Declaración conjunta: A un año del 11J, hacemos un llamado al Estado de Cuba para que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos

Declaración conjunta: A un año del 11J, hacemos un llamado al Estado de Cuba para que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos

Washington D.C., 8 de julio de 2022 – Las organizaciones firmantes realizamos la siguiente declaración para conmemorar el primer aniversario de las manifestaciones realizadas el 11 de julio de 2021 y los días siguientes (en adelante 11J) en Cuba, y visibilizar sus efectos en la situación actual de derechos humanos en la Isla.

El 11J marcó un punto de inflexión en la historia cubana. Las protestas fueron resultado de la grave crisis sanitaria y económica, y las violaciones recurrentes a derechos humanos en la isla. En respuesta, las autoridades nacionales y grupos paraestatales incrementaron el control represivo y la condena contra todas las personas que participaron en las protestas. Durante las manifestaciones se llevaron a cabo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, cortes de Internet, uso excesivo de la fuerza por parte de los miembros policiales y militares, criminalización de las personas que salieron a expresarse, y la imposición de un ambiente de violencia, autoritarismo y represión, que limitó gravemente el ejercicio de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, asociación, reunión y la defensa de derechos humanos.

Las semanas posteriores a las protestas vinieron acompañadas de juicios sumarios y ordinarios contra las personas que fueron detenidas por manifestarse, de las cuales más de un centenar han sido condenadas con penas injustificadas por delitos como desacato, atentado, sedición, desorden público e instigación a delinquir, entre otros. Entre las personas criminalizadas existen menores de edad. A un año de las históricas protestas, las organizaciones Cubalex y Justicia 11J registran 701 personas detenidas. De acuerdo con los datos recopilados, varias de las personas detenidas fueron víctimas de actos de tortura y malos tratos, preocupación que compartió el Comité contra la Tortura al examinar el tercer informe periódico de Cuba en sus sesiones 1881 y 1893.

La criminalización de la protesta y las técnicas de silenciamiento que incluyen citaciones, vigilancia en las viviendas, cortes de Internet e incomunicación, detenciones y desapariciones de corta duración, prohibición de salida o ingreso al país, amenazas, imposición de multas, y muchas otras, no son nuevas en Cuba. Sin embargo, el 11J visibilizó la represión en la isla, alertando a la comunidad internacional y generando acciones concretas como mantener a Cuba en el Cap.IV.b del informe anual de la CIDH. En el último informe de 2021, la CIDH dedicó un apartado específico para resaltar la preocupación de este organismo por el “estallido social en Cuba”.

Los efectos del 11J se viven hasta la actualidad, y restringen de forma crítica el libre ejercicio de los derechos humanos. Persisten los juicios sin garantías del debido proceso, y el uso de sentencias ejemplarizantes para atemorizar a la población. Además, preocupa la formulación de leyes con efecto amedrentador como el recién aprobado Código Penal.

El gobierno cubano mantiene una política estatal basada en sembrar el miedo y la represión en la población, en su afán por impedir toda voz crítica. Por ello, con motivo del aniversario del 11J hacemos un llamado al Estado de Cuba para que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos, sin discriminación de ningún tipo, lo que incluye el respeto y garantía de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión. Además, que se libere a las personas que se encuentran privadas de libertad por motivos políticos tras manifestarse el 11J.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional a sumarse a esta petición, al igual que a los mecanismos de protección de la CIDH y Naciones Unidas (ONU).

 

Firmamos:

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica

Artists at Risk Connection (ARC), PEN América

Centro para los Derechos Civiles y Políticos (CCPR-Centre)

Centro PEN Cuba en el Exilio

Civil Rights Defenders

Cubalex

Freedom House

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos

Justicia 11J

PEN Internacional

La represión de las históricas protestas del 11J en Cuba

Washington D.C., 6 de julio de 2022. –  A pocos días de que se cumpla un año de las marchas pacíficas del 11 de julio de 2021 en Cuba, el equipo legal del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), respondió cuatro preguntas que ayudan a conocer y entender qué ocurrió en la Isla en aquel entonces.

¿Qué pasó en Cuba en julio de 2021?

El 11 de julio de 2021 y los días siguientes (en adelante, “11J”) se vivió en Cuba una de las mayores protestas de la historia reciente de este país. En esa ocasión, miles de personas salieron a las calles de más de 50 ciudades para manifestar pacíficamente su preocupación ante el agravamiento de las crisis sanitaria y económica, y denunciar las políticas de reducción del espacio cívico impuestas por el gobierno. Organizaciones de la sociedad civil registraron más de 124 manifestaciones pacíficas a lo largo del territorio cubano, que incluyeron las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud[1]. Un número elevado de protestas reportaron violaciones graves a los derechos humanos, debido al uso excesivo de la fuerza policial, dejando como resultado una persona fallecida, 1.745 acciones represivas, al menos 1.103 detenciones arbitrarias, varios testimonios de agresiones sexuales ejercidas por la fuerza pública, 402 agresiones, 63 hostigamientos, 55 citaciones y cortes de internet en todo el país[2].

¿Por qué la gente salió a marchar?

Las manifestaciones se iniciaron en las localidades de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa (cerca de La Habana); y Palma Soriano, en Santiago; sin embargo, se extendieron rápidamente a todo el país. Las protestas que tuvieron inicio el día 11 de julio de 2021 en Cuba significaron la respuesta de la sociedad cubana a una situación social que empeoraba día tras día. Esto debido a la incapacidad del Estado cubano de garantizar de manera efectiva el acceso a derechos económicos, sociales y culturales y respetar el ejercicio de los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos.

Por un lado, el país enfrentaba (y aún enfrenta) una profunda crisis económica caracterizada por la escasez y el desabastecimiento de alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad. A esto se sumaba, las consecuencias de la respuesta del gobierno a la propagación del virus COVID-19, que impactaron Cuba de forma muy negativa, agravando los sistemas de salud y la precaria situación social previa a la irrupción de la pandemia. Finalmente, la creciente represión como respuesta a las crisis se hizo insostenible para miles de personas[3].

¿Cómo respondieron las autoridades cubanas a las manifestaciones pacíficas del 11J?

El gobierno respondió a las manifestaciones con una brutal represión que incluyó uso desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta duración, amenazas, hostigamientos, torturas y tratos crueles e inhumanos, tanto de agentes estatales como de fuerzas parapoliciales afines al gobierno. En las semanas siguientes a la protesta se registraron cientos de detenciones arbitrarias y otras violaciones a las garantías del debido proceso, así como la puesta en práctica de una estrategia de vigilancia reforzada en las calles de todo el país y en las residencias de personas activistas, a quienes se les impidió salir de sus viviendas.

El día 12 de julio de 2021, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, publicó un discurso en el cual incitó a la población civil a salir a las calles a “actuar”, incluso a través de la violencia en contra de las personas manifestantes[4]. En ese discurso, alertó a los/as manifestantes que tenían que “pasar por encima de [sus] cadáveres si quieren enfrentar la Revolución, y esta[ban] dispuestos a todo y estar[ían] en las calles combatiendo”[5]. La respuesta estatal también incluyó la difusión de propaganda y campañas de estigmatización en contra de las personas manifestantes, a las que calificó de “contrarrevolucionarios”, “delincuentes”, “vándalos”, “mercenarios” y “enemigos del Estado”.

