Después de un año de la crisis generada por la pandemia de COVID-19, Brasil atraviesa el peor momento de su historia democrática, con una crisis que se extiende por todas las esferas de poder. Por un lado, las áreas de salud y economía se encuentran en un estado de calamidad pública, hundidas en la incertidumbre, el desamparo del gobierno y afectando de manera más severa a la comunidad negra, mujeres, personas LGBTI+, indígenas y quilombolas. Por otro lado, hay una crisis política orquestada por el actual gobierno, que a través de la difusión de información falsa, encontró en la pandemia de COVID19 una oportunidad estratégica, a través de canales institucionales, para un proyecto de expansión de poder. En una escalada autoritaria de mandatos y ordenes ejecutivas por parte del Ejecutivo, muchos ministros están sucumbiendo junto a las más de 322.000 vidas perdidas, provocando una ola de pobreza y violencia sin precedentes.

El mundo necesita mirar lo que está sucediendo en Brasil. América Latina necesita observar lo que está ocurriendo en Brasil. Esta carta editorial es un llamado del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) para que la comunidad internacional vea a Brasil y entienda que, mientras los líderes mundiales intentan acabar con la pandemia para reconstruir sus países, en Brasil, el Presidente Jair Bolsonaro hizo de su población un experimento de un proyecto de diseminación del virus en vista de sus propios intereses, camuflados en el discurso salvacionista de la “recuperación económica”. Lo que Bolsonaro no contó en su política de muerte es que la polarización política, estimulada por su base gobernante, podría socavar su plan de poder. Donde hay crisis extremas hay mayores violaciones a los derechos humanos. Enumeramos a continuación algunos hechos propiciados por el gobierno y las tragedias que han venido afectando al país.

Crisis sanitaria y pandemia – Durante el mes de marzo de 2021, el país, por cinco días consecutivos, registró una tasa promedio récord de muertes por COVID-19, alcanzando 3.950 muertes en 24 horas el último día del mes. Aunque Brasil tiene un servicio de salud pública gratuita que es una referencia mundial, el sistema hospitalario colapsó debido a los vetos presidenciales sobre las medidas de protección que derivaron en la falta de kits básicos hospitalarios y respiratorios. Además, la negligencia de la lucha contra la pandemia por parte del gobierno fue seguida por medidas fallidas de aislamiento social, estímulos a la aglomeración, propagación del virus en territorios indígenas y comunidades quilombolas e incentivó el uso de medicamentos que no han demostrado ser efectivos. Debido a la ausencia de una planificación de vacunación eficaz, el país se encuentra fuera del pacto internacional contra el COVID-19 promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), estando cada vez más aislado del resto del mundo. Vale la pena recordar que la crisis sanitaria es la punta del iceberg de la inestabilidad política generalizada.

Crisis política y ministerial – Solo durante la pandemia, el gobierno de Bolsonaro ha tenido cuatro ministros de salud: Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich, Eduardo Pazuello y, el actual, Marcelo Queiroga. Incluso los más alineados con las propuestas del gobierno no lograron avanzar en su lucha contra la pandemia en el país y, en medio de constantes conflictos con la ausencia de políticas públicas y ordenamiento en un plan de vacunación, todos fueron criticados por someterse al Presidente y por la falta de autonomía en sus funciones. La actual crisis política ha llevado a Bolsonaro a negociar posiciones importantes con partidos considerados de centro, para que se priorice su plan político, dejando de lado las políticas sociales necesarias para la recuperación de una crisis social que afecta de modo negativo exponencialmente a las poblaciones más vulnerables como Afrodescendientes, indígenas y quilombolas.

Crisis en el Ministerio de Relaciones Exteriores – La última semana, el Ministro de Relaciones Exteriores renunció a su cargo, luego de una intensa presión política del Congreso Nacional y del ministerio que dirigía. La administración de Ernesto Araújo se considera un período trágico de la diplomacia brasileña. En la ONU, fue responsable del veto de Brasil al término «género» en resoluciones y posiciones sobre educación sexual, posición entendida como un enfrentamiento contra las mujeres y la comunidad trans. Además, durante la pandemia, Araújo afirmó que el coronavirus es un «virus ideológico»  construido por una “pesadilla comunista” para promover la “transferencia de poderes” de los países a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su postura conflictiva con otros países fue señalada de retrasar la compra de vacunas por parte de Brasil, por no haber establecido una postura diplomática con países que podrían ser socios importantes en este momento de profundización de la pandemia en Brasil y de escasez de vacunas.

