Colombia: Raza e Igualdad promueve inclusión de las juventudes en el movimiento negro del país

Colombia: Raza e Igualdad promueve inclusión de las juventudes en el movimiento negro del país

Bogotá, 29 de mayo de 2024.– En el marco del Día de la Afrocolombianidad, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos organizó el conversatorio «La Vocería: El Rol de los Procesos Juveniles en el Fortalecimiento del Movimiento Negro en Colombia«, que reunió a jóvenes de diversas organizaciones afrocolombianas para discutir su papel en la construcción y fortalecimiento del movimiento negro en Colombia.

Jóvenes integrantes de proyectos como CAPREE, de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA); del Semillero Afrodes Cali y de la Fundación Somos Identidad participaron activamente en la discusión. Las y los participantes destacaron la importancia de su vocería para la construcción de un futuro más inclusivo y representativo, permitiendo identificar nuevas narrativas que promuevan la integración de las juventudes en el movimiento negro de Colombia.

El primer momento clave del conversatorio se centró en el tema “Acciones Sostenibles para la Inclusión de la Juventud Afrocolombiana en Políticas Públicas y Programas Étnicos”. En este espacio, se compartieron experiencias y desafíos enfrentados por las juventudes afro en relación con las políticas públicas y los programas étnicos en Colombia.

En ese sentido, enfatizaron la necesidad de trabajar con quienes han allanado el camino dentro de las organizaciones y fortalecer las capacidades juveniles para superar las barreras de financiación de proyectos.

Alejandrina Falquez Sinisterra, de la Escuela de Formación Ancestral Afrocolombiana Mali Ya Weusi, subrayó: «Como jóvenes hemos tenido algunos desafíos para avanzar en términos organizacionales, puede que lleguen esos proyectos. pero si no tenemos las capacidades, es complejo».

En el segundo momento clave el tema central fue “Aportes y Desafíos de la Juventud Afrocolombiana en los Procesos Organizativos del Movimiento Negro”, donde las y los asistentes compartieron sus experiencias y estrategias para superar obstáculos, destacando la importancia de su participación activa y proactiva en la organización y liderazgo del movimiento.

El evento concluyó con una vibrante presentación de bullerengue afrotravesti a cargo de la Morena del Chicamocha, un acto que simbolizó la diversidad y riqueza cultural de las comunidades afrocolombianas. Este cierre no solo celebró la herencia cultural, sino que también reforzó el mensaje central del conversatorio: la importancia de escuchar y elevar las voces juveniles para impulsar un cambio significativo en el movimiento negro en Colombia.

El conversatorio «La Vocería» fue un espacio poderoso y necesario que permitió a las juventudes afrocolombianas compartir sus experiencias, desafíos y aspiraciones. A través de su vocería, se busca construir un movimiento negro más inclusivo y fortalecido, en el que las juventudes no solo sean partícipes, sino líderes activos en la lucha por la igualdad y los derechos humanos en Colombia. Este evento marcó un paso significativo hacia la integración de nuevas voces y la creación de políticas y programas más representativos y equitativos para la juventud afrocolombiana.

______________

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos es una organización internacional no gubernamental de defensa y protección de los derechos humanos creada en 2017 que trabaja con contrapartes y activistas locales en América Latina para promover y proteger los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o identidad de género, fortaleciendo a las organizaciones de base para que se conviertan en actores políticos y promuevan cambios estructurales en los países donde trabajan.

La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, C.N.O.A., es una convergencia a nivel nacional, en la que confluyen más de 300 organizaciones de primer y segundo nivel, redes y articulaciones. Las organizaciones afrocolombianas que hacen parte de la C.N.O.A., están conformadas por mujeres, jóvenes, comunidad LGBT-Afro, personas en situación de desplazamiento, Consejos Comunitarios, organizaciones urbanas y rurales.

Somos Identidad es una organización de base comunitaria negra cuyo propósito es generar liderazgo y dinamizar acciones, procesos y estrategias que, desde el ámbito educativo, cultural, social, comunitario, político, étnico, económico e ideológico, mejoren las condiciones de vida de la población afrodescendiente, negra, palenquera y/o raizal con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en el Valle del Cauca.

La Escuela de Formación Ancestral Afrocolombiana «Mali Ya Weusi», como proyecto del colectivo Semillero Afrodes Cali, se dedica al fortalecimiento de la identidad étnica, cultural y ancestral de la población negra y afrocolombiana, con un enfoque especial en jóvenes víctimas del conflicto armado que han sido desplazados de sus territorios. A través de una educación étnoeducativa y afrocentrada, nuestra misión es rescatar y revitalizar las tradiciones ancestrales, fomentar el orgullo étnico y cultural, y brindar herramientas para la autoafirmación y el empoderamiento de nuestras comunidades.

Colombia: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio trámite a petición en el caso Bernardo Cuero Bravo

Bogotá, 21 de mayo de 2024.– En el marco del Día de la Afrocolombianidad, celebramos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya dado trámite a la petición presentada por la Asociación Nacional de Colombianos Desplazados (AFRODES), el Comité de Solidaridad de Presos Políticos (CSPP) y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), sobre el caso de Bernardo Cuerdo Bravo, líder social afrodescendiente y miembro de AFRODES, asesinado en junio del 2017 por su labor y trayectoria como defensor de derechos humanos. El Estado deberá rendir cuentas sobre la situación de riesgo estructural que enfrenta este colectivo y de la falta de eficacia de las políticas estatales dirigidas a abordar esta situación desde una perspectiva étnico-racial idónea y acorde a sus labores y contextos. 

En la petición, que fue presentada el 25 de noviembre de 2022, se denuncia, entre otras cosas, que el Estado de Colombia es internacionalmente responsable por no haber garantizado la protección reforzada de la vida e integridad de Bernardo y así prevenir la consumación del riesgo que corría como consecuencia de sus actividades de defensa de los derechos humanos de la población afrodescendiente, a pesar de que conocía la grave situación de riesgo que el defensor enfrentaba.  

