EDITORIAL: Una oportunidad de cambio para Colombia

Bogotá, 17 de junio de 2022.-El próximo 19 de junio, en Colombia, tendrá lugar la segunda vuelta electoral para elegir al futuro Presidente del país. La jornada se llevará a cabo en medio de un clima con alta polarización política, tensiones sociales, preocupaciones ante la falta de garantías de seguridad para la realización de los comicios, y varias denuncias sobre un posible fraude electoral; sumado a un contexto de grandes expectativas por parte de la ciudadanía, pues ambos candidatos representan un posible cambio a la política tradicional que lleva gobernando el país más de dos décadas. A esto hay que añadir el amplio descontento con el actual Gobierno, ante un alto número de demandas sociales insatisfechas. En este sentido, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su preocupación y comparte sus reflexiones sobre el desarrollo de la próxima jornada electoral y las implicaciones para el país en materia de estabilidad institucional y agenda de derechos humanos durante los comicios. Así como lo ha instado la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,[1] desde Raza e Igualdad hacemos un llamado al carácter pacífico y democrático de la jornada electoral, para garantizar los derechos a la libertad, integridad, derechos políticos, entre otros.

Un posible fraude electoral

 El 2022 ha sido un año electoral en Colombia; inició con las elecciones legislativas y finalizará con la segunda vuelta de elecciones presidenciales. Luego de las pasadas votaciones al Congreso de la República y consultas presidenciales llevadas a cabo el 16 de marzo, las alarmas de un fraude electoral empezaron a encenderse luego de que se reportaran graves problemas logísticos, denuncias de irregularidades en la selección de jurados, mal diseño de los formularios E-14, la caída de plataformas informáticas y una diferencia del 21 por ciento (más de un millón de votos) entre el pre conteo y el escrutinio por parte de la Registraduría Nacional (RNEC)[2].

Desde entonces, se han venido registrando múltiples denuncias y alertas sobre posibles acciones de fraude electoral. La Corporación Transparencia por Colombia ha indicado que las diferentes jornadas electorales de este año han generado “dudas fundadas sobre la organización y confianza del proceso electoral”[3]. Por su parte, la alianza Democracia en Riesgo ha alertado sobre obstáculos que podrían afectar la transparencia y la confianza pública en el proceso electoral, relacionados con la falta de censo electoral, prob lemas con los softwares de escrutinios, la falta de seguridad digital, la dispersión en capacitación a jurados de votación, la violencia en zonas rurales del país y la compra de votos.[4]

Desde febrero de 2022, la Misión de Observación Electoral (MOE) ha alertado sobre los riesgos asociados a las jornadas electorales, tanto en materia de violencia armada, como de fraude electoral. En este sentido, la MOE indicó que en 131 municipios del país confluyen riesgos de violencia y de fraude electoral. Al respecto, “49 se encuentran en riesgo extremo, 65 en riesgo alto y 17 en riesgo medio”.[5]

A pesar de las diferentes alertas de fraude electoral y el contexto de desconfianza pública de las elecciones de 2022, el Estado no ha brindado una respuesta concreta respondiendo a estas preocupaciones, ni ha adoptado ninguna medida estructural para garantizar la transparencia en la segunda vuelta presidencial. Por el contrario, el Registrador Nacional ha señalado que “no es posible ningún fraude electoral” en Colombia,[6] desconociendo los reportes y alertas presentadas por varias organizaciones.

Este riesgo de fraude electoral genera implicaciones latentes en la agenda de derechos humanos. En particular, es necesario que el Estado colombiano brinde garantías para la adecuada y eficiente respuesta ante actuaciones que constituyan fraude durante la jornada electoral, que se adopten las medidas necesarias para garantizar investigaciones con debida diligencia y con independencia procurando el respeto y garantía de los derechos humanos. Asimismo, como ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia, las medidas que se adopten deben además proteger a la ciudadanía contra posibles represalias o situaciones de violencia.

A este contexto de cuestionamientos y denuncias de posible fraude, se suma la falta de acceso a la información, que se exacerba por la alta circulación de noticias falsas (fake news) durante las campañas electorales.

