Washington, DC; 31 de agosto de 2024.– Promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas afrodescendientes, así como combatir el racismo sistémico, implica también enfrentar la crisis de representatividad política y trabajar por una democracia más inclusiva. Bajo esa premisa, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) conmemora este Día Internacional de las Personas Afrodescendientes exaltando su derecho a la participación política, especialmente de las mujeres afrodescendientes, y visibilizando las recomendaciones de activistas de Brasil, Chile, Colombia y Honduras.

El Día Internacional de las Personas Afrodescendientes se centra en celebrar las contribuciones de la diáspora africana a nivel global y en erradicar todas las formas de discriminación contra las personas afrodescendientes. Esta efeméride fue declarada por medio de la Resolución 75/170 de Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 2020, la cual fue impulsada por la entonces vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr, por medio de la Misión Permanente de Costa Rica en Nueva York.

Defender el derecho a la participación política de las personas afrodescendientes no solo incluye garantizar su acceso a los espacios de poder, sino también combatir la violencia política que afecta a las personas afrodescendientes, especialmente a las mujeres negras y LBT. Por tal razón, Raza e Igualdad destaca el trabajo de organizaciones contrapartes que luchan por una democracia más inclusiva y con una mayor representación de la población afrodescendiente. La participación política es, después de todo, un derecho humano inalienable.

Asignación de cuotas

Lins Robalo, travesti afrodescendiente, trabajadora social y activista de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), de Brasil, plantea la importancia de que los partidos políticos asignen cuotas para candidaturas de personas negras, lo cual -considera- debe ir de la mano de la asignación de recursos para promover sus candidaturas. “El racismo afecta directamente los ingresos de los negros. Como resultado, los candidatos negros tienen menos dinero para presentarse a las elecciones, lo que refuerza la desigualdad racial”, valora.

“Para mejorar la representación política de las personas afrodescendientes necesitamos tener una democracia paritaria e intercultural”, señala Milene Molina Arancibia, presidenta de la organización Colectiva de Mujeres Afrodescendientes Luanda, de Chile. Para ella, la asignación de cuotas también debe ser a nivel de puestos en el Poder Legislativo y en entidades públicas desde las cuales se puede influir en mejorar la vida de la población.

A la propuesta de garantizar representación de personas afrodescendientes en candidaturas y en entidades públicas, Bicky Bohórquez, de la organización Somos Identidad de Colombia, agrega la responsabilidad del relevo generacional, como una forma de dar espacio a personas afrodescendientes jóvenes que nutran de nuevas ideas tanto sus colectivos como los espacios donde logren la representatividad. “Para que se evidencia la diversidad que tenemos como población”, indica.

En tanto, Nedelka Lacayo, del Enlace de Mujeres Negras de Honduras (ENMUEH), destaca que, ante todo, los Estados deben ofrecer garantías de democracia representativa y asegurar que las personas afrodescendientes hagan un ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos, en igualdad de oportunidades.

Más allá de la ocupar cargos

El racismo sistémico se manifiesta de múltiples formas, y en el caso del ámbito político, la ocupación de cargos públicos por parte de personas afrodescendientes no es suficiente para combatirlo, pues ello debe ir acompañado de procesos de descolonización y concientización para que las necesidades y demandas de esta población sean tomadas en cuenta.

El racismo, y los legados del racismo, existen en la medida en que benefician a un sector de la población y ayudan a construir el privilegio blanco. En otras palabras, permiten que una parte de la población tenga acceso a la tierra, a la educación, y contribuyen a consolidar las diferencias económicas y políticas dentro de una nación.

“Cuando eres una persona negra y trans, todos tus conocimientos y tu historial laboral siguen considerándose inferiores a los de una persona blanca y cisgénero con los mismos conocimientos, o incluso con menos formación. Por eso siempre es necesario ofrecer oportunidades de formación dirigidas específicamente a las personas negras y trans, para contribuir al arsenal teórico de los grupos minoritarios”, apunta en ese sentido la activista brasileña Lins Robalo.

Para la activista chilena Milene Molina Arancibia, mientras las personas afrodescendientes no ocupen espacios de toma de decisiones, se seguirá careciendo de políticas públicas dirigidas a mejorar la vida de esta población y, por tanto, la desigualdad y la discriminación racial seguirán presente en las sociedades.

Se debe reconocer que en algunos países de Latinoamérica ha habido esfuerzos para avanzar hacia la representatividad política de las personas afrodescendientes; sin embargo, en muchos casos no son proporcionales a la cantidad de población negra o no trascienden del nivel discursivo.

En Uruguay, por ejemplo, a pesar de ser considerada una de las democracias más avanzadas de América Latina, la inclusión de afrodescendientes en cargos públicos sigue siendo limitada. Aunque el país aprobó una ley de cuotas hace más de una década, la representación de mujeres negras en el Parlamento y en cargos ejecutivos sigue siendo escasa. Esto refleja los desafíos estructurales que enfrentan las mujeres negras para acceder a posiciones de poder.

En Colombia, la situación es similar. La centralización del poder y las barreras estructurales han dejado a muchas mujeres negras, especialmente aquellas de regiones rurales, fuera del sistema político. La representación de mujeres negras en cargos electos es mínima, constituyendo menos del 1%. No fue sino hasta la elección de Francia Márquez que los problemas de las comunidades negras, y en particular de las mujeres negras, comenzaron a ser reconocidos y abordados en la agenda política.

Finalmente, hacemos eco de estándares internacionales sobre el derecho de todas las personas a participar en los asuntos públicos sin discriminación. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CCPR) ha subrayado que los Estados deben:

– Proteger a los candidatos políticos, especialmente a mujeres, afrodescendientes, indígenas, y personas LGBTI, contra la violencia, el acoso y la intimidación. Esto incluye investigar y enjuiciar tales casos, asegurando que los responsables rindan cuentas, como en el caso de Marielle Franco, y proporcionando recursos adecuados a las víctimas.

– Intensificar los esfuerzos para lograr la participación plena y equitativa de estos grupos en la vida política y pública, especialmente en los puestos de toma de decisiones.

En tanto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) también recomienda que los Estados adopten medidas para combatir el analfabetismo y garantizar que todos los ciudadanos disfruten de sus derechos políticos, incluido el derecho a ser elegidos para ocupar cargos públicos.