A su vez, el caso de Bernardo refleja el contexto de impunidad estructural que persiste en el país a la hora de identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables de los delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos. Después de 7 años, no se ha avanzado en el esclarecimiento de todas las amenazas que recibió el defensor antes de su asesinato, incumpliendo con ello las obligaciones internacionales relativas a la debida diligencia en la investigación de los crímenes cometidos contra las personas defensoras de derechos humanos. Adicionalmente, el proceso de investigación y judicialización de las personas responsables de estos hechos no tiene avances considerables.  

Asimismo, la petición permite evidenciar otras violaciones a los derechos humanos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y otros estándares internacionales e interamericanos sobre discriminación racial y sobre la protección de defensores y defensoras de derechos humanos. El 22 de febrero de este año, la CIDH notificó a las Peticionarias que abrió a trámite la petición y concedió un plazo de tres meses al Estado para presentar información sobre los hechos denunciados.    

A tan solo meses de concluir el primer Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024) y en el marco del día de la afrocolombianidad, las organizaciones peticionarias hacen un llamado al Estado colombiano para que garantice la protección del derecho a defender los derechos de las personas afrodescendientes en su territorio, reconociendo el riesgo y el impacto diferenciado que tienen las amenazas y violencias sobre sus vidas y las de sus comunidades.  

Recordando que en Colombia persiste una situación de racismo, discriminación estructural y exclusión histórica contra las personas afrodescendientes, reconocemos la urgencia de la implementación de medidas de protección eficaces y de proveer justicia para las más de 10 víctimas de homicidio de líderes y lideresas afrodescendientes sucedidos tan solo en el último año.  Como reiteraron diversos órganos internacionales de protección de derechos humanos, las personas defensoras de derechos humanos y las y los liderazgos sociales afrocolombianos son uno de los colectivos con mayor riesgo en el país desde hace décadas. Desde Raza e Igualdad resaltamos la importancia de la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y otras formas conexas de intolerancia (CIRDI) para avanzar en el reconocimiento de las violencias e impactos diferenciados que se ejercen en contra de las personas afrodescendientes en Colombia. 

La apertura a trámite de la Petición de Bernardo es una oportunidad para que el Estado colombiano reitere su compromiso con la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera, fijando un precedente que garantice la protección y acceso a justicia de los liderazgos sociales y la necesaria implementación de un enfoque étnico-racial en las rutas disponibles para su protección. 

_________________ 

AFRODES es una organización que brinda orientación, apoyo, acompañamiento, asesoría, y capacitación e interlocución en defensa de los derechos e identidad cultural de la población Afrocolombiana en situación de desplazamiento; procurando así alternativas de vida más dignas para sus afiliados; mediante la sensibilización de la sociedad colombiana, frente al desplazamiento de las comunidades negras; y proponiendo al estado políticas para el manejo y solución de este problema. 

El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) es una Organización no gubernamental que tiene como objetivo defender la vida, la integridad personal y la libertad de las personas más vulnerables de la sociedad colombiana, comunidades y organizaciones sociales víctimas de violencia estatal y política, exclusión socioeconómica, víctimas del conflicto armado interno y promotoras de la paz.  

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos es una organización internacional no gubernamental de defensa y protección de los derechos humanos creada en 2017 que trabaja con contrapartes y activistas locales en América Latina para promover y proteger los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o identidad de género, fortaleciendo a las organizaciones de base para que se conviertan en actores políticos y promuevan cambios estructurales en los países donde trabajan. 

 

Programa de pasantías en el marco del proyecto “Empoderar las voces de las y los jóvenes indígenas y afrodescendientes: construir comunidades más fuertes para la equidad y la inclusión en Brasil y Colombia”

La Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC lleva más de 42 años trabajando bajo los principios de Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía y siendo el actor principal del movimiento indígena para la defensa y protección de los derechos étnicos, colectivos y culturales de los pueblos indígenas y para la democratización de la sociedad, logrando con su lucha que hoy la Constitución Política de Colombia, reconozca el carácter pluriétnico y multicultural de la Nación y la garantía de los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas.

Teniendo en cuenta que el X Congreso ratificó integralmente la Ley de Gobierno Propio, mandato de las autoridades que apropia como pilar fundamental que la “ONIC sea como el Sol que brilla para todos”, refrendando su calidad de Autoridad política de los Pueblos Indígenas y su rol en clave del movimiento indígena liderando de la mano de las otras organizaciones afiliadas, a través de una mayor articulación con las organizaciones de base y el fortalecimiento de su eficacia, eficiencia y la sostenibilidad, vista desde y hacia los territorios.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) es una organización internacional no gubernamental de defensa y protección de los derechos humanos creada en 2014 que trabaja con contrapartes y activistas locales en América Latina para promover y proteger los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o identidad de género, estado socioeconómico o discapacidad. Raza e Igualdad tiene el enfoque de fortalecimiento y desarrollo de capacidades de organizaciones de base, con el objetivo de convertirse en actores políticos que promuevan cambios estructurales en los países donde trabajamos. Nuestra metodología se basa en la capacitación técnica, movilización comunitaria, investigación y documentación de violaciones a derechos humanos, litigio estratégico y el trabajo de incidencia política a nivel nacional e internacional para lograr cambios estructurales sostenibles.

Actualmente ONIC y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos en alianza se encuentran desarrollando el proyecto “Empoderar las voces de las y los jóvenes indígenas y afrodescendientes: construir comunidades más fuertes para la equidad y la inclusión en Brasil y Colombia”. Este proyecto tiene como objetivo avanzar en la implementación del Plan de Acción CAPREE creado en 2010 para promover y garantizar la equidad racial y étnica.

En el marco del proyecto se realizará un programa de pasantías con jóvenes en entidades estatales y no gubernamentales con el fin de promover el fortalecimiento de sus habilidades en procesos de liderazgo social y comunitario, y conseguir avanzar en la implementación del Plan de Acción.