Crisis militar y alusión al período dictatorial – En los últimos días, la población brasileña vivió un profundo sentimiento de incertidumbre política, ante una crisis militar manifestada por la cúpula de las Fuerzas Armadas. Por primera vez en la historia del país, los tres comandantes de las Fuerzas Armadas solicitaron la renuncia simultánea por desacuerdo con el Presidente de la República. Según algunos expertos, Bolsonaro venía presionando a las Fuerzas Armadas para que se involucraran en la defensa política del gobierno y en apoyo de medidas contra el aislamiento social, en un intento flagrante de transformar las Fuerzas Armadas y sus instituciones, para defender sus intereses, generando un temor colectivo sobre el futuro político del país. Este episodio ocurrió en la misma semana en la que se celebró el 57 aniversario de la dictadura militar en Brasil. A pesar del sangriento período antidemocrático, en el que al menos 434 personas fueron asesinadas o desaparecidas y en la que la censura y la pérdida de los derechos civiles prevaleció junto a graves violaciones de los derechos humanos, el Ministerio de Defensa destacó que el período del régimen militar forma parte de la trayectoria histórica de Brasil y debe ser celebrado. Esta posición, así como los intentos de Bolsonaro de alinear a las Fuerzas Armadas en su defensa, deben ser rechazadas, ya que perjudican el proceso de redemocratización en Brasil.

Violencia política – El proceso electoral de 2020 fue registrado como uno de los más violentos de los últimos años. No en vano, articulamos, junto con otras organizaciones brasileñas y concejalas municipales negras (cis y trans), una audiencia temática en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar el agravamiento de la violencia política contra estos grupos y exigir protección para sus vidas. Víctimas de amenazas físicas y/o ataques virtuales, estas concejalas municipales se enfrentan a discursos de odio racistas y transfóbicos a diario, sin contar con la protección del gobierno. No por casualidad, el 2020 también estuvo marcado por un gran aumento en el número de asesinatos de personas trans, con 175 asesinatos: un 41,12% más que en el 2019. La omisión del Estado brasileño ante el fenómeno de la violencia política y electoral dirigida a estos grupos, expone la fragilidad de la democracia brasileña, que, por la impunidad de los crímenes que permean la violencia de género y racial, priva a las mujeres negras y trans del ejercicio de sus derechos políticos, amenazando la democracia brasileña y camuflando el debate interseccional en las instituciones de poder.

Crisis económica: empobrecimiento de la población y desempleo – Brasil salió del mapa del hambre de ONU en 2014; sin embargo, con el crecimiento exponencial de la crisis en el país, la estimación para finales del año 2020 fue que 14,7 millones de personas, es decir, el 7% de la población, entraría en la pobreza extrema debido a la pandemia. La población brasileña vive un momento de empobrecimiento extremo debido a la crisis política y económica que, por la falta de interés en la articulación política, deja a la población sin la asistencia necesaria y no ofrece las medidas pertinentes para cumplir con los protocolos de aislamiento social con los actuales subsidios financieros. La ayuda de emergencia, que era de R $ 600 al inicio de la pandemia, no ha sido retirada debido a la lucha de la sociedad civil, pero después de una disminución significativa, en este 2021 está variando entre R $ 150 y R $ 375, valor que no es suficiente frente al alza de los precios de los alimentos y del salario mínimo, o el encarecimiento de los cilindros de gas con los que muchas familias brasileñas cocinan. Incluso la especulación financiera impulsada por el gobierno de Bolsonaro, que va desde el desmantelamiento de las empresas estatales hasta la privatización y el abandono de grandes compañías multinacionales en el país, enfrenta una eterna montaña rusa con los cambios del Presidente en cargos importantes del país. La alta tasa de desempleo saltó del 45% al ​​53% durante la pandemia, provocando un crecimiento latente de empleos informales, sin garantías de derechos y protección para los trabajadores, que en su mayoría son negros. Analizar la crisis económica en Brasil es enfrentar los históricos problemas raciales del país.

