Personas presas políticas: Raza e Igualdad organiza foro para contribuir al abordaje eficaz de la detención y prisión por motivos políticos en la región

Personas presas políticas: Raza e Igualdad organiza foro para contribuir al abordaje eficaz de la detención y prisión por motivos políticos en la región

Washington D.C., 17 de junio de 2022.-Raza e Igualdad organizó un foro para contribuir al abordaje eficaz de la detención y prisión por motivos políticos en el hemisferio occidental y propuso pautas que permitan establecer criterios para determinar quién es una persona detenida por motivos políticos.

“En el instituto este proceso inició hace como un año y medio preocupados un poco por la necesidad de tener criterios para que una persona sea considerada presa política en el hemisferio”, mencionó el director de Raza e Igualdad, Carlos Quesada.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ericka Guevara Rosas destacó la similitud que existe en las violaciones a los derechos humanos cometidos contra personas arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos  en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela donde hay una “cooptación de los Poderes del Estado”. 

Guevara participó en el evento «Personas presas políticas: Desafíos y propuestas para su protección internacional desde un enfoque de derechos humanos», organizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), con el fin de crear un espacio de reflexión sobre las características que deben existir para que se considere que una persona está arbitrariamente privada de libertad por motivos políticos en un país. 

Guevara destacó que hay un patrón entre Cuba, Nicaragua y Venezuela, por ejemplo, en el que se apunta a la criminalización de personas periodistas y activistas de derechos humanos que se oponen a ciertas políticas estatales y, por tanto, se vuelven objetivo del Estado que crea leyes y utiliza los Poderes del Estado para enjuiciarlas. 

“Las personas son detenidas a través del uso indebido del sistema de justicia penal y através de la privación de libertad, que, muchas veces, no solo se da en condiciones de cárcel, sino que muchas veces hemos visto patrones de privaciones a la libertad através de detenciones de corto período, detenciones y domiciliarias”, dijo Guevara.

“Trataron de sacarle los ojos”

Miriam Cardet, hermana del ex preso político Eduardo Cardet, de Cuba, recordó en el evento cómo fue la detención de su familiar el 30 de noviembre de 2016, cuando, tras regresar de un viaje por Estados Unidos, fue interceptado por hombres vestidos de civil en su casa quienes lo empezaron a golpear salvajemente. 

“Se abalanzaron sobre él poniéndolo contra una reja frente a la casa y lo golpearon (…) Trataron de sacarle los ojos”, dijo Cardet en su relato. Ese fue solo el comienzo de los problemas para la familia y las violaciones de derechos humanos en contra del médico y activista cubano.

Estuvo desaparecido durante cinco días hasta que una protesta de los familiares obligó a las autoridades del gobierno cubano a mostrarlo a medias, cuando apenas podía sostenerse en pie y estaba inflamado por la golpiza que le propinaron. 

Cardet fue liberado en mayo de 2019, luego de cumplir con los tres años de condena por lo que lo habían acusado. 

“A través de todas las denuncias a nivel internacional se le pudo salvar la vida a mi hermano», dijo Cardet, recordando que la denuncia y la constante presión contra estos Estados es el único camino para garantizar la vida de estas personas.

10 muertes bajo tutela del Estado venezolano

En Venezuela se calcula que desde el año 2014 ha habido por lo menos 4000 personas presas por motivos políticos tras participar en manifestaciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Al menos 10 de ellos han muerto bajo tutela del Estado según cifras de organizaciones defensoras de derechos humanos.

“En el caso de Venezuela se ha creado una estructura y no es solo la detención arbitraria la única violación que se utiliza, se ha creado una estructura judicial, se ha creado una estructura administrativa y legislativa que lo que busca es cerrar el espacio cívico cada vez más”,  señaló Ronnie Boquier, coordinador jurídico del Comité de Familiares Víctimas del Caracazo.

La situación allí es bastante similar a la ocurrida en Cuba y Nicaragua, donde se inventan crímenes de terrorismo en contra de manifestantes pacíficos y se les atribuyen crímenes ambiguos como el de “traición a la patria”. 

Nicaragua y la criminalización de defensores de derechos humanos 

La criminalización de defensores de derechos humanos y la cancelación de organizaciones no gubernamentales que no son afines al régimen de Daniel Ortega ha provocado que más de 500 ONG’s ya no tengan personería jurídica, según han documentado medios de comunicación nicaragüenses. 

Estos cierres son solo parte del problema, pues luego de que se cancela su capacidad legal operativa se desata una persecución en contra de sus dirigentes que en muchos casos son obligados a salir del país o detenidos. 

Las detenciones arbitrarias en Nicaragua iniciaron en abril del 2018, tras las manifestaciones pacíficas y hasta mayo de 2020, la CIDH calculaba que al menos 1614 personas estaban en prisión, resaltó Fiorella Melzi, coordinadora del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni).

“A raíz de las detenciones la Comisión ha observado una serie de violaciones a los derechos humanos: violaciones a las garantías y protección judicial, en la mayoría de los casos, inicialmente, el Estado no informó del paradero de las personas detenidas y (se impidió), tener acceso a un abogado de elección, las acusaciones presentadas en audiencias preliminares, privadas y secretas en instalaciones distintas a los tribunales judiciales”, enumeró Melzi.

Algunas fueron liberadas posteriormente, pero la criminalización de disidentes continuó y se extendió hacia todos los sectores del país. Al punto previo a las elecciones presidenciales de 2021, cuando Daniel Ortega se reeligió fraudulentamente para un cuarto período consecutivo, encarceló a 7 precandidatos y precandidatas presidenciales y hasta el 31 de mayo de 2022, la cifra de personas arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos  en el país ya era de más de 190, según las cifras actualizadas a mayo del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua.

Muchas de estas personas fueron directivos de organizaciones no gubernamentales o simplemente se les detuvo por expresar opiniones contrarias a las políticas del régimen en redes sociales. 

“Se crean delitos nuevos, leyes contra el terrorismo que involucran a las personas que defienden derechos en la lógica de que el Estado siempre va a catalogar como enemigo y se unen con leyes pasadas», dijo Boquier, quien explicó sobre las similitudes que ocurren en los tres países al momento de perseguir a la disidencia. 

Esas son políticas que, según Boquier, están definiendo los mismos Estados y los responsabilizó de ser quienes clasifican a las personas como “enemigos”, para posteriormente detenerlos arbitrariamente por las actividades que realizan. 

“Quien define la política de persecución son los Estados y quien le da los motivos políticos son los Estados. Los presos por motivos políticos de nuestros países (existen) porque los Estados los consideran así por su actividad”, remarcó.

