento de dos hombres a consecuencia de impactos de bala.

La zona está protegida desde 2003 por la Ley 445, Ley del Régimen de la Propiedad Comunal de las Comunidades Indígenas y Étnicas de la Costa Caribe de Nicaragua, pero desde hace años los pueblos indígenas han denunciado que no hay garantías estatales para que usen y gocen efectivamente de sus territorios frente a la ocupación de colonos o terceros. El objetivo de los colonos es fundamentalmente la extracción de bienes naturales con fines de comercialización.

El Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) documentó entre 2011 y 2018 un total de 34 comunitarios asesinados, 44 lesionados, 25 secuestrados y 4 desaparecidos en el marco de dichas invasiones, mismas que han obligado al desplazamiento forzado de las comunidades indígenas afectando seriamente sus modos tradicionales de vida.

Raza e Igualdad expresa su más enérgica condena ante este hecho de violencia que ha dejado luto y dolor en el pueblo Mayagna y urgimos al Estado de Nicaragua a cumplir con las medidas de protección que por ley deben garantizar a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Exigimos que las autoridades realicen una investigación exhaustiva sobre los hechos acaecidos en la comunidad mayagna de Alal, y se castigue debidamente a los responsables para evitar que este tipo de acciones queden en la impunidad y se repitan.

Llamamos nuevamente al Estado de Nicaragua a proteger los derechos de los pueblos indígenas, particularmente, a garantizar el respeto a la propiedad colectiva y las condiciones de seguridad para proteger sus vidas e integridad personal ante la violencia a la que continúan expuestos.