Colombia, 28 de abril del 2023.-Han transcurrido dos años desde que el Paro Nacional inició en Colombia. Esta serie de manifestaciones y protestas sociales que comenzaron el fueron una respuesta de diversas organizaciones sindicales y sociales para protestar contra una reforma tributaria propuesta por el Gobierno de Iván Duque y también para exigir cambios en el sistema de salud, educación y seguridad del país. Desde su inicio, el Paro Nacional puso en evidencia las graves violaciones a los derechos humanos que se han perpetuado,  en particular la violencia policial y la falta de garantías para el ejercicio de la protesta pacífica, así como malestares históricos relacionados con el racismo estructural, la inequidad y la falta de atención a las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad. Dos años después, El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) en conjunto con la Mesa por la Reforma Policial[1], hacen un llamado urgente al Gobierno Colombiano a que desarrolle una reforma integral a la Policía Nacional que tenga en cuenta las perspectivas y necesidades de diversos grupos poblacionales que, basados en su experiencia, buscan un país que promueva la paz, la justicia y el respeto a los derechos humanos, evitando cualquier abuso de poder.

La violencia policial racista: una manifestación de la violencia del Estado

Desde el inicio del Paro Nacional se registraron numerosas violaciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública, incluidos casos de brutalidad policial, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y asesinatos de manifestantes. Además, se ha denunciado la presencia de grupos paramilitares que han atacado a personas manifestantes y han sembrado el terror en las comunidades  Según el informe de Temblores   el informe “SILENCIO E IMPUNIDAD: Racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia”, presentado por las organizaciones sociales Temblores ONG, Ilex Acción Jurídica, CODHES y Raza e Igualdad, evidenció que, como consecuencia del perfilamiento racial durante el Paro Nacional del 2021, las personas afrodescendientes han sido afectadas diferencialmente como  víctimas de violencia policial racista en ciudades como Cali.

El informe Las huellas del racismo: voces de las personas excluidas y violencia estructural dentro y fuera del estallido social en Cali realizado por varias organizaciones sociales[4]presenta los impactos y afectaciones diferenciales contra personas afrodescendientes generados principalmente por parte de la Fuerza Pública. En este informe, se registraron 64 casos de personas afrodescendientes víctimas de homicidio, detenciones arbitrarias y agresiones físicas.  Asimismo, se indica que, la violencia policial tiene patrones de territorialización que ha afectado de forma desproporcional los territorios donde residen principalmente personas afrodescendientes en la ciudad, el oriente, en las comunas 12,13,14,15,16 y 21 y en territorios con una estratificación socioeconómica 1 y 2.Por otra parte, los hallazgos de este informe presenta los impactos diferenciales sufridos por personas afrodescendientes durante el Paro Nacional; tales como: Impactos psicosociales, físicos, económicos, colectivo, comunitarios, desplazamientos intraurbanos y patrones de barreras para el acceso a justicia en el marco de la violencia estatal reproducida por agentes de la Fuerza Pública. 

A las alarmantes cifras se suma la criminalización de la protesta social y la estigmatización de quienes participan en ella por parte de las autoridades y algunos sectores políticos y mediáticos. Esto ha llevado a que se utilicen figuras penales como el terrorismo y la conspiración para perseguir a manifestantes y líderes sociales.

Cabe resaltar que, el derecho a la protesta pacífica es un derecho humano fundamental, reconocido en la Constitución Política de Colombia y en tratados internacionales ratificados por el país.  Sin embargo, el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, la falta de identificación y sanción de los responsables de las violaciones a los derechos humanos y la ausencia de mecanismos efectivos de protección para los manifestantes, han generado un clima de impunidad y de temor que limita el ejercicio de este derecho. [5]

La violencia policial racista es una manifestación de la violencia del Estado perpetrada por agentes de la Fuerza Pública, ejercida contra personas racializadas, que se caracteriza por la brutalidad en sus acciones. Esta forma de violencia constituye una violación de los derechos humanos, incluyendo palizas, insultos racistas, tortura, homicidio ilegítimo y el uso indiscriminado de agentes de represión en manifestaciones. Por consiguiente, la violencia policial racista se basa en prejuicios y estereotipos infundados contra las personas afrodescendientes, lo que las hace más propensas a ser blanco de sospecha y persecución por parte de agentes de la Policía. Esta tendencia se vio agravada durante la pandemia de COVID-19 y las medidas de confinamiento en Colombia. Así mismo, esta forma de violencia racista se intensifica cuando intersecta con otros factores de discriminación, como la orientación sexual, la identidad de género, la edad y la clase social. Por lo tanto, las mujeres negras y las personas afrodescendientes con orientaciones sexuales o identidades de género diversas han padecido impactos diferenciados de la violencia policial racista ejercida por agentes del orden.