El objetivo de las noticias falsas es desinformar a la ciudadanía, por medio de la publicación de información que se aleja de las propuestas consignadas en los Planes de Gobierno, únicos documentos vinculantes que brindan información detallada y precisa sobre las propuestas de las candidaturas a la presidencia. Al respecto, páginas como Colombia Check se han encargado de recopilar información falsa de forma sistemática, con el fin de verificar y comunicar de manera veraz la información.

Recomendaciones

Ante este contexto, Raza e Igualdad manifiesta su preocupación por las reiteradas alertas presentadas desde la sociedad civil y las instituciones de control frente a un posible escenario de fraude y urge a la Registraduría Nacional de Colombia a que adelante sus labores de vigilancia y control de manera clara y transparente en esta segunda vuelta presidencial. En particular, Raza e Igualdad hace un llamado a garantizar los derechos políticos de la ciudadanía y a generar un ambiente de confianza, transparencia y garantía de derechos humanos en el marco de la jornada electoral.

De igual manera, hacemos un llamado la comunidad internacional y las misiones de observación internacionales para que brinden acompañamiento técnico y apoyo necesario para hacer un seguimiento efectivo e independiente de los comicios del próximo 19 de junio y al Gobierno Colombiano para que elimine las barreras que impidan un ejercicio de veeduría efectiva por parte de estas.

En la misma medida, instamos al Gobierno colombiano para que brinde las máximas garantías para la participación política de toda la población, con especial atención a las personas que habitan las zonas de más altos índices de violencia y aquellas que habitan en las zonas más alejadas de los centros urbanos.

Por último, Raza e Igualdad, invita a toda la ciudadanía a ejercer de manera informada y oportuna su derecho al voto y a integrar una perspectiva de respeto por los derechos humanos en el análisis de los programas de Gobierno de los candidatos presidenciales. Ante el contexto de violencia y desigualdad que azota a Colombia, les invitamos a apostarle a un programa que proponga una transformación real de las causas estructurales de exclusión y pobreza, con miras de la construcción conjunta de un país en paz y con justicia social.

[1] Naciones Unidas. Bachelet pide resolver las circunstancias que provocan las crisis, el hambre y la pobreza. 13 de junio de 2022.

[2] https://diariocriterio.com/fraude-electoral-registraduria-congreso/

[3] ² Transparencia por Colombia. Denuncias y alertas de fraude electoral requieren una acción pronta y rigurosa de las autoridades. 18 de marzo de 2022.

[4] Democracia en Riesgo. Alterada la confianza en el manejo del proceso electoral. 1 de marzo de 2022.

[5] Misión de Observación Electoral – MOE. 131 municipios de Colombia presentan los mayores riesgos para las elecciones de 2022: MOE. 9 de febrero de 2022.

[6] El Colombiano. “En Colombia no es posible ningún fraude electoral”: Registrador. 6 de junio de 2022.

COLOMBIA: La urgencia de garantías electorales para las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo

Colombia, 27 de mayo de 2022. De cara a la próxima jornada electoral  que se llevará a cabo el domingo 29 de mayo para elegir al nuevo Presidente de la República de Colombia, el Instituto Raza e Igualdad hace un llamado al Gobierno Nacional para que brinde las garantías necesarias, de modo que la jornada se desarrolle en completa normalidad y transparencia y se prevenga cualquier escenario de fraude.

La ciudadanía colombiana vuelve a las urnas para elegir al próximo presidente en medio de un escenario de alerta nacional por el aumento desproporcionado de la violencia en varias regiones del país. Este escenario obedece a diferentes factores: el control social y territorial que ejercen los grupos armados ilegales, las continuas amenazas hacia liderazgos sociales y candidaturas locales (cuyas propuestas representan un problema para los grupos al margen de la ley) y el continuo contexto de violencia derivado de la disputa por el control del narcotráfico en algunas regiones.

El informe “Alertas electorales 2022” publicado por Instituto de estudios para el desarrollo y la paz – INDEPAZ[1], señala que grupos armados como el Clan del Golfo y Disidencias de las FARC, continúan ejerciendo control territorial en más de 390 municipios del país.

