Nicaragua vive una grave crisis sociopolítica y de derechos humanos producto del desmantelamiento de las instituciones democráticas y la destrucción del espacio cívico y democrático. Desde el año 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cometido violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad contra un sector de la población considerado como personas opositoras, reales o percibidas.
A más de siete años del inicio de las protestas en abril 2018, se han documentado al menos 355 víctimas letales en el marco de las protestas, más de 2,000 personas heridas, más de 2,090 personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, al menos 546 personas arbitrariamente despojadas de su nacionalidad desde febrero de 2023, la gran mayoría de estas desterradas; centenares de nicaragüenses impedidos de regresar a su país, más de 100 personas obligadas a reportar a la policía sobre su movilidad, al menos 5,651 asociaciones civiles canceladas y unos 400,000 nicaragüenses que se han visto forzados al exilio para salvaguardar su vida e integridad.
Nuestro trabajo en Nicaragua
Raza e Igualdad fortalece a organizaciones nicaragüenses para la documentación, el litigio y la incidencia ante el Sistema Interamericano y el Sistema Universal de Derechos Humanos, con el propósito de garantizar justicia, reparación integral y no repetición para las víctimas de la represión estatal. Asimismo, capacita a liderazgos femeninos, indígenas, afrodescendientes y LGBTI+ para que participen activamente en eventos clave como la Asamblea General de la OEA y la Cumbre de las Américas.
En el Sistema Interamericano hemos trabajado solicitudes de medidas cautelares y provisionales a favor de personas privadas de libertad por motivos políticos y de periodistas en situación de riesgo grave para sus vidas e integridad personal. Hemos presentado peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alegando violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos para que se declare la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua, así como denuncias ante los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, como las realizadas ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (WGAD), que resultaron en opiniones que declaran la arbitrariedad de la detención de casi 40 personas nicaragüenses (opinión 10-2022, 58-2022 y 39-2020, entre otras).
Proporcionamos asistencia técnica a nuestras contrapartes locales para que sus informes de derechos humanos sean herramientas eficaces para la incidencia. Les hemos acompañado a participar en las revisiones del Estado de Nicaragua ante los Órganos Tratados de Naciones Unidas, como el Comité contra la Tortura.

Nuestros Logros
- Raza e Igualdad ha publicado diversos informes sobre la crisis de derechos humanos en Nicaragua. Uno de nuestros informes NICARAGUA: Una crisis de derechos humanos sin resolver. Análisis de las detenciones arbitrarias, procesos judiciales sin garantía y persecución política (julio 2021), examina las violaciones cometidas contra las personas privadas de libertad por motivos políticos en el marco de sus detenciones, así como durante sus procesos judiciales y los desafíos que enfrenta la institucionalidad en Nicaragua.
- Organizamos visitas de expertos y expertas de Naciones Unidas, como la visita a Costa Rica de la ex-Vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos Vasilka Sancín en el año 2022, cuyo objetivo fue el seguimiento de las observaciones finales emitidas por el Comité para el Estado de Nicaragua.
- Lideramos la campaña de incidencia ante Naciones Unidas #MecanismoParaNicaragua. Este es un esfuerzo del Colectivo 46/2, una coalición de 21 organizaciones locales e internacionales que impulsó la creación y posterior ampliación del mandato del Grupo de Personas Expertas en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).
- También lideramos la campaña #NicasLibresYa, en la cual junto a organizaciones locales, exigimos la liberación de personas privadas por motivos políticos que están siendo sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, e incluso tortura. Esta campaña contribuyó a la liberación de 222 personas en febrero de 2023 y continúa demandando la liberación de todas las personas que permanecen en prisión.