Asimismo, el 11 de julio y los días siguientes se registraron cortes de energía y bloqueo del servicio de Internet que buscaban impedir la difusión del movimiento en las redes sociales y la prensa independiente. Como respuesta a las protestas, el 17 de agosto de 2021 el gobierno promulgó el Decreto Ley 35 de Telecomunicaciones y la Resolución 105 que significaron nuevas regulaciones sobre telecomunicaciones y ciberseguridad. Estas medidas buscaron generar un mayor control estatal sobre las manifestaciones sociales, dado que internet se había convertido en un espacio fundamental para el ejercicio del derecho de protesta en Cuba.

Este tipo de respuesta no resulta desconocida en la Isla, ya que la enfrenta a diario toda persona que se atreve a expresar sus ideas y opiniones independientes y diferentes a las del gobierno. La represión a quien piensa diferente en Cuba se ve agravada en contextos de crisis, como lo fue el de los años 90. En aquella ocasión, el Representante Especial del Secretario General de la Organización de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en Cuba, advirtió en el año 1991 que “desafortunadamente para la causa de los derechos humanos, las autoridades cubanas han decidido enfrentar esa difícil situación económica con un incremento del control represivo dirigido a los supuestos opositores del régimen, la mayoría de los cuales aspiran a cambios no violentos de unas circunstancias que encuentran intolerables”[6].

De acuerdo con datos de las organizaciones Cubalex y Justicia 11J, al 30 de junio de 2022, 1481 personas (incluyendo 57 menores de 18 años) habrían sido privadas de su libertad en el contexto de las protestas[7]. De estas, 701 permanecen actualmente en detención[8]. Entre las personas detenidas habría una cifra significativa de activistas, artistas, periodistas, líderes y lideresas de movimientos de oposición política al gobierno; profesores, estudiantes, personal médico, profesores y sacerdotes de varias confesiones religiosas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató un patrón sistemático de violaciones al debido proceso en el contexto de las privaciones de libertad de personas que participaron en las protestas, tales como: la incomunicación de la persona detenida, interrogatorios con fines intimidatorios, falta de notificación sobre las causas legales de su detención, ausencia u obstaculización para acceder a una defensa legal oportuna, técnica y adecuada, entre otros[9].

A un año de las protestas, ¿qué ha pasado en todo este tiempo?

Cerca de 10 días después de las protestas, se registraron las primeras condenas de cárcel para algunas personas por su participación en las protestas del 11J. Estas condenas se dieron en juicios sumarios por la vía del atestado directo -un procedimiento expedito que pasa directamente de la fase de investigación policial al juicio oral, sin acusación fiscal ni proceso[10]-. La mayoría de las personas acusadas no contaron con la asistencia oportuna de un abogado. Un total de 47 personas habrían sido condenadas por este procedimiento[11].

Justicia 11J y Cubalex han registrado hasta el 30 de junio de 2022, 584 personas condenadas. Según información disponible, los delitos imputados se repiten en la mayoría de las personas procesadas: “desorden público”, “atentado”, “desacato”, “instigación a delinquir”, “propagación de epidemias”, “sedición”, “manifestaciones ilícitas”, “daños” y “difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires”. Al menos 168 personas han sido condenadas por el delito de sedición, y un gran número de ellos y ellas provienen de los barrios más desfavorecidos de La Habana. Esto ha resultado que las sanciones hayan tenido un impacto desproporcionado en poblaciones de personas afrodescendientes, defensoras de derechos humanos, artistas y periodistas independientes.

De acuerdo con la información registrada por las organizaciones antes mencionadas, del total de las personas enjuiciadas, 24 eran menores de 18 años al momento de su detención, y fueron sancionadas en primera instancia con penas que se extienden hasta los 19 años de privación de libertad[12]. Asimismo, 71 mujeres (más de una veintena de ellas, madres) y 9 adultos mayores continúan detenidos[13]. Por último, estas organizaciones informan que una treintena de manifestantes excarcelados han emigrado o han sido forzados al exilio[14].

La comunidad internacional y los órganos de derechos humanos también han expresado su preocupación por las sentencias dictadas en Cuba respecto a los hechos del 11J. El Comité Contra la Tortura (CAT) ha instado al Estado cubano a que “investigue, juzgue y sancione a los responsables de uso excesivo de la fuerza y malos tratos durante las protestas”[15]. El Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ha llamado al Estado cubano a dar cuenta “sobre las presuntas desapariciones por 11J”[16]. Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño (CRC) incluyó dentro de sus recomendaciones reconsiderar “la severidad y proporcionalidad de las sentencias para los niños, niñas y adolescentes que participaron en las protestas del 11J”[17].  De la misma manera organismos regionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus relatores especiales siguen muy de cerca con preocupación las continuas violaciones de derechos humanos en Cuba a raíz del 11J, haciendo un especial llamado al Estado a “adoptar todas las medidas necesarias para evitar que mediante investigaciones estatales se someta a juicios injustos o infundados a quienes de manera legítima reclaman sus derechos mediante la protesta social.”[18]

***

[1] Registro realizado por Proyecto Inventario,” Manifestaciones en Cuba, domingo 11 de julio 2021”, https://www.google.

com/maps/d/viewer?mid=1AQAArlWutvq3eqA2nK_WObSujttknlxZ&ll=21.661531077124163%2C-80.20082207193147&z=7

[2] Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), Protestas de julio, 8 de marzo de 2021 https://observacuba.org/ocdh-protestas-de-julio-dejaron-al-menos-1-745-acciones-represivas-en-cuba-de-las-cuales-1-103-fueron-detenciones-arbitrarias/

[3] CIDH “La CIDH y sus Relatorías Especiales condenan la represión estatal y el uso de la fuerza en el marco de las protestas sociales pacíficas en Cuba, llamando al diálogo sobre los reclamos ciudadanos”, 15 de julio de 2021disponible en https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/177.asp

[4] Granma, A la Revolución la defendemos ante todo, 12 de julio de 2021.

[5] Granma, A la Revolución la defendemos ante todo, 12 de julio de 2021.

[6] Representante Especial del Secretario General, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, preparado por el Representante Especial del Secretario General, Sr. Rafael Rivas Posada, en cumplimiento del mandato conferido por la resolución 1991/68 de la Comisión, párr. 30, Comisión de Derechos Humanos, U.N. Doc. E/CN.4/1991/27 (28 enero 1992) (por Rafael Rivas Posada)

[7] Justicia 11J y Cubalex, Newsletter junio 2022. Disponible en: https://mailchi.mp/67d27e677817/newsletter-1-junio-2022

[8] Justicia 11J y Cubalex, Newsletter junio 2022. Disponible en: https://mailchi.mp/67d27e677817/newsletter-1-junio-2022

[9] Cfr. CIDH, Informe anual 2021, Cap. IV.B Cuba, párr. 70

[10] Prisoners Defenders, Atestado Directo: así están siendo juzgados los manifestantes pacíficos en Cuba, 17 de julio de 2021.

[11] Justicia 11J y Cubalex, Newsletter junio 2022. Disponible en: https://mailchi.mp/67d27e677817/newsletter-1-junio-2022

[12] Justicia 11J y Cubalex, Newsletter junio 2022. Disponible en: https://mailchi.mp/67d27e677817/newsletter-1-junio-2022

[13] Justicia 11J y Cubalex, Newsletter junio 2022. Disponible en: https://mailchi.mp/67d27e677817/newsletter-1-junio-2022

[14] Justicia 11J y Cubalex, Newsletter junio 2022. Disponible en: https://mailchi.mp/67d27e677817/newsletter-1-junio-2022

[15]Diario las Americas, Disponible en: https://www.diariolasamericas.com/america-latina/onu-cuba-debe-sancionar-abuso-fuerza-protestas-n4249031

[16] Infobae, El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU pidió explicaciones a Cuba por lo sucedido tras las protestas del 11 de julio, 21 de Enero de 2022, Disponible en: https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/01/21/el-comite-contra-las-desapariciones-forzadas-de-la-onu-pidio-explicaciones-a-cuba-por-lo-sucedido-tras-las-protestas-del-11-de-julio/

[17] CRC, Observaciones finales, CRC/C/CUB/CO/3-6, 16 de junio de 2022, párr. 26 (e).

