Washington D.C., 24 de octubre de 2023.- En la revisión del Estado de Nicaragua, expertas del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) expresaron su preocupación por las leyes que representan graves amenazas contra mujeres defensoras de derechos humanos y activistas, así como por el desamparo de mujeres indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe, en el contexto de cierre del espacio cívico y democrático en el país centroamericano. 

Al iniciar la sesión, la representante del Estado de Nicaragua, Rosalía Concepción Bohórquez Palacios, abandonó el examen de forma irrespetuosa tras intervenir expresando «total rechazo a las maliciosas, sesgadas, parcializadas y malintencionadas preguntas sobre el informe que presentó Nicaragua el pasado 2 de mayo de 2019”. 

Esta es la quinta vez que Nicaragua incumple con su obligación de participar activamente de los exámenes periódicos que los órganos de Tratados  de Naciones Unidas realizan para la promoción y defensa de los derechos humanos en los países firmantes. La Presidenta del Comité, Ana Peláez, lamentó la postura del Estado, “sin embargo, el trabajo que tiene el Comité y las obligaciones y responsabilidades que asumen en relación con los Estados partes, nos hace seguir avanzando en el trabajo de hoy”. 

Ley 1055: la ley con más afectaciones hacia las mujeres 

La Relatora para Nicaragua en el Comité, Leticia Bonifaz Alonzo, expresó su profunda preocupación porque en el país centroamericano «el feminicidio no es un delito autónomo», y las reformas limitan la definición de este al asesinato de las mujeres en el contexto de una relación de pareja. También preocupa que se ha incorporado la mediación entre la víctima y el agresor, lo que aumenta el riesgo de impunidad y expone a las víctimas a la revictimización y a las represalias.

“Las cifras aportadas por las organizaciones no gubernamentales muestran cómo la violencia contra las mujeres ha aumentado”, agregó la relatora. 

Luego recordó que , entre 2020 y 2021, el Estado emitió 3 leyes con contenido contrario a los instrumentos internacionales de derechos humanos: la Ley 1040, Ley de Agentes Extranjeros que, con el señalamiento de que “tienen injerencia en los asuntos internos”, ha provocado que organizaciones no gubernamentales se vean imposibilitadas de dar acompañamiento, protección y empoderamiento de las mujeres nicaragüenses, así como la privación de su patrimonio y el abandono forzado del país; la Ley 1042, conocida como “Ley mordaza” porque atenta contra la libertad de expresión de mujeres defensoras de derechos humanos; y la Ley 1055  “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, que ha afectado gravemente los derechos civiles y políticos de las mujeres. Según la experta, la Ley 1055 es la que más ha afectado a mujeres defensoras de derechos humanos.

Además “hay patrones de agresión particulares en contra de las mujeres, como los arrestos y sustracción de artículos personales y la presencia desproporcionada de efectivos de los cuerpos armados”, dijo Bonifaz.

Detenciones arbitrarias y apatridia, amenazas latentes para las defensoras

“La participación de la mujer se ha visto restringida debido a la violencia de género contra las defensoras de derechos humanos… Las mujeres defensoras están bajo asedio en el Estado parte”, alertó la experta Marion Bethel. En los últimos cuatro años, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han documentado aproximadamente 7000 casos de agresiones contra defensoras de derechos humanos.

Asimismo, las defensoras de los derechos humanos de las mujeres y  las activistas que se oponen al gobierno, se enfrentan a la posible pérdida de la nacionalidad como represalia; quedando en situación de apatridia, una condición que obstaculiza el ejercicio de otros derechos como salud, educación, empleo digno y la vida familiar. 

“El Estado parte (Nicaragua), a través de enmiendas legislativas, ha privado arbitrariamente de su nacionalidad a algunas personas, y eso es contrario al derecho relativo a los derechos humanos internacionales”, dijo al Comité. 

Según informes alternativos del 2023, alrededor de 222 personas que se encuentran en situación de apatridia son madres y padres de hijos que siguen viviendo en Nicaragua. Para la experta, esta violación a derechos fundamentales pone en un mayor riesgo de discriminación y “exacerba la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas que ya pueden estar expuestas a la violencia de género y a la trata de personas”. 

Mujeres indígenas y afrodescendientes en desprotección

“La violencia hacia  las mujeres en las regiones autónomas en la Costa Caribe Norte y Sur sigue aumentando, en particular en el caso de las mujeres indígenas quienes cuentan con disposiciones jurídicas y órdenes de protección”, expresó la experta Rangita de Silva de Alwis. 

En agosto de 2021, dos mujeres fueron objeto de abuso sexual en un ataque relacionado con una disputa de extracción minera de oro en el territorio Mayangna Sauni As. “El gobierno concedió licencia sin consultar a la comunidad”, agregó la experta.

Por su parte, la experta Bandana Rana, expuso que las mujeres afrodescendientes luchan contra el aleccionamiento y la violación del tratado que permite que residan en sus territorios ancestrales con sus propias costumbres y recursos. La experta lamentó que las incursiones de terceros en la Mosquitia ha empeorado la situación de derechos humanos de las mujeres afrodescendientes, pues “se comete violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, que incluye asesinatos y desplazamiento forzado”. 

En relación a la salud en la Costa Caribe, la experta Dafna Hacker dijo que “hay una laguna entre la ley y la realidad”, ya que en términos generales, hay una falta de servicios de salud que impacta sobre todo a las mujeres “debido a una alta prevalencia de paludismo, fiebre, dengue, VIH sida, así como la lejanía de los centros de atención y los altos costos del transporte”.

En varias oportunidades, la Presidenta del Comité llamó al Estado de Nicaragua a expresar su punto de vista sobre las cuestiones; sin embargo, en todas prevaleció el silencio. 

Finalmente, la Presidenta expresó su profunda decepción y preocupación por las acusaciones vertidas por el Estado en relación al trabajo del Comité y sus expertas “que ponen en entredicho la lealtad, el honor, la imparcialidad, el verdadero compromiso y la conciencia plena que hacen todos los expertos de este Comité cuando asumen sus responsabilidades y deberes”. A pesar de dichos insultos, la Presidenta insistió en que están dispuestas a “tender la mano” y “abrir las puertas” al Estado de Nicaragua.

Pronunciamiento 

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) rechaza la posición del Estado de Nicaragua, que irrespeta la labor del Comité y de las organizaciones de sociedad civil que ejercen su legítimo derecho de participar en este proceso. Tanto respecto del Comité como respecto de las organizaciones, el Estado se refiere  en términos descalificativos e inapropiados  negándose completamente a rendir cuentas por su actuar y pretendiendo esquivar sus obligaciones internacionales hacia las mujeres. 

Este patrón de incumplimiento  de sus obligaciones internacionales en materia de los derechos humanos de las mujeres por parte del Estado de Nicaragua, requiere sin duda una respuesta contundente de la comunidad internacional.

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El comité presentará sus observaciones finales antes de concluir el presente periodo de sesiones. Las observaciones finales se adoptarán de forma definitiva en el 87 periodo de sesiones, en febrero de 2024.