Activistas de Cuba, Nicaragua y Venezuela denuncian ante la CIDH la represión transnacional que enfrentan en el exilio

Activistas de Cuba, Nicaragua y Venezuela denuncian ante la CIDH la represión transnacional que enfrentan en el exilio

Ciudad de Guatemala, 16 de marzo de 2025. La represión transnacional ejercida por las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela es una realidad. Así quedó evidenciado durante la audiencia regional ‘Situación de represión transnacional’, celebrada el pasado jueves 12 de marzo en el Hotel Intercontinental de Ciudad de Guatemala, en el marco del 195° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Cubalex, la Asociación Unidad de Defensa Jurídica, Registro y Memoria por Nicaragua, la Organización Mundial contra la Tortura y el Museo Virtual contra la Violencia de Género en Cuba, participaron en este espacio de diálogo acompañando a tres activistas de estos países que han enfrentado actos de represión transnacional en el exilio: la cubana Kirenia Yalit Núñez, directora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana; la nicaragüense Claudia Vargas, viuda del activista Roberto Samcam e integrante de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano; y el venezolano Luis Peche, director de la organización Sala 58. Durante la audiencia denunciaron asesinatos, intentos de homicidio, persecución y asedio en los países de acogida, donde se han exiliado tras ser víctimas de represión por parte de los regímenes autoritarios de sus países de origen.

Claudia Vargas advirtió que el régimen nicaragüense continúa persiguiendo a personas opositoras incluso fuera de su territorio. “La persecución del régimen no termina cuando cruzamos la frontera. Al contrario, se transforma, se extiende y nos alcanza hasta donde buscamos refugio”, señaló. También denunció la privación arbitraria de la nacionalidad a más de 450 personas, lo que ha implicado la anulación de documentos, registros académicos, pensiones y propiedades.

Asimismo, recordó que ya se han documentado al menos cinco asesinatos de opositores nicaragüenses en el exilio, entre ellos el del campesino Jaime Luis Ortega en Costa Rica en 2024 y el de su esposo, Roberto Samcam, exmayor del Ejército de Nicaragua y analista político asesinado en San José en junio de 2025. “Su asesinato representó un mensaje dirigido al exilio: un intento de silenciamiento y una demostración de poder más allá de las fronteras”, afirmó.

“Frente a este grave problema, es urgente que los Estados de la región, especialmente los receptores, reconozcan la lucha contra esta forma de persecución como parte de sus obligaciones internacionales de protección”, agregó Vargas.

Por su parte, Luis Peche explicó que debió salir de Venezuela en 2025 tras el aumento de la persecución política posterior al proceso electoral. El activista denunció que fue víctima de un intento de asesinato en Bogotá en octubre del año pasado, cuando hombres armados dispararon contra él y contra el defensor de derechos humanos Yendri Velásquez. Peche recibió seis impactos de bala y Velásquez ocho. Ambos sobrevivieron al ataque y actualmente se encuentran fuera de peligro. “Este temor no es abstracto; es concreto y persistente. Forma parte de un patrón regional de represión transnacional que busca silenciar a quienes denunciamos”, afirmó.

Desde Cuba, Kirenia Yalit Núñez denunció que el régimen cubano ha desarrollado mecanismos de persecución extraterritorial contra activistas y periodistas en el exilio. La activista relató que ha enfrentado numerosos incidentes de hostigamiento en distintos países, incluidos actos de intimidación, vigilancia y obstáculos migratorios. “El régimen cubano proyecta su intimidación más allá de sus fronteras para silenciar a quienes continuamos denunciando violaciones de derechos humanos desde el exilio”, señaló.

Durante la audiencia también participó la abogada cubana Laritza Diversent, directora de la organización Cubalex, quien advirtió que la represión transnacional busca silenciar a las voces críticas incluso fuera de sus países de origen. Diversent instó a la CIDH a reconocer y monitorear este fenómeno de manera sistemática, fortalecer los mecanismos de protección para personas exiliadas, especialmente en países de acogida como Costa Rica, Colombia y Estados Unidos, y promover respuestas regionales coordinadas frente a la expansión extraterritorial de la persecución política. Asimismo, pidió que la Comisión, como ya lo ha hecho en otros países de la región, establezca un mecanismo específico para monitorear la crisis humanitaria y las graves violaciones a los derechos humanos en Cuba, con el fin de documentar estos patrones y fortalecer los mecanismos internacionales de rendición de cuentas.

Durante la audiencia participaron por primera vez de manera conjunta el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Estos organismos señalaron que la represión transnacional es un fenómeno real que afecta a personas opositoras y defensoras de derechos humanos provenientes de Nicaragua y Venezuela, y subrayaron la importancia de continuar investigando y documentando estos patrones de persecución más allá de las fronteras nacionales.

