Washington, D.C. 10 de diciembre de 2019. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos hoy se une a la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que conmemora la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Setenta y un años después de aprobado ese documento que marcó un hito en el reconocimiento de los derechos inherentes a cada ser humano, estableciendo que debían respetarse sin distinción de la raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas, origen, ni ninguna otra condición, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos – Raza e Igualdad – continúa abogando por el cumplimiento y la defensa de dicha Declaración.

Durante este día, recordamos que la situación de derechos humanos en América Latina es crítica y por lo tanto se necesita un urgente accionar de los Estados para velar y garantizar efectivamente los derechos de sus ciudadanos, especialmente de aquellas poblaciones que históricamente han sido marginadas.

En Cuba, nos preocupa la situación de los prisioneros políticos y del hostigamiento y represión en contra de activistas y periodistas independientes. El caso del preso político José Daniel Ferrer García, coordinador general y fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), es alarmante, pues han pasado tres meses desde su detención, no ha tenido un proceso judicial y sufre malos tratos en los calabozos de la prisión en que se encuentra detenido. Su situación es especialmente preocupante porque podría correr la misma suerte de varias otras activistas independientes que han sido condenadas por delitos comunes después de expresar su opiniones. Por ejemplo, la Dama de Blanco Martha Sánchez está en prisión actualmente bajo una condena de 4 años y medio. De la misma manera, es alarmante la situación de activistas y periodistas independientes que sufren de restricciones de viajes sin razón legal alguna, lo que viola el derecho a la libre circulación de todo ciudadano cubano. En relación con esta situación, apoyamos la propuesta de una demostración pacífica y simbólica a favor de los derechos de libre circulación que se llevará a cabo este martes en la terminal del Aeropuerto Internacional José Martí. Recordamos que toda demostración o expresión pacifica de un individuo constituye un derecho inalienable bajo las leyes internacionales.

En Nicaragua, la grave crisis política y de derechos humanos que el país atraviesa desde hace casi 20 meses no parece mejorar, pues las autoridades se rehúsan a respetar las voces disidentes y continúan violando los derechos humanos de los nicaragüenses, incluyendo el derecho a la manifestación, a la libre movilización y a la libertad de expresión y de prensa. Hasta la fecha, se contabilizan alrededor de 150 presos y presas políticas, quienes atraviesan juicios viciados y carentes de garantías constitucionales. Tampoco se ha permitido el retorno al país de organismos internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que las organizaciones locales se enfrentan a la persecución y el asedio permanente por parte de policías y grupos afines al Gobierno.

En Colombia, las múltiples violencias que se viven tras la firma del Acuerdo de Paz no permiten pensar en la superación real de las desigualdades, marginación, terror y violencia que aún se vive en los territorios colombianos. El asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales es uno de los fenómenos que hoy por hoy más laceran la integridad de quienes defienden los derechos humanos. Según cifras oficiales, entre enero del 2016 y agosto de 2018 se reportaron aproximadamente 343 asesinatos de líderes sociales, sin embargo, organizaciones de la sociedad civil reportan más de 400, de los cuales alrededor del 40% fueron asesinatos contra líderes afrodescendientes e indígenas. A esto se le suma el “genocidio estadístico” que representan los últimos resultados de la encuesta poblacional: las cifras oficiales reportaron 2,9 millones de personas que se auto-reconocían como afrodescendientes en el Censo de 2018, al menos un millón menos de las reportadas en el Censo de 2005.  En este mes, después de dos semanas de paros nacionales y movilizaciones sociales del pueblo colombiano que demanda al Estado respuestas inmediatas y urgentes frente a las graves violaciones a los derechos fundamentales, el incumplimiento en la implementación efectiva del Acuerdo de Paz, y los compromisos asumidos en materia de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición representantes de las organizaciones de sociedad civil siguen apostando a la construcción de la paz por una vía pacífica que posibilite el encuentro en la diferencia.

Durante el año de 2019, la persistencia de la violencia y discriminación contra la población afro-LGBTI ha sido una problemática que ha venido siendo estudiada de manera más cercana por los Sistemas Internacionales de protección de Derechos Humanos. Durante este año se celebró la Audiencia sobre la situación de la población Afro-LGBTI de las Américas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con presencia de representantes de Brasil, Colombia, República Dominicana y Perú; por su parte, el Experto Independiente sobre OSIG de la ONU, Victor Madrigal,  se reunió en Colombia con organizaciones afro LGBTI en Cartagena y la Comisionada Margarette Macaulay visitó activistas Afro-LGBTI de la Favela de Maré en Río de Janeiro en Brasil.

Todas estas actividades se enmarcan en un año en el que ha persistido la violencia contra las personas Afro-LGBTI.  Brasil sigue siendo el país con mayor cantidad de asesinatos contra las personas trans del mundo. Según los datos actuales de la Asociación Nacional de Personas Trans en Brasil ANTRA, al menos 106 personas transgénero fueron asesinadas en Brasil hasta noviembre de 2019, muchas de estas víctimas son mujeres trans afrodescendientes. Con otras dimensiones, la violencia contra la población Afro-LGBTI en países como Colombia y República Dominicana, persiste, con la ocurrencia de casos de homicidio. Otras expresiones de la violencia, como en el caso de Nicaragua, están fuertemente asociadas a un contexto represivo político y religioso que impacta en la vida de los y las activistas LGBTI, llegando incluso a situaciones como el exilio, para evitar detenciones arbitrarias y torturas.  

En México, Panamá y Perú, la incorporación de preguntas de auto-identificación racial y étnica en los censos de población y vivienda sigue siendo un gran desafío en la recolección de datos estadísticos reales y permanentes que reflejen las características de la población afrodescendiente e indígena de esos Estados. Organizaciones de la sociedad civil han denunciado en múltiples ocasiones que la falta de información estadística sobre pueblos étnicos se debe, entre otras cosas, a una falta de trabajo dialógico y participativo que procure la elaboración de preguntas de auto identificación racial en conjunto con las comunidades étnicas. Al contrario, los censos contienen preguntas que carecen de contexto, lo que conlleva a que los pueblos no las comprendan y esto se derive en datos estadísticos erróneos, incompletos o no abordados en los censos. Por tal razón, la creación de planes, programas o políticas de gobierno en beneficio de la superación de las realidades de desigualdad e injusticia social de esta población son tan complejos de materializar e implementar.

Al cumplirse cinco años de fundado el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, seguimos comprometidos con la defensa de los derechos humanos en la región, especialmente en los países en los que trabajamos: Cuba, Nicaragua, Colombia, Brasil, República Dominicana, México, Panamá y Perú. Continuamos trabajando para promover y proteger los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, por su orientación sexual o identidad de género; además de aquellos que piensan y muestran opiniones distintas. Este 10 de diciembre reafirmamos nuestros deseos de aportar a la construcción de una sociedad equitativa para todos y todas, sobre la base de la Declaración Universal de Derechos Humanos.