Río de Janeiro, 4 de marzo de 2026.– La condena histórica de los hermanos Chiquinho y Domingos Brazão a 76 años y 3 meses de prisión por el asesinato de la concejala Marielle Franco y del conductor Anderson Gomes representa no solo el fin de un largo ciclo de impunidad, sino también un hito en el reconocimiento jurídico de la gravedad de la violencia política de género en Brasil.

Para el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), este fallo constituye un precedente relevante, pero también una prueba para el Estado brasileño: la justicia en un caso emblemático debe ir acompañada de transformaciones estructurales que garanticen la no repetición y la protección efectiva de las mujeres en la vida pública, especialmente aquellas que enfrentan discriminaciones múltiples e interseccionales.

Según lo definido por la Ley nº 14.192/2021, la violencia política de género es toda acción que tiene como objetivo impedir, dificultar o anular los derechos políticos de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. En el caso de Marielle, mujer negra, criada en la favela da Maré y defensora de los derechos humanos, esta violencia fue llevada a las últimas consecuencias. Como destacó el ministro Alexandre de Moraes en su voto, el crimen reunió “cuestión política con misoginia, con racismo, con discriminación”, señalando que la concejala “era una mujer negra, pobre, que estaba enfrentándose a los intereses de los milicianos”. La ministra Cármen Lúcia también se hizo eco de este sentimiento al reflexionar sobre la fragilización histórica de las mujeres como sujetos de derecho: “Matar a una de nosotras es mucho más fácil […] Porque ‘no va a pasar nada’”.

Esta vulnerabilidad denunciada por la ministra alcanza niveles aún más críticos cuando se trata de mujeres LBTI (lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales e intersexuales). Datos oficiales revelan un escenario alarmante: entre 2015 y 2022, las notificaciones de violencia contra mujeres lesbianas crecieron un 50%, y Brasil figura entre los países con los índices más altos de asesinato de personas trans. Estas cifras evidencian que, para las mujeres LBTI, la violencia política se agrava por la LBTIfobia estructural, que las coloca en una posición de extrema vulnerabilidad en los espacios de poder y decisión.

Es en este contexto que el gobierno federal lanzó, en septiembre de 2025, el Procedimiento Operativo Estándar (POE) para la acogida humanizada de mujeres LBTI en situación de violencia. El protocolo establece directrices fundamentales para que la red de atención respete la identidad de género y la orientación sexual de las víctimas, evitando la revictimización y garantizando una escucha calificada y el acceso a la justicia.

No obstante, es importante resaltar que la adopción de protocolos de esta naturaleza debe ir acompañada de asignación presupuestaria suficiente, capacitación obligatoria a funcionarios públicos, mecanismos de rendición de cuentas y sistemas de monitoreo independientes que permitan evaluar su impacto real. La debida diligencia reforzada que exige el derecho internacional de los derechos humanos obliga al Estado brasileño no solo a investigar y sancionar, sino también a prevenir, proteger y reparar integralmente.

En este sentido, Raza e Igualdad llama la atención de los mecanismos de las Naciones Unidas (en particular a la Relatoría sobre la violencia contra las mujeres y niñas y al Experto Independiente sobre orientación sexual e identidad de género), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las misiones diplomáticas acreditadas en Brasil, para que mantengan una vigilancia activa sobre la implementación de medidas estructurales que garanticen la seguridad y una vida libre de violencia para mujeres negras, mujeres LBTI y defensoras de derechos humanos.

La condena de los hermanos Brazão y sus cómplices no puede ser vista solo como el desenlace de una investigación criminal. Debe representar un punto de inflexión en el enfrentamiento a la violencia política de género en Brasil. La memoria de Marielle Franco exige que el Estado brasileño avance en reformas estructurales que desmantelen las redes de violencia y discriminación que buscan excluir a determinadas mujeres del poder político, y que garantice que ningún crimen con motivación política y de género vuelva a quedar en la impunidad.

¡Marielle vive!