[18] CIDH, Informe anual 2021, Cap. IV.B Cuba, párr. 77.

Colectivos y organizaciones de DDHH reiteramos la demanda de libertad para los artistas cubanos, ante la sentencia condenatoria emitida por el Tribunal

Washington D.C., 28 de junio de 2022. – El pasado viernes 24 de junio fueron anunciadas por la Fiscalía General de la República de Cuba las sentencias de los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez (también conocido como “Osorbo”), cuyos juicios se celebraron el 30 y 31 de mayo. Según la nota oficial, recibieron sanciones privativas de la libertad por 5 y 9 años, respectivamente. También fueron sentenciados Féliz Roque Delgado, Juslid Justiz y Reina Sierra Duvergel quienes el 4 de abril simplemente defendieron a Maykel.

En el caso de Otero Alcántara, el Tribunal Municipal Popular de Centro Habana señala entre los argumentos un supuesto “ánimo expreso, sostenido en el tiempo, de ofender a la bandera nacional, mediante la publicación de fotos en redes sociales donde se le utiliza en actos denigrantes”.

Sobre Maykel Castillo, se hace mención a un supuesto propósito manifiesto de «afectar el honor y la dignidad de las máximas autoridades del país” con “imágenes falsas de estos manipuladas digitalmente”.

Estos argumentos refuerzan el carácter autoritario e intolerante del Estado cubano. En el caso de Luis Manuel, se hace alusión a una obra artística, el performance Drapeau, que realizó en 2019. Y en el caso de Maykel, se habla de lo que sería entendido, en un contexto democrático, como un gesto creativo de sátira política.

El 24 de junio, en horario del mediodía, un noticiero oficialista cubano emitió un reportaje señalando que el juzgamiento de ambos artistas obedecía a delitos comunes; sin embargo, en la declaración de la Fiscalía emitida la misma mañana se podían descubrir como causas de sus enjuiciamientos tanto sus creaciones artísticas como sus activismos frontales contra la ausencia de derechos humanos, civiles y políticos, y el liderazgo que han logrado, sobre todo en los sectores más humildes de la sociedad.

Luis Manuel Otero Alcántara es artista visual y fundador del Movimiento San Isidro; recientemente se le entregó el Premio Oxi Al Coraje, que otorga la Fundación Oxi Day. Por su parte, Maykel Castillo recibió dos Grammys Latinos por su coautoría de la canción “Patria y vida”, que se convirtió en un himno por la libertad y dignidad del pueblo cubano durante las protestas masivas de julio de 2021. Ambos artistas fueron reconocidos como Presos de Conciencia por Amnistía Internacional y les fue otorgado el Premio a la Libertad por parte de Freedom House.

Recordamos que el Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas emitió el 17 de noviembre de 2021 la Opinión No. 63/2021 (Cuba), donde concluyó que “la privación de libertad de Maykel Castillo Pérez es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 5, 8, 9, 10, 11 y 12 de la DUDH” y exhortó al gobierno a “poner al Sr. Castillo Pérez inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación”.

Las organizaciones abajo firmantes, que recientemente habíamos emitido una petición de libertad inmediata para los artistas, mantenemos nuestra posición: exigimos al Estado cubano que cese la criminalización del arte político, la defensa de derechos y las campañas de difamación contra quienes deciden enfrentar el poder. Para Luis Manuel y Maykel pedimos nuevamente libertad, así como para el resto de los presos políticos, documentados por varias instancias nacionales e internacionales.

Hacemos un llamado a otras organizaciones de defensa de derechos humanos, civiles y políticos, así como a los gobiernos democráticos del mundo, a que se sumen a nuestra exigencia.

Firmamos:

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica.

Artist At Risk Connection – PEN America.

CADAL.

Centro de Estudios Liderazgo y Desarrollo (CELIDE).

 Centro PEN de Cuba en el Exilio.

Consejo para la Transición Democrática en Cuba.

Cubalex.

DemoAmlat.

Diario de Cuba.

Freedom House.

Fundación Ciudadanía y Desarrollo.

Fundación Federalismo y Libertad.

Fundamedios.

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.

Justicia 11J.

Movimiento San Isidro (MSI).

Mujeres Democristianas de Cuba.

Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

Observatorio de Derechos Culturales (ODC).

Organización Mundial Contra la Tortura.

PEN Internacional.

People in Need (PIN).

Plataforma Femenina.

Prisoners Defenders.

PROMEDEHUM.

Red Femenina de Cuba

Orgullo 2022: Reconociendo las manos LGBTI+ que han construido este camino

Washington D.C., 28 de junio de 2022.– El 28 de junio de cada año, personas LGBTI+ de todo el mundo se reúnen públicamente en grandes marchas de celebración y reivindicación de sus vidas, celebrando la diversidad sexual y de identidad de género, y la libertad para expresarlas. Es un momento reivindicativo donde lesbianas, bisexuales, gays, trans, intersexuales y más desafían frente a frente los prejuicios y estigmas reafirmando con orgullo quiénes son, sus derechos humanos y los avances logrados tras décadas de lucha.

Esta fecha conmemorativa tiene origen en el levantamiento de Stonewall, Nueva York, en 1969, el cual consistió en varios días de protestas por la persecución y la represión de la policía estadounidense contra personas LGBTI+. Un artículo del NYC LGBT Historic Sites Project menciona que estos hechos no dieron inicio al movimiento social LGBTI+, pero sí provocaron un gran impacto, pues inspiró y permitió el surgimiento de cientos de nuevas organizaciones por la causa alrededor de todo el mundo.

Al respecto, Dámaso Jussette, mujer transfeminista nicaragüense integrante de la Mesa Nacional LGBTIQ+ y de la Articulación de Movimientos Sociales, compartió que “las personas LGBTIQ+ hemos estado muy presentes en la historia, pero como [personas LGBTIQ+] que no lo son. La diferencia es que el patriarcado ha tratado de borrarnos, pero de la misma manera en que hemos resistido hasta hoy en día lo seguiremos haciendo”.

Después de 53 años desde levantamiento de Stonewall, un día como hoy —caracterizado por la celebración, visibilidad y orgullo— es posible gracias al esfuerzo y valentía de personas que hicieron frente a la persecución, la violencia e injusticias contra la población LGBTI+ desde varias partes del mundo.

Por ejemplo, las lesbianas feministas peruanas han logrado que, por primera vez, el Comité CEDAW las mencione en las recomendaciones periódicas que realizan. También tienen una mesa de trabajo en el Ministerio de la Mujer, desde donde inciden para lograr políticas públicas dirigidas a las lesbianas. Asimismo, han conseguido diálogos con altas representantes del Poder Judicial. “No es fácil, pero seguimos insistiendo al Estado el asumir la realización de estudios sobre la situación de las lesbianas y producir data específica sobre nosotras”, comenta Luisa Zanabria, integrante de la organización Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS).

