Este 8 de marzo, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) recuerda y respalda la lucha de todas las mujeres en el mundo por el reconocimiento y garantías de sus derechos.

Pese a los múltiples esfuerzos y evidentes avances en materia de derechos para el mejoramiento de la situación de las mujeres en América Latina y el Caribe, especialmente en relación al cierre de brechas de género, que garanticen el real y efectivo acceso a la salud, educación, empleo y participación política y económica de las mujeres; sigue siendo un gran reto superar las iniquidades que persisten en casi todos estos ámbitos, particularmente cuando se trata de mujeres racializadas, étnicas, rurales o con identidades de género diversas.

Según datos ofrecido, por la hoy, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el artículo titulado “La situación de la mujer en América Latina:  25 años de luces y sombras”;  9.300 mujeres mueren al año por causas relacionadas con el embarazo y sus deficientes prácticas ginecoobstetras; existen, por cada 100 hombres que viven en condición de pobreza, 118 mujeres en esta situación, cifra que da cuenta de un aumento sistemático de la pobreza en las mujeres de la región desde 1997 a la fecha.

A pesar de que la participación de las mujeres en el mercado laboral ha tenido un notable progreso, la presencia de las mujeres aún sigue siendo minoritaria, marcada por una serie de “micro” violencias relacionadas la paridad de género, razón por la cual, según la CEPAL, la participación laboral femenina se ha estancado en torno al 53%,  y el 78,1% de las mujeres que están laborando, lo hacen en sectores definidos por la CEPAL como de baja productividad, lo que implica peores remuneraciones, baja cobertura de la seguridad social y menor contacto con las tecnologías y la innovación.

En relación a la participación política de las mujeres, continua siendo un reto aumentar la presencia femenina en los espacios de poder, para así transformar las estructuras patriarcales que imposibilitan la presencia de mujeres en los gobiernos, en las gerencias de las empresas pública y privadas y en los laboratorios de las leyes. “Mientras no se nos permita ser tomadoras de decisión, participar en los espacios de poder, la posibilidad de emparejar el terreno y de construir en igualdad de condiciones nuestras sociedades será una utopia” señala la mandataria.

Cuando de violencia de género se trata, América Latina y el Caribe sigue presentando la tasa más alta de agresión hacía las mujeres, ubicado en un ranking de 14 entre los 25 países con los índices más altos de feminicidio en el mundo.   Aproximadamente 2.100 mujeres son asesinadas cada año ( 6 cada día y 175 cada mes) por el simple hecho de ser mujeres, según lo indicado por Bachelet.

Lo anterior, da cuenta de una mirada rápida a la situación de derechos de las mujeres en la región, sin embargo, el reconocimiento de la diversidad de mujeres y la particularidad de sus condiciones ha estado transversalizada por una serie de factores que juegan en su contra cuando de exigibilidad de derechos se trata, es decir, las mujeres rurales, mujeres afrodescendientes o con identidades sexuales y de género diversas se ven enfrentadas además, a otro tipos de violencias que a lo largo de este día vale la pena visibilizar.

Según el informe “Mujeres afrodescendientes en America Latina y el Caribe: Deudas de Igualdad” de la CEPAL, la visibilización de la presencia histórica de las mujeres afrodescendientes exige reconocer su experiencia concreta, en su calidad de mujeres que viven en un contexto histórico, social y cultural de sociedades esclavistas y racistas.  Contextos, por lo tanto, que profundizan las iniquidades de las mujeres afrodescendientes en relación a otros grupos sociales, debido a la invisibilización de estas como sujetas de políticas diferenciadas, con afectaciones particulares y por tanto, preocupantes índices de pobreza, pocas posibilidades de acceso a la salud, educación, empleo y participación en espacios de toma de decisión mucho más bajos al del resto de la población, que además, están minados por lógicas racistas y discriminatorias producto de un legado histórico instaurado en las formas en que los pueblos afrodescendientes se desenvuelven en la sociedad.

Algo similar, ocurre con las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales, quienes a lo largo de la historia se han visto enfrentadas a una serie de violencias físicas y simbólicas instauradas en el conjunto social, que imposibilitan el reconocimiento de sus identidades sexuales y de género y por tanto la garantía de sus derechos fundamentales.

Según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA) las personas que se auto reconocen con una identidad diferente a la cisgénero (concordante socialmente con el sexo asignado al nacer) o socialmente reconocidas, padecen de innumerables violaciones a los derechos humanos; especialmente, en America Latina las mujeres se ven enfrentadas a una serie de violencias por prácticas machistas que las estigmatizan y/o encasillan en roles que no les permiten expresar con libertad y reconocimiento su identidad. Es así, como se ha logrado identificar que en promedio la expectativa de vida de una mujer trans no es superior a los 30 años; su participación en el mercado laboral está rezagada, en un alto porcentaje a trabajos informales o como trabajadoras sexuales, además, de verse enfrentadas a violentos y complejos procesos para acceder a servicios de salud, educación y participación en espacios de poder o toma de decisión.

Desde Raza e Igualdad hacemos un llamado a todos los Estados de America Latina y el Caribe para continuar trabajando por las garantías y reconocimiento de los derechos de las mujeres.  Ciertamente, las mujeres empoderadas rompen ciclos de violencia y pobreza, factores determinante para avanzar en la consolidación de sociedades más equitativas y democráticas.  Resulta indispensable para esto, continuar trabajando para romper esquemas patriarcales históricamente arraigados, especialmente en lo que concierne a la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión.

Exhortamos a los Estados a no perder de vista la pluralidad y diversidad en la construcción de lo que implica ser mujer, en la que resulta indispensable emprender acciones afirmativas que reconozcan a aquellas mujeres afrodescendientes, rurales y con identidades sexuales y de género diversas; y así, romper con las barreras que histórica y sistemáticamente han impedido la inclusión y participación de este conjunto de mujeres en la vida social, haciendo que sus futuras generaciones se vean sometidas al mismo circulo vicioso de desigualdad, racismo y discriminación.