Audiencia sobre violencia política en Brasil: concejalas afro (cis y trans) denuncian negligencia del Estado brasileño ante la CIDH y piden protección
Brasil, 06 de abril de 2021 – En una audiencia dedicada exclusivamente a denunciar la situación de los derechos políticos en Brasil, concejalas afro cis y trans, junto a organizaciones de la sociedad civil, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el panorama actual de violaciones de derechos civiles y políticos que atenta […]
Brasil, 06 de abril de 2021 – En una audiencia dedicada exclusivamente a denunciar la situación de los derechos políticos en Brasil, concejalas afro cis y trans, junto a organizaciones de la sociedad civil, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el panorama actual de violaciones de derechos civiles y políticos que atenta contra la seguridad de parlamentarias del país. La audiencia se llevó a cabo el 23 de marzo, en el marco del 179 periodo de audiencias públicas de la CIDH, y fue presentada por las organizaciones: Associação Nacional de Travestis y Transexuais (ANTRA); Criola; Terra de Direitos; Instituto Marielle Franco; Justiça Global; Rede Nacional de Negras y Negros LBGT y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad).
En la audiencia participaron las concejalas Erika Hilton (PSOL/SP); Ana Lúcia Martins (PT/SC) y Carolina Iara (PSOL/SP); y las representantes de organizaciones de la sociedad civil Anielle Franco, Directora Ejecutiva del Instituto Marielle Franco; y Bruna Benevides, Secretaria de Articulación Política de ANTRA. A pesar del contexto histórico discriminatorio y excluyente que estructura el escenario político brasileño, el avance de las agendas identitarias, antirracistas y anti-LGBTIfobicas promovió el crecimiento de la representatividad parlamentaria en las cámaras legislativas del país, colapsando el sistema y jerarquías de poder existentes. Sin embargo, la reacción de los sectores políticos y sociales conservadores basada en la cultura del odio, ha ido fomentando el fenómeno de la violencia política y electoral en el país.
Anielle Franco denunció que la violencia política ha sido utilizada como una herramienta para privar a las mujeres negras y trans del ejercicio de sus derechos políticos, evitando que debates sobre la desigualdad de género, la raza y la sexualidad ocurran en espacios de política institucional. Además, Anielle sacó a la luz datos sobre la violencia política durante las elecciones de 2020, una de las más violentas de los últimos años, que demuestran la intensificación de las tensiones políticas contra las y los parlamentarios negros y transgénero en el país.
Según una encuesta del Instituto Marielle Franco [1], el 98,5% de las y los candidatos negros informaron haber sufrido al menos un tipo de violencia política. La principal violencia fue virtual, representando el 80% del total de ataques sufridos. Además, solo el 32% de los candidatos denunciaron los episodios que sufrieron, y entre los motivos para no hacer la denuncia está el hecho de que no se sienten seguros o tienen miedo de denunciar la violencia. Entre quienes hicieron las denuncias, el 70% dijo que no les traía más seguridad, además de no contar con el apoyo del partido político ni de la policía.
“Es urgente llevar a otras instancias la necesidad de promover mecanismos para enfrentar todo tipo de violencia contra las mujeres negras, transexuales y travestis y reorientar las políticas que ya existen en Brasil, que hoy todavía son insuficientes para garantizar su protección y sus derechos políticos ”, concluyó Anielle.
La congresista Ana Lúcia Martins compartió que, ante la violencia política, buscó protección a través de la vía legal, y también realizó denuncias en redes sociales y en diferentes medios, sin embargo, no recibió ninguna asistencia del Estado ni del partido para su seguridad, por lo que tuvo que asumir sus propios gastos de defensa. Ante el descuido de las instituciones competentes, Ana Lúcia denunció que casi nada pasó con la investigación de las amenazas de muerte y el delito de racismo sufrido, y que sigue siendo víctima de violencia política a través de las redes sociales con mensajes que incitan al odio y la intolerancia.
“Sabemos que la omisión del Estado tiene un origen, el mismo que ignora la muerte diaria de la población afro de este país, ya sea por la violencia urbana, la falta de políticas públicas para eliminar las desigualdades y el racismo que estructura estas desigualdades a través del propio Estado (…) La pregunta de Anielle Franco aún no ha sido respondida: ¿Quién garantiza la seguridad de las mujeres afros electas? ”, argumentó Ana Lúcia a la CIDH.
La co-concejala Carolina Iara, quien fue atacada en su casa en enero de este año, fue directa en su cuestionamiento: «¿Cuál es la relación entre estas amenazas a parlamentarias trans y el número de 175 mujeres trans y travestis asesinados en Brasil en 2020? ¿Cuál es la conexión entre Brasil con un alto número de muertes de defensores de derechos humanos y las amenazas que estamos sufriendo? ¿Quién va a restaurar el trauma que tengo ahora? ¿Qué Estado es este que, además de callar, fomenta la LGBTfobia a través de innumerables declaraciones del Presidente? ”.
En referencia a la memoria de Marielle Franco, Carolina señaló que no se convertirá en una mártir de la violencia sistémica contra los cuerpos negros y trans en el marco de la necropolítica que banaliza la muerte en el país. Así, señaló que el Estado brasileño tiene la obligación de asegurar que ella y todos los líderes y lideresas afro y trans puedan mantenerse con vida para hacer política, y que la responsabilidad de su seguridad no puede ser exclusivamente de la sociedad civil o del partido.
