Washington, D.C., 9 de febrero de 2026.– Este 9 de febrero se cumplen tres años de la liberación de 222 personas nicaragüenses que estuvieron arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos y que, tras su excarcelación, fueron forzadas al destierro por el régimen Ortega-Murillo. Su llegada a Washington D.C. fue posible gracias a gestiones diplomáticas y humanitarias del Gobierno de los Estados Unidos, que facilitó su recepción en condiciones de protección.

Raza e Igualdad fue invitada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a acompañar técnicamente este proceso, junto a organizaciones de la sociedad civil e instituciones gubernamentales, brindando apoyo inmediato para su acogida en condiciones de dignidad, incluyendo alojamiento, vestimenta, teléfonos, acompañamiento psicosocial y recursos básicos para sus primeros días en el país.

Nuestro equipo pudo constatar de primera mano los graves impactos físicos, psicológicos y sociales de la prisión política, resultado de condiciones de detención que incluyeron incomunicación prolongada, tratos crueles, torturas y privaciones incompatibles con la dignidad humana. La documentación de estos hechos contribuyó a visibilizar patrones de represión que posteriormente fueron recogidos en el informe de Raza e Igualdad “Patrones de represión y persecución política en Nicaragua: De la prisión a la libertad tras la Operación Guardabarranco”.

La excarcelación no significó justicia. El régimen no solo expulsó a estas 222 personas de su país, sino que además las despojó arbitrariamente de su nacionalidad y de su existencia jurídica en Nicaragua, configurándose elementos de crímenes de lesa humanidad, como ha señalado el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua. En los países de acogida, muchas de estas personas continúan enfrentando desafíos relacionados con su situación migratoria, el acceso a empleo, a la salud, la reunificación familiar y su integración, a lo que se suma el riesgo de represión transnacional.

Tres años después, la impunidad persiste. Las graves violaciones de derechos humanos cometidas contra estas 222 personas siguen sin investigación ni sanción, pese a que muchas de ellas cuentan con medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Estado de Nicaragua no ha cumplido.

Al mismo tiempo, la crisis de derechos humanos en Nicaragua continúa profundizándose. A casi ocho años de la represión de abril de 2018, persisten la persecución, la vigilancia y las detenciones arbitrarias. El régimen ha intentado maquillar este patrón mediante excarcelaciones bajo condiciones restrictivas, amenazas y controles que no equivalen a libertad, sino que reproducen mecanismos de intimidación y castigo.

Recordar este aniversario es también reconocer que la liberación de estas 222 personas no fue un gesto, sino el resultado de la presión y la articulación internacional. La solidaridad y la acción coordinada pueden salvar vidas, pero la represión no ha terminado.

En este contexto, Raza e Igualdad hace un llamado a los países de acogida a seguir facilitando la reinserción plena y la protección de las víctimas de la prisión arbitraria por motivos políticos en Nicaragua, así como a mantener la vigilancia internacional frente a la continuidad de los crímenes.

Reiteramos nuestro compromiso con las víctimas de la prisión arbitraria, la desnacionalización y todas las formas de represión en Nicaragua. Continuaremos documentando, litigando e incidiendo para que los responsables rindan cuentas y las víctimas accedan a verdad, justicia y reparación.

Seguiremos trabajando para que un día, no muy lejano, la prisión política y la desnacionalización implementada por el régimen Ortega-Murillo y sus cómplices sea el mal recuerdo de una dictadura que, como todas, llegará a su final por el anhelo de libertad del pueblo nicaragüense.

La libertad de 222 personas fue un paso. La justicia para todas las víctimas sigue siendo una deuda pendiente.