El programa es presencial y dura tres meses; los primeros dos meses se realizarán las prácticas en la Consejería Mujer, Familia y Generación y el último mes se realizarán los conocimientos y habilidades adquiridas durante la pasantía. También recibirán procesos de acompañamiento por parte de la ONIC y procesos de formación sobre el Plan de Acción CAPREE por parte del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Después de finalizar el programa, se realizará un intercambio de experiencias con organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos.

El programa de pasantía tiene un estipendio mensual para los costos de sostenimiento y destinará un rubro para el desarrollo del proyecto final que cada persona realizará y se seleccionará cuatro (4) pasantes para el año 2024.

Los requisitos para participar en el programa de pasantías son:
ITEM REQUISITO EVIDENCIA
1. Pertenecer a un pueblo indígena, y estar registrado en la base censal de su territorio Certificado de la autoridad indígena / Registro en el Ministerio interior- opcional.
2. Tener entre 20 y 35 años Copia Documento de identidad
3. Carta de motivación con declaración de disponibilidad para viajar a la ciudad de Bogotá. Diligenciar Formato adjunto (Ver abajo)
4. Hoja de vida Diligenciar Formato adjunto (Ver abajo)

Criterios de selección:

● Hacer parte de los procesos organizativos y asociaciones afiliadas a la Organización Nacional Indígena de Colombia- ONIC.
● Disponibilidad para viajar a la ciudad de Bogotá en las fechas requeridas.
● Contar con habilidades de liderazgo en sus comunidades y estas se encuentren registradas en sus hojas de vida.
● Contar con habilidades tecnológicas para la presentación de informes a la organización indígena y al instituto.

Proceso de selección:

El proceso de selección se realizará de manera virtual, los documentos para la postulación deben enviarse al correo electrónico mujeryfamilia@onic.org.co, de acuerdo con las fechas establecidas; con el siguiente asunto:

ASUNTO: PASANTES CMFG- Macro regional ( Tener presente su macroregional), y su nombre

EJEMPLO: ASUNTO: PASANTES CMFG- Macro regional ORINOQUIA, GLADYS HERNÁNDEZ DE GALINDO.

Una vez revisadas las hojas de vida, se remitirá correo electrónico a cada uno de los postulantes, mediante filtro realizado por el equipo técnico de la Consejería de Mujer, Familia y Generación y se les convocará a entrevista a quienes cumplan con los criterios de selección. Se notificará resultados de acuerdo con el siguiente cronograma.

Cronograma de Selección:

Plazo de postulación: 12 al 22 de marzo de 2024.
Entrevistas: 25 al 29 de marzo.

Fecha de notificación de resultados: 31 de marzo.

Inicio pasantía primer grupo: 15 abril de 2024
Inicio pasantía segundo grupo: Agosto 2024

¿Qué cubre el programa de pasantía?

● Estipendio económico para el sostenimiento durante la vigencia de la pasantía por 625 dólares y para el desarrollo de un proyecto final se recibirá un presupuesto de 500 dólares.
● Costos de los tiquetes relacionados con el traslado al lugar donde se va a realizar la pasantía
● Pasajes de ida y vuelta vía aérea, clase económica, desde el lugar de residencia de las personas seleccionadas para un intercambio de experiencias en Estados Unidos.

● Gastos derivados de la gestión y trámite de la visa de Estados Unidos.

● Semana de bienvenida en Bogotá sobre actividades culturales y de incidencia.

Fechas de los dos grupos de pasantía: 2024

Cohorte Duración de la pasantía Número de personas becarias
1 Abril – julio 2
2 Agosto – noviembre 2

Inicio pasantía: El primer grupo iniciará el 15 abril de 2024 y la otra cohorte en agosto.

Formatos:

Hoja de vida. Descargar AQUÍ

Carta de motivación. Descargar AQUÍ

La CIDH dio trámite a la Petición presentada por la Coordinación de Mujeres afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La COMADRE) reclamando la negación del Estado de Colombia a reconocerla como sujeta de reparación colectiva étnica

Bogotá, 13 de marzo de 2024.– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio trámite a una Petición presentada por la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La COMADRE) reclamando la negación del Estado de Colombia a reconocerla como sujeta de reparación colectiva étnica como consecuencia del desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes padecidos con ocasión del conflicto armado.

En la Petición, presentada junto a ILEX-Acción Jurídica y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), se alega la negativa del Estado de Colombia de reconocer a La COMADRE como sujeta de reparación colectiva étnica por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), con derecho a medidas integrales de reparación por ser víctimas de desplazamiento forzado, violencias sexuales, secuestros, amenazas y atentados contra su vida e integridad personal, con ocasión del conflicto armado y debido a sus actividades de defensa de derechos como lideresas del colectivo.  

La misma fue presentada ante la CIDH el 16 de mayo de 2022 y 22 de septiembre de 2023, a fin de evidenciar violaciones a los derechos humanos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), a la luz de los estándares internacionales e interamericanos sobre discriminación racial. El 14 de febrero de este año la CIDH notificó a las Peticionarias que decidió abrir a trámite la petición y concedió un plazo de tres meses al Estado para presentar información sobre los hechos denunciados.   

A tan solo meses de concluir el primer Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024), las organizaciones peticionarias hacen un llamado al Estado colombiano a que garantice el acceso a los derechos de las mujeres afrocolombianas víctimas del conflicto armado, reconociendo el impacto diferenciado que la guerra tuvo en las mujeres negras y destacando el rol del liderazgo de las mujeres afrocolombianas impactadas por la guerra. Cabe destacar que según el Registro Único de Víctimas, al 31 de mayo de 2021, 594.562 mujeres pertenecientes al pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero han sido víctimas del conflicto armado, siendo el desplazamiento forzado el hecho victimizante más recurrente.