Raza e Igualdad propone pautas para determinar la privación de libertad por motivos políticos

Considerando todas estas situaciones que ocurren en Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero que también se extienden a países como Chile o Colombia, Raza e Igualdad publicó el documento «Pautas para la determinación de la detención y prisión por motivos políticos: Aportes desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, que busca contribuir a una discusión que lleve a identificar y resaltar los patrones que hay en los países que detienen a las personas por motivos políticos. 

En el documento se destaca la importancia de contar con una caracterización a nivel internacional que permita reconocer que las personas bajo esta forma de  privación de libertad se encuentran más expuestas a sufrir graves violaciones a sus derechos humanos y por lo tanto, están en una situación de especial vulnerabilidad. Este reconocimiento permite hacer responsables a los Estados por estas privaciones de libertad  arbitrarias por motivos políticos y crear una ruta de responsabilidad que permita justicia y reparación a las víctimas. 

Raza e Igualdad propone dos pautas. La primera,  consiste en establecer si  la privación de libertad es arbitraria de acuerdo a las categorías establecidas por el Grupo de Trabajo de las Naciones sobre la Detención Arbitraria. Esto es, que se produce como consecuencia del ejercicio de derechos o libertades de pensamiento, conciencia y religión; opinión y expresión; reunión y asociación pacífica; y participación política; y que la misma es discriminatoria por motivos como la opinión política. 

En segundo lugar, se señala que resulta fundamental para esta determinación, identificar que la privación arbitraria de la libertad, es producto de acciones del Estado políticamente sesgadas, para lo cual se debe examinar  los patrones de detención e instrumentalización de las instituciones de justicia en contextos tanto democráticos como autoritarios, así como las acciones que lleva a cabo la persona, tales como, la defensa de los derechos humanos, la participación en la vida política de su país, el periodismo, entre otras. 

El documento completo puede ser descargado en este link para la versión en español y en este otro para la versión en inglés.

Cuba: Organizaciones exigen libertad inmediata para los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez

Ciudad de México, 17 de junio de 2022. – Los días 30 y 31 de mayo de 2022 se llevaron a cabo los juicios orales de los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez (conocido como Maykel Osorbo). Derivado de ello, el Tribunal Municipal de Marianao, radicado en La Habana, dará a conocer en los próximos días la sentencia condenatoria contra los artistas, también integrantes del Movimiento San Isidro.

Las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes condenamos enérgicamente los cargos por presunto desacato, difamación y desorden público presentados contra los artistas, bajo los cuales la Fiscalía de Cuba pretende sentenciar con la pena de siete años de prisión a Otero Alcántara y diez a Castillo Pérez. Nos solidarizamos con los artistas y pedimos al Estado cubano que los libere inmediatamente y que cese su interminable campaña de intimidación y persecución contra estos dos talentosos y valientes artistas y activistas.

Un fallo condenatorio sin pruebas en contra de los artistas constituiría una clara violación a su ejercicio de libre expresión y confirmaría la criminalización de sus expresiones artísticas. Luis Manuel es artista visual y fundador del Movimiento San Isidro; recientemente se le entregó el Premio Oxi Al Coraje, que otorga la Fundación Oxi Day. Por su parte, Maykel Castillo resultó ganador de dos Grammys por la canción “Patria y vida”, que se convirtió en un himno por la libertad y dignidad del pueblo cubano durante las protestas masivas de julio de 2021. Ambos artistas fueron reconocidos como Presos de Conciencia por Amnistía Internacional y les fue otorgado el Premio a la Libertad por parte de Freedom House.

La expresión artística y el activismo de Castillo Pérez y Otero Alcántara los convirtió en objeto de una intensa y escrupulosa vigilancia, que desembocó en sus respectivas detenciones en Pinar del Río y en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, donde ambos se encuentran bajo la medida cautelar de prisión provisional desde mayo y julio de 2021 respectivamente.

Los cargos presentados contra ambos reflejan el desprecio de las autoridades de Cuba por la libertad de expresión artística y una alarmante tendencia a las persecuciones, detenciones arbitrarias y acusaciones contra las voces disidentes. En su 92º período de sesiones, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria determinó que Castillo Pérez había sido detenido arbitrariamente por motivos relacionados únicamente con su activismo prodemocrático y pidió al gobierno cubano que lo pusiera en libertad.

En 2018, en su informe sobre la situación de derechos humanos en Cuba, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre la situación de hostigamiento que numerosos artistas y periodistas enfrentaban, en el sentido de que son severamente hostigados a fin de impedirles expresar, a través del arte y la labor informativa, sus preocupaciones sociales y políticas, y recomendó “adoptar las medidas que sean necesarias para prevenir y erradicar la criminalización de quienes ejercen el derecho de libertad de expresión y de asociación, incluyendo artistas, disidentes políticos, defensores y defensoras de derechos humanos, entre otros”.

Por su parte, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos culturales, el derecho a la libertad de expresión y creación artísticas, Farida Shaheed, afirmó en 2013 que “La expresión artística no es un lujo, es una necesidad, un elemento determinante de nuestra humanidad y un derecho humano fundamental que permite a todos desarrollar y expresar su humanidad”.

Ante ello, el Estado cubano debe cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, sobre todo los contraídos por su papel como integrante del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, retirando todos los cargos contra Maykel Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara, y poniéndolos en libertad.

Asimismo, dado que desde el Estado cubano existe una tendencia estigmatizante hacia Otero y Castillo por su perfil crítico, exhortamos a las embajadas con presencia en la isla, a la Unión Europea, a los Procedimientos Especiales de la ONU, a la CIDH, y a toda la comunidad internacional a pronunciarse públicamente frente a esta clara violación a los derechos humanos e impulsar por todos los medios posibles la inmediata liberación de Maikel Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara. Sus vidas y su libertad dependen de ello.

Firman:

ARTICLE 19.

Artists at Risk Connection (ARC), PEN America.

Asociación Pro Libertad de Prensa.

CADAL.

Civil Rights Defenders.

Cubalex.

Cultura Democrática.

DemoAmlat.

Diario de Cuba.

Gobierno y Análisis Político AC.

IFEX-ALC.

Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR).

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.

PEN Cuba en el Exilio.

PEN International.

PROMEDEHUM.

Red en Defensa de los Derechos Humanos (RDDHCuba).

#RenovarIESOGI: Las OSC urgen al Consejo de Derechos Humanos a renovar el mandato del Experto Independiente sobre la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género durante su 50º período de sesiones

En todas las regiones del mundo persisten la violencia y la discriminación generalizadas, graves y sistemáticas, basadas en la orientación sexual y/o la identidad de género real o percibida de las personas.

