Denuncias ante la CIDH de incumplimiento de más de 10 años del Estado de Colombia para proteger derechos de comunidades afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado

Boulder, Colorado. 3 de Octubre de 2018. En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) y El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), denunciaron la persistencia de la crisis humanitaria vivida por las comunidades afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado y el incumplimiento sistemático del Estado colombiano para implementar medidas de protección y reparación para las mismas.

Según Pedro Cortés, representante de la Organización Raza e Igualdad para Colombia, hace más de 10 años AFRODES denunció ante la CIDH las graves afectaciones que tenía el conflicto armado sobre las comunidades afrocolombianas que estaban siendo desplazadas, así como se había advertido que de no adoptarse políticas públicas con enfoque diferenciales la situación empeoraría. Situación que, de acuerdo a lo señalado por el vocero de Raza e Igualdad, sucedió, pues después de una década, estas comunidades, que representan al menos el 25% de la población desplazada del país (es decir, al menos 2 millones), se constituyen en el mayor grupo de víctimas del conflicto armado colombiano. Actualmente, la mayoría de ellos viven en zonas marginales de las grandes ciudades, en contextos caracterizados por las dinámicas de violencia que se siguen registrando aun con la implementación del Acuerdo de Paz.

Martha Jordan, lideresa de AFRODES en Cali, caracterizó durante la audiencia las graves violaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA), jóvenes de estas comunidades afrocolombianas que viven en esos contextos dominados por estructuras criminales asociadas al microtráfico. Problemáticas como la drogadicción, la prostitución, la violencia intrafamiliar, el reclutamiento forzado vienen violando los derechos de las NNA afrocolombianos. Todo este tipo de violaciones a los derechos humanos de las comunidades afrocolombianas desplazadas, demuestran que el Estado no ha garantizado la reparación y la no repetición, pues continúa la destrucción de las condiciones de la nuestra supervivencia cultural. Los niños, niñas, y jóvenes, que debían ser la generación de la esperanza, están siendo aniquiladas física y culturalmente”, señaló la representante de AFRODES.

Por su parte, Luz Marina Becerra, secretaria de AFRODES y coordinadora de Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia “LA COMADRE”, recordó el reconocimiento que ya se tiene sobre los impactos desproporcionados del conflicto armado sobre las mujeres afrocolombianas, y con base en el cual la Corte Constitucional de Colombia expidió ordenes específicas (Auto 092/2008) hace más de 10 años para que el gobierno de Colombia implementara un programa específico. Becerra demostró que dichas órdenes no se ha cumplido. Adicionalmente, el Plan de Reparación Colectiva para la COMADRE, tampoco se ha venido implementado como es debido. El incumplimiento sistemático del gobierno colombiano ha contribuido a que se siga profundizado la vulnerabilidad y riesgo para las mujeres afrocolombianas víctimas del desplazamiento forzado.

En este sentido, Erlendy Cuero Bravo, vicepresidenta de AFRODES, demostró ante la CIDH la persistencia de situaciones de riesgo que enfrentan líderes y lideresas de comunidades afrocolombianas desplazadas en contextos urbanos. Destacó, además,  que en medio del contexto de cientos de asesinatos de líderes sociales que han acompañado la implementación del Acuerdo de Paz, se están repitiendo patrones de amenazas que han antecedido asesinatos como el del fiscal de AFRODES Bernardo Cuero. La vicepresidenta de AFRODES enfatizó sobre el nivel de incumplimiento en cuanto a la implementación de medidas de protección colectiva para organizaciones como AFRODES, inconsistencias que continúan profundizando el riesgo de líderes y lideresas,  e impidiendo que puedan desarrollar su labor comunitaria.

Para enfrentar las situaciones que violentan los derechos humanos de las comunidades afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado en las grandes ciudades, las recomendaciones de AFRODES se enfocan en que el gobierno colombiano implemente de manera diligente las ordenes que la Corte Constitucional expidió hace más de 10 años; específicamente, los planes y programas ordenados por el Auto 005 de 2009 y 092 de 2008. Así mismo, enfatizaron en la necesidad de implementar un programa específico dirigido a NNA afrocolombianos y de garantizar la implementación del Plan de Reparación Colectiva para la COMADRE.

En relación a las problemáticas planteadas por AFRODES y Raza e Igualdad durante la audiencia, los representantes del Estado de Colombia no respondieron de manera específica, pues se limitaron a reportar cifras sobre avances de algunos programas que se relacionan con comunidades afrocolombianas, pero no con aquellas comunidades afrocolombianas víctimas del desplazamiento forzado que hoy viven en zonas marginales de las grandes ciudades. Además, no ofrecieron valoración alguna sobre el estado de implementación de las órdenes del Auto 05/2008 y 092/2008, como tampoco fueron precisos en el reporte que hacen sobre los procesos de diálogo y concertación con AFRODES y la COMADRE.

Los comisionados de la CIDH que presidieron la audiencia, destacaron en sus intervenciones la gravedad y complejidad de las causas e impactos del desplazamiento forzado sobre las comunidades afrocolombianas. Así mismo, enfatizaron en la prioridad que el gobierno colombiano debe asignar a la atención de estas comunidades a través de todos los mecanismos institucionales que se han construido. Por tal razón, solicitaron al Estado de Colombia suministrar información más completa y detallada sobre estos mecanismos.

Raza e Igualdad valora positivamente los resultados de la audiencia en términos de la oportunidad que tuvo la CIDH para volver a prestar atención a unas comunidades afrocolombianas que vienen siendo invisibilizadas dentro del contexto de violación a los derechos humanos en Colombia. Sin embargo, resultan muy preocupantes las respuestas del gobierno de Colombia en cuanto a la baja prioridad que tiene el cumplimiento de compromisos y medidas que tienen más de 10 años de ordenadas. Raza & Igualdad continuarán apoyando a AFRODES en el seguimiento de las recomendaciones y compromisos derivados de esta audiencia.

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