En República Dominicana, Christian King, activista trans no binarie de TRANSSA (Trans Siempre Amigas), considera que, a pesar de no tener garantías para todos los derechos LGBTI+, han logrado valiosos avances como contar con una unidad de derechos humanos en la Procuraduría General de la República, un Plan Nacional de Derechos Humanos y un plan estratégico visión 2020-2024 del Poder Judicial, en el cual se incluyó el acceso a la justicia de las personas LGBTI+. “Para lograr esto, fueron muchos los desafíos que enfrentamos las organizaciones y activistas LGBTIQ+ exponiéndonos al denunciar ante organismos internacionales de derechos humanos las violaciones que se comenten en nuestro país”, compartió.

Otro activista que ha hecho importantes trabajos para la población LGBTI+ de Colombia es Manuel Velandia, ARTtivista gay. “En Colombia, tenemos muchísimos derechos ganados por vía judicial, todos han sido conseguidos a través de fallos de la Corte Constitucional. Esto se convierte en un grave problema porque nada se puede dar por sentado y se corre el riesgo de que las organizaciones antiderechos, que realmente se presentan como proderechos, pretenden revertirlos”, dijo. Con él, se fundó el movimiento de Liberación Homosexual de Colombia, el cual fue pionero de la prevención del VIH en América Latina; también escribió, junto con miembros del ActUp Canadá, el primer manifiesto mundial por los derechos de las personas viviendo con VIH/Sida. Y en el 2002, fue el primer candidato abiertamente homosexual en presentarse al Congreso de la República.

En el caso de Brasil, en 2020, el Frente Bisexual Brasileño realizó el primer festival B+ del país, hecho por y para la población bisexual. Durante su segunda edición, al siguiente año, lanzaron el Manifiesto Bisexual Brasileño, el primero en todo el territorio. “Es un documento que está resonando incluso fuera de Brasil, principalmente en los Estados Unidos.  Ya está publicado en otros países y está traducido al inglés y al español”, compartió orgullosa Vitória Régia da Silva, Cofundadora del Colectivo Bisibilidade RJ. También celebró la firma de la Resolución del Consejo Federal de Psicología, el cual establece un trato más humano a la población bisexual y no monodisidente.

Finalmente, tenemos activismos LGBTI+ que se encuentran exiliados después de enfrentarse a gobiernos represivos como el caso de Isbel Díaz, líder gay cubano, y Dámaso Jussette, mujer trans feminista nicaragüense solicitante de refugio en Costa Rica. En gobiernos autoritarios como los de Cuba y Nicaragua, las organizaciones LGBTI+ y de derechos humanos en general son perseguidas, ya que tienen una gran incidencia en la denuncia de violaciones de derechos humanos. “Aquellas que existimos pese a todo, lo hacemos siempre asumiendo riesgos que van desde la integridad física, la posibilidad de ser enjuiciados por cualquier causa inventada por la Seguridad del Estado, y la total precariedad para el acceso a recursos materiales, conectividad, y libertad de movimiento”, señala Isbel.

Gracias al incansable trabajo del activismo y de la resistencia de colectivos en países hostiles, poco a poco, la agenda LGBTI+ está logrando posicionarse en los medios de comunicación, en las redes sociales, en el escenario político y está consiguiendo importantes victorias. Aunque aún quede un camino largo por recorrer, los liderazgos de personas defensoras LGBTI+ como las mencionadas, han dejado una senda abierta con posibilidades para continuar luchando.

Es justo recordar que los avances en materia de derechos humanos LGBTI+ se han conseguido por los esfuerzos de quienes han precedido estas luchas y por quienes continúan incidiendo para protegerlos y defenderlos. Por eso, Raza e Igualdad saluda las grandes contribuciones de los liderazgos LGBTI+ en América Latina y el Caribe, y reconoce que si, hoy por hoy, el miedo y la vergüenza ya no son una opción para muchas personas, es gracias a las batallas que se han librado y se siguen librando por el reconocimiento y respeto de los cuerpos e identidades disidentes.

Personas presas políticas: Raza e Igualdad organiza foro para contribuir al abordaje eficaz de la detención y prisión por motivos políticos en la región

Washington D.C., 17 de junio de 2022.-Raza e Igualdad organizó un foro para contribuir al abordaje eficaz de la detención y prisión por motivos políticos en el hemisferio occidental y propuso pautas que permitan establecer criterios para determinar quién es una persona detenida por motivos políticos.

“En el instituto este proceso inició hace como un año y medio preocupados un poco por la necesidad de tener criterios para que una persona sea considerada presa política en el hemisferio”, mencionó el director de Raza e Igualdad, Carlos Quesada.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ericka Guevara Rosas destacó la similitud que existe en las violaciones a los derechos humanos cometidos contra personas arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos  en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela donde hay una “cooptación de los Poderes del Estado”. 

Guevara participó en el evento «Personas presas políticas: Desafíos y propuestas para su protección internacional desde un enfoque de derechos humanos», organizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), con el fin de crear un espacio de reflexión sobre las características que deben existir para que se considere que una persona está arbitrariamente privada de libertad por motivos políticos en un país. 

Guevara destacó que hay un patrón entre Cuba, Nicaragua y Venezuela, por ejemplo, en el que se apunta a la criminalización de personas periodistas y activistas de derechos humanos que se oponen a ciertas políticas estatales y, por tanto, se vuelven objetivo del Estado que crea leyes y utiliza los Poderes del Estado para enjuiciarlas. 

“Las personas son detenidas a través del uso indebido del sistema de justicia penal y através de la privación de libertad, que, muchas veces, no solo se da en condiciones de cárcel, sino que muchas veces hemos visto patrones de privaciones a la libertad através de detenciones de corto período, detenciones y domiciliarias”, dijo Guevara.

“Trataron de sacarle los ojos”

Miriam Cardet, hermana del ex preso político Eduardo Cardet, de Cuba, recordó en el evento cómo fue la detención de su familiar el 30 de noviembre de 2016, cuando, tras regresar de un viaje por Estados Unidos, fue interceptado por hombres vestidos de civil en su casa quienes lo empezaron a golpear salvajemente. 

“Se abalanzaron sobre él poniéndolo contra una reja frente a la casa y lo golpearon (…) Trataron de sacarle los ojos”, dijo Cardet en su relato. Ese fue solo el comienzo de los problemas para la familia y las violaciones de derechos humanos en contra del médico y activista cubano.

Estuvo desaparecido durante cinco días hasta que una protesta de los familiares obligó a las autoridades del gobierno cubano a mostrarlo a medias, cuando apenas podía sostenerse en pie y estaba inflamado por la golpiza que le propinaron. 

Cardet fue liberado en mayo de 2019, luego de cumplir con los tres años de condena por lo que lo habían acusado. 

“A través de todas las denuncias a nivel internacional se le pudo salvar la vida a mi hermano», dijo Cardet, recordando que la denuncia y la constante presión contra estos Estados es el único camino para garantizar la vida de estas personas.

10 muertes bajo tutela del Estado venezolano

En Venezuela se calcula que desde el año 2014 ha habido por lo menos 4000 personas presas por motivos políticos tras participar en manifestaciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Al menos 10 de ellos han muerto bajo tutela del Estado según cifras de organizaciones defensoras de derechos humanos.

“En el caso de Venezuela se ha creado una estructura y no es solo la detención arbitraria la única violación que se utiliza, se ha creado una estructura judicial, se ha creado una estructura administrativa y legislativa que lo que busca es cerrar el espacio cívico cada vez más”,  señaló Ronnie Boquier, coordinador jurídico del Comité de Familiares Víctimas del Caracazo.

La situación allí es bastante similar a la ocurrida en Cuba y Nicaragua, donde se inventan crímenes de terrorismo en contra de manifestantes pacíficos y se les atribuyen crímenes ambiguos como el de “traición a la patria”. 