Asesinatos y ejecuciones extrajudiciales; torturas, violaciones y violencia sexual; desapariciones forzadas; desplazamientos forzados; criminalización; detenciones arbitrarias; chantaje y extorsión; violencia y acoso policial; intimidación; estigmatización; discursos de odio; campañas de desinformación; negación de la identidad de género definida por une misme; tratamiento médico forzado y/o esterilización forzada; represión de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión, religión o creencias; ataques y restricciones a les defensores de los derechos humanos y periodistas; denegación de servicios y obstaculización del acceso a la justicia; discriminación en todos los ámbitos de la vida, incluidos el empleo, la atención sanitaria, la vivienda, la educación y las tradiciones culturales; y otras múltiples e interrelacionadas formas de violencia y discriminación. Estas son algunas de las violaciones y abusos de los derechos humanos a los que se enfrentan las personas de orientaciones sexuales y/o identidades de género diversas.

Esta grave situación de los derechos humanos ha motivado una importante acción en las Naciones Unidas para reconocer y proteger los derechos humanos de estas personas y comunidades, la cual celebramos. En 2016, el Consejo de Derechos Humanos tomó medidas definitivas para abordar sistemáticamente estos abusos, avanzar en reformas positivas y compartir las mejores prácticas -mediante la presentación de informes periódicos, el diálogo constructivo y el compromiso- y creó un Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género (SOGI).

En 2019, la renovación de este mandato recibió el apoyo de más de 50 Estados de todas las regiones del mundo y de 1.314 organizaciones de 174 Estados y territorios. Este creciente apoyo es una prueba de la importancia crítica de este mandato y de su trabajo para apoyar a las personas de orientaciones sexuales y/o identidades de género diversas, y a quienes defienden sus derechos, tanto en los foros internacionales de derechos humanos como a nivel de base.

En los últimos 6 años, los dos titulares del mandato han documentado en profundidad la discriminación y la violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género a través de informes y declaraciones; han enviado más de 100 comunicaciones que documentan las denuncias de estas violaciones en todas las regiones; han realizado 5 visitas a países; han identificado las causas fundamentales y han abordado la violencia y la discriminación a las que se enfrentan grupos específicos, como las personas lesbianas, bisexuales, trans y de género diverso.

El mandato también ha acogido con satisfacción los avances e identificado las mejores prácticas de todas las regiones del mundo, incluyendo la despenalización, el reconocimiento legal del género, las leyes contra la discriminación y las leyes sobre delitos de odio. Todo ello sin dejar de entablar un diálogo constructivo y de ayudar a los Estados a aplicar y seguir cumpliendo las normas y los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, así como de colaborar con los mecanismos, organismos, fondos y programas de la ONU y otros órganos del sistema internacional y los sistemas regionales.

A pesar de estos avances positivos, hoy en día más de 68 países siguen penalizando las conductas y relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo de los cuales 11 jurisdicciones siguen aplicando la pena de muerte y más de 10 países siguen penalizando las expresiones e identidades de género diversas, y persisten las violaciones de derechos humanos anteriormente mencionadas. Además, entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2021 se registraron aproximadamente 4.042 asesinatos de personas trans y de género diverso. Con muchos más casos sin denunciar, el 2021 ha sido el año más letal para las personas trans y de género diverso desde que comenzó la recopilación de datos. Está claro que este mandato sigue siendo esencial.

Una decisión de los miembros del Consejo de renovar este mandato enviaría un mensaje claro de que no se puede tolerar la violencia y la discriminación contra las personas de orientaciones sexuales y/o identidades de género diversas. Reafirmaría que la atención específica, sostenida y sistemática sigue siendo crucial para hacer frente a estas violaciones de los derechos humanos y garantizar que las personas LGBT sean, de hecho, libres e iguales en dignidad y derechos.

Nosotres, las 1117 ONGs de 134 Estados y territorios de todo el mundo, instamos a este Consejo a garantizar que sigamos construyendo un mundo en el que todes puedan vivir libres de violencia y discriminación. Para permitir que este importante y aún pendiente trabajo continúe, les instamos a renovar el mandato del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Brian Nichols en “¿Presos Por Qué?”: Detención y juicios por motivos políticos a manifestantes son una afrenta para la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela

Washington DC, 15 de junio de 2022.- Las detenciones de manifestantes pacíficos en Cuba, Nicaragua y Venezuela son una afrenta para la democracia y los juicios buscan silenciar la libertad de expresión, resaltó el Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, durante el evento “¿Presos por qué?: Personas presas por motivos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela”, organizado por el Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos, del cual forma parte el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad).

Este evento se realizó en el marco de la IX Cumbre de las Américas con el objetivo de generar un espacio de reflexión y diálogo sobre las circunstancias y condiciones que experimentan las personas privadas de libertad en el ejercicio de sus derechos fundamentales en esos tres países. Aparte de Nichols, en este espacio participó el  Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y para la Prevención y Combate a la Tortura, Edgar Stuardo Ralón, así como familiares de personas presas políticas y activistas.

“Estados Unidos, junto con sus socios y aliados en todo el mundo, sigue presionando para que se libere a todas las personas detenidas injustamente por motivos políticos y para que se ponga fin a las violaciones de derechos humanos y para que se den las condiciones para la celebración de elecciones libres y justas que permitan a los venezolanos, cubanos y nicaragüenses elegir por sí mismos a sus dirigentes”, expresó Nichols.

Stuardo Ralón: “La CIDH quiere reiterar el compromiso de condenar esta situación”

Por su parte, el Relator de la CIDH sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y para la Prevención y Combate a la Tortura, Edgar Stuardo Ralón, aseguró que las cárceles en las que se encuentran las personas presas políticas “se caracterizan por altos niveles de hacinamiento, alojamiento en celdas con deficiencias estructurales y condiciones insalubres; empleo de medidas de aislamiento, falta de acceso a agua potable; alimentación adecuada y medicamentos; empleo de prácticas de tortura y otros malos tratos”.

Ralón dijo que la situación en los tres países es grave y particularmente en Cuba se volvió mucho más complicada a raíz de las protestas del 11 y 12 de julio de 2021, que el régimen reprimió con violencia; tal cual ocurrió en las manifestaciones pacíficas de Nicaragua en 2018 y Venezuela en 2014.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos quiere reiterar el compromiso de condenar esta situación y exigir la liberación de todos los presos políticos. El compromiso de la Comisión es de visibilizar todas estas situaciones con todos los instrumentos a su alcance, sean estos comunicados de prensa, medidas cautelares para poner fin a este régimen de represión”. 

Anamely Ramos: “En Cuba, los presos políticos no solo son víctimas, también son héroes”

En Cuba hay más de 1400 personas presas políticas a raíz de las manifestaciones del 11 y 12 de julio y las condiciones en que se encuentran son inhumanas completamente, según datos de las organizaciones Cubalex y Justicia11J.

Anamely Ramos, artista cubana y defensora de derechos humanos expresó que la situación es difícil para todas las personas presas políticas, pero especialmente para las mujeres. “Las mujeres que están presas, además que la mitad son madres que están separadas de sus hijos, son sometidas a actos degradantes y todo tipo de humillaciones”, expresó, y solicitó que se de acceso a las prisiones para constatar la condición de salud de las personas presas políticas, más apoyo a la sociedad civil, mayor visibilización al encarcelamiento de menores de edad y denunciar la complicidad de los sistemas de justicia de los tres países en favor de sus regímenes. 