El informe también muestra las cifras de violencia registradas por la organización durante el periodo preelectoral. Dentro de las más relevantes identificamos: el asesinato de 79 líderazgos sociales y 21 firmantes del Acuerdo de Paz, 44 masacres y 27.528 víctimas de desplazamiento forzado. Por su parte, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el riesgo extremo o alto de alteración de las elecciones en 274 municipios del país[2].

A esta preocupación se suma la falta de acciones por parte de la Procuraduría General de la Nación, ante la intervención en política del Gobierno y las Fuerzas Militares para incidir en las campañas de algunos candidatos a la presidencia.[3]

Así mismo, se denunció la restricción del ingreso de misiones de observación electorales al país por parte de Migración Colombia, lo que sin duda obstaculiza el ejercicio de verificación durante la próxima jornada electoral[4].

Ante este contexto, Raza e Igualdad manifiesta su preocupación por el abierto desconocimiento de las sentencias de la Corte Interamericana por parte del Estado Colombiano en relación a la restricción de derechos políticos de funcionarios/as elegidos popularmente por parte de un ente administrativo y hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que actúe con imparcialidad en las investigaciones que adelante por intervención indebida en política.

De igual manera, llamamos la atención frente a la necesidad de que la Registraduría Nacional adelante su labor de vigilancia y control de manera rigurosa, sin sesgos y dé un uso transparente del software electoral. Ante la imposibilidad de una auditoría previa, hacemos un llamado a la comunidad y las misiones de observación internacionales para que brinden acompañamiento técnico y su apoyo para la observación electoral efectiva durante los comicios del próximo 29 de mayo y al Gobierno Nacional para que elimine las barreras que impidan un ejercicio de veeduría efectiva por parte de estas.

En la misma medida, instamos al Gobierno colombiano para que brinde, en el marco de las próximas elecciones, garantías para la participación política de toda la población, con especial atención a las personas que habitan las zonas de más altos índices de violencia en el país. También llamamos la atención para que se garantice la participación política de todas las personas trans y no binarias con la adecuada implementación del Protocolo de Voto Trans.

Por último, Raza e Igualdad, invita a toda la ciudadanía a ejercer de manera informada y oportuna su voto y a integrar una perspectiva de respeto por los derechos humanos en su análisis de las candidaturas presidenciales, a fin de avanzar en la construcción de una sociedad garante y con un rol activo en la implementación de agendas políticas que velen por los derechos de todas, todos y todes.

[1] https://indepaz.org.co/alertas-2022-electorales/

[2] https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/10956/Defensor%C3%ADa-del-Pueblo-advierte-un-aumento-en-el-n%C3%BAmero-de-municipios-con-riesgo-alto-y-extremo-en-el-marco-del-proceso-electoral-Choc%C3%B3-Defensor%C3%ADa-alerta-temprana-Quibd%C3%B3-Alerta-Temprana-004.htm

[3] https://elpais.com/internacional/2022-04-22/el-jefe-del-ejercito-colombiano-irrumpe-en-la-campana-con-un-ataque-a-gustavo-petro.html

[4] https://www.semana.com/nacion/articulo/se-restringio-el-ingreso-de-observadores-electorales-a-colombia-por-representar-riesgo-a-la-seguridad-nacional/202221/

LA COMADRE: 20 años de lucha por la reparación integral de las mujeres afrodescendientes víctimas del conflicto armado en Colombia

Colombia, 20 de mayo del 2022.-La Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La COMADRE), vinculada a la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), ha documentado desde el año 2007 múltiples casos de violencia sexual, reclutamientos forzados, asesinatos, desplazamientos, exilios, amenazas y torturas, así como ataques a las casas y sedes de las lideresas, entre otras vulneraciones que afectan de forma diferencial a las mujeres negras en el país.

“Conmemoramos más de veinte años de lucha y resistencia en la visibilización de todas las problemáticas que hemos enfrentado como mujeres negras en el marco del conflicto armado y en una guerra que no es nuestra y hemos tenido que afrontar”, afirma Luz Marina Becerra Panesso, coordinadora de La COMADRE y ganadora del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos, en la categoría defensora del año (2021).

La historia de Luz Marina y de las otras siete mil mujeres agrupadas bajo el abrigo de La COMADRE se hilvana en una secuencia admirable de esfuerzos por ser reconocidas como sujetas de reparación colectiva étnica por parte de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), lo que les garantizaría el acceso a un proceso urgente de resarcimiento integral, con enfoque étnico racial, de género y cultural; y contribuiría  a saldar parte de la deuda histórica que tiene el Estado con las mujeres negras.