Nicaragua y la criminalización de defensores de derechos humanos 

La criminalización de defensores de derechos humanos y la cancelación de organizaciones no gubernamentales que no son afines al régimen de Daniel Ortega ha provocado que más de 500 ONG’s ya no tengan personería jurídica, según han documentado medios de comunicación nicaragüenses. 

Estos cierres son solo parte del problema, pues luego de que se cancela su capacidad legal operativa se desata una persecución en contra de sus dirigentes que en muchos casos son obligados a salir del país o detenidos. 

Las detenciones arbitrarias en Nicaragua iniciaron en abril del 2018, tras las manifestaciones pacíficas y hasta mayo de 2020, la CIDH calculaba que al menos 1614 personas estaban en prisión, resaltó Fiorella Melzi, coordinadora del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni).

“A raíz de las detenciones la Comisión ha observado una serie de violaciones a los derechos humanos: violaciones a las garantías y protección judicial, en la mayoría de los casos, inicialmente, el Estado no informó del paradero de las personas detenidas y (se impidió), tener acceso a un abogado de elección, las acusaciones presentadas en audiencias preliminares, privadas y secretas en instalaciones distintas a los tribunales judiciales”, enumeró Melzi.

Algunas fueron liberadas posteriormente, pero la criminalización de disidentes continuó y se extendió hacia todos los sectores del país. Al punto previo a las elecciones presidenciales de 2021, cuando Daniel Ortega se reeligió fraudulentamente para un cuarto período consecutivo, encarceló a 7 precandidatos y precandidatas presidenciales y hasta el 31 de mayo de 2022, la cifra de personas arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos  en el país ya era de más de 190, según las cifras actualizadas a mayo del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua.

Muchas de estas personas fueron directivos de organizaciones no gubernamentales o simplemente se les detuvo por expresar opiniones contrarias a las políticas del régimen en redes sociales. 

“Se crean delitos nuevos, leyes contra el terrorismo que involucran a las personas que defienden derechos en la lógica de que el Estado siempre va a catalogar como enemigo y se unen con leyes pasadas», dijo Boquier, quien explicó sobre las similitudes que ocurren en los tres países al momento de perseguir a la disidencia. 

Esas son políticas que, según Boquier, están definiendo los mismos Estados y los responsabilizó de ser quienes clasifican a las personas como “enemigos”, para posteriormente detenerlos arbitrariamente por las actividades que realizan. 

“Quien define la política de persecución son los Estados y quien le da los motivos políticos son los Estados. Los presos por motivos políticos de nuestros países (existen) porque los Estados los consideran así por su actividad”, remarcó.

Raza e Igualdad propone pautas para determinar la privación de libertad por motivos políticos

Considerando todas estas situaciones que ocurren en Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero que también se extienden a países como Chile o Colombia, Raza e Igualdad publicó el documento «Pautas para la determinación de la detención y prisión por motivos políticos: Aportes desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, que busca contribuir a una discusión que lleve a identificar y resaltar los patrones que hay en los países que detienen a las personas por motivos políticos. 

En el documento se destaca la importancia de contar con una caracterización a nivel internacional que permita reconocer que las personas bajo esta forma de  privación de libertad se encuentran más expuestas a sufrir graves violaciones a sus derechos humanos y por lo tanto, están en una situación de especial vulnerabilidad. Este reconocimiento permite hacer responsables a los Estados por estas privaciones de libertad  arbitrarias por motivos políticos y crear una ruta de responsabilidad que permita justicia y reparación a las víctimas. 

Raza e Igualdad propone dos pautas. La primera,  consiste en establecer si  la privación de libertad es arbitraria de acuerdo a las categorías establecidas por el Grupo de Trabajo de las Naciones sobre la Detención Arbitraria. Esto es, que se produce como consecuencia del ejercicio de derechos o libertades de pensamiento, conciencia y religión; opinión y expresión; reunión y asociación pacífica; y participación política; y que la misma es discriminatoria por motivos como la opinión política. 

En segundo lugar, se señala que resulta fundamental para esta determinación, identificar que la privación arbitraria de la libertad, es producto de acciones del Estado políticamente sesgadas, para lo cual se debe examinar  los patrones de detención e instrumentalización de las instituciones de justicia en contextos tanto democráticos como autoritarios, así como las acciones que lleva a cabo la persona, tales como, la defensa de los derechos humanos, la participación en la vida política de su país, el periodismo, entre otras. 

El documento completo puede ser descargado en este link para la versión en español y en este otro para la versión en inglés.

Cuba: Organizaciones exigen libertad inmediata para los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez

Ciudad de México, 17 de junio de 2022. – Los días 30 y 31 de mayo de 2022 se llevaron a cabo los juicios orales de los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez (conocido como Maykel Osorbo). Derivado de ello, el Tribunal Municipal de Marianao, radicado en La Habana, dará a conocer en los próximos días la sentencia condenatoria contra los artistas, también integrantes del Movimiento San Isidro.

Las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes condenamos enérgicamente los cargos por presunto desacato, difamación y desorden público presentados contra los artistas, bajo los cuales la Fiscalía de Cuba pretende sentenciar con la pena de siete años de prisión a Otero Alcántara y diez a Castillo Pérez. Nos solidarizamos con los artistas y pedimos al Estado cubano que los libere inmediatamente y que cese su interminable campaña de intimidación y persecución contra estos dos talentosos y valientes artistas y activistas.

Un fallo condenatorio sin pruebas en contra de los artistas constituiría una clara violación a su ejercicio de libre expresión y confirmaría la criminalización de sus expresiones artísticas. Luis Manuel es artista visual y fundador del Movimiento San Isidro; recientemente se le entregó el Premio Oxi Al Coraje, que otorga la Fundación Oxi Day. Por su parte, Maykel Castillo resultó ganador de dos Grammys por la canción “Patria y vida”, que se convirtió en un himno por la libertad y dignidad del pueblo cubano durante las protestas masivas de julio de 2021. Ambos artistas fueron reconocidos como Presos de Conciencia por Amnistía Internacional y les fue otorgado el Premio a la Libertad por parte de Freedom House.

La expresión artística y el activismo de Castillo Pérez y Otero Alcántara los convirtió en objeto de una intensa y escrupulosa vigilancia, que desembocó en sus respectivas detenciones en Pinar del Río y en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, donde ambos se encuentran bajo la medida cautelar de prisión provisional desde mayo y julio de 2021 respectivamente.

Los cargos presentados contra ambos reflejan el desprecio de las autoridades de Cuba por la libertad de expresión artística y una alarmante tendencia a las persecuciones, detenciones arbitrarias y acusaciones contra las voces disidentes. En su 92º período de sesiones, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria determinó que Castillo Pérez había sido detenido arbitrariamente por motivos relacionados únicamente con su activismo prodemocrático y pidió al gobierno cubano que lo pusiera en libertad.

En 2018, en su informe sobre la situación de derechos humanos en Cuba, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre la situación de hostigamiento que numerosos artistas y periodistas enfrentaban, en el sentido de que son severamente hostigados a fin de impedirles expresar, a través del arte y la labor informativa, sus preocupaciones sociales y políticas, y recomendó “adoptar las medidas que sean necesarias para prevenir y erradicar la criminalización de quienes ejercen el derecho de libertad de expresión y de asociación, incluyendo artistas, disidentes políticos, defensores y defensoras de derechos humanos, entre otros”.