«En Cuba, los presos políticos no solo son víctimas, también son héroes. No comenzaron a ser presos cuando fueron detenidos, sino desde que nacieron», resaltó Ramos.

Victoria Cárdenas de Nicaragua: “Unámonos al grito de Libertad”

Un 8 de junio, pero de 2021, el precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro fue detenido por la Policía del régimen de Daniel Ortega y su esposa, la empresaria Victoria Cárdenas, tuvo que exiliarse para no ser apresada también. En prisión, Chamorro ha perdido más de 50 libras de peso y se encuentra irreconocible, según las personas que han logrado visitarlo sólo siete veces en el último año.

Hasta inicios del mes de junio en Nicaragua habían 184 personas presas políticas y de ellas, 180 ya habían recibido una condena en juicios carentes del debido proceso y en los cuales se utilizaron a policías como testigos. 

“Invito a todos a alzar nuestras voces por todas esas voces que regímenes autoritarios como el de Cuba, Venezuela y Nicaragua quisieron callar. Unámonos al grito de libertad.  Hago un llamado a la comunidad internacional, a los jefes de Estado, a los organismos internacionales de derechos humanos, a la sociedad civil, al empresariado del continente y del mundo y a las personas de buena voluntad, a hacer todo lo necesario para conseguir que se cumpla con lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado y se les libere inmediatamente”, agregó Cárdenas. 

Sobre la situación de Nicaragua, el director de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, recalcó que desde el inicio de las protestas de abril de 2018, al menos 1,614 nicaragüenses fueron detenidos arbitrariamente hasta mayo de 2020. “En la mayoría de los casos lo que se ha criminalizado es el derecho a la libertad de expresión», dijo Quesada.

Para finalizar, Quesada aseguró que seguirán denunciando las violaciones a los derechos humanos que comete el régimen de Ortega en Nicaragua en contra de las más de 180 personas presas políticas y para ello lanzarán la campaña “Nicas Libres Ya” que busca visibilizar sus historias y lograr el apoyo necesario para su pronta liberación. 

Munira Muñoz: “En Venezuela tenemos 235 personas presas políticas”

Munira Muñoz, abogada y coordinadora de la organización Foro Penal USA/Venezuela, recordó que “en Venezuela tenemos 235 personas presas políticas de las cuales 15 son mujeres”. En este país han muerto por lo menos 10 personas presas políticas desde el año 2014, y muchas de ellas son confinadas junto a presos comunes. 

Muñóz mencionó el caso de la presa política Emirlendris Benítez, de 41 años, quien fue arrestada en agosto de 2018. “Se le imputaron delitos de terrorismo, asociación para delinquir, homicidio intencional en grado de frustración en contra del Presidente de la República, homicidio intencional con alevosía en contra del alto mando militar, daños a la propiedad pública y detentación de artefactos explosivos. Ella se encontraba dando un servicio de transporte con su esposo quien también se encuentra preso”. 

Benítez perdió la movilidad de sus piernas tras sufrir un aborto por el maltrato recibido al momento de su detención y en 2021 su hermana denunció que su situación de salud era bastante delicada.

Situación grave para personas defensoras de derechos humanos

El Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, relató que la situación es grave para todas las personas de los tres países, pero especialmente para los defensores y defensoras de derechos humanos y las personas activistas que, incluso cuando pretendían ir a Los Ángeles para participar en la Cumbre de las Américas, fueron impedidas por las autoridades cubanas. 

“En particular se imponen (restricciones) para impedir la participación (de activistas) en foros internacionales donde se pretende exponer violaciones a los derechos humanos por parte del régimen cubano”, agregó Quesada.

Esta situación se ha registrado en Nicaragua, Cuba y Venezuela, cuyos Gobiernos limitan los viajes de quienes consideran oposición política para evitar las denuncias a nivel internacional sobre las violaciones a los derechos humanos. 

Pronunciamiento

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) no cesamos en demandar la liberación inmediata y sin condiciones de todas las personas presas políticas de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Asimismo, instamos a los Estados a cumplir con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Personas Reclusas (Reglas Nelson Mandela) en los centros penitenciarios. 

Es imperativo que estos países acaten las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH), órganos de los tratados y los procedimientos especiales. 

¡Libertad para las personas presas políticas!

Raza e Igualdad alerta sobre nuevo Código Penal que recrudece la criminalización del ejercicio de derechos fundamentales

Washington D.C., 14 de junio de 2022 – El pasado 15 de mayo, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó un nuevo Código Penal que representa una amenaza para la sociedad civil y el periodismo independientes en la Isla, ya que -por medio de un lenguaje ambiguo- dispone restricciones y sanciones al ejercicio de actividades propias de personas defensoras de derechos humanos, juristas, activistas y periodistas. La norma, que fue votada en sesión extraordinaria, entrará en vigor al cumplirse 90 días desde la fecha de su aprobación, luego de que sea publicado en la Gaceta Oficial de Cuba.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), conoció el borrador del documento, que aparece en la página web del Tribunal Supremo Popular de Cuba[1], e identificó seis puntos del proyecto de Código Penal que causan gran preocupación, porque contraviene el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, de reunión y de asociación pacífica.

  1. Tipos penales ambiguos

El nuevo Código Penal mantiene tipos penales ambiguos para sancionar conductas contrarias a la “seguridad interior del Estado”, entre las que se encuentran los delitos contra el orden constitucional, la sedición, la propaganda contra el orden constitucional, el financiamiento nacional o extranjero que tenga como “propósito sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”[2], entre otros. Estos tipos penales, “al ser sumamente vagos, contravienen las obligaciones internacionales de Cuba, y los hace inválidos como base jurídica del arresto, lo cual hace imposible […] invocar fundamento legal alguno para justificar la detención, convirtiéndola en arbitraria[3]”

Otro delito que también podría explicar las ambigüedades de la norma es el que se refiere a los desórdenes públicos. De acuerdo con la Ley, se sancionarán los actos que se consideren “provocadores”, sin especificar el alcance de esta terminología. Aún existen muchas dudas en torno al nuevo Código Penal, que, si bien incorpora ciertas modificaciones, mantiene vigentes tipos penales que han sido objeto de preocupación y recomendaciones por parte de órganos de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se mantiene la falta de claridad que tanto daño ha causado a activistas, periodistas independientes y artistas cubanos.