Desde Raza e Igualdad continuaremos monitoreando y denunciando las violaciones a los derechos humanos que sufren activistas y personas defensoras provenientes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Reiteramos la necesidad de que los Estados de la región fortalezcan las medidas de protección para personas exiliadas y garanticen investigaciones efectivas frente a los actos de persecución transnacional, así como respuestas regionales coordinadas frente a este fenómeno.

 

El manifiesto colectivo de seis mujeres activistas de América Latina y el Caribe

Washington D.C., 6 de marzo de 2026 – El pasado 19 de febrero, seis mujeres activistas de Brasil, Colombia, Cuba, México y República Dominicana se reunieron en un encuentro virtual que, desde Raza e Igualdad, llamamos ‘Cuando las mujeres crean, la memoria resiste’. Durante una hora y treinta minutos compartieron quiénes eran, desde dónde luchan y qué realidades atraviesan sus territorios. De ese intercambio nació un manifiesto colectivo que hoy cobra especial sentido en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

En este espacio participaron Eva Rafaela Calça, de la Rede Trans Assis de Sao Paulo, Brasil; Andrea Ceballos, de la Organización Indígena del Territorio Pasto, en Colombia; María Camila Zúñiga, del Movimiento de Mujeres Unidas, Diversas y Emancipadas (Mude), también de Colombia; Lourdes Esquivel, integrante de la organización Damas de Blanco de Cuba; Daniela Islas, del colectivo Afrocaracolas de México; y Estefany Feliz Pérez, del movimiento de jóvenes Reconoci.Do de República Dominicana. Para muchas de ellas, fue la primera vez que compartían un espacio común entre luchas tan diversas, pero atravesadas por una misma urgencia: la dignidad.

El ejercicio culminó con la escritura de un manifiesto que recoge su voz colectiva y sus principales demandas:

“Nosotras las mujeres de América Latina y el Caribe nos unimos en un grito poderoso para exigir igualdad y justicia. El amor y la fuerza es lo que nos sostiene en esta lucha diaria.
Desde el ayer y el hoy reconocemos la fuerza y determinación de nuestra historia. Somos motor. Somos tesoros del mundo.
Luchamos por sentirnos seguras y en igualdad, siendo reconocidas y tratadas con dignidad, desde una mirada antirracista y decolonial.
¡Hoy y siempre exigimos respeto y libertad en todos los espacios!”

Ese llamado no surge en el vacío. América Latina y el Caribe continúa marcada por una violencia estructural contra las mujeres. En los últimos cinco años, al menos 19.254 feminicidios han sido registrados en la región, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la CEPAL. En la mayoría de los casos, las muertes violentas son perpetradas por parejas o exparejas, lo que demuestra que la violencia de género sigue instalada en los espacios más cotidianos.

Violencia feminicida en la región

Brasil encabeza las cifras más alarmantes. En 2025 registró 1.470 feminicidios, el número más alto de la última década, un promedio de cuatro mujeres asesinadas por día, de acuerdo con datos del Ministerio de Justicia. En ese contexto, Eva Rafaela Calça insistió en que la violencia no se limita al asesinato: también se expresa en la exclusión y la sobrecarga. Para ella, es urgente “un espacio público que valore a la niñez como una responsabilidad de toda la sociedad, y no solo de la madre”, porque muchas veces “la madre queda sobrecargada”, y también políticas que amplíen oportunidades de trabajo para mujeres trans “más allá de la informalidad y la prostitución”. Su reflexión conecta la violencia feminicida con la falta de políticas de cuidado y con la marginación estructural de las mujeres trans.

En Colombia, donde el Observatorio Colombiano de Feminicidios reportó 973 casos en 2025, la impunidad sigue siendo una herida abierta. María Camila Zúñiga recordó que, además de exigir justicia frente a los asesinatos, es fundamental que “reconozcan el trabajo que hacen las mujeres con las infancias, desde los territorios”, y que se dignifiquen sus vidas. “Sabemos que, cuando una mujer es asesinada, la justicia no siempre llega”, agregó.

En México, donde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 721 feminicidios en 2025, la violencia se entrelaza con el racismo estructural. Daniela Islas advirtió que para las mujeres afromexicanas la urgencia pasa también por el reconocimiento: “lo que más nos urge es el reconocimiento de nuestros derechos, que haya más políticas públicas para las mujeres afromexicanas, donde se nos garantice la atención médica”. Ella también se refirió a lo que más anhela: “Imaginamos un mundo sin racismo, sin discriminación, donde nuestros derechos como mujeres afromexicanas se reconozcan y se protejan”. La violencia de género, en su territorio, no puede separarse de la discriminación racial.

