Washington D.C., 31 de octubre 2023.- A veinte días de que se concrete la salida del Estado Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en sus Observaciones Finales, urgió a las autoridades nicaragüenses a retirar su denuncia de la Carta de la Organización de Estados Americanos. El Comité también llamó al Estado Parte a dialogar y adoptar medidas para cumplir con sus observaciones acerca de la promoción y protección de los derechos de las mujeres y niñas en el país.

En la revisión del día 23 de octubre, la Embajadora Rosalía Concepción Bohórquez Palacios hizo una declaración en la que tildó de “parcial” al Comité y abandonó el examen sin proporcionar información sobre las asignaciones presupuestarias para el Ministerio de la Mujer, la adopción de una política nacional de igualdad de género, ni sobre medidas para asegurar que las mujeres -particularmente las que viven en las Regiones Autónomas del Caribe- se beneficien de los programas públicos para promover la igualdad de género y la no discriminación. El Estado de Nicaragua se ha retirado progresivamente de tratados internacionales y ha roto compromisos con los órganos de tratados internacionales de derechos humanos al no participar activamente en las revisiones de estos.

Derogación de leyes que discriminan a las mujeres

Ante los alarmantes reportes de los últimos cuatro años, en los que se registran 7000 casos de agresiones contra defensoras de los derechos humanos que han sido consideradas “traidoras” y «golpistas”, y la falta de aplicación de las medidas de protección dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con 38 casos de defensoras de los derechos humanos víctimas de intimidación y represalias; el Comité pidió al Estado de Nicaragua que derogue toda la legislación que discrimine a las mujeres por sus opiniones políticas y su participación en la vida política y pública. Entre estas leyes se encuentran la Ley de Agentes Extranjeros (Ley 1040), Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042), y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz (Ley 1055).

Asimismo, el Comité urgió al Estado a poner inmediatamente en libertad a las mujeres detenidas por sus opiniones políticas disidentes y garantizar la salvaguarda de su derecho a la vida, a la libertad y a la integridad física y psicológica durante la detención y después de la puesta en libertad. Al 31 de agosto, 16 mujeres se encontraban privadas de libertad por motivos políticos, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. 

Según el Comité, el Estado debe adoptar un plan de acción para la reparación, la rehabilitación y la indemnización de estas mujeres; e investigar, enjuiciar y condenar adecuadamente a los autores de los actos de represalias y agresiones contra las defensoras de los derechos humanos y activistas, incluso cuando los responsables sean agentes del Estado.

Retorno seguro de mujeres defensoras apátridas

En sus observaciones, el Comité también solicita la derogación de la Ley 1145 o “Ley de Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense”, que establece que las personas sentenciadas bajo la Ley 1055, “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz” perderán la nacionalidad nicaragüense y ha dejado en situación de apatridia a más de 317 personas, incluyendo mujeres excarceladas políticas, reconocidas defensoras y activistas feministas y de los derechos de las mujeres, y periodistas.

El Comité concluyó que el Estado de Nicaragua debe restablecer la nacionalidad en todos los casos en que las mujeres hayan sido privadas de ella por motivos políticos; y adoptar medidas para que, de conformidad con el artículo 9 de la Convención se reduzcan los casos de apatridia (1961), se prevenga la apatridia y se cree un plan para facilitar el regreso seguro de las mujeres nicaragüenses que deseen regresar al país.

Justicia para víctimas de violencia de género y madres de víctimas de la represión

En el periodo del año 2018 al año 2021, la cantidad de feminicidios se incrementó a 57 casos y los feminicidios frustrados a 220 casos. Estos reportes han generado gran preocupación para el Comité, que en varias ocasiones ha categorizado como un problema la restringida definición de feminicidio en el Código Penal, ya que solo se adjudica a aquellos asesinatos de una mujeres en el contexto de una relación de pareja. 

El Comité también observó con preocupación el cierre de la Comisión Nacional de Lucha contra la Violencia y la falta de información sobre el número y el cumplimiento de las órdenes de protección y servicios de apoyo a las víctimas, incluyendo el refugio, asesoramiento psicosocial y la rehabilitación para mujeres sobrevivientes de violencia.

En este sentido, el Comité llamó al Estado a: garantizar que la definición de feminicidio incluya todos los casos de asesinatos relacionados con el género; aplicar una estrategia nacional para la prevención de todas las formas de violencia de género contra la mujer; restituir y reforzar el mandato de  la Comisión Nacional de Lucha contra la Violencia; y recopilar datos sobre la prevalencia de la violencia de género contra la mujer, desglosados por edad, relación entre la víctima y el agresor y otras características sociodemográficas.

Asimismo, el Comité llamó a enjuiciar y condenar adecuadamente a las y los autores de actos de violencia de género contra defensoras de los derechos humanos, periodistas, mujeres detenidas en el contexto de las protestas de 2018 y madres de víctimas letales de la represión de estas protestas. Para el Comité es de especial importancia que se les proporcione recursos adecuados -incluyendo reparaciones- a las víctimas. 

Leyes que aborden formas interseccionales de discriminación

Por otro lado, el Comité observa con preocupación que en Nicaragua, las mujeres indígenas y afrodescendientes se enfrentan a formas interrelacionadas de discriminación y tienen un acceso limitado a la educación, empleo, oportunidades económicas, salud y toma de decisiones en el Estado. A todo esto se suma el alto riesgo de violencia de género, incluyendo asesinatos, violencia sexual y desalojos forzosos de mujeres indígenas, en particular en territorios como la Reserva Bosawás y el territorio indígena Mayagna Sauni As, que sufren invasiones constantes de colonos (terceros no indígenas).

En este sentido, el Comité llama al Estado a elaborar leyes y políticas que aborden las formas interseccionales de discriminación contra las mujeres y niñas indígenas y afrodescendientes; así como a garantizar investigaciones, juicios y castigos adecuados para las personas perpetradoras de delitos en territorios ancestrales, y proporcionar recursos efectivos y reparación para las víctimas. 

Cabe destacar que también insta al Estado a garantizar que las mujeres indígenas tengan acceso a títulos de propiedad y el control colectivo de la tierra, el agua, los bosques, la pesca, la acuicultura y otros recursos que hayan poseído, ocupado, utilizado o adquirido.

Pronunciamiento

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) recordamos al Estado de Nicaragua que la ratificación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer conlleva la obligación de remitir informes, participar en diálogos constructivos con el Comité CEDAW y cumplir con las recomendaciones formuladas por éste. Por tanto, instamos al Estado a cumplir con las recomendaciones planteadas y entablar comunicaciones con el Comité en favor  de la protección de las mujeres y niñas, y del cese de la represión y violencia contra mujeres defensoras, activistas y periodistas que expresan opiniones disidentes. 

Finalmente, destacamos el rol fundamental de las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense que pese a las condiciones de riesgo imperantes, continúan monitoreando y documentando la situación de derechos humanos de las mujeres nicaragüenses dentro y fuera del país. Su arduo trabajo y la presentación de informes han contribuido significativamente a este examen y a la formulación de valiosas Observaciones Finales, que constituyen una hoja de ruta para que el Estado de Nicaragua cumpla las las obligaciones establecidas en la CEDAW.