La apertura a trámite de la Petición de La COMADRE es una oportunidad para que el Estado colombiano reitere su compromiso con la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera, fijando un precedente que garantice la implementación de un enfoque étnico-racial en la ruta de reparación colectiva establecida por la UARIV, cuando se trata de comunidades víctimas del conflicto armado que poseen rasgos culturales y sociales compartidos, que se asumen como miembras de la colectividad. 

Desde La COMADRE, ILEX Acción Jurídica y Raza e Igualdad, instamos al Estado Colombiano a cumplir con sus obligaciones constitucionales e internacionales a fin de implementar medidas efectivas y culturalmente apropiadas que garanticen la reparación integral de las mujeres de La COMADRE víctimas del conflicto armado y del racismo sistémico y estructural.

____________________

Sobre La COMADRE

La Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La COMADRE), vinculada a la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), es un colectivo de mujeres afrodescendientes que busca visibilizar los impactos que el conflicto armado ha ocasionado en las mujeres negras en Colombia, buscando la reparación integral colectiva étnica de las integrantes de la Coordinación. 

ILEX -Acción Jurídica es una organización liderada, por abogadas afrocolombianas y personas afro LGBT provenientes de distintas regiones del país con el propósito de alcanzar la justicia racial en Colombia, Latinoamérica y el Caribe a través de acciones de movilización legal, investigación y comunicaciones estratégicas con enfoque interseccional, a partir del liderazgo de personas negras-afrocolombianas.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos es una organización internacional no gubernamental de defensa y protección de los derechos humanos creada en 2017 que trabaja con contrapartes y activistas locales en América Latina para promover y proteger los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o identidad de género, fortaleciendo a las organizaciones de base para que se conviertan en actores políticos y promuevan cambios estructurales en los países donde trabajan.

Activistas afrodescendientes de Brasil, Colombia y Cuba sostuvieron reuniones estratégicas en Washington D.C. para desarrollar acciones para combatir el racismo

Washington D.C., 5 de diciembre 2023.- Los días 14 y 15 de noviembre, activistas afrodescendientes de Brasil, Colombia y Cuba estuvieron en Washington D.C. sosteniendo reuniones estratégicas para reconocer avances en el combate al racismo y la discriminación racial, y hacer recomendaciones para desarrollar acciones más efectivas en dicha materia.

La delegación entabló conversaciones con la Open Society Foundation sobre colaboraciones conjuntas y oportunidades de financiación. Además, mantuvieron una reunión separada con el sector específico del Departamento de Estado sobre libertad religiosa, abordando recomendaciones sobre cómo invertir en la formación política de líderes de religiones de origen africano. Destacaron la necesidad de reforzar estas recomendaciones en la Acción conjunta para eliminar la discriminación racial y étnica (JAPER, por sus siglas en inglés) y el Plan de acción EE.UU.-Colombia para la igualdad racial y étnica (CAPREE, por sus siglas en inglés). Esto incluye garantizar la expansión de proyectos de investigación liderados por universidades de ambos países, con el fin de recopilar e interpretar datos sobre el racismo religioso en Brasil y otras partes de la región, en aras de mejorar el intercambio de experiencias y buenas prácticas.

Durante su visita, la delegación también se reunió con el Director de DRL y la Representante Especial para Equidad Racial y Justicia en el Departamento de Estado, enfocándose en recomendaciones para la efectividad de JAPER y CAPREE, y su papel potencial en la lucha contra el racismo religioso en las Américas. Las discusiones posteriores en la embajada de Brasil se centraron en el racismo religioso, los ataques a líderes religiosos y practicantes de terreiro y la pérdida de la custodia de los hijos por parte de madres que practican religiones africanas, junto con recomendaciones para JAPER e iniciativas regionales contra la discriminación racial.

En el Congreso, la delegación profundizó en las transformaciones que ocurren en Colombia y Brasil, destacando el compromiso de abordar la discriminación racial a través de JAPER y CAPREE. También abordaron los persistentes ataques a líderes y templos de religiones de origen africano. La visita culminó con una mesa redonda con la sociedad civil americana que destacó aspectos críticos del abordaje del racismo religioso, el impacto de la defensa internacional, la educación antirracista, el genocidio de la población negra y el papel influyente del arte en estas conversaciones vitales.

Raza e Igualdad y Congresistas de Colombia unen esfuerzos para promover la ratificación de la Convención Interamericana Contra el Racismo

Colombia 15 de noviembre del 2023. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) organizó un desayuno de socialización para discutir la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) con representantes de la Comisión Legal Afrocolombiana y la Vicepresidencia de la República. Durante la actividad la Comisión Legal Afrocolombiana se comprometió a agotar todos los esfuerzos necesarios para impulsar la ratificación de la Convención en el país; por su parte Raza e Igualdad se comprometió a brindar asistencia técnica para promover la ratificación del instrumento internacional por parte del Estado colombiano.

Durante el espacio de discusión se abordó el contexto político actual de Colombia, destacando especialmente la representatividad significativa de personas afrodescendientes en el Congreso de la República. Además, se mencionó el hito histórico de tener a la primera vicepresidenta afrodescendiente en el país; lo cual subraya la necesidad de adquirir consensos relacionados con la adopción de instrumentos normativos para erradicar la discriminación racial y todas las formas de intolerancia.

Asimismo, se realizó un análisis exhaustivo sobre la presencia del racismo en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo en el Congreso de la República y las comunidades racializadas. Se hizo hincapié en la necesidad de emprender esfuerzos que conduzcan a la erradicación del racismo sistémico y estructural.

Dentro de los puntos identificados para promover la ratificación e implementación de la CIRDI, se destaca la necesidad de que la Comisión Legal Afrocolombiana se una para impulsar conjuntamente esta iniciativa. Es importante invitar a todos los actores competentes en la materia, como el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, a participar en la discusión.

El espacio contó con la participación de Cristóbal Caicedo Ángulo, presidente de la Comisión Legal Afro, James Hermenegildo Mosquera Torres, representante a la Cámara Chocó-Antioquia, Dorina Hernández Palomino, representante a la Cámara por el departamento de Bolívar, Gerson Lisimaco Montaño Arizala, representante a la cámara por el departamento de Nariño, etc.