En Cuba, organizaciones independientes como el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) registraron 48 feminicidios en 2025 y advierten que estos crímenes son el desenlace de violencias prolongadas. Lourdes Esquivel lo expresó desde la crudeza de su realidad: “En Cuba a las mujeres nos violan todos los derechos. Nos encarcelan a los hijos, nos los matan, nos golpean. Pasamos hambre. Hay niños que no tienen nada que comer”. Su testimonio recordó que la violencia también se manifiesta en el hambre, la represión y el dolor cotidiano.

En República Dominicana, donde se registraron 59 asesinatos de mujeres el año pasado (de acuerdo con la Fundación Vida Sin Violencia), las cifras conviven con políticas y prácticas que afectan especialmente a mujeres migrantes y de ascendencia haitiana. Estefany Feliz Pérez denunció que, si no cuentan con documentos de identidad, “no reciben asistencia a la salud, y tampoco pueden estudiar”, y que existe “una persecución contra las mujeres haitianas y las dominicanas de ascendencia haitiana” que incluso implica detenciones arbitrarias y pagos indebidos. 

A nivel global, las mujeres tienen solo el 64% de los derechos legales que tienen los hombres, según ONU Mujeres. De mantenerse el ritmo actual, cerrar las brechas podría tomar siglos. Frente a este panorama, el encuentro virtual del 19 de febrero fue más que un espacio simbólico: fue una apuesta por la articulación regional.

Este manifiesto también es la prueba de que es posible construir acuerdos en la diversidad. Seis mujeres de contextos distintos, con historias y luchas propias, lograron encontrarse sin haberse conocido antes, escucharse con atención y reconocerse en sus diferencias. En este ejercicio de diálogo honesto y respetuoso identificaron necesidades comunes y tejieron una voz colectiva. Este espacio virtual no solo permitió compartir denuncias, sino también demostrar que la articulación regional es una herramienta poderosa cuando se basa en la escucha, el respeto y la conciencia de que ninguna lucha está aislada.

Desde Raza e Igualdad reafirmamos nuestro compromiso de dar voz a quienes resisten desde los territorios y de acompañar sus demandas. Porque cuando las mujeres crean juntas, la memoria resiste; y cuando la memoria resiste, también se construye futuro.



Condenamos violencia contra Danne Belmont, lideresa trans y directora ejecutiva de la Fundación GAAT en Colombia

Bogotá, 2 de febrero de 2026 – El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos expresa su solidaridad con Danne Belmont, directora ejecutiva de la Fundación Grupo Apoyo y Acción Trans (GAAT), y su pareja, quienes fueron víctimas de actos de violencia transfóbica el 1 de febrero de 2026 en la ciudad de Bogotá, Colombia. 

Desde Raza e Igualdad rechazamos de manera contundente toda forma de violencia basada en prejuicios, en particular aquella dirigida contra personas por su identidad de género u orientación sexual. Este hecho constituye una grave vulneración a los derechos humanos, además se suscribe a un contexto amplio de violencias estructurales que enfrentan de manera persistente las personas trans en la región. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe país, indicó que Colombia es uno de los Estados de la región que registra más muertes violentas de personas LGBTI. Solo entre 2022 y 2023 hubo 302 asesinatos. Colombia se posiciona como el tercero en Latinoamérica con la mayor cantidad de asesinatos de personas trans, lo que evidencia una situación de riesgo extremo. A su vez, según cifras de la Defensoría del Pueblo, hasta mayo de 2024 fueron atendidos por esta institución cerca de 290 hechos de violencia contra personas con orientaciones sexuales e identidades diversas, entre los cuales se encuentran violencias físicas.  

En sus observaciones derivadas de la visita in loco de 2024, la CIDH advirtió sobre la persistencia de la violencia en contra de esta población y obstáculos que las personas LGBTI enfrentan para acceder a la justicia, en especial, en los territorios afectados por el conflicto armado. De igual manera, la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre un agravamiento de las violencias extremas contra mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, tanto en espacios privados como en el ámbito público, e insistió en que cada feminicidio y transfeminicidio es prevenible si el Estado actúa de manera oportuna.  

Reconocemos y valoramos profundamente la labor que Danne Belmont ha desarrollado como lideresa trans y defensora de derechos humanos, así como el trabajo histórico de la Fundación GAAT en la promoción, protección y defensa de los derechos de las personas trans, particularmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad. Los ataques contra liderazgos sociales y defensores de derechos humanos buscan silenciar voces fundamentales para la construcción de sociedades más justas e inclusivas, y no pueden ser tolerados. 