La urgencia de desmontar el ESMAD

 El uso desproporcionado de la fuerza por parte del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) durante las protestas sociales en Colombia dejó más de 100 víctimas de lesiones oculares.[6] Ataques que, según describen varias de las víctimas, fueron cometidos con el objetivo principal de castigarles, como consecuencia de hacer uso legítimo de su derecho a la protesta social. En respuesta a estas críticas, se presentó un proyecto de reforma al ESMAD en el Congreso de la República de Colombia, con el objetivo de mejorar la actuación de este cuerpo policial en la atención de manifestaciones, huelgas y protestas, cuando las circunstancias lo ameriten. El proyecto de reforma incluyó propuestas como la prohibición del uso de armas letales, la creación de protocolos de actuación más precisos y la obligación de llevar cámaras de video durante las operaciones.

Además, como parte de la reforma al ESMAD, se propuso la creación de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), una unidad especializada en la disolución de mecanismos de control que sustituiría al ESMAD en situaciones de control de disturbios y manifestaciones. La UNDMO estaría conformada por miembros de la policía, pero también tendría la participación de expertos en derechos humanos y representantes de organizaciones civiles, con el objetivo de garantizar una actuación más responsable y respetuosa de los derechos humanos en este tipo de operaciones.

Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil que conforman la Mesa  por la Reforma Policial expresaron al Gobierno su preocupación ante la falta de diálogo por la propuesta de reforma que, para ellos debe ser socializada con los diferentes sectores de la sociedad, especialmente con los que han sido vulnerables al uso de la fuerza por parte del Estado Colombiano. Entre los principales temas expuestos por la Mesa se encuentran: El uso de armas de impacto, indiscriminado y de letalidad reducida y sus impactos, la inclusión de enfoques diferenciales en el uso de la fuerza en territorios rurales y la adopción de recomendaciones de Naciones Unidas en relación con la focalización de las acciones en respuesta a actos violentos durante las manifestaciones.

Así mismo, solicitan la implementación de mecanismos de control y supervisión efectivos para evitar abusos y excesos por parte del ESMAD. También se propone la presencia de veedores ciudadanos en las operaciones del ESMAD y la creación de una unidad especializada en derechos humanos dentro de la Policía Nacional. Además, se sugiere una formación especializada para los miembros del ESMAD en aspectos como el respeto a los derechos humanos, el uso adecuado de la fuerza y la mediación en situaciones de conflicto. El objetivo es garantizar que el ESMAD cumpla con su función de mantener el orden público, pero siempre respetando los derechos humanos, evitando el uso desproporcionado de la fuerza. Esto es un paso crucial hacia una policía más moderna, eficiente y comprometida con  el respecto irrestricto a los derechos humanos

Los estándares internacionales para el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del orden; s han sido herramientas centrales para monitorear y generar recomendaciones para el cumplimiento de las funciones de la Fuerza Pública. De igual forma, estos instrumentos han sido importantes para promover debates en torno a reformas nacionales que garanticen el respeto y la protección de los derechos humanos. El Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas señala que

Todas las personas que integran la Fuerza Pública en el ejercicio de sus funciones deben garantizar el respeto por la dignidad humana.

 

Este sistema internacional de protección, en 1990 emite los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte de personas Funcionarias Encargadas de Hacer Cumplir la Ley[8].Estos principios tienen el objetivo de promover la implementación de medidas que garanticen el uso de la fuerza y de armas de fuego a través de procesos de monitoreo, formación sobre la aplicación de la Ley y restricciones sobre el uso de armas de fuego y el uso de la fuerza garantizando los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad.

En el año 2021 se estableció la Resolución 47/21[9], la cual propone la creación del Mecanismo Internacional de Personas Expertas Independientes de las Naciones Unidas para Promover la Justicia Racial y la Igualdad en el Contexto de la Labor de las Fuerzas del Orden (EMLER). Su objetivo es monitorear y establecer recomendaciones sobre las medidas implementadas a nivel global para combatir el uso excesivo de la fuerza hacia personas afrodescendientes, así como garantizar su acceso a la justicia y rendición de cuentas.

En línea con la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de las Naciones Unidas, que se encuentra vigente desde 1969, se emitió en 2020 la Recomendación número 36 de 20208. Esta recomendación se enfoca en combatir el perfilamiento racial y el uso de tecnologías que reproducen estereotipos racistas y xenofóbicos. Se señala cómo estas tecnologías, como la inteligencia artificial, se basan en representaciones racistas y discriminatorias que han sido fundamentadas socialmente mediante acciones sistemáticas de criminalización y persecución por parte de agentes del orden.