La ratificación de la CIRDI es un paso fundamental para fortalecer el compromiso del Gobierno colombiano en la promoción y protección de los derechos humanos, así como en la lucha contra el racismo estructural y la discriminación racial.

Raza e Igualdad y Congresistas de Colombia se reúnen para impulsar la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo

Colombia, 14 de noviembre del 2023. En un esfuerzo más para promover la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) en Colombia, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizará este miércoles 15 de noviembre un desayuno de socialización de la  CIRDI con representantes de la Comisión Legal Afrocolombiana, la Vicepresidencia de Colombia y el Ministerio del Interior. La actividad tendrá lugar en el Hotel de la Opera (Cl. 10 #5-72, La Candelaria, Bogotá) y en ella se buscará generar acciones afirmativas para aumentar el conocimiento sobre esta Convención, y promover su ratificación e implementación por parte del Estado colombiano.

Esta acción forma parte de la campaña CIRDI 2024: «Hacia una región libre de discriminación racial» de Raza e Igualdad, cuyo objetivo es fomentar la firma, ratificación e implementación de la CIRDI por parte de los Estados miembros de la OEA, en el contexto del Decenio Internacional para los Afrodescendientes promovido por Naciones Unidas. Uno de sus propósitos es brindar apoyo a los gobiernos para superar los obstáculos específicos que dificultan la ratificación y la implementación efectiva de la CIRDI, como son las limitaciones en cuanto a recursos, capacidad humana y experiencia técnica.

La firma y ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo es fundamental para visibilizar y reconocer las opresiones que sufren las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas y otras minorías raciales en el hemisferio. Esta Convención es clave para que los Estados promuevan la igualdad de oportunidades y combatan la discriminación racial en todas sus formas. A pesar de su potencial, la falta de conocimiento y ratificación de la Convención ha impedido su efectividad, lo cual es preocupante ante el aumento de los crímenes de odio motivados por la raza. Es necesario que se reconozca y aborde el racismo para adoptar las leyes y políticas necesarias para combatir la discriminación racial y étnica. El diálogo sobre esta problemática es fundamental para proteger los derechos humanos en igualdad de condiciones para todas las personas del continente.

El objetivo de Raza e Igualdad es fomentar la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo por parte de todos los Estados miembros de la OEA durante el Decenio Internacional para las personas Afrodescendientes. Con este fin, lanzamos la campaña CIRDI 2024 “Hacia una región libre de discriminación racial”, que busca lograr la ratificación y aplicación universal de la Convención para finales del año 2024. el Objetivo de esta campaña es ayudar a los gobiernos a superar los desafíos que surjan en el camino hacia la ratificación y aplicación, como la falta de recursos, capacidad institucional y experiencia técnica.

Con el fin de lograr este propósito en Colombia, Raza e Igualdad ha llevado a cabo diversas actividades[1] con el objetivo de aumentar el conocimiento dentro de la sociedad civil sobre la CIRDI, con el fin de fortalecer su capacidad para monitorear el proceso de ratificación de la Convención.

En el año 2013, la OEA adoptó la CIRDI[2] con el objetivo de proteger y fomentar los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su raza, color, ascendencia u origen étnico. Un año más tarde, en el 2014, el Gobierno colombiano firmó dos convenios interamericanos sobre derechos humanos: la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia y la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia. Estos acuerdos fortalecen la legislación nacional en la lucha contra cualquier forma de discriminación y reconocen que Colombia es un país diverso y respetuoso; no obstante, aún no se han ratificado.

En el año 2021, se presentó un proyecto de ley en el Congreso con el objetivo de lograr la ratificación de la CIRDI[3]. Este proyecto de ley es el resultado de un proceso colectivo que involucró a diversos actores de los pueblos indígenas y rom (gitano), y fue liderado por activistas afrocolombianos a través de la Campaña CIRDI 2024 “Hacia una región libre de discriminación racial”, impulsada por Raza e Igualdad.

En Colombia, el racismo y la discriminación racial son prácticas comunes que limitan el pleno disfrute de los derechos humanos por parte de muchas personas; por ello es fundamental que el Estado se comprometa a garantizar la igualdad y a prevenir la discriminación en todos los ámbitos sociales. La ratificación de la CIRDI es un paso crucial para fortalecer el compromiso del Gobierno colombiano en la promoción y protección de los derechos humanos, así como en la lucha contra el racismo estructural y la discriminación racial.

 

 

 

[1] https://www.cirdi2024.org/es/noticias-y-eventos/noticias/71-cirdi-colombia

[2] https://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-68_racismo.asp

[3] https://www.cirdi2024.org/es/noticias-y-eventos/noticias/74-radicacion-proyecto-de-ley-cirdi-colombia

Alerta por violencia contra personas LGTBI+ durante las elecciones regionales en Colombia

Colombia, 31 de octubre de 2023.– Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) alertamos sobre algunos hechos registrados en la jornada electoral del 29 de octubre de 2023, que atentan contra el ejercicio, libre de violencias, de los derechos políticos de las personas LGBTI+ en Colombia. En este sentido, destacamos el reporte del desconocimiento y el incumplimiento de las disposiciones de la Resolución 3480 de 2020, por medio de la cual se adoptó el protocolo para promover medidas que garanticen el derecho al voto de las personas trans en igualdad de condiciones y libres de discriminación.

Es importante mencionar que el citado protocolo establece una serie de medidas con el objetivo de promover espacios electorales libres de violencia y discriminación para personas con experiencia de vida trans. El mismo establece que podrán elegir qué fila quieren realizar de acuerdo con su identidad de género; también podrán elegir el género del personal que realice una requisa, procedimiento que debe hacerse con el lleno de requisitos legales y libre de prejuicios; se debe garantizar el derecho al voto de las personas sin incurrir en procedimientos de ‘prueba’ que violen y/o pongan en riesgo el derecho a la intimidad y libre desarrollo de la personalidad de las personas trans; entre otras medidas necesarias para eliminar barreras de ejercicio y situaciones de discriminación.

