Raza e Igualdad celebra la adopción por la ONU de la Resolución para la protección de las personas africanas y afrodescendientes ante la violencia policial

Resolución 43 ONU

Washington DC, 15 de julio de 2021 – El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) celebra la adopción, mediante consenso, de la Resolución A/HRC/47/ L.8 Rev.1, que tiene como objetivo promover y proteger a las personas africanas y afrodescendientes contra el uso excesivo de la fuerza pública. La actualización de esta Resolución fue votada en el 47 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (HRC47, por sus siglas en inglés), en el la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó su informe sobre el tema, en el que instó a los Estados miembros a desmantelar el racismo sistémico y poner fin a la violencia policial. Esta actualización representa un paso histórico hacia un cambio en el escenario de la brutalidad policial contra la población afro.

La Resolución establece que debe crearse un mecanismo internacional de expertos independientes para promover cambios transformadores hacia la justicia y la igualdad racial. Este mecanismo debe estar compuesto por tres expertos con experiencia en el cumplimiento de la ley y los derechos humanos, quienes serán nombrados por el Presidente del Consejo de Derechos Humanos, bajo la dirección del Alto Comisionado. Para ello, el mecanismo que se establezca debe trabajar en estrecha colaboración con expertos de órganos y tratados internacionales.

Este mismo mecanismo se encargará de investigar las respuestas de los gobiernos a las protestas pacíficas contra el racismo y todas las violaciones internacionales de derechos humanos y contribuir a la rendición de cuentas y reparación de las víctimas. El mecanismo se presentará anualmente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en conjunto con el Alto Comisionado, quien también presentará un informe anual. La primera de estas comparecencias ocurrirá durante el 51 periodo de sesiones del Consejo, en junio de 2022.

Además, cabe señalar que la Resolución reconoce el legado del proceso de esclavitud, el colonialismo y el comercio transatlántico de pueblos africanos esclavizados. En este sentido, este reconocimiento coincide con la Conferencia de Durban, que este año cumple 21 años y establece el vínculo entre el pasado, el presente y el futuro, reconociendo que los afrodescendientes siguen siendo víctimas de las consecuencias de la esclavitud, de la trata transatlántica de esclavos en africanos esclavizados y el colonialismo. Por tanto, ambos documentos hacen un llamado para que las antiguas potencias coloniales asuman las consecuencias del proceso de colonización, las cuales persisten hasta hoy en detrimento de la población afro alrededor del mundo.

Al presentar su informe, Bachelet reiteró que “ningún Estado ha asumido plena responsabilidad por el pasado o el impacto actual del racismo sistémico”, confirmando así la urgente necesidad de medidas para asegurar el fin de la impunidad y de las políticas discriminatorias. Por tanto, la promoción de la justicia y la igualdad racial implica la adopción de políticas reparadoras contra el racismo sistémico en las naciones occidentales afectadas por el colonialismo.

Frente a esta Resolución, también reconocemos y aplaudimos el trabajo de las organizaciones y defensores de derechos humanos que forman parte de la lucha antirracista, quienes, a través de su labor de incidencia, hicieron numerosas recomendaciones al sistema de Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos, tales como el Comité contra la Discriminación Racial, el Relator sobre Racismo y el Grupo de Trabajo sobre Afrodescendientes.

Hacia una agenda transformadora global

 Las implicaciones de la Resolución A/HRC/47/L.8/Rev.1 son el resultado de una demanda histórica de la población afro en todo el mundo. La investigación del mandato de Michelle Bachelet, en virtud de la Resolución 43/1 de 2020, proporciona recomendaciones concretas sobre las medidas necesarias para garantizar el acceso a la justicia, la rendición de cuentas y la reparación por el uso excesivo de la fuerza y ​​otras violaciones de derechos humanos contra la población afro. El caso de George Floyd, en Estados Unidos, sacó a la luz el debate racial versus la violencia policial a nivel mundial. Por lo tanto, investigar las respuestas violentas de los gobiernos a las protestas pacíficas contra el racismo y apoyar a las víctimas de violaciones de derechos humanos se convirtió en una respuesta urgente de los mecanismos internacionales.

Entre los pilares de las reparaciones a los pueblos africanos y afrodescendientes se encuentra el establecimiento de mecanismos de monitoreo independiente y métodos estandarizados para denunciar y revisar el uso de la fuerza. Además, se deben publicar datos, separados por raza y origen étnico de las víctimas, destacando el perfil racial, la causa de las muertes y lesiones graves relacionadas con el mantenimiento del orden y los enjuiciamientos y condenas posteriores.

Declaración sobre la violencia policial y política en Brasil

Con motivo del HRC47 de la ONU, Raza e Igualdad, junto a organizaciones brasileñas e internacionales de derechos humanos, denunció la actual violencia policial y política en Brasil como resultado del racismo sistémico. El descuido del gobierno brasileño ante las constantes denuncias de violaciones de derechos humanos, tanto en el ámbito político como en el ámbito público y privado, pone de relieve cómo la estructura que apoya el mantenimiento de las prácticas racistas está arraigada en sus instituciones, especialmente en aquellas con las que el Estado busca imponer el orden a través de la violencia, como la institución policial.

