LA GUERRA QUE AÚN SE VIVE EN COLOMBIA

6 de julio del 2018 – El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos humanos condena rotundamente los asesinatos de once líderes y lideresas sociales populares propiciados en la última semana en los departamentos del Cauca, Chocó, Atlántico, Antioquía y Tumaco en Colombia. Instamos al gobierno nacional y a la comunidad internacional pronunciarse inmediatamente frente a esta situación de exterminio sistemático que azota al campo colombiano tras firma de Acuerdo de Paz celebrado el pasado 26 de septiembre del 2016 y que viene en aumento tras elecciones presidenciales el pasado 17 de junio del 2018.

En los primeros tres días del mes de julio, once líderes sociales populares han sido asesinadas, cifra que se suma a los aproximadamente 282 defensores y defensoras de derechos humanos asesinados tras la firma del Acuerdo de Paz según reporte de la Defensoría del Pueblo en Colombia.  El pasado 3 de julio se encontraron siete cuerpos sin vida en el municipio de Argelia del departamento del Cauca, territorio que sigue bajo disputa territorial después de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que demostró favoritismo por el excandidato a la presidencia Gustavo Petro con un 90% de votaciones a su favor en las últimas elecciones presidenciales.  También se reportó el asesinato de la lideresa afrocolombiana presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Comuna 2 en Quibdó, Chocó, Felicinda Santamaría, y el asesinato de Luis Barrios Machado líder social en el departamento del Atlántico. Así mismo, hace dos días, se conoció sobre el asesinato de Margarita Estupiñan, lideresa comunal afrocolombiana asesinada en el corregimiento de Llorente en Tumaco y el asesinato de la lideresa afrocolombiana Ana María Cortés en Antioquia, quien figura como coordinadora de la campaña presidencial del excandidato a la presidencia de Colombia Gustavo Petro en el departamento.

La violencia sistemática en Colombia ha ido en aumento cobrando la vida de diferentes líderes y lideresas sociales populares quienes hoy son víctimas de asesinato, amenazas y hostigamientos a raíz de su trabajo político, esto teniendo en cuenta, que la mayoría de los últimos asesinatos son mujeres afrocolombianas y hombres campesinos e indígenas, grupos sociales históricamente asaltados por la violencia, pobreza y desigualdad. “La paz aún no llega a nuestros territorios y somos nosotros y nosotras quienes estamos poniendo los muertos. El campo colombiano sigue en guerra, el conflicto aún no acaba, y lo más grave es que estamos completamente desprotegidos porque el gobierno nacional no se ha manifestado en lo absoluto, sigue matando nuestra gente y pareciera que eso no es noticia, no es importante”, indica Erlendy Cuero Bravo lideresa afrocolombiana y víctima de amenazas y hostigamientos por su trabajo como Vice-Presidenta de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES).

Con extrema preocupación hacemos un llamado al gobierno nacional para que ponga en marcha las investigaciones de los hechos lo antes posible, garantice la NO impunidad de estos asesinatos y otorgue las medidas de protección a los líderes y lideresas que siguen en situación de riego; como también clamamos a la comunidad internacional solidarizarse ante esta emergencia nacional e instar al gobierno colombiano tomar las medidas necesarias para defender la vida y cesar las matanzas que sistemáticamente están acabando con la vida de los líderes y lideresas colombianas.  Así mismo demandamos especial atención ante la situación de exterminio, amenazas e intimidaciones hacía las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas, históricamente marginadas, discriminadas y perpetradas por lógicas de violencia, pobreza y violación al derecho fundamental a la vida digna. Denunciamos la amenaza que persiste en contra de la vida de las mujeres defensoras de derechos humanos, que hoy son víctimas y sus vidas siguen en riesgo a causa de su trabajo por el reconocimiento de sus derechos y la inclusión en espacios de participación y toma de decisión.  Recordamos al Estado colombiano que al suscribirse a tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha asumido ante la comunidad internacional dos obligaciones básicas en relación al respeto y garantía de los derechos enunciados en los instrumentos; por tanto, instamos al gobierno nacional dar cumplimiento a lo pactado, como también, tomar en cuenta las recomendaciones realizadas durante la reciente Examen Periódico Universal de derechos humanos en la que se hizo un llamado específico de toda la comunidad internacional al Estado Colombiano velar por la vida de las y los defensores de derechos humanos, así como disponer de mecanismos de protección para garantizar que su labor no sea criminalizada

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