Caribe Afirmativo, organización de la sociedad civil que ha realizado un seguimiento exhaustivo de los comicios y el desarrollo de la jornada electoral del pasado domingo[1], reportó fallas en la actualización de los datos biométricos de personas trans; casos en los que, personas con experiencia de vida trans, fueron forzadas a hacer filas que no correspondían a su identidad de género; casos en los que se generaron daños psicosociales a las personas votantes, e inclusive se reportó un caso de violencia sexual contra una mujer con experiencia de vida trans derivado de una requisa que desatendió la protección contenida en el protocolo.

Tomando en cuenta estos hechos, manifestamos nuestra preocupación ante la gravedad de la situación y reiteramos la necesidad de intensificar las acciones de veeduría y pedagogía para el desarrollo de jornadas electorales. Instamos a la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) a darle continuidad a las acciones pedagógicas dirigidas a personas juradas de votación, sociedad civil, personal de la fuerza pública y demás autoridades públicas competentes. Resulta importante mencionar que la implementación de estas medidas es fundamental para la construcción de una sociedad democrática que brinde garantías suficientes para la participación política y la representatividad de las personas con identidades de género no hegemónicas. Lo anterior, en la medida en que es obligación de los Estados y deber de la sociedad civil, contrarrestar la violencia histórica contra las personas LGTBI+ en los escenarios de participación en las decisiones públicas de los Estados.

Adicionalmente, manifestamos nuestra preocupación por las amenazas de muerte que recibió la candidata a edila de la comuna 2 de Soacha, Sara Paola Caicedo, mujer con experiencia de vida trans que recibió panfletos que advierten sobre el perfilamiento de personas LGBTI+ en el marco de un plan de exterminio social y le dieron un plazo de 72 horas para salir del municipio[2].

Finalmente, expresamos nuestra preocupación por los alcaldes electos de Bucaramanga y Cúcuta, quienes son públicamente reconocidos por promover prejuicios alrededor de la vida de las personas LGBTI+, estableciendo como banderas de sus campañas la ‘lucha’ contra la ideología de género y vulnerando así los derechos de las personas LGBTI+. Esperamos que la sociedad civil y el Ministerio Público realice una veeduría constante de las acciones de estos gobiernos locales para evitar la vulneración masiva de los derechos de las personas LGBTI+

 

[1] Caribe Afirmativo (2023) Reporte final sobre la jornada electoral en elecciones territoriales.  Ver: https://caribeafirmativo.lgbt/reporte-final-sobre-la-jornada-electoral-en-elecciones-territoriales-2023/

[2] Caribe Afirmativo (2023) Amenazan a candidata trans a horas de las Elecciones: Caribe Afirmativo advierte riesgos electorales y a la seguridad de las candidaturas LGBTIQ+. Ver: https://caribeafirmativo.lgbt/amenazan-a-candidata-trans-a-horas-de-las-elecciones-caribe-afirmativo-advierte-riesgos-electorales-y-a-la-seguridad-de-las-candidaturas-lgbtiq/

Elecciones Regionales en Colombia: Llamado a un proceso en paz, transparente y con perspectiva de derechos humanos

Colombia, 27 de octubre del 2023. De cara a las elecciones regionales que se llevarán a cabo el domingo 29 de octubre en Colombia, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un llamado al Gobierno Nacional para que brinde las garantías necesarias, a fin de que la jornada se desarrolle en completa normalidad y transparencia, se prevenga cualquier escenario de fraude y se garantice que todas las personas, incluidas las que se encuentran en zonas de alerta, puedan ejercer su derecho al voto.

Los comicios de este domingo—en los que se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles—se desarrollan en un contexto preocupante debido al aumento desproporcionado de la violencia en varias regiones del país. Los factores que contribuyen a esta situación son el control social y territorial ejercido por grupos armados ilegales, las amenazas continuas a liderazgos sociales y candidatos locales, y el contexto de violencia derivado de la disputa por el control del narcotráfico en algunas regiones. Además, se han presentado alertas por fraude electoral y altos índices de violencia. En total, 83 municipios presentan riesgo extremo por coincidencia de violencia y factores indicativos de fraude electoral, según (citar fuente, no dejarla como nota al pie). Los departamentos de Chocó, Nariño, Antioquia y Cauca son los que concentran la mayor cantidad de municipios en riesgo extremo para las elecciones de octubre de 2023[1].

Candidaturas “bajo fuego”

De acuerdo con el informe de la Misión de Observación Electoral MOE[2], se ha registrado un aumento significativo del 37,7% en comparación con 2019 en cuanto a la violencia sufrida por las y los candidatos en las elecciones regionales. En total, 179 candidatos han sido víctimas de algún tipo de violencia; de estos, 22 corresponden a atentados y ocho a situaciones como asesinatos, la mayoría de ellos dirigidos contra candidatos a concejos municipales. Además, durante este período se registraron 140 amenazas, así como un secuestro y ocho casos de violencia política contra las mujeres. Por su parte, la Defensoría del Pueblo estima que en el país hay 113 municipios en riesgo extremo y 286 en riesgo muy alto[3] por posibles acciones de violencia que podrían afectar en las elecciones.

Participación LGBTI+ histórica

Este año hubo una participación histórica de personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas (OSIEG) en el país. La campaña «Voto por la Igualdad» de Caribe Afirmativo ha registrado 201 candidaturas de personas LGBTI+ en todo el país, lo que representa un aumento del 150% en comparación con las elecciones locales de 2019[4]. Sin embargo, se ha identificado un riesgo acentuado y diferencial para las personas OSIEG en los actuales escenarios electorales, donde se han reportado casos de discriminación, amenazas, violencia física y psicológica, y la proliferación de discursos de odio que constituyen diversas formas de violencia política basada en prejuicios[5].