  1. Amenazas contra la libertad de asociación y reunión

El nuevo Código Penal limita el ejercicio de los derechos de libre asociación y reunión, y en algunos casos aumenta las penas. Por ejemplo, el artículo 274 de la norma incrementa las penas y multas para quienes formen parte de organizaciones no autorizadas para constituirse, es decir para los miembros de las organizaciones de la sociedad civil independiente, a quienes además les podrían confiscar sus bienes.

Esta medida, que también es ambigua, se regularía en Cuba mediante la Ley de Manifestación y Reunión, pero esta iniciativa, que sería clave para entender el alcance de este tipo penal, se encuentra engavetada desde 2020.

Otro punto que llama la atención de activistas y defensores de derechos humanos cubanos es el relacionado con el artículo 143 del nuevo Código, que señala que cualquier persona, por sí o en representación de una organización no gubernamental, que apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional, incurrirá en una sanción de privación de libertad de cuatro a 10 años.

  1. Delitos contra los procesos electorales y participación democrática

El nuevo Código también penaliza a quienes “promuevan o induzcan la abstención entre las personas con derecho al voto activo”, castiga a las personas que “muestren irrespeto hacia autoridades electorales o candidatos durante el desarrollo de las elecciones o procesos de participación democrática” (art. 431.2.c), y además penaliza a quienes “difundan por cualquier medio… expresiones que denigren a los consejos u estructuras electorales”.

  1. Pena de muerte

La norma que se aprobó en sesión extraordinaria mantiene la pena de muerte como una opción de sanción penal, y los delitos en los que se puede imponer esta sanción pasaron de 19 a 24 en el nuevo Código. Esto es totalmente contrario a las recomendaciones de los órganos de derechos humanos que han sugerido explícitamente a Cuba abolir esta figura de su legislación[4].

  1. Responsabilidad penal de menores de edad

Otro punto que genera preocupación entre la población cubana es el que se refiere a la responsabilidad penal, que en el nuevo Código se mantiene a partir de los 16 años desconociendo el interés superior y el especial cuidado que requieren los menores de edad, a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos.

  1. No se incluyó el feminicidio

El art. 344 del nuevo Código Penal sanciona el asesinato con pena de prisión de 20 a 30 años, privación perpetua de libertad o muerte cuando el hecho se cometa “por motivo de discriminación de género”, y el art. 345.1 considera las mismas sanciones cuando se “de muerte a una mujer como consecuencia de la violencia de género”; sin embargo, en ninguna parte se incluyó el feminicidio como delito autónomo, a pesar de que organizaciones de mujeres que residen en la Isla han reiterado varias veces este pedido.

Cada uno de estos puntos reflejan la ambigüedad y falta de garantías que enfrentan las personas en Cuba al ejercer sus derechos a la libertad de expresión, a la protesta y a la asociación pacífica. El nuevo Código Penal recrudece las sanciones colocando en un especial riesgo a activistas, artistas, juristas, periodistas independientes, personas defensoras de derechos humanos y todo aquel que se manifieste en contra del gobierno, o simplemente reclame sus derechos.

Desde Raza e Igualdad hacemos un llamado para que el Estado de Cuba cumpla de buena fe las disposiciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y exhortamos a la comunidad internacional para que observe cómo avanza la implementación de esta norma, que ha generado tanta preocupación en la población cubana.

 

[1] Proyecto Código Penal. Disponible en https://www.tsp.gob.cu/sites/default/files/documentos/ACP.%2028.02.2022.pdf

[2] Anteproyecto Código Penal, 19 enero 2022, Art. 143, disponible en

https://www.tsp.gob.cu/sites/default/files/documentos/ACP%20EN%20WEB.%2019.01.2022.pdf

[3] Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Opinión 4/2020, relativa a Aymara Nieto, Eliecer Bandera, Humberto Rico, José Pompa, Melkis Faure, Mitzael Díaz y Silverio Portal, párr. 135, U.N. Doc. A/HRC/WGAD/2020/4 (26 junio 2020). Disponible en https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session87/A_HRC_WGAD_2020_4_Advance_Edited_Version.pdf

[4] Observaciones finales CAT 2022. Párrafo 38. Disponible en: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/CUB/INT_CAT_COC_CUB_48650_S.pdf

Dos vallas en Estados Unidos denuncian la grave situación de derechos humanos que se registra en Cuba

Washington D.C., 3 de junio de 2022 – “Teníamos tanta hambre que hasta nos comimos el miedo”, con esta frase que se escuchó durante las marchas que se realizaron el 11 y 12 de julio de 2021 en Cuba, dos vallas que se exhiben en los Ángeles, Estados Unidos, denuncian la grave situación de derechos humanos que se registra en la Isla. Esta es una iniciativa del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad).

Los carteles, que se encuentran en el centro de esta ciudad del sur de California (216 East 4th St, CA 90013) y en cercanías al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (Venice Blvd, CA 90034), revelan que en las manifestaciones pacíficas del año pasado (también conocidas como 11J), hay más de 700 personas detenidas, la mayoría sin ser enjuiciadas, por reclamar cambios en la Isla y por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Las vallas estarán exhibidas durante la IX Cumbre de las Américas que se realizará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, y buscan exhortar a la comunidad internacional que asistirá a este encuentro que reúne a jefes de Estado y de Gobierno de la región, para que se adopten medidas que permitan poner fin a la represión, a los casos de hostigamiento, a las detenciones arbitrarias y a las agresiones que sufren constantemente activistas, periodistas independientes, artistas y defensores de derechos humanos en Cuba.

Eventos paralelos

Raza e Igualdad, junto a CADAL, realizarán el martes 7 de junio, en la ciudad de Los Ángeles, el evento ‘Las manifestaciones pacíficas en América Latina: Reflexiones sobre Cuba a un año del 11J’, mientras que el miércoles 8 de junio, el Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos—del cual es parte Raza e Igualdad—realizará el evento ‘¿Presos por qué?: Personas presas por motivos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela’. En ambos espacios, participarán expertos internacionales que han seguido de cerca lo que está ocurriendo en Cuba, así como activistas y personas defensoras de derechos humanos.

LAS MANIFESTACIONES PACÍFICAS EN AMÉRICA LATINA: REFLEXIONES SOBRE CUBA A UN AÑO DEL 11J

Martes, 7 de junio

5:00 PM Los Ángeles | 8:00 PM La Habana – Washington D.C.

