CERD recomienda a Colombia recopilar información fiable sobre población afrodescendiente

Fotografía tomada de: www.afrodescolombia.org

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés), de las Naciones Unidas, recomendó al Estado de Colombia que adopte una metodología apropiada para el próximo Censo de Población y Vivienda para asegurar que la recolección de datos estadísticos de la población afrocolombiana, negra, palenquera y raizal, sean “exactos y fiables”.

La anterior es una de las más de 40 recomendaciones finales del CERD, realizadas luego de la revisión que hiciera el 27 y 28 de noviembre durante su periodo de sesiones número 100 en Ginebra, Suiza. Durante dicha revisión, el Comité realizó un detallado examen del cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno colombiano en materia de la erradicación de cualquier forma de discriminación y racismo en el país desde su anterior revisión en 2015.

Con respecto al Censo de Población y Vivienda de 2108, el Comité expresó su preocupación por que los datos de la población afrocolombiana, negra, palenquera y raizal “no se reflejan con exactitud”, teniendo en cuenta que en los resultados finales esa población habría sufrido un descenso del caso 31% con respecto al censo de 2005. El CERD enfatizó en que las autoridades deben “asegurar que el criterio de autoidentificación sea adecuadamente aplicado y recabado”.

Esta precisamente fue una de las preocupaciones que las organizaciones de la sociedad civil colombiana habían expresado al CERD en la revisión de noviembre, denominándolo un “genocidio estadístico” para las poblaciones afrodescendientes y destacando que estas cifras profundizan la invisibilidad de las comunidades y limitan seriamente la posibilidad de crear políticas públicas adecuadas que transformen las condiciones estructurales de exclusión. 

Reparación a víctimas y Capítulo Étnico

Otra de las recomendaciones finales del CERD al Estado colombiano es que lleve a cabo “investigaciones exhaustivas y eficaces a fin de procesar y sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas contra miembros de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes” afectados por el conflicto armado. 

La violencia en Colombia persiste después de la firma del acuerdo de paz, situación que pone en grave peligro a los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes. En particular, el CERD expresó preocupación por las incursiones paramilitares en territorios habitados por estas poblaciones; los homicidios selectivos de miembros de comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas; el aumento de los desplazamientos internos forzados y masivos, así como la falta de protección de estas poblaciones; y la continuación de la práctica de reclutamiento de niños y niñas indígenas y afrodescendientes por grupos armados no estatales.

Teniendo en cuenta lo anterior, el CERD recomendó al Estado de Colombia que adopte “las medidas necesarias para asegurar una reparación integral a las víctimas, garantizando la asignación de los recursos necesarios”.

Además, alarmó sobre falta de implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, por lo que recomendó que se garantice este Capítulo a través de financiación apropiada y de la participación de los miembros de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, especialmente mujeres. La recomendación agrega que se respeten “los procesos de selección tradicional de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes”. 

En Colombia, la situación de vulnerabilidad, marginación y violencia continúan afectado directa y desproporcionalmente a las comunidades étnicas, quienes hasta la fecha presentan cifras alarmantes de líderes y lideresas asesinados, amenazados y desplazados en sus territorios, según defensores colombianos de derechos humanos. 

Otras recomendaciones

  • Asegurar que todos los casos de xenofobia y de incitación al odio y a la discriminación racial o a la violencia por motivos de raza sean investigados y que los responsables sean enjuiciados y debidamente castigados.
  • Tipificar como delitos la difusión de ideas que justifiquen o promuevan el odio racial y prohibir las organizaciones que promuevan la discriminación racial e inciten a ella, en cumplimiento con las anteriores recomendaciones de este Comité.
  • Intensificar sus esfuerzos para prevenir y eliminar el reclutamiento de niños y niñas indígenas y afrodescendientes por parte de grupos armados no estatales y asegurar la aplicación efectiva de las medidas adoptadas para su desmovilización y reintegración. 
  • Garantizar la protección de personas indígenas y afrodescendientes contra la discriminación por parte de organismos estatales y funcionarios públicos, así como por cualquier persona, grupo u organización.
  • Intensificar sus esfuerzos para combatir las formas múltiples de discriminación a las que se enfrentan las mujeres indígenas y afrodescendientes, a fin de asegurar que tengan un acceso efectivo y adecuado a la justicia, trabajo, educación y salud, incluyendo la salud reproductiva, tomando en cuenta las diferencias culturales y lingüísticas.
  • Adoptar las medidas necesarias para prevenir la violencia sexual en contra de las mujeres indígenas y afrodescendientes y garantizar el acceso de las víctimas a una asistencia adecuada y a mecanismos de protección efectivos y culturalmente adecuados.

Pronunciamiento 

Raza e Igualdad insta al Estado colombiano a tomar nota de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, mismas que garantizan el respeto de derechos de la población afrodescendiente e indígena en Colombia.  Instamos además al Estado colombiano trabajar conjuntamente con la sociedad civil afrodescendientes como único mecanismo que garantiza la participación, inclusión y verdadero diálogo que permitan superar las barreras de la discriminación, el racismo y la marginalidad, fenómenos estructurales a causa de la invisibilización de actos de discriminación aún presentes en los tejidos sociales.

Así mismo, hacemos un llamado a las organizaciones de la sociedad civil, a garantizar un proceso de veeduría y seguimiento de cada una de las recomendaciones realizadas por el CERD, de tal manera, que puedan ser útiles dichos pronunciamientos para la exigibilidad de los derechos de todos los grupos étnicos en Colombia. 

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