Por su parte, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos culturales, el derecho a la libertad de expresión y creación artísticas, Farida Shaheed, afirmó en 2013 que “La expresión artística no es un lujo, es una necesidad, un elemento determinante de nuestra humanidad y un derecho humano fundamental que permite a todos desarrollar y expresar su humanidad”.

Ante ello, el Estado cubano debe cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, sobre todo los contraídos por su papel como integrante del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, retirando todos los cargos contra Maykel Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara, y poniéndolos en libertad.

Asimismo, dado que desde el Estado cubano existe una tendencia estigmatizante hacia Otero y Castillo por su perfil crítico, exhortamos a las embajadas con presencia en la isla, a la Unión Europea, a los Procedimientos Especiales de la ONU, a la CIDH, y a toda la comunidad internacional a pronunciarse públicamente frente a esta clara violación a los derechos humanos e impulsar por todos los medios posibles la inmediata liberación de Maikel Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara. Sus vidas y su libertad dependen de ello.

Firman:

ARTICLE 19.

Artists at Risk Connection (ARC), PEN America.

Asociación Pro Libertad de Prensa.

CADAL.

Civil Rights Defenders.

Cubalex.

Cultura Democrática.

DemoAmlat.

Diario de Cuba.

Gobierno y Análisis Político AC.

IFEX-ALC.

Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR).

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.

PEN Cuba en el Exilio.

PEN International.

PROMEDEHUM.

Red en Defensa de los Derechos Humanos (RDDHCuba).

#RenovarIESOGI: Las OSC urgen al Consejo de Derechos Humanos a renovar el mandato del Experto Independiente sobre la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género durante su 50º período de sesiones

En todas las regiones del mundo persisten la violencia y la discriminación generalizadas, graves y sistemáticas, basadas en la orientación sexual y/o la identidad de género real o percibida de las personas.

Asesinatos y ejecuciones extrajudiciales; torturas, violaciones y violencia sexual; desapariciones forzadas; desplazamientos forzados; criminalización; detenciones arbitrarias; chantaje y extorsión; violencia y acoso policial; intimidación; estigmatización; discursos de odio; campañas de desinformación; negación de la identidad de género definida por une misme; tratamiento médico forzado y/o esterilización forzada; represión de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión, religión o creencias; ataques y restricciones a les defensores de los derechos humanos y periodistas; denegación de servicios y obstaculización del acceso a la justicia; discriminación en todos los ámbitos de la vida, incluidos el empleo, la atención sanitaria, la vivienda, la educación y las tradiciones culturales; y otras múltiples e interrelacionadas formas de violencia y discriminación. Estas son algunas de las violaciones y abusos de los derechos humanos a los que se enfrentan las personas de orientaciones sexuales y/o identidades de género diversas.

Esta grave situación de los derechos humanos ha motivado una importante acción en las Naciones Unidas para reconocer y proteger los derechos humanos de estas personas y comunidades, la cual celebramos. En 2016, el Consejo de Derechos Humanos tomó medidas definitivas para abordar sistemáticamente estos abusos, avanzar en reformas positivas y compartir las mejores prácticas -mediante la presentación de informes periódicos, el diálogo constructivo y el compromiso- y creó un Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género (SOGI).

En 2019, la renovación de este mandato recibió el apoyo de más de 50 Estados de todas las regiones del mundo y de 1.314 organizaciones de 174 Estados y territorios. Este creciente apoyo es una prueba de la importancia crítica de este mandato y de su trabajo para apoyar a las personas de orientaciones sexuales y/o identidades de género diversas, y a quienes defienden sus derechos, tanto en los foros internacionales de derechos humanos como a nivel de base.

En los últimos 6 años, los dos titulares del mandato han documentado en profundidad la discriminación y la violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género a través de informes y declaraciones; han enviado más de 100 comunicaciones que documentan las denuncias de estas violaciones en todas las regiones; han realizado 5 visitas a países; han identificado las causas fundamentales y han abordado la violencia y la discriminación a las que se enfrentan grupos específicos, como las personas lesbianas, bisexuales, trans y de género diverso.

El mandato también ha acogido con satisfacción los avances e identificado las mejores prácticas de todas las regiones del mundo, incluyendo la despenalización, el reconocimiento legal del género, las leyes contra la discriminación y las leyes sobre delitos de odio. Todo ello sin dejar de entablar un diálogo constructivo y de ayudar a los Estados a aplicar y seguir cumpliendo las normas y los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, así como de colaborar con los mecanismos, organismos, fondos y programas de la ONU y otros órganos del sistema internacional y los sistemas regionales.

A pesar de estos avances positivos, hoy en día más de 68 países siguen penalizando las conductas y relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo de los cuales 11 jurisdicciones siguen aplicando la pena de muerte y más de 10 países siguen penalizando las expresiones e identidades de género diversas, y persisten las violaciones de derechos humanos anteriormente mencionadas. Además, entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2021 se registraron aproximadamente 4.042 asesinatos de personas trans y de género diverso. Con muchos más casos sin denunciar, el 2021 ha sido el año más letal para las personas trans y de género diverso desde que comenzó la recopilación de datos. Está claro que este mandato sigue siendo esencial.

Una decisión de los miembros del Consejo de renovar este mandato enviaría un mensaje claro de que no se puede tolerar la violencia y la discriminación contra las personas de orientaciones sexuales y/o identidades de género diversas. Reafirmaría que la atención específica, sostenida y sistemática sigue siendo crucial para hacer frente a estas violaciones de los derechos humanos y garantizar que las personas LGBT sean, de hecho, libres e iguales en dignidad y derechos.

Nosotres, las 1117 ONGs de 134 Estados y territorios de todo el mundo, instamos a este Consejo a garantizar que sigamos construyendo un mundo en el que todes puedan vivir libres de violencia y discriminación. Para permitir que este importante y aún pendiente trabajo continúe, les instamos a renovar el mandato del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Brian Nichols en “¿Presos Por Qué?”: Detención y juicios por motivos políticos a manifestantes son una afrenta para la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela

Washington DC, 15 de junio de 2022.- Las detenciones de manifestantes pacíficos en Cuba, Nicaragua y Venezuela son una afrenta para la democracia y los juicios buscan silenciar la libertad de expresión, resaltó el Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, durante el evento “¿Presos por qué?: Personas presas por motivos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela”, organizado por el Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos, del cual forma parte el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad).

Este evento se realizó en el marco de la IX Cumbre de las Américas con el objetivo de generar un espacio de reflexión y diálogo sobre las circunstancias y condiciones que experimentan las personas privadas de libertad en el ejercicio de sus derechos fundamentales en esos tres países. Aparte de Nichols, en este espacio participó el  Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y para la Prevención y Combate a la Tortura, Edgar Stuardo Ralón, así como familiares de personas presas políticas y activistas.

“Estados Unidos, junto con sus socios y aliados en todo el mundo, sigue presionando para que se libere a todas las personas detenidas injustamente por motivos políticos y para que se ponga fin a las violaciones de derechos humanos y para que se den las condiciones para la celebración de elecciones libres y justas que permitan a los venezolanos, cubanos y nicaragüenses elegir por sí mismos a sus dirigentes”, expresó Nichols.

Stuardo Ralón: “La CIDH quiere reiterar el compromiso de condenar esta situación”

Por su parte, el Relator de la CIDH sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y para la Prevención y Combate a la Tortura, Edgar Stuardo Ralón, aseguró que las cárceles en las que se encuentran las personas presas políticas “se caracterizan por altos niveles de hacinamiento, alojamiento en celdas con deficiencias estructurales y condiciones insalubres; empleo de medidas de aislamiento, falta de acceso a agua potable; alimentación adecuada y medicamentos; empleo de prácticas de tortura y otros malos tratos”.