Hotel Índigo – Los Ángeles, Downtown | Salón Hollander

RSVP y registro virtual: https://bit.ly/3MKyGlJ

Interpretación simultánea ESPAÑOL | INGLÉS

Con la participación especial de:

Pedro Vaca, Relator Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión

¿PRESOS POR QUÉ? PERSONAS PRESAS POR MOTIVOS POLÍTICOS EN CUBA, NICARAGUA y VENEZUELA

Miércoles, 8 de junio

4:00 PM Los Ángeles | 5:00 PM Centroamérica | 7:00 PM Caracas – La Habana

Hotel Índigo – Los Ángeles, Downtown | Salón Orpheum A

RSVP y registro virtual: https://bit.ly/3sVeJAw

Interpretación simultánea ESPAÑOL | INGLÉS | PORTUGUÉS

Con la participación especial de:

Stuardo Ralón, Relator de la CIDH sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad

Raza e Igualdad denuncia la situación de personas presas políticas en Cuba, Nicaragua y Venezuela en el marco de la IX Cumbre de las Américas

Washington DC, 2 de junio de 2022.– En el marco de la Cumbre de las Américas, el Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos– que es liderado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)– realizará el evento “¿Presos por qué?: Personas presas por motivos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela”, cuyo objetivo es generar un espacio de reflexión y diálogo sobre las circunstancias y condiciones que experimentan las personas privadas de libertad en el ejercicio de sus derechos fundamentales en esos tres países.

El evento, que tendrá una modalidad híbrida, se llevará a cabo el miércoles 8 de junio en el salón Orpheum A del Hotel Índigo, en Los Ángeles (California), a partir de las 4:00 pm hora local (5:00 pm hora Centroamérica y 7:00 pm hora Caracas y La Habana). Asimismo, será transmitido por la página de Facebook y el canal de YouTube de Raza e Igualdad. 

Entre los panelistas, se encuentra Uzra Zeya, Subsecretaria para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos de Estados Unidos;  Brian A. Nichols, Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental; el Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y para la Prevención y Combate a la Tortura, Edgar Stuardo Ralón; y el Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada. 

También se contará con la participación de Victoria Cárdenas, empresaria nicaragüense y esposa del precandidato presidencial y preso político del régimen de Ortega y Murillo, Juan Sebastián Chamorro; Anamely Ramos, artista cubana y defensora de derechos humanos; Munira Muñoz, abogada y coordinadora de la organización Foro Penal USA/Venezuela. El evento será moderado por David Álvarez Veloso, Coordinador del Consorcio de Derechos Humanos.

La situación de las personas presas políticas en Cuba, Nicaragua y Venezuela 

La cantidad de personas presas políticas en Cuba, Nicaragua y Venezuela continúa incrementando. Estos tres países se caracterizan por tener gobiernos autoritarios que utilizan leyes para criminalizar las actividades de promoción y defensa de los derechos humanos, el periodismo y a la oposición política. 

Cuba

En Cuba, cuyo sistema de partido único mantiene un férreo control sobre la sociedad en todos sus ámbitos, se contabilizaban 150 personas presas políticas hasta julio de 2021, pero tras las históricas protestas del 11 y 12 de julio, la cifra aumentó a más de 1400. Entre las personas detenidas hay por lo menos 50 menores de edad, de los cuales, hasta marzo de 2022,  20 habían sido enjuiciados y condenados a entre 7 y 13 años de prisión.

Nicaragua

En Nicaragua, la represión estatal y paraestatal a las manifestaciones pacíficas iniciadas en abril de 2018, resultó en 355 víctimas fatales, más de 2,000 personas heridas y 1,614 detenciones arbitrarias.

La crisis se ha extendido por más de cuatro años y, actualmente, más de 170 personas se encuentran presas por motivos políticos, sin acceso a atención médica especializada en condiciones que incumplen las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Personas Reclusas (Reglas Nelson Mandela) y la Ley interna en materia de derechos humanos, que pueden calificarse de tratos crueles, inhumanos, degradantes, torturas físicas y psicológicas. Esta situación es especialmente crítica para las 14 mujeres presas políticas, 19 personas de la tercera edad y personas con enfermedades crónicas.

Venezuela

Desde el 2014 Venezuela no ha sido la excepción a la profundización de la crisis de derechos humanos, luego que la ciudadanía saliera a protestar por la situación económica y de inseguridad en el país. Ese año, el número de personas detenidas por motivos políticos alcanzó los 3,708, mientras que en 2017 se registraron 5,511 arrestos por las mismas motivaciones. Actualmente, según la organización Foro Penal, hay 239 personas privadas de libertad por motivos políticos en este país. 

Desde el año 2014 al menos 10 personas presas políticas han perdido la vida y la organización Foro Penal ha reportado que las condiciones carcelarias en el país son precarias, y ha registrado casos de presos por motivos políticos que se encuentran recluidos junto a presos comunes. 

¿Cuándo una persona es presa política?

En el ámbito del derecho internacional, no hay una definición o caracterización de personas presas políticas. Sin embargo, la existencia de esta problemática en la región ha permitido identificar criterios para determinar cuándo una persona ha sido privada de libertad por motivos políticos, independientemente del país donde se registre.

Estos son algunos:

  • Las actividades de la persona están vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión, asociación o reunión; la oposición política, la defensa de los derechos humanos y manifestaciones pacíficas.
  • El Estado lleva a cabo acciones con el fin de consolidar o retener el poder, las cuales resultan en violaciones a los derechos humanos.
  • Existe una utilización y articulación de las estructuras e instituciones del Estado para la privación arbitraria de la libertad de la persona y su criminalización.
  • El contexto se caracteriza por Estados unipartidistas y autoritarios, donde las instituciones democráticas no existen…aunque hay registro de casos en contextos de países con cierta institucionalidad democrática reconocida.

Información del evento ¿PRESOS POR QUÉ? Personas presas por motivos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. 

Miércoles, 8 de junio de 2022

4:00 PM Los Ángeles | 5:00 PM Centroamérica | 7:00 PM Caracas – La Habana

Hotel Índigo – Los Ángeles, Downtown | Salón Orpheum A

RSVP y registro virtual: https://bit.ly/3sVeJAw

Interpretación simultánea ESPAÑOL | INGLÉS | PORTUGUÉS

Organizaciones solicitan al gobierno cubano atender recomendaciones de la ONU para detener actos de tortura

Washington D.C., 18 de mayo de 2022 – El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT), después de haber revisado la situación de Cuba los días 21 y 29 de abril de 2022 en Ginebra (Suiza), ha solicitado al Estado proporcionar información precisa a más tardar el 13 de mayo de 2023 en relación a una inspección independiente de los lugares de detención, la situación de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas y artistas en la Isla y la investigación y sanción de los sucesos del 11 de julio de 2021.

En su más reciente informe sobre la isla, el Comité de las Naciones Unidas lamenta que en Cuba no se haya creado aún una institución nacional de derechos humanos; no exista independencia, imparcialidad y eficacia de la Fiscalía General y del poder judicial, ni se garantice el derecho a la libre asociación y al ejercicio independiente de la abogacía; no existan medidas legislativas ni garantías para que los tribunales militares no juzguen a civiles; ni se garanticen salvaguardias fundamentales contra la tortura de todas las personas detenidas. El Comité también recomendó al Estado ratificar el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que permitiría las visitas periódicas de órganos internacionales y nacionales independientes, sin notificación, para prevenir la tortura y otros tratos o penas inhumanos o degradantes.