Reiteramos la importancia de contar con medidas, rutas y protocolos que permitan el desarrollo adecuado y seguro de la jornada electoral de este 29 de octubre, en donde sea posible prevenir futuros escenarios de violencia política contra las candidaturas LGTBI+. Instamos a la adecuada difusión y la implementación del Protocolo del Voto Trans[6] y la prevención de actos de discriminación, hostigamiento y otras formas de violación a los derechos humanos en escenarios electorales cometidas por parte de las personas juradas de votación y la ciudadanía en general. En particular, recomendamos la especial atención a la protección de las personas Afro LGBTI+ en ejercicio de sus derechos políticos por la violencia diferenciada y acentuada a través de prácticas racistas y de discriminación racial en el país.

Desde Raza e Igualdad instamos a la Registraduría Nacional a llevar a cabo su labor de vigilancia y control de manera rigurosa y transparente, sin sesgos y utilizando el software electoral de forma adecuada. También hacemos un llamado a la comunidad y a las misiones de observación internacionales para que brinden acompañamiento técnico y apoyo en la observación electoral durante estos comicios.  Solicitamos al Gobierno Nacional que elimine las barreras que impidan un ejercicio efectivo de veeduría por parte de estas entidades y que se tomen medidas para prevenir delitos electorales como el constreñimiento y fraude al sufragante y perturbación de la jornada electoral. De Igual forma solicitamos al Gobierno garantizar de forma efectiva e integral la participación política de toda la población, con especial atención a las personas que habitan las zonas de más altos índices de violencia en el país, y acatar el llamado de la Misión de Observación Electoral (MOE) de abstenerse de reproducir mensajes estigmatizantes e instrumentalizar niños, niñas y adolescentes y alinear las campañas a la inclusión y el respeto.

Raza e Igualdad hace un llamado a las personas elegidas para cargos de elección popular a que realicen todas las acciones necesarias para garantizar la protección de la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos, especialmente aquellas pertenecientes a comunidades indígenas y afrocolombianas, y para asegurar la continuidad de sus actividades de liderazgo. Es importante que las políticas públicas y los programas implementados por las autoridades electas de los entes territoriales incluyan programas de prevención que reduzcan el riesgo al que se enfrentan los líderes y defensores de derechos humanos, creando condiciones de seguridad para el ejercicio del liderazgo, considerando los enfoques diferenciales. Es responsabilidad de los funcionarios electos no estigmatizar ni criminalizar a las personas por su origen étnico-racial o su nacionalidad. Los discursos xenófobos y discriminatorios en campaña no deben ser replicados por aquellos que resulten elegidos.Por último, invitamos a la ciudadanía a ejercer su voto de manera informada y oportuna, y a considerar una perspectiva de respeto por los derechos humanos al analizar las candidaturas. De esta manera, podremos avanzar en la construcción de una sociedad comprometida y activa en la implementación de agendas políticas que protejan los derechos de todas las personas.

 

 

 

[1] https://www.moe.org.co/166-municipios-presentan-algun-nivel-de-riesgo-por-coincidencia-de-factores-indicativos-de-fraude-electoral-y-de-violencia-para-las-elecciones-de-autoridades-locales-2023-moe/

[2] https://www.moe.org.co/wp-content/uploads/2023/10/Quinto-informe-preelectoral-de-violencia-contra-liderzagos-2023-APSM.pdf

[3] https://defensoria.gov.co/-/defensor%C3%ADa-del-pueblo-advierte-que-113-municipios-est%C3%A1n-en-alerta-m%C3%A1xima-por-hechos-de-violencia-que-podr%C3%ADan-afectar-elecciones-regionales

[4]

[5] https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-elecciones_defensor%C3%ADa-colombiana-atendi%C3%B3-43-casos-de-violencia-pol%C3%ADtica-de-g%C3%A9nero-en-septiembre/48926468

[6] https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2023/10/protocolo_personas_trans.pdf

Rebeldías Lésbicas: Avances y retrocesos en los derechos de las personas lesbianas

Washington, 13 de octubre de 2023.- El Día de las Rebeldías Lésbicas Feministas de Latinoamérica y el Caribe no es un día instituido por las Naciones Unidas. Nació en 2007, luego del acuerdo que se adoptó en el VII Encuentro de Lesbianas Feministas de América Latina y el Caribe (ELFLAC), donde participaron alrededor de 200 lesbianas feministas de la región. Se eligió el 13 de octubre en conmemoración al primer Encuentro Regional de Lesbianas Feministas de 1987 en México, la primera articulación de lesbianas con presencia pública[1].

Desde entonces, se han desarrollado en varios países de la región diferentes acciones políticas y culturales impulsadas por lesbianas feministas a favor de la visibilidad y en contra de la discriminación. Su incidencia también ha traído avances legislativos y normativos en materia de derechos humanos; sin embargo, en unos países más que en otros.

Por ejemplo, en Nicaragua no existen leyes que protejan a la población LGBTI+, mucho menos a las personas lesbianas específicamente. “Es difícil pensar en retrocesos respecto a los derechos de las lesbianas en un país en el que casi nunca hubo avances”, afirma la activista nicaragüense Tania Irías, del Grupo Lésbico Feminista Artemisa, un colectivo que brinda espacios de reflexión, aceptación y no discriminación a mujeres jóvenes lesbianas de Nicaragua desde el año 2006.

Para Irías, los mayores retrocesos de la lucha de las lesbianas están vinculados a la desarticulación organizativa provocada por “la represión estatal e instauración de una dictadura que, como estrategia represora, ha socavado el proceso articulador, de demanda y visibilidad de las lesbianas como cuerpos políticos con derechos”.

Sin embargo, en este contexto de dictadura, en los espacios “aliados” también se suele relegar la lucha por los derechos de las lesbianas. “No somos prioridad y siempre se nos está pidiendo dejar que sea otra la lucha visible”, explica Irías, quien también asegura que como movimiento tienen clara la necesidad de seguir ocupando sus espacios de visibilización y de continuar juntándose “con quienes nos suman y ahorrando esfuerzos, porque se nos viene difícil”, enfatiza Irías.