Violencia policial – A pesar de la decisión del Tribunal Supremo Federal (TSF) de suspender la realización de operativos policiales en favelas de Río de Janeiro, durante el estado de calamidad pública resultante de la pandemia de COVID19, según la sentencia de la denuncia de Incumplimiento con el Precepto Fundamental (ADPF) 635, salvo casos absolutamente excepcionales, esta no es la realidad en las favelas de Río, ya que la violencia policial en estos territorios persiste. En los dos primeros meses de 2021,se registraron nueve asesinatos en operativos policiales en el estado. Por eso, la Defensoría Pública de Río de Janeiro, junto a organizaciones de derechos humanos, solicitaron al TSF que decidiera sobre la continuidad de estos operativos policiales. También es de destacar que tal inestabilidad afecta el curso de la vacunación, que ya ha tenido que ser detenida en las favelas debido a los tiroteos. Solo en Río de Janeiro, de enero a junio de 2020, 99 niños y adolescentes fueron asesinados por agentes de policía, 27% en la capital y 73% en otros municipios. El informe «El color de la violencia: la bala no da en el blanco«, realizado por la Red de Observatorios de Seguridad, apunta a datos sobre violencia racista en 2019. En Bahía, un estado con una población mayoritariamente negra, el 97% de los asesinados por la policía eran negros; en Río de Janeiro, que tiene el 51% de la población negra, el 86% de los asesinados por la policía eran negros, la cifra más alta en tres décadas.

Crisis ambiental – Incluso en su discurso en la sesión inaugural de la 75a Asamblea General de la ONU, el Presidente Bolsonaro difundió noticias falsas sobre la posición del gobierno en cuanto a suavizar las políticas ambientales durante la pandemia. En consecuencia, las poblaciones indígenas y quilombolas son las que más sufren de la deforestación y el acaparamiento de tierras, así como la propagación del virus en sus comunidades. Además de no cumplir con ningún pacto ambiental firmado, el país tendrá que reformar sus metas climáticas para cumplir con el Acuerdo de Paris. Si existe alguna política ambiental en el gobierno de Bolsonaro, está comprometida con partidos políticos que pretenden explotar reservas naturales protegidas, como señaló el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, durante una reunión ministerial, cuando dijo que había llegado el momento para “passar a boiada”, expresión informal brasileña utilizada por él para referirse a la simplificación de reglas y estándares ambientales. Sin embargo, en 2020, se registró un aumento desmedido de la deforestación de la selva amazónica, incluida la muerte de varios líderes indígenas y defensores de derechos humanos en la lucha contra la pandemia y por la vida de la selva.

Como parte del compromiso de Raza e Igualdad en la lucha por los derechos humanos, por la equidad racial y de género, desde una perspectiva interseccional, este editorial va más allá de una denuncia a la comunidad internacional sobre lo qué esta ocurriendo en Brasil. Es también un llamado a los actores internacionales que trabajan en la defensa de los derechos humanos para instar al Estado brasileño, en sus instancias federales, estatales y municipales, a adoptar políticas públicas diferenciadas, que respondan a las especificidades de las poblaciones negras, LGBTI+, mujeres, quilombolas e indígenas, que son las más afectadas por el hambre, la pobreza y el efecto dominó que se ha desatado durante la pandemia en el país. Es imprescindible, también, que se reconozca el problema racial como factor agravante de las desigualdades, que se encuentra en políticas y proyectos meritocráticos, además de la omisión estatal ante la violencia policial, la muerte violenta y el encarcelamiento masivo de la población negra en el país. Además, el gobierno debe adoptar los protocolos de la OMS para enfrentar la pandemia y, finalmente, instamos a las Fuerzas Armadas a respetar el orden civil y democrático del país.