Ralón dijo que la situación en los tres países es grave y particularmente en Cuba se volvió mucho más complicada a raíz de las protestas del 11 y 12 de julio de 2021, que el régimen reprimió con violencia; tal cual ocurrió en las manifestaciones pacíficas de Nicaragua en 2018 y Venezuela en 2014.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos quiere reiterar el compromiso de condenar esta situación y exigir la liberación de todos los presos políticos. El compromiso de la Comisión es de visibilizar todas estas situaciones con todos los instrumentos a su alcance, sean estos comunicados de prensa, medidas cautelares para poner fin a este régimen de represión”. 

Anamely Ramos: “En Cuba, los presos políticos no solo son víctimas, también son héroes”

En Cuba hay más de 1400 personas presas políticas a raíz de las manifestaciones del 11 y 12 de julio y las condiciones en que se encuentran son inhumanas completamente, según datos de las organizaciones Cubalex y Justicia11J.

Anamely Ramos, artista cubana y defensora de derechos humanos expresó que la situación es difícil para todas las personas presas políticas, pero especialmente para las mujeres. “Las mujeres que están presas, además que la mitad son madres que están separadas de sus hijos, son sometidas a actos degradantes y todo tipo de humillaciones”, expresó, y solicitó que se de acceso a las prisiones para constatar la condición de salud de las personas presas políticas, más apoyo a la sociedad civil, mayor visibilización al encarcelamiento de menores de edad y denunciar la complicidad de los sistemas de justicia de los tres países en favor de sus regímenes. 

«En Cuba, los presos políticos no solo son víctimas, también son héroes. No comenzaron a ser presos cuando fueron detenidos, sino desde que nacieron», resaltó Ramos.

Victoria Cárdenas de Nicaragua: “Unámonos al grito de Libertad”

Un 8 de junio, pero de 2021, el precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro fue detenido por la Policía del régimen de Daniel Ortega y su esposa, la empresaria Victoria Cárdenas, tuvo que exiliarse para no ser apresada también. En prisión, Chamorro ha perdido más de 50 libras de peso y se encuentra irreconocible, según las personas que han logrado visitarlo sólo siete veces en el último año.

Hasta inicios del mes de junio en Nicaragua habían 184 personas presas políticas y de ellas, 180 ya habían recibido una condena en juicios carentes del debido proceso y en los cuales se utilizaron a policías como testigos. 

“Invito a todos a alzar nuestras voces por todas esas voces que regímenes autoritarios como el de Cuba, Venezuela y Nicaragua quisieron callar. Unámonos al grito de libertad.  Hago un llamado a la comunidad internacional, a los jefes de Estado, a los organismos internacionales de derechos humanos, a la sociedad civil, al empresariado del continente y del mundo y a las personas de buena voluntad, a hacer todo lo necesario para conseguir que se cumpla con lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado y se les libere inmediatamente”, agregó Cárdenas. 

Sobre la situación de Nicaragua, el director de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, recalcó que desde el inicio de las protestas de abril de 2018, al menos 1,614 nicaragüenses fueron detenidos arbitrariamente hasta mayo de 2020. “En la mayoría de los casos lo que se ha criminalizado es el derecho a la libertad de expresión», dijo Quesada.

Para finalizar, Quesada aseguró que seguirán denunciando las violaciones a los derechos humanos que comete el régimen de Ortega en Nicaragua en contra de las más de 180 personas presas políticas y para ello lanzarán la campaña “Nicas Libres Ya” que busca visibilizar sus historias y lograr el apoyo necesario para su pronta liberación. 

Munira Muñoz: “En Venezuela tenemos 235 personas presas políticas”

Munira Muñoz, abogada y coordinadora de la organización Foro Penal USA/Venezuela, recordó que “en Venezuela tenemos 235 personas presas políticas de las cuales 15 son mujeres”. En este país han muerto por lo menos 10 personas presas políticas desde el año 2014, y muchas de ellas son confinadas junto a presos comunes. 

Muñóz mencionó el caso de la presa política Emirlendris Benítez, de 41 años, quien fue arrestada en agosto de 2018. “Se le imputaron delitos de terrorismo, asociación para delinquir, homicidio intencional en grado de frustración en contra del Presidente de la República, homicidio intencional con alevosía en contra del alto mando militar, daños a la propiedad pública y detentación de artefactos explosivos. Ella se encontraba dando un servicio de transporte con su esposo quien también se encuentra preso”. 

Benítez perdió la movilidad de sus piernas tras sufrir un aborto por el maltrato recibido al momento de su detención y en 2021 su hermana denunció que su situación de salud era bastante delicada.

Situación grave para personas defensoras de derechos humanos

El Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, relató que la situación es grave para todas las personas de los tres países, pero especialmente para los defensores y defensoras de derechos humanos y las personas activistas que, incluso cuando pretendían ir a Los Ángeles para participar en la Cumbre de las Américas, fueron impedidas por las autoridades cubanas. 

“En particular se imponen (restricciones) para impedir la participación (de activistas) en foros internacionales donde se pretende exponer violaciones a los derechos humanos por parte del régimen cubano”, agregó Quesada.

Esta situación se ha registrado en Nicaragua, Cuba y Venezuela, cuyos Gobiernos limitan los viajes de quienes consideran oposición política para evitar las denuncias a nivel internacional sobre las violaciones a los derechos humanos. 

Pronunciamiento

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) no cesamos en demandar la liberación inmediata y sin condiciones de todas las personas presas políticas de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Asimismo, instamos a los Estados a cumplir con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Personas Reclusas (Reglas Nelson Mandela) en los centros penitenciarios. 

Es imperativo que estos países acaten las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH), órganos de los tratados y los procedimientos especiales. 

¡Libertad para las personas presas políticas!

Raza e Igualdad alerta sobre nuevo Código Penal que recrudece la criminalización del ejercicio de derechos fundamentales

Washington D.C., 14 de junio de 2022 – El pasado 15 de mayo, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó un nuevo Código Penal que representa una amenaza para la sociedad civil y el periodismo independientes en la Isla, ya que -por medio de un lenguaje ambiguo- dispone restricciones y sanciones al ejercicio de actividades propias de personas defensoras de derechos humanos, juristas, activistas y periodistas. La norma, que fue votada en sesión extraordinaria, entrará en vigor al cumplirse 90 días desde la fecha de su aprobación, luego de que sea publicado en la Gaceta Oficial de Cuba.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), conoció el borrador del documento, que aparece en la página web del Tribunal Supremo Popular de Cuba[1], e identificó seis puntos del proyecto de Código Penal que causan gran preocupación, porque contraviene el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, de reunión y de asociación pacífica.

  1. Tipos penales ambiguos

El nuevo Código Penal mantiene tipos penales ambiguos para sancionar conductas contrarias a la “seguridad interior del Estado”, entre las que se encuentran los delitos contra el orden constitucional, la sedición, la propaganda contra el orden constitucional, el financiamiento nacional o extranjero que tenga como “propósito sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”[2], entre otros. Estos tipos penales, “al ser sumamente vagos, contravienen las obligaciones internacionales de Cuba, y los hace inválidos como base jurídica del arresto, lo cual hace imposible […] invocar fundamento legal alguno para justificar la detención, convirtiéndola en arbitraria[3]”

Otro delito que también podría explicar las ambigüedades de la norma es el que se refiere a los desórdenes públicos. De acuerdo con la Ley, se sancionarán los actos que se consideren “provocadores”, sin especificar el alcance de esta terminología. Aún existen muchas dudas en torno al nuevo Código Penal, que, si bien incorpora ciertas modificaciones, mantiene vigentes tipos penales que han sido objeto de preocupación y recomendaciones por parte de órganos de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se mantiene la falta de claridad que tanto daño ha causado a activistas, periodistas independientes y artistas cubanos.