Hacemos un llamado urgente al Estado colombiano y a las autoridades competentes para que se adelanten investigaciones prontas, exhaustivas y con enfoque basado en género, garantizando el acceso efectivo a la justicia, la sanción de los responsables y la adopción de medidas de protección adecuadas para Danne Belmont, y su pareja. 

Desde Raza e Igualdad reiteramos nuestro compromiso con la erradicación de la transfobia, la discriminación y la violencia, y reafirmamos que la dignidad, la vida y la integridad de las personas trans deben ser plenamente garantizadas. 

A Danne, su pareja y a la Fundación GAAT: decirles que no están solas. Les acompañamos con solidaridad y respeto, y reafirmamos nuestro compromiso de caminar a su lado, sostener sus luchas y alzar la voz, de manera firme y constante. 



Denunciamos el desmonte de una valla en Santa Marta que exigía libertad de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela

Santa Marta, 8 de noviembre de 2025 — Desde Raza e Igualdad denunciamos la censura ejercida por las autoridades locales de Santa Marta, que este viernes 7 de noviembre ordenaron el desmonte de una valla instalada por nuestra organización a las afueras del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. La pieza exigía la libertad de las personas presas políticas en Cuba, Nicaragua y Venezuela, en el marco de la IV Cumbre CELAC-UE.

La valla llevaba el mensaje: “Cada persona encarcelada por defender los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela representa una promesa incumplida de la democracia. ¿Hasta cuándo?”

Acompañada por la imagen de un hombre encarcelado y las banderas de los tres países, la valla buscaba recordar a los representantes de los Estados miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y de la Unión Europea (UE) reunidos en Santa Marta, la urgente necesidad de abordar la falta de democracia en la región. Sin embargo, fue desmontada en menos de 24 horas por orden de la Alcaldía de Santa Marta, en cumplimiento de supuestas directrices que prohíben la exhibición de mensajes “de contenido político” durante la cumbre.

Esta decisión vulnera nuestro derecho a la libertad de expresión y limita la posibilidad de denunciar las violaciones a los derechos humanos en estos tres países, precisamente en un espacio que se presenta como un foro de diálogo sobre democracia, cooperación y derechos humanos.

En 2023 ocurrió un hecho similar en Buenos Aires (Argentina), cuando, en vísperas de la Cumbre de la CELAC, también fue retirada una valla instalada por nuestra organización que exigía el restablecimiento de la democracia en Cuba y Nicaragua.

En la IV Cumbre CELAC-UE, que se celebra del 7 al 10 de noviembre en Santa Marta, se abordan temas clave como la triple transición (energética, digital y ambiental), la equidad de género, la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de la cooperación birregional. Todo ello ocurre mientras Cuba, Nicaragua y Venezuela continúan marcadas por la represión y el encarcelamiento de quienes defienden los derechos humanos.

Solo hasta finales de octubre de 2025, las organizaciones de la sociedad civil documentaban 749 personas presas políticas en Cuba (de acuerdo con Justicia 11J), 77 personas en Nicaragua (Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas), y 875 en Venezuela (Foro Penal). Estas cifras reflejan la magnitud del cierre de los espacios democráticos y la persistencia de graves violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, el Parlamento Europeo, en una resolución reciente sobre la estrategia política de la Unión para América Latina y el Caribe, reafirmó la importancia de la cooperación birregional y condenó el debilitamiento democrático en estos tres países, a los que describió como algunos de los regímenes más autoritarios del mundo.

Desde Raza e Igualdad denunciamos esta censura y reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de expresión, la justicia y la democracia. Continuaremos haciendo un llamado a la comunidad internacional para que se denuncien las violaciones a los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y para que se garantice el restablecimiento de la democracia en estos países.



MUDE, un refugio amenazado por defender los derechos de mujeres e infancias negras en Palmira, Colombia

Bogotá, 20 de octubre de 2025 – El 15 de julio de 2024, las integrantes del Movimiento de Mujeres Unidas, Diversas y Emancipadas (MUDE) denunciaron que, en horas de la  madrugada, varias personas ingresaron violentamente a la casa donde funcionaba la sede de la organización, en el municipio de Palmira, Valle del Cauca. A través de sus redes sociales, hicieron público cómo fueron destruidos los computadores, y en general, el refugio de más de 300 personas, entre ellas niños, niñas, adolescentes y mujeres negras y diversas de esta región de Colombia, beneficiarias de MUDE. 