Ante la información recibida por el Comité que da cuenta sobre patrones de maltratos y tortura hacia personas privadas de libertad en centros de detención, como agresiones físicas y verbales, restricciones injustificadas del régimen de visitas, traslados a centros penitenciarios alejados de su entorno familiar y el uso prolongado de celdas de aislamiento, el órgano integrado por expertas y expertos independientes solicitó al Estado cubano abrir investigaciones relacionadas a los malos tratos y a las restricciones arbitrarias o injustificadas de los derechos de las personas detenidas.

Asimismo, pese a la negación del Estado cubano de la comisión por parte de los agentes del Estado de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y malos tratos, como golpizas, insultos, amenazas de carácter sexual, registros corporales integrales, aislamiento en celdas oscuras, uso de gas pimienta, exposición a altas temperaturas dentro de vehículos policiales, y abandono de personas retenidas en zonas remotas, cometidas en el marco de las protestas sociales de julio y noviembre de 2021 en contra de personas defensoras de derechos humanos, artistas y periodistas, el Comité contra la Tortura solicitó al Estado cubano emprender investigaciones prontas y exhaustivas, sancionar a los responsables y reparar integralmente a las víctimas. De igual forma recomendó al Estado establecer protocolos que regulen la actuación de las fuerzas del orden durante las protestas sociales, conforme a las normas internacionales de protección de derechos humanos.

En un contexto de sistemáticas violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía cubana, y en particular de activistas, artistas y periodistas, las organizaciones firmantes saludamos las recomendaciones emitidas por el Comité y hacemos un firme llamado al Estado cubano para adoptarlas y atenderlas de forma íntegra, en congruencia con el compromiso que manifestó frente a dicho Comité en la sesión del 29 de abril.

Asimismo, ante la persistente criminalización y desacreditación de personas defensoras de derechos humanos por parte del Estado cubano, así como su rechazo a los informes de las organizaciones de la sociedad civil independiente que documentan la comisión de graves violaciones a los derechos humanos en la Isla, hacemos un llamado a la comunidad internacional a respaldar públicamente la labor en defensa de derechos humanos de los activistas y artistas dentro de Cuba, así como a denunciar y condenar los abusos que se cometen en su contra.

Confiamos en que estas recomendaciones emitidas por el Comité Contra la Tortura de la ONU, constituirán una ruta para que, en Cuba, cesen los hostigamientos, las detenciones arbitrarias, las sentencias injustas y las torturas en contra de quienes ejercen sus derechos a la libertad de expresión, a la protesta y asociación pacífica.

#EnCubaSeTortura

Organizaciones firmantes:

  • Article 19. Oficina para México y Centroamérica.
  • Organización Mundial Contra la Tortura.
  • Centro para los Derechos Civiles y Políticos (CCPR-Centre).
  • Centro de Estudio Liderazgo y Desarrollo (CELIDE).
  • Grupo de Trabajo sobre Detenciones por Motivos Políticos Justicia 11-J.
  • Red en Defensa de los Derechos Humanos.
  • Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.
  • Prisoners Defenders.
  • Movimiento San Isidro.
  • Plataforma Femenina.
  • Civil Rights Defenders.

17M: La tarea es eliminar la LGBTIfobia estructural

Washington D.C., 17 de mayo de 2022.– Las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y de identidades diversas a lo largo de la historia universal han sido perseguidas por su identidad de género y su orientación sexual. Aunque hay avances normativos en materia de derechos humanos aún en algunas sociedades patologizan y criminalizan a las personas LGBTI+.

Incluso, hasta el 17 de mayo de 1990, Organización Mundial de la Salud (OMS) consideraba a la homosexualidad como una patología mental, así lo registró en la primera versión de su Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de 1948. Asimismo, desde 1975 definieron a la transexualidad como un trastorno mental. Recién en el 2018, con la versión CIE-11, la sacó de la lista.

Por ello, cada 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia se conmemora la histórica decisión de la OMS que contribuyó a la despatologización y al reconocimiento de la homosexualidad como un aspecto natural de la vida y de la sexualidad. Sin embargo, aún en muchos lugares del mundo, la diversidad sexual es condenada por la religión, las leyes y la sociedad, incluso con pena de muerte.

El daño histórico es irreversible y lo mejor que queda por hacer es saldar esa deuda histórica que ha colocado a la comunidad LGBTI+ en un contexto de particular vulnerabilidad.

Cuerpos como territorios de violencia

“Nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros derechos” es la consiga de este año elegida por la organización 17 de Mayo para conmemorar esta fecha. “Un tema que nos recuerda que muchos de nosotros en todo el mundo vivimos la LGBTQI-fobia en carne propia todos los días y que nuestros cuerpos están siendo abusados, arruinando nuestras vidas.”, describe su portal web.

En Latinoamérica y el Caribe, se registraron al menos 370 asesinatos de personas LGBTI+ en el 2020, y la tendencia desde 2014 es que el número de homicidios aumente anualmente, tal y como señala el último informe la red de organizaciones de la sociedad civil Sin Violencia LGBTI. A diario, se practican muchas violencias sobre los cuerpos que no cumplen con las expectativas de género binario cisnormativo heterosexual, siendo la muerte la forma más violenta de atentar contra las vidas de las personas de la diversidad sexual.

Lucha LGBTI+

Gracias a los liderazgos LGBTI+ y a la suma de contribuciones de organizaciones de derechos humanos, hoy hay más personas visibles y no visibles uniéndose a la lucha LGBTI+ contra la desigualdad, violencia y la discriminación estructural.

Sin embargo, es compromiso de todes construir y defender una sociedad plural, donde se respeten las diversas formas de expresar, pensar, actuar, amar y ser. Esta es una lucha de todes, para todes y que todes debemos hacer nuestra. Como menciona Dhananjayan Sriskandarajah, director de Oxfam, en una columna de opinión de Equal Times, la defensa de la dignidad, la libertad, la identidad y la vida son derechos ligados intrínsecamente a los derechos de cada une.

En la campaña global a favor de la igualdad, justicia social y no discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género todes debemos ser parte.

Acciones contra el odio y la violencia

Este 17 de mayo, desde Raza e Igualdad conmemoramos el derecho a vivir libres de violencia y con dignidad. Si bien existen cambios normativos y reconocimientos legales en muchos países, creemos que no es suficiente. Tenemos el firme convencimiento de que la verdadera transformación social llegará cuando, desde diferentes sectores, empecemos un verdadero trabajo para deconstruir los pensamientos y actitudes de las sociedades que no permite que todas las personas en sus diversidades puedan vivir plenas y seguras.

