Washington, D.C., 18 de agosto de 2025.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena enérgicamente las recientes redadas policiales llevadas a cabo por el régimen Ortega-Murillo en los departamentos de Carazo, Granada, Masaya y Rivas, las cuales dejaron al menos 27 personas detenidas entre el 14 y 16 de agosto, según denunció y documentó el Monitoreo Azul y Blanco (MAB). Cuatro de esas personas habrían sido liberadas y 23 continúan arbitrariamente detenidas por motivos políticos.

La mayoría de las personas detenidas son excarcelados políticos, exiliados retornados, artistas y empresarios opositores. Los operativos estuvieron marcados por allanamientos violentos, saqueos, uso de técnica canina y detenciones nocturnas, en un contexto marcado por la reciente confiscación del Colegio San José en Jinotepe, Carazo.

De acuerdo al reporte del MAB, entre los detenidos en Carazo en esta nueva ofensiva, figuran el expreso político y exiliado retornado Óscar Velásquez Sánchez, el pintor Marvin Campos Chavarría, María José Rojas Arburola, hija del asesinado opositor Rodolfo Rojas; Chester Cortés, del barrio Cementerio; el tatuador Darwin Ayerdis –desaparecido desde su captura en julio–, así como Mario Rodríguez Serrano y Halder López Luna, este último arrestado tras presentarse voluntariamente a la Policía.

Las detenciones ocurrieron días después de que la co-dictadora Rosario Murillo anunciara el 12 de agosto la confiscación del colegio San José, en Jinotepe, bajo el supuesto argumento de que en dicho centro se llevaron a cabo torturas durante abril 2018. El colegio confiscado era administrado por las religiosas de la congregación Josefina, lo cual representa un paso más en la embestida del régimen contra la Iglesia Católica.

Con profunda preocupación vemos que el régimen no abandona el patrón de las detenciones arbitrarias por motivos políticos con el propósito de mantener a la población con temor de expresarse.

“Es inaceptable que en Nicaragua persista la práctica de detener a personas y someterlas a desaparición forzada, dejando a sus familias en la absoluta incertidumbre y dolor. Nadie debería vivir con el temor de no volver a ver a sus seres queridos. Esta es una gravísima violación de derechos humanos que debe cesar de inmediato”, señaló Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

Demandamos se informe a las familias de las personas afectadas su paradero y se les libere inmediatamente. Exigimos también QUE cese la represión hacia la Iglesia nicaragüense y se respete la libertad religiosa y las propiedades y centros educativos propiedad de la Iglesia o administrados por dicha institución.