Washington D.C., 22 de octubre de 2020.– La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, llamó a los Gobiernos a cumplir con su obligación de proteger la vida de las y los defensores de derechos humanos, en un encuentro que sostuvo este martes 20 de octubre con las defensoras Erlendy Cuero Bravo, de Colombia, y Alma Sinumlag, de Filipinas, en el que conoció detalles sobre la situación de amenazas que enfrentan estas lideresas por la labor que desempeñan en sus comunidades.

El encuentro, que se denominó “Advertencias finales: amenazas de muerte contra defensores de derechos humanos”, fue realizado con el apoyo del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), y contó con la participación de Iain Levine, asesor sobre derechos humanos en Facebook. El moderador fue Otto Saki, oficial del programa Compromiso Cívico y de Gobierno, de la Fundación Ford, quien al inicio del evento pidió un momento de silencio en memoria de todas las víctimas mortales del Covid-19.

Una prioridad

La Relatora Especial mencionó que durante su mandato su prioridad serán los asesinatos de personas que se dedican a la defensa de derechos humanos, y en vista de que estos frecuentemente son antecedidos por amenazas que reciben las y los defensores tanto en sus localidades como a través de plataformas de internet, pondrá especial atención a dicha situación.

“Sabemos que en cada continente mujeres y hombres son asesinados por ser defensores de derechos humanos, y sabemos que estos asesinatos no son actos de violencia al azar, sino que son premeditados y dirigidos (…) y sabemos que muchos de estos asesinatos son antecedidos por amenazas de muerte”, puntualizó.

Lawlor presentó el lunes 19 de octubre su primer informe como Relatora Especial ante la Asamblea General de Naciones Unidas y se encuentra preparando otro enfocado en los asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en todo el mundo.

El caso de Erlendy Cuero Bravo

La lideresa afrocolombiana y vicepresidenta de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), Erlendy Cuero Bravo, fue invitada por la Relatora para exponer su caso, pues desde que inició hace más de 20 años la labor de defender los derechos humanos de las y los afrocolombianos víctimas del conflicto armado en Colombia, ha sido objetivo de atentados y amenazas contra su vida, la de su familia y la de compañeros y compañeras de su organización, según contó ella misma en el evento.

“Quiero enfatizar que la situación de amenazas que hoy sigo enfrentando es la situación de cientos de líderes y lideresas de las comunidades afrocolombianas e indígenas de mi país”, apuntó Cuero Bravo, quien recordó que el país sigue sumido en el conflicto armado que inició hace más de 50 años, a pesar de la firma de los Acuerdos de Paz en 2016, siendo las comunidades afrocolombianas e indígenas las más afectadas entre los más de 8.5 millones víctimas a nivel nacional. “Al menos 2 millones de las personas desplazadas somos afrocolombianos”, enfatizó.

“La mayoría de las amenazas las he recibido a través de panfletos que ha llegado a través de Whatsapp, mi correo electrónico y Facebook, pero también he recibido esos panfletos en mi propia residencia y la sede de mi organización. La autoría de la mayoría de esos panfletos ha sido de grupos paramilitares, pero también ha habido panfletos de grupos guerrilleros y agrupaciones de narcotraficantes”, expuso.

La lideresa indicó que en estas amenazas le aseguran que la asesinarán a ella y a sus familiares, así como le exigen que abandone sus actividades de liderazgo e incluso su lugar de residencia, señalándola como colaboradora de la guerrilla y como un obstáculo en las políticas del Gobierno. Cuero Bravo dijo que esta situación se ve agravada por la indiferencia y falta de empatía del Gobierno, pues a pesar de que actualmente cuenta con un guardaespaldas y un vehículo blindado, esto fue posible por las medidas cautelares que le otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Solicitamos respetuosamente que, en cumplimiento de su mandato, exhorte al Gobierno de Colombia adoptar las medidas que le hemos propuesto, como reformar los procedimientos de evaluación de riesgo para garantizar que los defensores en alto riesgo reciban medidas de protección efectivas e implementar medidas de protección colectivas en las comunidades y organizaciones que continúan en situación de riesgo”, dijo.

El caso de Alma Sinumlag

Alma Sinumlag, defensora de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas (IPHRD) de La Cordillera, en Filipinas, expuso que en su caso las amenazas llegan principalmente a través de las redes sociales, donde constantemente se realizan publicaciones que la identifican con su nombre completo, fotografías sola o acompañada de otros activistas y la califican como una “criminal” o “terrorista”. La lideresa denunció que han logrado identificar que la mayoría de las cuentas desde las cuales se realizan dichas amenazas están ligadas al Gobierno, la Policía o el Ejército, siendo Facebook la plataforma más utilizado.

Uno de los objetivos de la Relatora Lawlor es dialogar con representantes de empresas de tecnología para conocer cómo reaccionan ante a la evidencia de amenazas de muerte que se realizan en sus plataformas, por lo que el evento tuvo la participación de Iain Levine, asesor sobre derechos humanos en Facebook. Levine aseguró que la protección de defensores de derechos humanos es un reto para las empresas de redes sociales, por lo que en el grupo que él dirige es una prioridad.

“Queremos que Facebook sea una plataforma clave para los defensores de derechos humanos, queremos ser una plataforma donde puedan promover los derechos humanos, ser activos, incidir, organizar y crear comunidad, dijo. El experto señaló que es importante que las amenazas sean reportadas por los medios establecidos en la red social, aunque reconoció que, si estas se realizan por canales privados como Whatsapp, para ellos es mucho más difícil darles seguimiento.

Llamado a los Gobiernos

La Relatora Mary Lawlor aconsejó a las y los defensores de derechos humanos elaborar su propio plan de seguridad, incluyendo la medida de abandonar sus localidades en caso de que los casos sean extremos. También invitó a las defensoras participantes en el evento a buscar el apoyo de la embajada de los Países Bajos en sus países.

En ese sentido, Mark Reichwein, de la misión de Países Bajos ante Naciones Unidas, intervino reafirmando el compromiso de este organismo y de su Gobierno para defender a las y los defensores de derechos humanos que enfrentan amenazas y persecución.

Sin embargo, Lawlor indicó que son los Gobiernos los que deben aplicar leyes y políticas para proteger a las y los defensores de derechos humanos. “Y para comenzar deberían de reconocer públicamente el valor del trabajo de los defensores de derechos humanos (…) en correspondencia con su obligación bajo la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos y porque los defensores trabajan de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos”, manifestó.