Pero el camino ha estado plagado de obstáculos. En marzo del 2017, la UARIV reconoció a La COMADRE como sujeta de reparación colectiva étnica, en el marco del Decreto ley 4635 de 2011, que ordena la atención integral a la población afrocolombiana víctima del conflicto armado; sin embargo, un año después, la Entidad expresó su intención de anular esta decisión y continuar el proceso de reparación como organización bajo la ley 1448 de 2011, desconociendo las afectaciones diferenciadas y desproporcionadas del conflicto armado en las mujeres negras de la COMADRE.

Con esta decisión, además de desconocer la senda jurisprudencia en la cual se conceptualiza de manera amplia el concepto de “Sujetos étnicos” por parte de la Corte Constitucional, la UARIV revictimiza y pasa por alto las medidas contempladas en el Decreto ley 4635 de 2011, teniendo en cuenta que existe una resolución de acto administrativo en firme que reconoce la calidad de La COMADRE como sujeto de reparación colectiva étnica.

Desde ILEX Acción Jurídica, CODHES, AFRODES y el Instituto Raza e Igualdad,  organizaciones que realizamos acompañamiento jurídico al proceso de Reparación Colectiva de la COMADRE, consideramos que esta decisión de la UARIV es perjudicial, primero, porque genera inseguridad jurídica en relación con las expectativas de un grupo poblacional que también ha sido víctima del conflicto. Segundo, el cuestionamiento sobre la calidad de sujeto étnico resulta contrario a lo desarrollado por la Corte Constitucional, ya  que es el mismo sujeto colectivo étnico el que puede o no reconocerse de esa forma, de acuerdo con unos elementos objetivos y subjetivos.

Según datos del Registro Único de Víctimas, en el último año más de 23.000 mujeres afrodescendientes han sido víctimas de desplazamiento forzado y por lo menos 133 han perdido la vida en el marco de un conflicto armado que aún flagela la cotidianidad de las poblaciones  afrodescendientes que residen en los márgenes del Pacífico y Caribe colombiano.

“Los hijos de las mujeres negras son quienes hoy están engrosando las filas de los grupos armados por la falta de oportunidades, dentro de las cifras de desplazamiento forzado gran parte obedece a mujeres negras; las cifras de violencia sexual son alarmantes en mujeres negras, la desaparición forzada es tenebrosa y escalofriante en familiares de mujeres negras, sus hijos, sus compañeros”, advierte Luz Marina.

Este 20 de mayo, en el marco de la conmemoración de los 20 años del establecimiento del Día de la Afrocolombianidad, La COMADRE realizará un encuentro en el que participarán representantes de la Unidad de Víctimas, la Defensoría del Pueblo y la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, con el objetivo de discutir los obstáculos del proceso de reparación colectiva étnica de la organización. Además, se instalará una mesa de diálogo interinstitucional que propenderá por construir colectivamente ideas, estrategias y acciones concretas que permitan materializar una respuesta efectiva en clave de sanación y reparación colectiva, restaurativa y transformadora con carácter étnico.

El espacio es un llamado solidario a sumar esfuerzos, voces, voluntades y agendas en favor de la exigibilidad y garantía de los derechos que históricamente han sido vulnerados a las mujeres negras afrocolombianas en el marco del conflicto armado interno en Colombia, violaciones que persisten aún luego de la firma del Acuerdo Final de Paz.

Investigación e incidencia

Además de acompañar a mujeres negras víctimas de desplazamiento y violencia basada en género, desde el 2007 la COMADRE ha elaborado varios informes sobre vulneraciones de derechos humanos de la población afro y ha trabajado en la promoción de acciones de incidencia que conduzcan a que el Gobierno diseñe e implemente políticas públicas y programas que garanticen la reparación integral de las mujeres afros víctimas de la guerra con un enfoque étnico y de género.