  1. Amenazas contra la libertad de asociación y reunión

El nuevo Código Penal limita el ejercicio de los derechos de libre asociación y reunión, y en algunos casos aumenta las penas. Por ejemplo, el artículo 274 de la norma incrementa las penas y multas para quienes formen parte de organizaciones no autorizadas para constituirse, es decir para los miembros de las organizaciones de la sociedad civil independiente, a quienes además les podrían confiscar sus bienes.

Esta medida, que también es ambigua, se regularía en Cuba mediante la Ley de Manifestación y Reunión, pero esta iniciativa, que sería clave para entender el alcance de este tipo penal, se encuentra engavetada desde 2020.

Otro punto que llama la atención de activistas y defensores de derechos humanos cubanos es el relacionado con el artículo 143 del nuevo Código, que señala que cualquier persona, por sí o en representación de una organización no gubernamental, que apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional, incurrirá en una sanción de privación de libertad de cuatro a 10 años.

  1. Delitos contra los procesos electorales y participación democrática

El nuevo Código también penaliza a quienes “promuevan o induzcan la abstención entre las personas con derecho al voto activo”, castiga a las personas que “muestren irrespeto hacia autoridades electorales o candidatos durante el desarrollo de las elecciones o procesos de participación democrática” (art. 431.2.c), y además penaliza a quienes “difundan por cualquier medio… expresiones que denigren a los consejos u estructuras electorales”.

  1. Pena de muerte

La norma que se aprobó en sesión extraordinaria mantiene la pena de muerte como una opción de sanción penal, y los delitos en los que se puede imponer esta sanción pasaron de 19 a 24 en el nuevo Código. Esto es totalmente contrario a las recomendaciones de los órganos de derechos humanos que han sugerido explícitamente a Cuba abolir esta figura de su legislación[4].

  1. Responsabilidad penal de menores de edad

Otro punto que genera preocupación entre la población cubana es el que se refiere a la responsabilidad penal, que en el nuevo Código se mantiene a partir de los 16 años desconociendo el interés superior y el especial cuidado que requieren los menores de edad, a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos.

  1. No se incluyó el feminicidio

El art. 344 del nuevo Código Penal sanciona el asesinato con pena de prisión de 20 a 30 años, privación perpetua de libertad o muerte cuando el hecho se cometa “por motivo de discriminación de género”, y el art. 345.1 considera las mismas sanciones cuando se “de muerte a una mujer como consecuencia de la violencia de género”; sin embargo, en ninguna parte se incluyó el feminicidio como delito autónomo, a pesar de que organizaciones de mujeres que residen en la Isla han reiterado varias veces este pedido.

Cada uno de estos puntos reflejan la ambigüedad y falta de garantías que enfrentan las personas en Cuba al ejercer sus derechos a la libertad de expresión, a la protesta y a la asociación pacífica. El nuevo Código Penal recrudece las sanciones colocando en un especial riesgo a activistas, artistas, juristas, periodistas independientes, personas defensoras de derechos humanos y todo aquel que se manifieste en contra del gobierno, o simplemente reclame sus derechos.

Desde Raza e Igualdad hacemos un llamado para que el Estado de Cuba cumpla de buena fe las disposiciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y exhortamos a la comunidad internacional para que observe cómo avanza la implementación de esta norma, que ha generado tanta preocupación en la población cubana.

 

[1] Proyecto Código Penal. Disponible en https://www.tsp.gob.cu/sites/default/files/documentos/ACP.%2028.02.2022.pdf

[2] Anteproyecto Código Penal, 19 enero 2022, Art. 143, disponible en

https://www.tsp.gob.cu/sites/default/files/documentos/ACP%20EN%20WEB.%2019.01.2022.pdf

[3] Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Opinión 4/2020, relativa a Aymara Nieto, Eliecer Bandera, Humberto Rico, José Pompa, Melkis Faure, Mitzael Díaz y Silverio Portal, párr. 135, U.N. Doc. A/HRC/WGAD/2020/4 (26 junio 2020). Disponible en https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session87/A_HRC_WGAD_2020_4_Advance_Edited_Version.pdf

[4] Observaciones finales CAT 2022. Párrafo 38. Disponible en: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/CUB/INT_CAT_COC_CUB_48650_S.pdf

Dos vallas en Estados Unidos denuncian la grave situación de derechos humanos que se registra en Cuba

Washington D.C., 3 de junio de 2022 – “Teníamos tanta hambre que hasta nos comimos el miedo”, con esta frase que se escuchó durante las marchas que se realizaron el 11 y 12 de julio de 2021 en Cuba, dos vallas que se exhiben en los Ángeles, Estados Unidos, denuncian la grave situación de derechos humanos que se registra en la Isla. Esta es una iniciativa del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad).

Los carteles, que se encuentran en el centro de esta ciudad del sur de California (216 East 4th St, CA 90013) y en cercanías al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (Venice Blvd, CA 90034), revelan que en las manifestaciones pacíficas del año pasado (también conocidas como 11J), hay más de 700 personas detenidas, la mayoría sin ser enjuiciadas, por reclamar cambios en la Isla y por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Las vallas estarán exhibidas durante la IX Cumbre de las Américas que se realizará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, y buscan exhortar a la comunidad internacional que asistirá a este encuentro que reúne a jefes de Estado y de Gobierno de la región, para que se adopten medidas que permitan poner fin a la represión, a los casos de hostigamiento, a las detenciones arbitrarias y a las agresiones que sufren constantemente activistas, periodistas independientes, artistas y defensores de derechos humanos en Cuba.

Eventos paralelos

Raza e Igualdad, junto a CADAL, realizarán el martes 7 de junio, en la ciudad de Los Ángeles, el evento ‘Las manifestaciones pacíficas en América Latina: Reflexiones sobre Cuba a un año del 11J’, mientras que el miércoles 8 de junio, el Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos—del cual es parte Raza e Igualdad—realizará el evento ‘¿Presos por qué?: Personas presas por motivos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela’. En ambos espacios, participarán expertos internacionales que han seguido de cerca lo que está ocurriendo en Cuba, así como activistas y personas defensoras de derechos humanos.

LAS MANIFESTACIONES PACÍFICAS EN AMÉRICA LATINA: REFLEXIONES SOBRE CUBA A UN AÑO DEL 11J

Martes, 7 de junio

5:00 PM Los Ángeles | 8:00 PM La Habana – Washington D.C.

Hotel Índigo – Los Ángeles, Downtown | Salón Hollander

RSVP y registro virtual: https://bit.ly/3MKyGlJ

Interpretación simultánea ESPAÑOL | INGLÉS

Con la participación especial de:

Pedro Vaca, Relator Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión

¿PRESOS POR QUÉ? PERSONAS PRESAS POR MOTIVOS POLÍTICOS EN CUBA, NICARAGUA y VENEZUELA

Miércoles, 8 de junio

4:00 PM Los Ángeles | 5:00 PM Centroamérica | 7:00 PM Caracas – La Habana

Hotel Índigo – Los Ángeles, Downtown | Salón Orpheum A

RSVP y registro virtual: https://bit.ly/3sVeJAw

Interpretación simultánea ESPAÑOL | INGLÉS | PORTUGUÉS

Con la participación especial de:

Stuardo Ralón, Relator de la CIDH sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad

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