Así, Raza e Igualdad, en alianza con el Instituto Marielle Franco (IMF), IMADR y Minority Rights [1], denunciaron la violencia policial contra la población negra en Brasil. La declaración, realizada por Anielle Franco, Directora Ejecutiva del IMF, insta a Naciones Unidas a establecer un mecanismo independiente e imparcial dentro de las fuerzas policiales que ayude a garantizar la rendición de cuentas y el respeto de las normas de derechos humanos, y garantice que todos los casos de uso desproporcionado de la fuerza sean investigados. En el comunicado destacaron el reciente caso Chacina do Jacarezinho, donde el uso excesivo de la fuerza policial resultó en el brutal asesinato de 25 jóvenes negros en Jacarezinho, una favela de Río de Janeiro; así como el caso de Kathleen Romeu, una joven afro de 24 años, que estaba embarazada cuando fue asesinada a tiros durante un operativo policial ilegal en el Complexo de Lins Vasconcelos, también una favela en Río de Janeiro.

En otra denuncia ante el Consejo de la ONU, Raza e Igualdad y la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA World), se sumaron al pronunciamiento de la Asociación Brasileña de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales e Intersexuales (ABGLT) [ 2], para denunciar no solo la violencia policial, sino también la violencia política que ha perseguido, deslegitimado y silenciado a la población LGBTI+ brasileña. El comunicado destacó el caso de Luana Barbosa: mujer afro, madre y lesbiana, brutalmente asesinada por la policía en 2016, cuyo caso fue mencionado en el informe de Bachelet. Además, las implicaciones del racismo sistémico atravesado por el sexismo hacen que la población LGBTI+ sea rehén no solo de la brutalidad policial, que irrespeta violentamente sus identidades de género, sino también de la agenda anti-género impulsada por el actual gobierno.

Por lo tanto, vale la pena recordar que la brutalidad de la violencia policial en Brasil afecta de manera desproporcionada a la población racializada y a personas de géneros diversos. Con la promoción de una política de seguridad del Estado orientada a la eliminación de estos cuerpos, el sistema se apoya en el racismo estructural y la LGBTIfobica y comanda claramente un proyecto necropolítico orientado a una agenda de limpieza étnico-racial que promueve el genocidio de la población afro. Hechos consumados por las autoridades públicas al faltar al respeto a la orden judicial del Tribunal Supremo Federal (STF) que restringe el operativo policial en las favelas de la ciudad durante la pandemia del COVID-19, y cuyo incumplimiento ha provocado la muerte de más de 800 personas a manos de la policía desde junio de 2020.

Respuestas de los Estados de la región

En respuesta a las denuncias, el Estado brasileño lamentó las muertes mencionadas en el informe de la Alta Comisionada, poniéndose a disposición para seguir cooperando con la ONU. Asimismo, manifestó que el sistema de justicia está investigando los casos y que tiene la intención de trabajar en respuestas sistémicas, mencionando que se propone trabajar específicamente en la educación en derechos humanos para las autoridades públicas.

El Gobierno de Colombia, por su parte, cuestionó los datos presentados sobre los asesinatos de líderes y pueblos afrocolombianos durante el Paro Nacional, exigiendo así su verificación. De esta forma, buscó deslegitimar las protestas que se produjeron, pero enfatizó que el Estado no tolera la violencia por parte de servidores públicos que violen los derechos humanos, hechos que se pueden comprobar tanto por la repercusión mediática como por las constantes denuncias de agresiones y muertes.

De esta manera, Raza e Igualdad insta a los Estados de la región a cooperar plenamente con el mecanismo de la ONU creado para acabar con la impunidad de la violencia estatal racializada; garantizar la rendición de cuentas y las reparaciones; y confrontar las raíces del racismo. En el caso de Colombia, expresamos preocupación por la respuesta negativa del Gobierno y esperamos que las autoridades colombianas investiguen y den a conocer las violaciones de derechos humanos y los asesinatos contra defensores afrodescendientes en medio de las protestas de Paro Nacional.

En cuanto a Brasil, esperamos que el Estado continúe con las investigaciones y una política de cooperación en derechos humanos orientada a acabar con la violencia policial y la impunidad de los responsables. Enfatizamos que Brasil necesita implementar efectivamente la Convención Interamericana contra el Racismo. Por lo tanto, reafirmamos nuestro compromiso de monitorear las violaciones de derechos humanos por parte de los Estados y asegurar la aplicación de la Resolución A/HRC/47/ L.8 Rev.1 y el funcionamiento del mecanismo designado por el Consejo de Derechos Humanos, para que pueda trabajar junto con los procedimientos especiales para fortalecer la rendición de cuentas en la administración de justicia racial. Finslmente, entendemos que es fundamental que la ONU garantice la participación de los pueblos y comunidades afrodescendientes en la formulación e implementación de las respuestas de los Estados al racismo sistémico.

[1] Acceda al pronunciamiento: https://bit.ly/3yXYcfO (disponible solo en inglés)

[2] Acceda al pronunciamiento: https://bit.ly/3r9WhC4 (disponible solo en inglés)

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