Varias de sus investigaciones sobre las afectaciones a los derechos de las mujeres, jóvenes y niños afrocolombianos desplazados han sido presentadas a la Corte Constitucional y han contribuido a la expedición de Autos como el 092 de 2008​​ y el 005 de 2009 que han ordenado al gobierno diseñar 37 programas de protección de los derechos de las mujeres negras y estrategias que ayuden a superar las brechas históricas de discriminación y de pobreza que las atraviesan.

De igual forma, la COMADRE ha presentado informes sobre la situación actual de las mujeres negras víctimas del conflicto armado a entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR) y a organismos internacionales como el CERD, CEDAW y la CIDH, los cuales incluyen impactos de la pandemia por el COVID-19 en la vida de los pueblos y comunidades negras.

El pasado 21 de abril, la organización entregó a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas –UBPD- el Informe ‘Solicitud Colectiva de Búsqueda de la COMADRE’, el cual documenta 130 solicitudes de búsqueda de personas negras y afrocolombianas dadas por desaparecidas e incluye descripciones narrativas, análisis de contexto, patrones de desaparición y afectaciones desde las perspectivas de género y enfoque étnico-afrocolombiano.

“Todo lo anterior demuestra la violación sistemática de nuestros derechos humanos, los aportes que hemos hecho desde la COMADRE buscando solución y la falta de respuesta del estado y las mujeres cada vez más empobrecidas, amenazadas, violentadas”, concluye Luz Marina. Y agrega: “Es por tal situación que necesitamos avanzar en la solicitud de medidas cautelares para la garantía y la protección de nuestros derechos”.

Son veinte años los que completan las mujeres de la COMADRE en su lucha por la reparación integral por los daños y afectaciones causados en el marco del conflicto. La falta de voluntad política por parte del Estado, aunanda al racismo institucional y la discriminación racial que padecen al salir desplazadas de sus territorios, solo profundizan esta vergonzosa secuencia de violencias y vulneraciones sistemáticas de derechos humanos de las que han sido víctimas históricamente las mujeres afrodescendientes.

Las huellas del racismo: voces de las personas excluidas y violencia estructural dentro y fuera del estallido social en Cali

Bogotá, 28 de abril de 2022.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), la Asociación de Líderes El Perfil, la Asociación de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios del Valle del Cauca (ASOAGROVALLE), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), la Fundación Víctimas Vulnerables Mujeres Afros Independientes (FUNVIMUFROIN), el Movimiento Ciudadano ORIENTADOS y la Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales (SOMOS IDENTIDAD) presentan este 28 de abril el informe Las Huellas del Racismo: voces de las personas excluidas dentro y fuera del Estallido Social en Cali, en conmemoración del primer aniversario del estallido social.

El informe presenta los patrones e impactos diferenciales de las violencias ejercidas contra personas afrodescendientes durante el Paro Nacional de 2021, principalmente por parte de la Fuerza Pública en Cali, ciudad que fue el epicentro de las violaciones de derechos humanos a nivel nacional en el marco de las movilizaciones. El informe se realiza con el fin de visibilizar la violencia racista que ejerce la Fuerza Pública y que ha afectado diferencialmente a personas afrodescendientes.

El análisis que presenta el informe se desarrolló a partir de procesos de documentación de 26 casos de personas afrodescendientes que fueron víctimas de estas violencias. Así mismo, el análisis de las violencias registradas en la base de datos de CODHES, la Comisión por la Vida y la Mesa Humanitaria y Social con el apoyo técnico de Raza e Igualdad, en la cual se sistematizaron 488 casos, de los cuales, el 53,1% fueron cometidos por la policía. De igual manera, del total de los casos, el 13,3% fueron contra personas afrodescendientes.

A partir de este proceso de investigación, los patrones de violencias contra personas afrodescendientes que se identifican corresponden a prácticas que históricamente ha reproducido la Fuerza Pública contra personas afrodescendientes y que, en el marco del Paro Nacional, se han exacerbado: perfilamiento racial, lenguaje racista, agresiones físicas, homicidios, violencias basadas en género contra mujeres y personas Afro-LGBTI, territorialización del uso desproporcionado de la violencia donde residen principalmente personas afrodescendientes y en barrios con estratificaciones socioeconómicas uno y dos.