Ese día, las mujeres de esta organización sintieron que se ‘rebosó la copa’, tras años de amenazas, hostigamiento, actos de racismo, transfobia y campañas de odio difundidas a través de redes sociales. Les dejaron un mensaje claro: si siguen realizando esta labor, sus vidas están en peligro.

Después de un año del allanamiento, los hechos siguen en la impunidad y las integrantes de MUDE continúan denunciando lo ocurrido y exigiendo el reconocimiento y garantía de sus derechos en esta zona del Pacífico colombiano. “Seguimos haciendo un llamado a las autoridades y a las otras organizaciones, para que se nos escuche y se nos atienda. Queremos saber que tenemos un respaldo, que nuestras vidas importan, que a la gente le importa lo que pase con MUDE, con las infancias y con la diversidad”, dice María Camilia Saa, integrante de la organización. 

El Movimiento de Mujeres Unidas, Diversas y Emancipadas nació en 2019 y, desde entonces, ha acompañado y transformado la vida de más de seis mil niños, niñas, adolescentes, mujeres afrodescendientes y diversas, junto a sus familias, en Palmira y otros municipios del Valle del Cauca. Sady Carreazo, otra de sus integrantes, afirma que MUDE es un espacio para “colectivizar”. 

“Juntarnos garantiza la vida de la gente negra; es otra forma en la que podemos ser y habitar en libertad. Es otra oportunidad para estudiar, trabajar, ser y expresarse”, agrega Carreazo. La organización impulsa estrategias de incidencia, formación y visibilización con enfoque étnico y diverso, a través del arte y la música. Un ejemplo de ello es la agrupación Agojie de MUDE, que en sus canciones aborda temas como el cabello afro, el feminismo y las disidencias sexuales y de género.

Tras el ataque, MUDE se vio obligado a reubicar su sede en otro sector de Palmira, mientras sus integrantes siguen denunciando la continuidad de las amenazas y el hostigamiento que reciben, derivados de sus identidades diversas y de la labor en defensa de los derechos de sus comunidades.

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresamos nuestro acompañamiento a MUDE y reiteramos nuestro llamado urgente a las autoridades competentes para que actúen con diligencia, garanticen la protección de sus integrantes, y aseguren que hechos como estos no queden en la impunidad. Defender la vida, la diversidad y el liderazgo de las mujeres negras y diversas es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano.



Rechazamos atentado contra los defensores venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche, muestra de represión transnacional

Bogotá, 14 de octubre de 2025 – Este lunes 13 de octubre de 2025, los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Alejandro Peche fueron víctimas de un atentado a tiros en el norte de Bogotá. Ambos resultaron heridos en las piernas y se recuperan fuera de peligro. Según información oficial, tres hombres armados los interceptaron y dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su enérgico rechazo ante este ataque, que representa un nuevo caso de represión transnacional, una forma de persecución política que busca silenciar a quienes defienden derechos humanos incluso más allá de sus fronteras. 

“Nos alarma el crecimiento de la represión transnacional en América Latina: una práctica que pretende castigar el activismo y callar las voces críticas, aun en el exilio. Este atentado contra Yendri y Luis vulnera no solo sus vidas, sino también el derecho colectivo a defender los derechos humanos”, señaló Carlos Quesada, director ejecutivo de Raza e Igualdad. 

Yendri Omar Velásquez Rodríguez es un reconocido defensor LGBTIQ+ venezolano y fundador del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+. En 2024 recibió el Premio de Derechos Humanos y Estado de Derecho otorgado por las embajadas de Francia y Alemania; pero ese mismo año, en agosto, fue víctima de persecución estatal cuando se disponía a viajar a Ginebra para participar en una sesión del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial. Fue detenido arbitrariamente en el aeropuerto de Maiquetía y su pasaporte fue anulado. Semanas después fue obligado a exiliarse en Colombia.

Luis Alejandro Peche Arteaga, de 34 años, es internacionalista y consultor político. Fue asesor en la Asamblea Nacional de Venezuela entre 2017 y 2018, durante la presidencia parlamentaria de la oposición, y colaboró con organizaciones de participación ciudadana como Voto Joven. En 2025 abandonó Caracas tras recibir amenazas. 

Este atentado se inscribe en un patrón de violencia transnacional cada vez más visible en la región. En junio de 2025, Raza e Igualdad condenó el asesinato del Mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, ocurrido en San José, Costa Rica, un hecho que evidenció que la persecución contra voces críticas y opositoras trasciende las fronteras nacionales. 