Por ello, conminamos a los Estados a combatir el estigma, la discriminación y la violencia estatal que precariza las existencias LGBTI+ residentes y en movilidad humana, que permite el abuso policial, la impunidad en crímenes de odio, la discriminación, la violencia en espacios educativos y sanitarios, la tortura, la violencia sexual y reproductiva, los malos tratos, los trámites injustificados y un largo etcétera de acciones que disfrazan y justifican la violencia para seguir manteniéndoles en la marginalización.

Todo ello, tiene efectos reales, graves y adversos en la seguridad integral de la población LGBTI+, en el acceso al trabajo, en sus desarrollos, en la educación y en la salud física y mental que no se pueden tolerar más. Se necesitan los esfuerzos de todos los Estados y sociedades para eliminar el entorno LGBTIfóbico y garantizar los derechos humanos de la población LGBTI+. Esto no se logrará sin la voluntad política de escuchar activamente, comprender y abordar con altura las necesidades específicas de lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y demás identidades diversas.

Tres años del 11M en Cuba: las demandas de las personas LGBTI+ y el Código de las Familias

Washington D.C., 11 de mayo de 2022 – Hoy se conmemoran tres años de la primera marcha que la población LGBTI+ de Cuba organizó con independencia del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex). La conmemoración de esta fecha se da en medio de las sentencias que se han conocido en contra de las personas que participaron en las manifestaciones de julio de 2021, el proyecto del nuevo Código Penal, que podría afectar a varias personas activistas LGBTI+; y el Código de las Familias, en el que se habla por primera vez del matrimonio igualitario y de la adopción entre parejas del mismo sexo, dos demandas de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en la Isla.

Esta última reforma que se está impulsando desde el gobierno cubano parece un gran paso en el reconocimiento de los derechos LGBTI+ de este país, sin embargo, esta iniciativa se someterá a una consulta popular para ser aprobada; es decir, dos personas del mismo sexo podrían formar una familia en Cuba solo si la mayoría de los habitantes del archipiélago lo aprueba en un referendo que están organizando las autoridades de la Isla.

¿Qué ocurrió el 11 de mayo de 2019 en Cuba?

Ese día, que también se conoce como 11M, se iba a realizar en La Habana una tradicional conga (baile cubano que se acompaña con tambores) contra la homofobia y la transfobia, como parte de una serie de actividades previas a la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se lleva a cabo en el mundo cada 17 de mayo. Pero en aquel entonces, el órgano oficial que coordina estas actividades, el Cenesex, decidió cancelar a última hora la manifestación (como volvió a ocurrir hoy. Esta entidad del Estado canceló la conga que se realizaría esta tarde), argumentando que no se podía realizar porque había “nuevas tensiones en el contexto internacional y regional”, lo que causó gran malestar entre el movimiento LGBTI+ de Cuba.

A raíz de esto, las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas de la Isla, se convocaron a través de las redes sociales, y se reunieron, a partir de las 4 de la tarde, en el Parque Central de La Habana. Allí llegaron de distintas partes y, de un momento a otro y sin un rumbo establecido, empezaron a marchar. Era la primera vez que el movimiento LGBTI+ de Cuba se manifestaba por cuenta propia, exigía sus derechos de forma pacífica sin ayuda del gobierno cubano, que continúa sin garantizar el reconocimiento pleno de esta población.

Aquel día miembros de la Seguridad del Estado bloquearon la manifestación, que incluyó un besatón (nombre que se le da al acto en el que varias personas LGBTI+ se besan en público en señal de protesta). Decenas de personas que participaron en la conga improvisada fueron agredidas y detenidas de forma arbitraria por las autoridades.

“A pesar de la prohibición por parte del Estado y la represión a activistas y colectivos LGBTI, cerca de 300 personas se congregaron y marcharon por Prado, pidiendo una Cuba diversa y gritando ‘sí se pudo’, en alusión a la suspensión injustificada de la tradicional conga de la diversidad, único espacio físico y público que tenía la comunidad como parte de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia que organiza el Cenesex”, cuenta Jancel Moreno, coordinador de Dame la Mano, organización LGBTI+ de la Isla.

De acuerdo con varios activistas y organizaciones, el 11 de mayo de 2019 marcó un antes y un después en la lucha por el reconocimiento de los derechos LGBTI+. “Representa un grito, un acto de rebeldía que para algunos incluso pudo haber sido un momento de estallido, y para otros también significó un cambio en sus vidas por las detenciones. Sin duda, es una fecha para nunca olvidar, en donde las personas LGBTI+ decidieron reclamar sus derechos ante un Estado que hasta este momento siempre nos ha discriminado”, dice el activista Yoelkis Torres, coordinador de la organización AfroAtenas.

¿Qué ha pasado desde entonces?

“No se ha conseguido ningún derecho. Si bien el proyecto del Código de las Familias que está en espera del referéndum incluye varias de las principales demandas de la comunidad, todavía no es una realidad y puede no llegar a serlo. El Código será llevado a referéndum en un país con una historia machista y homofóbica que es incluso heredada por ‘la revolución’”, afirma Jancel, quien sostiene también que ser una persona LGBTI+ en Cuba significa cargar con estigmas y prejuicios, además de no tener respaldo ni garantías legales. “Si bien se ha avanzado desde la percepción de la sociedad en sí misma, todavía falta muchísimo por hacer”, agrega.

Después de tres años del 11M, las demandas de las personas LGBTI+ en Cuba, siguen siendo las mismas: que se les reconozcan sus derechos. “Hay un artículo en la Constitución cubana que habla sobre el principio de la no discriminación por la orientación sexual e identidad de género, pero esta es como si no existiera”, dice Yoelkis, quien afirma que el Código de las Familias representa una esperanza para esta población, que ha sido víctima de agresiones, amenazas y asesinatos, a pesar de que no se conozca un registro oficial que cuente la violencia que han sufrido por años.

Las personas LGBTI+ están a la espera de que se realice el referendo del Código de las Familias, que, de ser aprobado por la mayoría de los habitantes de la Isla, representaría un paso enorme en el reconocimiento de sus derechos. Pasarían de no tener una ley que los proteja, a poder formar una familia diversa con garantías para evitar cualquier tipo de discriminación y violencia.

Desde Raza e Igualdad expresamos nuestro compromiso para acompañar las demandas de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en Cuba y llamamos al gobierno a escuchar sus reclamos, en correspondencia con sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación. Esto es particularmente relevante porque estamos a dos meses de conmemorar otro hito en la Isla, como son las protestas pacíficas del 11 y 12 de julio, las cuales, al igual que la marcha del 11M de hace tres años, fueron fuertemente reprimidas por las autoridades cubanas, y resultaron en la detención masiva de cientos de manifestantes que hoy siguen siendo condenados por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Por ello también hacemos un llamado al Estado de Cuba para que observe los estándares internacionales de derechos humanos y sus actuaciones que afectan de sobremanera a las poblaciones más vulnerables, como las LGBTI+.

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