El informe permite identificar los impactos diferenciales sufridos por personas afrodescendientes: Impactos psicosociales, físico, económico, colectivo, desplazamiento intraurbano y patrones de barreras para el acceso a justicia en el marco de la violencia estatal reproducida por agentes de la Fuerza Pública y civiles.

Considerando las reiteradas violaciones de DDHH contra participantes del Paro Nacional, y las pocas garantías para ejercer el derecho a la protesta, las organizaciones solicitan al Estado Colombiano generar acciones para erradicar todas las formas de violencia policial racista, garantizar investigaciones transparentes sobre denuncias contra la Fuerza Pública en el marco del Paro Nacional e implementar medidas que promuevan una reparación integral de las personas afrodescendientes que han sido víctimas.

Para ello es importante que las acciones implementadas por el Estado cumplan con estándares internacionales, tales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención Interamericana contra el racismo, la Discriminación y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI)4 y el Programa de Acción de Durban. Así mismo, el Estado debe implementar las Resoluciones y Mecanismos en contra de la violencia policial racista como la Resolución 43/15, 47/216 y La Agenda hacia un cambio Transformador para la Justicia e Igualdad Racial del informe Promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los africanos y los afrodescendientes frente al uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos por agentes del orden desarrollado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos.

El informe podrá consultarlo en el siguiente link:

http://oldrace.wp/wp-content/uploads/2022/04/Informe-Huellas-del-Racismo-.pdf

Raza e Igualdad rechaza “operativo militar” en Colombia en el que murieron personas civiles

Colombia, 13 de abril del 2022- El 28 de marzo de 2022 el Ejército de Colombia realizó un operativo militar en la vereda Alto Remanso, en el municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo). El operativo estaba dirigido presuntamente contra el “Comando de Frontera” de las disidencias de las FARC-EP.[1] De acuerdo con informe del Ejército, el operativo resultó de actividades de inteligencia donde se identificaron 11 personas armadas. En dicho informe, el Ejército Nacional realizó el perfilamiento de las personas que fueron asesinadas en el operativo indicando su presunta pertenencia a las disidencias de las FARC-EP, incluyendo un menor de edad indígena de 16 años, perteneciente al Cabildo Kichwa de Bajo Remanso, quien presuntamente según la versión del Ejército, habría estado apuntando a uniformados con un arma larga.[2] Sin embargo, este operativo fue denunciado por la comunidad como un “falso positivo” en el que murieron personas civiles.

De acuerdo con las denuncias y la verificación que han realizado organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación[3], se trató de ejecuciones extrajudiciales en las que fueron asesinadas personas civiles. En esta operación, fue asesinado Didier Hernandes, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda, su esposa Ana María Sarría, el gobernador indígena Pablo Panduro Cochinche y un menor de edad.[4] Ese día, el 28 de marzo de 2022, llegaron militares vestidos de negro y empezaron a disparar armas de fuego contra las personas civiles que se encontraban celebrando un bazar comunitario para recolectar fondos destinados a construir una vía de acceso a la Vereda. Posteriormente, obligaron a la comunidad a mantenerse de espalda bajo amenaza mientras manipulaban los cuerpos.[5] Así, se evidencian diferentes irregularidades y violaciones al derecho internacional humanitario en  lo ocurrido durante el operativo militar.

Ante los cuestionamientos, el general Eduardo Zapateiro, jefe del Ejército Nacional, indicó que “no es la primera operación donde caen mujeres embarazadas y menores de edad combatientes”, afirmando que se trataba de personas perteneciente a las disidencias de las FARC-EP y que se había actuado de acuerdo con el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Asimismo, el presidente Iván Duque señaló que se trataba de un operativo planificado y correspondiente con los protocolos existentes.[6]

En relación con estas declaraciones y la masacre ocurrida en Putumayo el pasado 28 de marzo de 2022, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos resalta la necesidad de adoptar un enfoque de derechos humanos que dé cuenta de los impactos diferenciales sufridos por la comunidad, especialmente en relación con los asesinatos del gobernador y el menor de edad pertenecientes al Cabildo Kichwa de Bajo Remanso. Así mismo, es fundamental resaltar que el “operativo militar” no cumple con los estándares de derecho internacional humanitario y derechos humanos. En particular, no existe evidencia de que las 4 personas aquí mencionadas se encontraran ejerciendo funciones continuas de combate como parte de un grupo armado organizado o que se tratara de civiles participando directamente en las hostilidades. Por el contrario, las personas se encontraban celebrando un bazar. Por lo cual, el Ejército no podía atentar contra sus vidas.