Llamado urgente al Estado colombiano 

En este contexto, Raza e Igualdad hace un llamado urgente y respetuoso al Estado colombiano para que adopte medidas inmediatas y efectivas de protección, a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el fin de salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de Yendri Velásquez, Luis Peche y sus familias. Asimismo, insta a la Fiscalía General de la Nación a adelantar una investigación pronta, exhaustiva y con la debida celeridad que permita identificar a los responsables materiales e intelectuales del ataque, y garantizar que no haya impunidad. 

De igual forma, exhorta a las autoridades a coordinar acciones con organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), con el propósito de fortalecer la respuesta institucional y brindar acompañamiento especializado. 

Raza e Igualdad también llama al Estado a reforzar las políticas nacionales de protección para personas defensoras, periodistas y líderes sociales, incorporando un enfoque interseccional, diferencial y de género que reconozca las múltiples vulnerabilidades que enfrentan los defensores migrantes y LGBTIQ+. 

Finalmente, exhortamos a la comunidad internacional, a las organizaciones sociales y a la sociedad civil a no guardar silencio frente a estos hechos. Condenamos enérgicamente las expresiones de represión transnacional en América Latina y el Caribe, y reafirmamos nuestro compromiso de acompañamiento y solidaridad con las víctimas de estos actos de violencia. 

Proteger la vida de quienes defienden derechos humanos es un compromiso colectivo y una obligación ética universal. Defender derechos no puede seguir siendo un riesgo que se pague con la vida. Colombia y toda la región deben ser territorios de refugio y esperanza, no espacios donde se prolonguen el miedo y la persecución. 

Escuela Kátia Tapety en Colombia: dos encuentros para fortalecer liderazgos LGBTI+

Bogotá, 2 de octubre de 2025 — La Escuela de Formación Política Kátia Tapety, del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), llegó a Colombia con dos encuentros realizados en alianza con el Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT), y con la Fundación Somos Identidad. Las jornadas se llevaron a cabo el 23 de septiembre en el Centro de Atención para la Población LGBTIQ+ del programa CaliDiversidad, en el barrio Miraflores de Cali; y el 26 en la Casa LGBTI Sebastián Romero de Teusaquillo, en Bogotá, donde se reunieron más de 50 personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, para dialogar sobre participación política, violencia, mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, y las luchas compartidas entre Brasil y Colombia.

La escuela, creada en Brasil en 2022 y que ya ha tenido dos promociones (llegando a más de 60 alumnas), lleva el nombre de Kátia Tapety, reconocida como la primera mujer trans elegida por voto directo en el país brasileño. Para Maria Paula Custódio, coordinadora del proyecto en Raza e Igualdad, el nombre es un homenaje a su legado político: “Ella es honrada en este proyecto que ahora se expande a Colombia”.

Los dos encuentros contaron con la participación de dos exalumnas de la escuela en Brasil: Isis Carneiro, integrante de la Articulación Brasileña de Lesbianas (ABL); y Dayanna Louise, secretaria de Educación de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), quienes compartieron sus experiencias con las y los asistentes.

Isis Carneiro destacó que la escuela le permitió ampliar sus conocimientos: “Aunque soy abogada y ya he estudiado muchas cosas que vimos en la escuela, la visión que tuvimos fue completamente diferente. Logramos tener una perspectiva completamente diferente de la población LGBT y de las cosas que nos importan; no lo que vemos en la academia, que se nos olvida”.

Para Dayanna Louise, la llegada del proyecto a Colombia será un paso importante en la construcción colectiva de la región: “La escuela Kátia Tapety nos permite un proceso de incidencia política en la colectividad, pero también respetando las particularidades de cada persona. Entonces, traer la experiencia brasileña de la escuela Kátia Tapety a Colombia, es invertir en la construcción política de América Latina”.

Con estos dos encuentros, la Escuela Kátia Tapety consolidó un espacio de intercambio entre liderazgos LGBTI+ de Colombia y Brasil, reafirmando su objetivo de fortalecer la participación política de mujeres trans, travestis, negras e indígenas en América Latina. En esa misma línea, desde Raza e Igualdad renovamos nuestro compromiso de acompañar a las y los activistas de la región, impulsando espacios de formación e intercambio que contribuyan a la defensa y al reconocimiento pleno de los derechos de las personas LGBTI+.



SOS por Buenaventura: Que el terror no sea la norma ¡Protección y justicia para su población!

Bogotá, 25 de septiembre de 2025.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) lamenta y condena el homicidio del joven Alan Josué Valencia Cuero, ocurrido el 11 de septiembre de 2025 en el Distrito de Buenaventura, Valle del Cauca. Al mismo tiempo, expresa su máxima preocupación y llama la atención de las autoridades sobre la ola de violencia que prevalece en el Pacífico colombiano y que golpea con mayor crudeza a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes ven vulnerados sus sueños y su derecho a crecer en paz y a construir un futuro digno.