Por el contrario, en otros países se ha logrado avances significativos en el reconocimiento de los derechos LGBTI+. En Cuba, por ejemplo, con la aprobación del Código de las Familias en el 2022, se contemplan varios derechos que favorecen a las parejas de lesbianas, además del matrimonio igualitario, la reproducción asistida y la adopción. El 28 de septiembre de este año, también entró el vigor el Decreto 96, un protocolo de actuación que previene y enfrenta el acoso y la discriminación por razones de orientación sexual, identidad de género, entre otras, en el ámbito laboral. Pese a eso, en la vida real no son evidentes los cambios. “En Cuba, continúan arraigados los pensamientos y actitudes machistas y patriarcales, es por esto que las mujeres lesbianas continuamos siendo víctimas del odio y la discriminación. Somos mal vistas en la calle, nos ofenden, insultan”, señala Irina León Valladares, activista cubana e integrante de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (Flamur).

En la misma línea, Annery Rivera Velasco, periodista independiente y activista cubana menciona que “los retrocesos —que son más bien un estado de cosas que permanecen— son de carácter social, como lo es esta sociedad machista y patriarcal”. También narra que en Cuba no existe un movimiento lésbico debido a la desarticulación, ya que las autoridades cubanas criminalizan a las personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos.

Por su parte, Colombia también cuenta con una amplia protección legal hacia las personas lesbianas. Su Corte Constitucional ha otorgado protecciones trascendentales, siendo una de ellas el reconocimiento histórico de las personas LGBTI+ en el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Asimismo, el Tribunal Constitucional sentenció en 2016 a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Sim embargo, aún queda mucho por hacer para que las normativas se concreticen en acciones., Por ejemplo, “en relación a los derechos reproductivos, el derecho a la vida debido al aumento de las violencias correctivas y los asesinatos lesbofeminicidas. Además, la discriminación y/o acoso laboral por la orientación sexual lésbica”, señala Sami Arizabaleta, activista y directora de la Fundación Afrodescendiente por las diversidades sociales y sexuales (Somos Identidad).

“Como movimiento lésbico se está incidiendo políticamente en la actualización de la política LBGTIQ, con reconocimiento de los contextos lésbicos interseccionales. Las estrategias son diversas desde los contextos regionales y sociales, pero en términos generales se avanza en el fortalecimiento organizativo, la incidencia política desde la exigibilidad de derechos, las denuncias y la interlocución para la adopción de medidas”, comparte Sami.

En el caso de Perú, el país se encuentra en una crisis política, social e institucional, en donde impera la deslegitimidad del Gobierno y el Congreso de la República. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), al alrededor del 80% de la población demanda la renuncia de la presidenta de la República, Dina Boluarte, el cierre del Congreso y que se adelanten las elecciones.

Tanto desde el Poder Legislativo y Ejecutivo, se han impulsado iniciativas en contra de los derechos de lesbianas, personas LGBTI+, mujeres, niñeces y adolescencias. Además, varias bancadas del Congreso de la República han presentado diversos proyectos de ley buscando que Perú se retire del Pacto de San José1. “Los derechos de las lesbianas han sido totalmente dejados de lado por el gobierno actual de Dina Boluarte y por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)”, expresa Gabriela Zavaleta, activista lesbiana feminista y coordinadora de incidencia política de Más Igualdad.

Además, menciona que la Mesa de Trabajo para la Promoción de los Derechos de las Lesbianas del MIMP se encuentra desactivada y que desde hace más de 5 años se espera la aprobación de la investigación sobre la situación de los derechos de las lesbianas en el Perú. “Únicamente las organizaciones de sociedad civil están resistiendo ante esta situación, fomentando la articulación nacional e internacional de las organizaciones de lesbianas, realizando acciones de incidencia ante el Comité CEDAW para una recomendación general sobre los derechos de las lesbianas, sistematizando las propuestas y demandas de las organizaciones, y haciendo esfuerzos para unir a las organizaciones de lesbianas en una agenda regional que sirva como herramienta para la incidencia con los diferentes Estados e instituciones relevantes”, indica.

En general, varios países de América Latina han logrado avances legislativos significativos en el reconocimiento de los derechos LGBTI+. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer para garantizar que estos derechos sean plenamente reconocidos y respetados.

A la luz de esto, Raza e Igualdad eleva algunas recomendaciones para los Estados sobre medidas para proteger los derechos de las personas lesbianas.

  • Garantizar el derecho a la familia y los derechos civiles de las lesbianas a través del reconocimiento legal de madres lesbianas y familias diversas.
  • Garantizar el acceso al matrimonio igualitario y guardar respecto irrestricto a los derechos adquiridos en el extranjero.
  • Elaborar mecanismos que evite la criminalización de las madres lesbianas en procesos de tenencias de sus hijos/as.
  • Fortalecer programas de capacitación a funcionarios del Estado a fin de garantizar el trato digno hacia las lesbianas en servicios públicos.
  • Implementar políticas de Educación Sexual Integral que garantice el respeto a la diversidad sexual.
  • Registrar, documentar y analizar las violencias contra lesbianas a fin de formular políticas que respondan sus necesidades.
  • Garantizar el acceso a la justicia. Investigar y sancionar la discriminación y los crímenes cometidos contra lesbianas.
  • Promover el acceso de lesbianas a espacios políticos y cargos de poder a fin de garantizar el derecho a la participación política sin violencia y la representación de identidades.
  • Implementar programas de atención y contención para casos de violencia por prejuicio dentro y fuera del hogar.

 

[1] Ochy Curiel (2007). Un encuentro trascendente e histórico. Disponibles en https://rebelion.org/un-encuentro-trascendente-e-historico/

Únete a nuestros esfuerzos

Apoya el fortalecimiento de individuos y comunidades para lograr cambios estructurales en América Latina.