Así las cosas, desde Raza e Igualdad hacemos un llamado a que se investiguen estos hechos con total independencia y debida diligencia, con el propósito de juzgar y sancionar a los responsables del operativo militar en el municipio de Puerto Leguizamo, Putumayo, donde murieron 11 personas, respondiendo a la cadena de mando del Ejército. Además, reiteramos la necesidad de garantizar los derechos de las víctimas con enfoque étnico-diferencial, de género y etario, procurando la no repetición de este tipo de ataques contra la población civil.

[1] El Espectador. Senado prepara debate de control político a Mindefensa por operativo en Putumayo. 11 de abril de 2022.

[2] Caracol Radio. Así perfiló el Ejército a los 11 muertos en la operación del Putumayo. 12 de abril de 2022.

[3] https://raceandequality.org/1406

[4] El Espectador. Senado prepara debate de control político a Mindefensa por operativo en Putumayo. 11 de abril de 2022.

[5] Molano, Alfredo. Putumayo: anatomía de una matanza. Cambio. 9 de abril de 2022.

[6] Oquendo, Catalina. El jefe del Ejército de Colombia justifica la muerte de una mujer embarazada y un menor en la masacre en Putumayo. El País. 11 de abril de 2022.

La necesidad de un enfoque interseccional en la búsqueda de una reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia

Colombia, 8 de abril del 2022.-En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, hacemos un llamado al Estado colombiano para que refuerce su compromiso en la búsqueda de una reparación integral, desde un enfoque interseccional, donde se reconozca la existencia de las diferentes realidades identitarias o contextuales de las víctimas, quienes a su vez son sometidas a múltiples formas de discriminación.  

De cara a un escenario transicional en el que se pretende superar un conflicto armado de más de 50 años, no solo se requiere de un pacto y de una presencia institucional más fuerte que dé cumplimiento a los compromisos asumidos por las partes de un diálogo. Es necesario también dar una mirada integral a la complejidad de los problemas que  han derivado o se han fortalecido con la guerra en Colombia.  

En materia de las víctimas del conflicto, esa mirada debe apelar por ser integral y generar efectos realmente transformadores, no solamente en aras de lograr unos mínimos de reparación que garanticen la superación del conflicto, sino también atacar de raíz las situaciones estructurales de opresión y discriminación que subyacen a este conflicto.  

Debe entenderse, primero, que no todas las víctimas del conflicto armado son iguales entre sí y, segundo, que todas las víctimas han forjado su identidad de diferentes maneras y en contextos distintos, por lo que las categorías universales de víctima afro, víctima LGBT, víctima mujer, etc., debe ser comprendidas en su contexto. Esta situación consolida la idea de que la construcción efectiva y real de la paz no solo se limita al proceso de dejación de armas y cese bilateral del fuego, sino que, principalmente, debe preocuparse por reparar las condiciones que, antes del conflicto, ya creaban situaciones de desigualdad y discriminación en la sociedad, por ejemplo, el racismo, la violencia hacia las personas LGBT, entre otras. 

La interseccionalidad, como categoría de análisis y enfoque teórico, es una herramienta clave que debe ser aplicada de forma transversal en el reconocimiento y atención de las víctimas del conflicto. Esbozamos a continuación los principales factores para comprender por qué y hacia dónde podría dirigirse el ejercicio de integración de este enfoque interseccional: 

• Es partir de la autoidentificación y el autorreconocimiento de las víctimas que se pueden comprender las maneras en que operan las vulneraciones de derechos en su contra. Desde allí, se entiende cómo las mismas víctimas entienden sus vidas: no pueden asumir sus experiencias separando las diferentes categorías que les atraviesan, por ejemplo, su sexualidad, su identidad de género y su pertenencia étnico racial.   
• En el escenario bélico, los círculos familiares, de amistad y de cercanía dentro de la comunidad pueden confluir e interactuar de diferentes maneras con los actores armados. Este contexto exige una mirada multidimensional, interseccional y no esencialista del conflicto, en la que se confrontan dos bandos: el victimario como ajeno y contrapuesto por completo a la víctima y a su experiencia 
• Al identificar la multidimensionalidad de la identidad de los sujetos, los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición se conectan de diversas maneras y en diferentes niveles (por ejemplo, derechos individuales y colectivos). El análisis interseccional permite promover una interpretación indivisible e interconectada de los derechos humanos de las víctimas. 