Alan Josué, quien tenía apenas 17 años, era estudiante de la Universidad del Pacífico y líder del Consejo Comunitario de Bahía de Málaga. Murió tras recibir dos disparos desde un automóvil desconocido, hecho que refleja cómo la violencia letal e impune se ha vuelto parte del día a día en esta región fuertemente impactada por la operación de grupos armados ilegales.

Según reportes de medios y autoridades, durante agosto de 2025, diversas comunas, especialmente la 9, 10 y 12, reportaron la imposición de un “toque de queda” por parte de grupos armados, y en lo que va del 2025, se han registrado más 100 homicidios en Buenaventura, de acuerdo con la Personería del distrito especial.

La violencia ha escalado a tal punto, que las universidades más representativas del Distrito anunciaron medidas temporales para proteger a sus estudiantes y personal académico en la semana del 22 al 27 de septiembre. La Universidad del Pacífico decidió que todas las jornadas académicas se realizarán de manera virtual, mientras que la Universidad del Valle suspendió sus clases presenciales de jornada nocturna.

No podemos perder de vista que estas violencias se ven exacerbadas y perpetuadas por las dinámicas del racismo sistémico y estructural que permean los territorios de las comunidades afrodescendientes en Colombia, como lo es el Pacífico colombiano.

En Buenaventura particularmente, miles de niños, niñas y adolescentes crecen en medio de escenarios marcados por el miedo, el reclutamiento forzado, las desapariciones, los homicidios y múltiples formas de violencia que ponen en riesgo su integridad y su vida. Como consecuencia de estas circunstancias, se ven afectados en su desarrollo integral, en su derecho a la educación y al juego, así como en la posibilidad de vivir con su familia y comunidad en condiciones de seguridad y bienestar. Esta situación constituye una grave violación de los derechos humanos y de los estándares internacionales de protección a la infancia, tal como lo consagran la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El Estado colombiano tiene la responsabilidad ineludible de revertir estas dinámicas, garantizando condiciones para que la niñez y la juventud afrodescendiente puedan vivir libres de violencia, desarrollar su potencial y ejercer plenamente sus derechos. Ello implica:

  1. Investigar de manera diligente y sancionar a los responsables del homicidio de Alan Valencia, enviando un mensaje claro contra la impunidad.
  2. Adoptar medidas urgentes de protección específicas para niños, niñas y adolescentes en Buenaventura, con un enfoque diferencial étnico y territorial.
  3. Implementar integralmente los acuerdos con el Comité del Paro Cívico de Buenaventura, que incluyen medidas estructurales para transformar las causas históricas de exclusión, pobreza, racismo y violencia.
  4. Fortalecer políticas públicas con enfoque étnico-racial y de juventudes, que reconozcan a las niñas, niños y adolescentes afrodescendientes como sujetos de derechos y protagonistas de la construcción de paz.

Cada vida perdida en Buenaventura es un recordatorio de que la violencia arranca proyectos individuales y también la esperanza colectiva de comunidades enteras. Hoy, la memoria de Alan nos convoca a exigir al Estado colombiano que actúe con responsabilidad, y con la firme decisión de desmantelar las estructuras de racismo sistémico que sostienen la violencia en Buenaventura y en todo territorio colombiano.

Como sociedad, no podemos aceptar que crecer en medio del miedo y la violencia sea el destino de niñas y niños afrodescendientes, cuando lo que merecen es un futuro de dignidad, educación, juego y paz. Que el terror no sea la norma ¡Protección y justicia para su población!

 

Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre los Afrodescendientes realizará consulta regional en Bogotá

Bogotá, 16 de septiembre de 2025. Este viernes 19 de septiembre, el Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre los Afrodescendientes realizará la consulta regional para América Latina hispanohablante, un espacio que forma parte del proceso de construcción de la futura Declaración de las Naciones Unidas sobre el respeto, la protección y la efectividad de los derechos humanos de las personas afrodescendientes.