En el ámbito regional, la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia es una herramienta importante para promover y garantizar los derechos de las personas afrodescendientes en América Latina y el Caribe. Esta convención reconoce e incorpora las realidades específicas de la región en la lucha contra el racismo y formas conexas de discriminación que reproducen los agentes de Fuerza Pública. Sin embargo, solo siete países han firmado esta convención en la región, y solo seis la han ratificado.

Estos estándares establecen un reconocimiento  de las afectaciones diferenciales e impactos del uso desproporcionado de la fuerza contra personas afrodescendientes y las barreras de acceso a justicia que enfrentan diariamente. Por lo tanto, estos instrumentos hacen un llamado global a los Estados para que reconozcan, implementen y garanticen acciones contra el racismo sistémico que se ha fundamentado en instituciones como la Fuerza Pública y todo el sistema de justicia. Esto incluye adoptar medidas para prevenir prácticas como el perfilamiento  y contar con información desagregada que considere la pertenencia étnico-racial, identidad de género, orientación sexual, nacionalidad, etc. en casos de abuso policial, garantizandomedidas de reparación integrales para las víctimas.

La violencia policial racista afecta a personas afrodescendientes a nivel global, regional y nacional, impactando su bienestar individual y colectivo.

La falta de medidas de reparación refleja patrones de impunidad e injusticia que revictimizan a las personas afrodescendientes. Así mismo, esta forma de violencia en Colombia muestra el racismo estructural que viven jóvenes, mujeres y personas afro-LGBTI; por eso es de suma importancia visibilizar los impactos de la violencia policial racista y diseñar acciones de reparación con un enfoque étnico-racial y de género, así como garantizar la incorporación de estándares internacionales contra el racismo y la discriminación racial en las reformas policiales.

Mecanismo de seguimiento de la CIDH

 

El informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo a Colombia[10] anunció la instalación de un “Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia”[11] Dicho mecanismo tiene el propósito de hacer seguimiento a las recomendaciones presentadas por la CIDH, sobre los hechos ocurridos durante la protesta social en Colombia que están relacionadas con la protección del derecho a la protesta, el respeto al debido proceso de personas detenidas en el contexto de manifestaciones, la necesidad de procesos de transformación de la cultura institucional de las fuerzas de seguridad y de la Policía Nacional, el acceso a justicia y reparaciones de las víctimas, entre otras.

En particular, tales recomendaciones instan al Estado Colombiano a ejecutar en el marco de las protestas y manifestaciones los operativos de seguridad con estricto apego a los protocolos del uso legítimo de la fuerza y en cumplimiento a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad establecidos en los estándares internacionales[12].Además, la CIDH recomienda separar la Policía Nacional y su ESMAD del Ministerio de Defensa; garantizar mecanismos de acceso a justica con enfoques diferenciales; adoptar medidas para evitar la criminalización contra las personas por su origen étnico-racial, identidad de género, estatus migratorio, origen nacional, etc.; así como garantizar el derecho a la libertad de expresión y proteger a los periodistas y medios de comunicación que cubren las protestas.

Tras los urgentes llamados realizados por diversas organizaciones de la sociedad civil al Estado Colombiano reiterando la urgencia de instalar el Mecanismo de Seguimiento,[13]en enero de 2023 el Gobierno Colombiano y la CIDH acordaron la creación del mismo. A la fecha, sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil desconocen cuándo se instalará el Mecanismo de Seguimiento y de qué forma podrán involucrarse activamente en el mismo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un organismo internacional que tiene como objetivo principal promover y proteger los derechos humanos en América. En este sentido, el mecanismo de seguimiento de la CIDH es una instancia idónea para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia policial. Así mismo, la Comisión cuenta con expertos en derechos humanos y en temas de seguridad ciudadana, lo que le permite realizar investigaciones exhaustivas y hacer recomendaciones adecuadas para prevenir la violencia policial y garantizar la justicia para las víctimas.

El mecanismo de seguimiento de la CIDH también incluye la participación de las víctimas y sus representantes legales, lo que les permite tener un papel activo en el proceso de investigación y seguimiento de sus denuncias.

Propuestas de organizaciones – pliego de peticiones

El pasado 02 de marzo, el Instituto Raza e Igualdad en conjunto con la Mesa Nacional por la Reforma Policial entregaron al Gobierno Nacional y la opinión pública, el pliego de propuestas para que la Policía Nacional de Colombia se reforme de forma integral y  se convierta en servicio público para la paz.

