Washington D.C., 19 de octubre de 2021.– El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), en conjunto con las delegaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos en Guatemala, Honduras y Panamá, organizó una visita promocional del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género, Víctor Madrigal- Borloz, a Honduras, El Salvador y Guatemala.

Las visitas tuvieron lugar entre el 11 y 16 de octubre y en ellas el Experto Independiente (EI) tuvo la oportunidad de reunirse con activistas y grupos LGBTI+ de cada país. En cada Visita de Escucha—como las denominó el EI—este escuchó y dialogó con representantes e integrantes de organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos de las personas LGBTI+ en esos países centroamericanos, lo que contribuyó a fortalecer el vínculo de la sociedad civil con su Mandato.

Las reuniones se llevaron a cabo en Tegucigalpa (Honduras), San Salvador (El Salvador) y Ciudad de Guatemala (Guatemala). En todos los encuentros asistieron alrededor de 35 organizaciones y participaron más de 100 activistas de la comunidad LGBTI+, incluyendo a las personas que asistieron a un evento público en la capital hondureña, en la que el EI presentó su último informe sobre identidad de género, titulado en inglés The Law of Inclusion & Practices of Exclusion.

En Honduras, Madrigal-Borloz escuchó a organizaciones que mostraron su preocupación por la criminalización de personas LGBTI+, particularmente en el contexto electoral que vive el país ante las elecciones generales programas para el próximo 28 de noviembre. Señalaron que tanto los candidatos como el mismo presidente Juan Orlando Hernández han difundido discursos de odio y ello ha contribuido a un aumento de la violencia contra personas LGBTI+. Ello se ve agravado, dijeron, por las múltiples barraras que enfrenta esta comunidad para acceder a la justicia, comenzando por la discriminación por su orientación sexual o identidad de género.

La sociedad civil hondureñas también expuso los diversos esfuerzos que se han realizado para introducir a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley de Identidad de Género, sin que hasta la fecha hayan alcanzado que el Parlamento lo reciba y lo discuta. En ese sentido, se refirieron a la falta de garantías para que las personas trans accedan al trabajo, a la educación y a la salud, y en casos en que sí han accedido a estos espacios, han sido víctimas de expulsión y malos tratos, especialmente en el área de salud donde el personal no está capacitado y, por tanto, incurre en estereotipos y prácticas discriminatorias.

Similar situación enfrenta la población LGBTI+ en El Salvador, donde en mayo—luego de que se instalara una nueva Asamblea Nacional con una rotunda mayoría del partido del presidente Nayib Bukele—este Poder del Estado archivara un proyecto de Ley de Identidad de Género que había sido presentado en marzo de 2018. Aunque las organizaciones señalaron que se ha registrado una disminución en las cifras oficiales sobre homicidios, mostraron su preocupación por el aumento en la cifra de personas desaparecidas. Asimismo, organizaciones de mujeres lesbianas resaltaron que entre esta comunidad prevalece el temor de identificarse como mujer lesbiana por la discriminación y violencia a la que se enfrentan.

Las organizaciones también plantearon la persecución contra mujeres trans que ejercen el trabajo sexual, y la falta de atención y protección del Estado ante los crímenes de odio que sufren las personas LGBTI+ en El Salvador. Ello, dijeron, está incidiendo en el desplazamiento interno y la migración de esta población, para la cual se encuentran cada vez más cerrados los espacios de participación y de denuncia. El Experto Independiente tuvo la oportunidad de reunirse con organizaciones académicas e instituciones que se dedican a recopilar datos al respecto y a brindar asistencias jurídica y humanitaria. En ese sentido, se destacó la importancia de llevar a cabo estas labores desde una perspectiva diferencial e interseccional.

En Guatemala, las organizaciones expusieron su preocupación por la Ley de Organizaciones no Gubernamentales, debido a que implica limitaciones y amenazas para las organizaciones que promueven y defienden derechos humanos, y por la iniciativa de Ley 5940 o Ley para garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia contra los trastornos de la identidad de género, porque propone quitar el derecho a la autodeterminación de la identidad de género de les niñes y adolescentes trans. Esta iniciativa de ley se suma a la propuesta de Ley 5272 o Ley de protección a la vida y la familia, la cual también es de mucha preocupación para la sociedad civil porque criminalizar el aborto y recurre a ideas retrógradas y estigmatizantes para sostener el concepto de familia cis-heteronormativa.

Las, los y les activistas también pudieron compartir información sobre la discriminación en el ámbito del empleo y la educación. Resaltaron que las personas trans son expulsadas de los colegios por hacer visible su identidad de género y se enfrentan constantemente al bullying. Además, gran parte de la población de transmasculinidades no puede acceder a un empleo por su expresión de género.

Asimismo, se refirieron a que hay una invisibilización de mujeres lesbianas y bisexuales, lo cual se traduce a que los crímenes contra esta población no estén reflejados en las estadísticas oficiales o sean categorizados como crímenes contra mujeres heterosexuales. También indicaron que este grupo enfrenta muchas barreras para acceder a la salud porque muchas no se sienten cómodas yendo a un ginecólogo y exponiendo su vida sexual.

Raza e Igualdad acompañó cada uno de estos encuentros y continuará apoyando el trabajo del Experto Independiente. Además, se compromete a seguir trabajando con la sociedad civil en estos países para visibilizar sus luchas. Agradecemos a todas las organizaciones de la sociedad civil, a las delegaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (OACNUDH) y todas las personas que hicieron posible esta visita.