Este encuentro, que iniciará a partir de las 9 de la mañana en la sede principal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y reunirá a más de 60 líderes y lideresas, forma parte de las consultas regionales que adelanta el Foro Permanente en distintas partes del mundo, para recoger insumos y garantizar que las voces de las comunidades afrodescendientes sean tenidas en cuenta en la elaboración de la Declaración. La jornada en Bogotá será la segunda consulta regional, luego de la realizada en diciembre de 2024 en Barbados, enfocada en el Caribe.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en la región viven alrededor de 200 millones de afrodescendientes, equivalentes al 30% de la población total. Sin embargo, persisten barreras estructurales que limitan su acceso a la justicia, la participación política, la educación, la salud y el empleo digno. Dichas brechas se profundizan en el caso de las mujeres afrodescendientes, quienes enfrentan de manera interseccional los efectos del racismo y el sexismo. La consulta regional en Bogotá, dirigida a las comunidades afrodescendientes de los países hispanohablantes de América Latina, busca generar un diagnóstico sobre las múltiples formas de discriminación y racismo estructural en la región, y al mismo tiempo consolidar propuestas que fortalezcan el proyecto de Declaración.

La jornada, que se desarrollará mediante un diálogo amplio y participativo, se centrará en temas prioritarios identificados por el Foro Permanente, entre ellos: el reconocimiento y abordaje del racismo sistémico y estructural; la justicia reparadora frente a los legados del colonialismo, la esclavización, el apartheid y el genocidio; los derechos colectivos de los pueblos afrodescendientes; el desarrollo sostenible y la reducción de desigualdades; así como cuestiones urgentes y emergentes en derechos humanos, como el impacto de la inteligencia artificial, el cambio climático, la injusticia ambiental y la necesidad de reformar el orden económico internacional.

 

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) acompañamos la participación de destacadas lideresas de la región, quienes aportarán desde sus experiencias y trayectorias a la discusión. Entre ellas se encuentran: la boliviana Paola Yánez, coordinadora de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora; la hondureña Mirtha Colón, presidenta de la Organización Negra Centroamericana (ONECA); la dominicana María Bizenny Martínez, coordinadora del Departamento de Derechos Humanos e Incidencia Política de MOSCTHA; la colombiana Luz Marina Becerra Panesso, representante legal de la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La Comadre); y la mexicana Teresa Mojica, presidenta de la Fundación Afromexicana Petra Morga. Su participación permitirá visibilizar las realidades específicas que enfrentan las mujeres afrodescendientes frente a las violencias raciales, el desplazamiento forzado y la exclusión.

Voces de la diáspora: Mujeres afrodescendientes en resistencia y liderazgo global

Como antesala a la consulta, el jueves 18 de septiembre a las 4:00 p.m., en el Hotel Suite Jones (Chapinero, Bogotá), se llevará a cabo el diálogo Voces de la diáspora: Mujeres afrodescendientes en resistencia y liderazgo global. Este encuentro contará con la participación de las lideresas mencionadas y del profesor Justin Hasford, miembro del Foro Permanente de la ONU sobre los Afrodescendientes, cuya trayectoria en Estados Unidos y articulación con movimientos afrodescendientes de la diáspora, permitirá un análisis comparado entre América Latina y el Norte Global.

El evento, organizado por Raza e igualdad, tendrá interpretación simultánea inglés-español y busca consolidar un espacio de intercambio y construcción colectiva, fortaleciendo el vínculo entre las luchas históricas de las comunidades afrodescendientes en América Latina y aquellas que se desarrollan en otros contextos internacionales.



Raza e Igualdad realizará en Colombia dos encuentros de la Escuela Kátia Tapety

Bogotá, 16 de septiembre de 2025 – El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), en asocio con el Grupo de Acción y Apoyo a personas Trans (GAAT) y la Fundación Somos Identidad, realizará en Colombia dos encuentros de la Escuela de Formación Política Kátia Tapety, que tendrán lugar el 23 de septiembre en Cali y el 26 en Bogotá.

La Escuela de Formación Política Kátia Tapety es un proyecto del Instituto creado en Brasil en 2022, con el propósito de capacitar a mujeres LBTI, negras e indígenas para que puedan participar de manera plena en espacios de poder y toma de decisiones. Desde su creación, más de 60 lideresas en Brasil han participado en estas jornadas de capacitación.

El programa lleva el nombre de Kátia Tapety, reconocida como la primera travesti elegida por voto directo en Brasil en 1992, cuyo legado político constituye un referente en Latinoamérica para la defensa de los derechos humanos y la ampliación de la participación política de mujeres trans, travestis, negras e indígenas.

Durante los encuentros que se llevarán a cabo en Colombia, se desarrollarán sesiones sobre los siguientes temas:

  • Conceptos y alcances de la participación política.
  • Manifestaciones y consecuencias de la violencia política.
  • Mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.
  • Intercambio de experiencias y aprendizajes de la Escuela en Brasil.

Si eres una persona LBTI, negra o indígena y quieres participar en este espacio, inscríbete en el siguiente enlace. Los cupos son limitados: https://forms.cloud.microsoft/r/sckf9qMPXt

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