Este documento es resultado de un proceso de discusión y colaboración en el que se valoró la participación de diversos grupos de la sociedad. La elaboración del mismo se originó a raíz de las numerosas violaciones a los derechos humanos perpetradas por la Fuerza Pública, lo que evidenció la necesidad de llevar a cabo una Reforma Integral de la Policía desde una perspectiva diferencial que ponga en primer plano los derechos humanos de todos los grupos poblacionales, respondiendo a sus situaciones específicas. Entre las propuestas destacan 5 puntos clave:

1. La Policía debe ser un servicio público al mando de instituciones civiles

2. La Policía debe formarse para los derechos humanos, la convivencia y la paz

3. La Policía debe respetar y garantizar la protesta social

4. La Policía debe rendir cuentas a la sociedad

 5. Justicia para las víctimas y ¡no más víctimas de abuso policial.

 Recomendaciones

En el marco de la conmemoración de los dos años del estallido social, el Instituto Raza e Igualdad insta al Estado Colombiano para que reconozca los impactos diferenciales de la violencia policial incluidos los impactos psicosociales, colectivos y comunitarios. Se deben implementar acciones de reparación con un enfoque colectivo, étnico-racial y de género a nivel psicosocial para ayudar a las personas y familias que han sufrido violencia policial, garantizando la acción sin daño. Es esencial que las reformas policiales nacionales y regionales incluyan los estándares internacionales contra la discriminación racial y el racismo, y se monitoree su cumplimiento; Para eso es de suma importancia que cualquier iniciativa de reforma a la policía se haga de forma articulada con las organizaciones sociales y los mecanismos internacionales de derechos, a fin de reconocer las visiones, conocimientos y necesidades de las diversas poblaciones del país; y garantizar así, la igualdad en la protección de los derechos de todas las personas y comunidades, evitando cualquier forma de discriminación.

Así mismo, exhortamos al Gobierno nacional para que impulse la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) y consolide de forma efectiva su compromiso con la promoción y garantía de los derechos humanos y la lucha contra el racismo estructural, la discriminación racial y la violencia policial racista.

Queremos hacer un llamado a la sociedad colombiana para reflexionar sobre el papel de la Policía Nacional como institución y limitar su uso de la violencia al mínimo posible, respetando los protocolos, las leyes, la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos en cuanto a los principios fundamentales del uso de la fuerza y las armas letales y no letales. También es importante que se monitoreen los cambios sociales del país para evaluar el papel y la importancia de la Policía Nacional dentro del Estado.

#ReformaPolicialYA

 

 

 

 

[1] organizaciones sociales, académicos y académicas, víctimas de violencia policial, y colectivos de defensa de los derechos humanos de Colombia.

[2] https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/05/paramilitares-encapuchados-estarian-disparando-para-disipar-marchas-en-monteria/

[3] https://www.infobae.com/america/colombia/2021/06/29/temblores-ong-registro-44-homicidios-durante-el-paro-cuyo-presunto-agresor-seria-un-miembro-de-la-fuerza-publica/

[4] Organizaciones sociales que participaron de la elaboración del informe: Fundación Víctimas Vulnerables Mujeres Afros Independientes (FUNVIMUFROIN), Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales (SOMOS IDENTIDAD), Movimiento Ciudadano ORIENTADOSAsociación de Líderes El Perfil, ORIENTADOS, La Asociación de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) y La Asociación de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios del Valle del Cauca (ASOGROVALLE), La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) y Raza e Igualdad.

[5]Código de conducta de personas funcionarias encargadas de hacer cumplir la Ley

• Principios básicos sobre el empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley
• Resolución 43/1, la Resolución 47/21 que crea el Mecanismo Internacional de Personas Expertas Independientes para Promover la Justicia y la Igualdad en la Aplicación de la Ley
• La Declaración y Programa de Acción de Durban
• Convención contra la Tortura y otros Tratos o penas Crueles, inhumanos o Degradantes

[6] https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/colombia-actuar-desmedido-esmad-durante-paro-nacional-dejo-mas-100-personas-traumas-oculares/

[7] https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/policia-nueva-unidad-nacional-de-dialogo-y-mantenimiento-del-orden-706024

[8] OHCHR. Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Disponible en: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-use-force-and-firearms-law-enforcement

[9] Naciones Unidas. (2021). Promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas africanas y afrodescendientes frente al uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes del orden, mediante un cambio transformador en favor de la justicia y la igualdad raciales. Consultado en: ﷟Htps://documentsdds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/199/06/PDF/G2119906.pdf?OpenElement

[10] CIDH. Observaciones y Recomendaciones. Visita de Trabajo a Colombia. 2021. Disponible en https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_cidh_Colombia_spA.pdf

[11] Ibid. Párr. 187

[12] Ibid. Pág 42

[13] Comisión Colombiana de Juristas. Organizaciones urgen a CIDH mecanismo de seguimiento a situación de derechos humanos durante el paro nacional. 26 de Octubre de 2021. Disponible en: https://coljuristas.org/nuestro_quehacer/item.php?id=594