El Instituto responsabiliza al Estado colombiano por el asesinato de Bernardo Cuero, directivo de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES): otro líder al que la Unidad Nacional de Protección le negó medidas de protección

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El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos denuncia, repudia y lamenta profundamente el asesinato del día 7 de junio de Bernardo Cuero, líder afrocolombiano y miembro de la […]

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La situación de vulnerabilidad de Bernardo había sido ampliamente documentada y denunciada a nivel nacional e internacional, siendo él mismo y su familia desplazados a consecuencia de la violencia. En octubre de 2013, el mismo participó en audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciado su caso personal y el de otros líderes de AFRODES. En dicha audiencia Bernardo expresó sobre su caso en particular “…a pesar de las denuncias de cada hecho, no existe ningún resultado e investigación de estos…”. También enfatizó respecto a su labor como líder y defensor de derechos humanos afrocolombiano: “…exigir el respeto de nuestros derechos de realizar nuestro trabajo de incidencia a favor de nuestras comunidades no puede ser una razón para condenarnos a muerte y a nuestras familias…”. De hecho, después de dicha audiencia, las amenazas y atentados contra él y Erlendy Cuero Bravo (Vicepresidenta de AFRODES), aumentaron. Recientemente, en marzo 2017, en otra audiencia ante la CIDH, solicitada por el Estado colombiano para tratar el tema de las agresiones contra líderes sociales, el Instituto denunció nuevamente la crítica situación de seguridad de líderes de AFRODES, incluyendo a Bernardo, a quienes el gobierno colombiano continuaba negándole medidas de protección. Esta omisión convierte al Estado colombiano en responsable del asesinato de Bernardo.

En este repudiable acontecimiento, los asesinos fueron hasta su propio hogar en el municipio de Malambo, departamento del Atlántico. Los detalles aún están por conocerse, pero hay algo claro: el Estado colombiano le negó sistemáticamente la asignación de medidas de protección adecuadas a pesar de las numerosas solicitudes que Bernardo hizo, motivadas por múltiples atentados y amenazas contra su vida. Como sigue sucediendo con otros líderes y defensores de derechos humanos afrocolombianos, de manera absurda los resultados de los estudios de riesgo llevados a cabo por la Unidad Nacional de Protección indicaron que su nivel de riesgo era “ordinario”. El mecanismo de “estudios de riesgo” es un fracaso y ha fallado a otra víctima más.

En varias ocasiones Bernardo coincidió con otros líderes en riesgo al señalar que la única forma para que el Estado reconozca que se está en riesgo extraordinario es que “lo maten a uno”.

Ante este nuevo asesinato de un miembro de AFRODES, el Instituto exhorta al Estado colombiano encaminar una investigación expedita sobre el mismo y garantizar las medidas de reparación y protección para su familia. Además, el Estado colombiano debe garantizar la asignación inmediata de medidas de protección para todos los líderes de AFRODES y no negar su responsabilidad ni en el caso de Bernardo ni para la protección de sus colegas.

El Instituto también exhorta a los mecanismos internaciones de protección de los derechos humanos, y a todos los actores de la comunidad internacional que apoyan la construcción de la paz en Colombia, a solicitar enérgicamente al Estado colombiano que el crimen de Bernardo sea esclarecido y que las medidas de protección tanto de forma individual como colectiva que necesita AFRODES y demás organizaciones de comunidades étnicas en Colombia sean asignadas inmediatamente.

Finalmente, rogamos al Estado colombiano cumplir con la Medida Cautelar 658-16 otorgada a Erlendy Cuero Bravo, Vicepresidenta de AFRODES. Así mismo, instamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los Procedimientos Especiales y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU a continuar monitoreando y generando acciones que conlleven a la protección de los defensores de derechos humanos afrocolombianos, dado que el Estado colombiano y sus estructuras continúan actuando con omisión e indolencia ante las amenazas de muerte y atentados que sufren frecuentemente quienes protegen el territorio, cosmovisión y derechos humanos del pueblo afrocolombiano.

El Instituto responsabiliza al Estado colombiano por el asesinato de Bernardo Cuero, directivo de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES): otro líder al que la Unidad Nacional de Protección le negó medidas de protección

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