En su intervención, la concejala Erika Hilton denunció la persecución a defensores de derechos humanos como una forma de silenciar sus voces, especialmente las de mujeres defensoras. Recordó que ya en posesión de su mandato, sufrió un intento de irrumpir en su oficina y que la universidad donde estudiaba tenía las paredes vandalizadas con amenazas. “Escribían las expresiones: mujer, negra, elegida, muerta. Comencé mi mandato teniendo que procesar a más de 50 personas por ataques racistas y transfóbicos. ¿Cómo poder ejercer funciones políticas sin tener garantizada la integridad física? ”, cuestionó.
Con la tarea de presentar las recomendaciones a la CIDH, Bruna Benevides también expuso la situación de violencia política, especialmente la negligencia del Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, que no hizo ningún pronunciamiento, acción o movilización en torno a la violencia política contra mujeres negras cis y trans. Como ejemplo, Bruna citó el proyecto de ley [2 ] que tiene como objetivo proteger a las víctimas de la violencia política, pero que movimientos de parlamentarios transfóbicos alineados con la falsa narrativa de la «ideología de género» impidieron que se extendiera a parlamentarias trans y travestis.
“También hemos observado varios intentos de institucionalizar la transfobia, asignando criterios biológicos de acceso y garantía de los derechos fundamentales, negando el derecho al reconocimiento de la autodeclaración e identidad de género de las personas trans en diversos proyectos a nivel federal, estatal y municipal. Este descuido se ve corroborado por la negligencia del Estado y la falta de reconocimiento de estas violencias políticas, o de pensar en formas de erradicarlas, especialmente contra aquellas que no forman parte de la base del gobierno y que son las más afectadas por la violencia política”, dijo Bruna.
Representantes del Estado brasileño buscaron escapar de las denuncias con insuficientes declaraciones a las demandas solicitadas durante la audiencia, reafirmando una posición negacionista frente a la violencia racial, transfóbica y política que atenta contra los derechos políticos y la vida de las parlamentarias. A través de argumentos evasivos, los representantes buscaron escapar y minimizar el fenómeno de violencia política en el país, atribuyendo el hecho a un contexto mundial.
Sin embargo, a la luz de las denuncias, los Comisionados de la CIDH solicitaron explicaciones al Estado. Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de los Afrodescendientes y Contra la Discriminación Racial y Relatora sobre los Derechos de las Mujeres, argumentó a las representantes sobre cómo el Estado brasileño monitorea los casos de violencia que ocurren en el país, y exigió la implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, ya aprobada por el Senado Federal. Además, Joel Hernández, Relator para Brasil, concluyó la audiencia subrayando la importancia de avanzar en la construcción de los derechos políticos de las mujeres y que hay un rechazo del Estado brasileño para escuchar denuncias sobre violencia política. Además, Hernández destacó que el monitoreo de las formas en que opera el acoso virtual es necesaria para comprender el ejercicio de los derechos políticos en Brasil.
En línea con las denuncias citadas durante la audiencia y encaminadas a garantizar los derechos y la protección de las mujeres que forman parte del cuerpo político del país, se presentaron a la CIDH las siguientes recomendaciones, producto de la articulación entre las organizaciones:
- Exhortar al Estado brasileño para que se desarrolle en las cámaras legislativas, en diálogo con las alcaldías y órganos del sistema de justicia, mecanismos de reenvío y agilización de denuncias de violencia política contra mujeres negras cis y trans / travestis, asegurando identificar y responsabilizar a los perpetradores de la violencia, y garantizar el apoyo psicológico a las víctimas, sus asesores y familiares;
- Instar al Estado brasileño a promover acciones coordinadas e integradas con estaciones especializadas de investigación de delitos cibernéticos para responsabilizar a los autores e inhibir el uso de herramientas y plataformas en línea para ataques de violencia política, particularmente cuando son impulsados por estructuras profesionales, masivas y patrocinadas deliberadamente;
- Llamar al Estado brasileño a garantizar la formación de funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público, la Defensoría Pública, la Defensoría y la policía civil y federal para aumentar su conciencia sobre la Violencia Política contra las mujeres negras, trans y travestis, contra la discriminación sexual, racial o por género, así como sobre la incitación al odio, legislación antirracista, derechos de las víctimas, medidas de reparación, entre otros temas;
- Promover audiencias públicas, debates y discusiones intersectoriales entre las agencias públicas y la sociedad sobre los impactos de la violencia política motivada por la transfobia y temas relacionados con la población trans;
- Instar al Estado brasileño a que proceda a la aprobación de legislación específica sobre violencia política contra las mujeres con acciones que incluyan prevenir, perseguir y sancionar este tipo de violencia, con una mirada específica a las mujeres negras, travestis y transexuales;
- Realizar misiones oficiales al país, escuchando a los movimientos sociales y sociedad civil local para conocer más profundamente el contexto actual de violaciones a los derechos de las mujeres negras, transexuales y travestis defensoras de derechos humanos que también ocupan o se postulan a cargos de elección popular. También para conocer conocer el agravamiento de las situaciones de conflicto que las hacen vulnerables, y presentar las perspectivas de los estándares internacionales que pueden contribuir al mejoramiento de las políticas nacionales de protección.
- Presionar al Estado brasileño para ampliar la estructura y el presupuesto del Programa de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, y la inclusión de candidatas y parlamentarias en este programa, a fin de garantizar la protección de estos defensores de derechos humanos y el libre ejercicio de sus derechos políticos.
¿Perdiste la audiencia? Mira el video completo: youtu.be/Uu-U3OIoh2I