• La importancia del territorio es equiparable a la diversidad de las comunidades que lo habitan y, en consecuencia, del reconocimiento de dicha diversidad depende la eficacia de las medidas de transformación que allí se propongan o implementen. No basta con que el Estado se preocupe por caracterizar la pluralidad que habita el territorio, sino que es imprescindible que comprenda cómo la forma en que se crean y se recrean estas pluralidades hace parte de la constitución de la identidad de las víctimas. 

En el marco de esta conmemoración, Raza e Igualdad insta al Estado colombiano para que se incluya el enfoque interseccional en la búsqueda de una reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia, y que posibilite la construcción de espacios de reparación donde se tenga en cuenta las necesidades específicas de las víctimas y lograr así un reconocimiento progresivo de esta población y sean garantizados todos sus derechos. 

Comunicado conjunto: La participación política de la población afrodescendiente y la necesaria lucha contra el racismo

Colombia, 5 de abril del 2022.-La población afrodescendiente y las comunidades negras han liderado luchas y construido procesos organizativos por la igualdad y la garantía de sus derechos fundamentales, haciendo visibles las inequidades históricas a las que se han enfrentado. Así, han logrado avances en el reconocimiento de sus derechos, de su identidad cultural y de su relación con el territorio. El reconocimiento de la diversidad étnica del país que profiere la Constitución de 1991, así como la Ley 70 de 1993 y otras normas, son fruto de esas batallas. La participación de personas de esta población en los comicios actuales a Congreso y presidencia son el resultado de esas luchas y es importante que el país lo valore como tal.

Sin embargo, Colombia debe reconocer que han existido barreras estructurales para que las personas afrodescendientes y miembros de las comunidades negras, ocupen lugares representativos al interior de las instituciones públicas, sobre todo si se trata de cargos de elección popular. Estas barreras hacen parte de una estructura social racista sustentada en desigualdades como: desproporcionada concentración de la pobreza, falta de acceso a la vivienda, limitadas oportunidades de empleo y educación de calidad e impacto diferenciado de la violencia. Según el DANE (2018), el 37% de la población que se auto reconoce como afro se encuentra en condición de pobreza, 10 puntos porcentuales por encima de la media nacional. Sumado a lo anterior, el racismo también se expresa de formas cotidianas: las personas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras enfrentan imaginarios, estereotipos y expresiones racistas, las cuales se han naturalizado, pero que impactan de maneras concretas en aspectos de sus vidas. Esto es lo que se ha hecho visible en las elecciones del 2022 en nuestro país.

Resaltamos la participación de miembros de la población afrodescendiente en los actuales comicios y rechazamos las manifestaciones degradantes y discursos racistas que han recibido en este período. En el caso de la candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez Mina, mujer afrodescendiente, lideresa social, abogada y ambientalista, además de las expresiones racistas a las que se está enfrentando, resultan preocupantes las amenazas que ha recibido, ya que son un intento por silenciar, desconocer derechos e inferiorizar a las personas negras y afrocolombianas. De esa manera, se mantiene y se reproduce aquel orden de jerarquías raciales en el que vivimos. Además, se le suma la misoginia y el sistema patriarcal en el que nos encontramos, donde las mujeres enfrentan violencias diferenciadas cuando intentan asumir espacios y roles activos en la vida política y pública, en especial cuando se trata de una mujer afrodescendiente.

Que el país siga hablando de la población afrodescendiente para despreciar su identidad étnica racial, minimizarla, animalizarla, exotizarla y quitarle capacidad y agencia, solo refuerza la urgencia de luchar contra el racismo y la discriminación racial en Colombia, como un fenómeno que existe. Así pues, nos urge articular, promover y exigir a los diferentes actores que conforman el Estado y la sociedad, acciones contundentes para erradicarlo.