Washington D.C., 11 de julio de 2022 – A un año de las protestas pacíficas que se desarrollaron masivamente el 11 de julio en más de 50 localidades de Cuba, la sociedad cubana continúa padeciendo un contexto de profunda crisis económica, caracterizado por graves limitaciones en el acceso a alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad. Estos factores, que un año atrás desataron la necesidad de cubanas y cubanos de levantar sus voces y hacer oír sus reclamos, hoy en día continúan impactando sus vidas, incluso con mayor intensidad. Las violaciones a los derechos humanos después de las manifestaciones conocidas como 11J, persisten en la Isla, y se agravan.

Continúa la represión

La situación de represión y el silenciamiento de las voces del disenso no ha culminado después del 11J. Activistas, personas defensoras de derechos humanos, artistas y periodistas independientes se enfrentan diariamente a constantes hostigamientos por parte de las autoridades y de las fuerzas de la Seguridad del Estado. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la agudización de la represión y otras violaciones a los derechos desde las protestas de julio de 2021, en especial, contra quienes participaron en las manifestaciones ocurridas el día 11 de ese mes[1].

En noviembre de 2021, diversos grupos de activistas intentaron nuevamente convocar a la realización de una protesta pacífica y se enfrentaron, una vez más, con centenares de detenciones arbitrarias, cortes selectivos en el servicio de Internet, interrogatorios y vigilancias individualizadas en sus domicilios. Durante el 15N, como se le llamó a esas manifestaciones, estaba prevista la realización de la Marcha Cívica por el Cambio; sin embargo, las personas que hicieron público su deseo para participar en este evento fueron impedidas de ejercer su derecho a la protesta pacífica.

Luego de esta iniciativa, se agravó el uso de la represión judicial con carácter ejemplarizante, se registró un aceleramiento en los procesos judiciales seguidos contra los manifestantes del 11J y se presentaron peticiones fiscales solicitando sanciones de hasta 30 años de privación de libertad. Asimismo, los familiares de las personas activistas detenidas y/o enjuiciadas padecieron -y continúan padeciendo- el acoso y la persecución por parte de la Seguridad del Estado, cada vez que intentan ejercer su derecho de protesta pacífica ante la cruel situación en la que se encuentran sus seres queridos.

Éxodos masivos

El contexto de crisis que domina Cuba ha generado que un creciente número de cubanos y cubanas decidan abandonar la Isla y establecerse en otros países. Existe gran preocupación por la elevada cantidad de personas que intentan cruzar fronteras exponiéndose a situaciones sumamente riesgosas.

Como consecuencia de las dificultades que enfrentan las y los cubanos/as para obtener visas de tránsito en numerosos países, la mayoría de las personas optan por la migración irregular a través de rutas que las exponen a ser víctimas de redes criminales, riesgos en su salud, e incluso al peligro de perder la vida.  Muchas personas llegan a los puestos fronterizos y permanecen por meses bajo custodia de las autoridades migratorias sin certeza sobre su situación.

Paralelamente, el gobierno cubano ha intensificado las restricciones al ejercicio del derecho a la libre circulación, tanto al interior como al exterior del país. Las autoridades de la Isla han utilizado las tácticas de exilio forzado y de prohibición de entrada al territorio de personas de nacionalidad cubana con residencia vigente, para silenciar aquellas voces críticas que adquieren mayor visibilidad. Resulta de especial preocupación que, además de las condiciones socio económicas que expulsan a miles de cubanas y cubanos del país, exista un hostigamiento sistemático y permanente contra activistas, artistas y periodistas, quienes son presionados para salir del país en condiciones infrahumanas. Esta situación está impidiendo que muchas personas puedan gozar de su nacionalidad de manera efectiva y, asimismo, les impide gozar de otros derechos fundamentales como el derecho a la familia y a la libre elección de su residencia.

Reformas legislativas

El 14 de mayo de 2022, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó el nuevo Código Penal. Si bien el texto oficial definitivo no se encuentra publicado aún, el anteproyecto genera preocupación puesto que mantiene un lenguaje amplio y ambiguo para tipificar aquellos delitos que se han utilizado arbitrariamente para perseguir las actividades de las personas defensoras de derechos humanos, juristas, activistas y periodistas independientes. Preocupa especialmente el aumento de las penas relativas a los “Delitos contra la Seguridad Interior del Estado”, entre los que se encuentran los delitos contra el orden constitucional, la sedición y la propaganda contra el orden constitucional, que se han utilizado frecuentemente para reprimir y criminalizar el ejercicio legítimo de los derechos humanos a la libertad de expresión, asociación y reunión.

Las represión y criminalización histórica en Cuba persiste amparada en una legislación interna que limita el ejercicio de derechos humanos como la libertad de expresión y asociación. Ejemplo de ello es el uso de figuras penales como la sedición y el desorden público para criminalizar a quienes decidieron ejercer su derecho a la protesta pacífica el 11J y el 15N. También llaman la atención otras prácticas que el Estado ha adoptado para responder a las marchas del 2021, entre las que destacan la inobservancia del principio del interés superior del niño/a y del cuidado especial que requieren; la coacción psicológica para obligar a las personas a abandonar la Isla y el asedio a la prensa nacional e internacional. Aunque estas prácticas no son nuevas, dejan ver una política estatal basada en sembrar el miedo en la población y el interés de deshacerse de cualquier tipo de expresión popular crítica a la política del Estado.

A un año del 11J, desde el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos hacemos un llamado al Estado cubano para que ponga fin a las prácticas represivas contra aquellas personas que se manifiestan y organizan pacíficamente y en reclamo de sus derechos humanos. El Instituto continuará monitoreando la situación, documentando los abusos perpetrados por el gobierno y denunciando las violaciones de derechos humanos ante la comunidad internacional.

[1] CIDH, Comunicado de prensa 295/21, La CIDH expresa preocupación por la agudización de la represión y otras violaciones a los derechos humanos desde las protestas de julio en Cuba, 5 de noviembre de 2021.