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Fabiola Fernández Guerra Carrillo: “Debemos entender los distintos tipos y lógicas en las que opera el racismo porque hay bastante confusión”

Fabiola Fernández Guerra Carrillo: “Debemos entender los distintos tipos y lógicas en las que opera el racismo porque hay bastante confusión”

Washington DC, 16 de marzo de 2023.- A propósito de la reciente presentación del libro Expresiones contemporáneas de los racismos en México. Cuerpos, medios y educación, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) conversó con Fabiola Fernández Guerra Carrillo, directora de 11.11 Cambio Social e integrante del Colectivo para Eliminar el Racismo (COPERA), y quien es una de las autoras de los análisis que conforman el libro.

En esta entrevista, Fernández Guerra Carrillo se remonta a la primera campaña que trató de colocar el tema del racismo en la agenda pública del país. De esta forma, intenta graficar el “complejo y denso panorama de las expresiones contemporáneas de los racismos de México” que se plantea en el libro, y hacer ver que el racismo es un problema estructural.

¿Está el racismo identificado como un problema en la sociedad mexicana, tal como lo pueden estar la pobreza y el narcotráfico?

En la última década, sí, cada vez se va posicionando más en la agenda pública. En 2011 hicimos la primera campaña a nivel nacional que se llamó Racismo en México, con el Conapred (Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación), y hemos visto que a la fecha la cantidad de productos de comunicación, de investigación, así como el movimiento de redes sociales mostrando una postura muy clara sobre anuncios o campañas racistas, ha sido súper positivo. Todavía quedan muchísimas cosas por hacer, pero sí se ha avanzado mucho. No te diría que todo el mundo lo reconozca como un problema público, pero creo que muchísimas más personas en la última década sí, así que ha habido un posicionamiento sobre el tema. También ha habido un trabajo de grupos de activistas, tanto de pueblos originarios como de población afrodescendiente y afromexicana, que también han impulsado muchísimo esta agenda.

Junto a esta especie de despertar en la última década, en México existen instituciones o mecanismos para combatir el racismo y la discriminación racial ¿cómo funcionan y que tan efectivo ha sido su trabajo hasta ahora?

Respecto a los mecanismos e instituciones que han impulsado el tema del racismo en México, creo que hay un pendiente en la forma en que han trabajado. Sí hay avances; sin embargo, en la parte de resoluciones administrativas o de resoluciones de sanciones puntuales, aparte de recomendaciones como las podrían hacer el COPRED o el Conapred o los distintos consejos que existen en los Estados de la República, la parte de la sanción todavía es uno de los pendientes, así como también la incorporación de la mirada antirracista en los Poderes.

¿Podría describir cómo es ese “complejo y denso panorama de las expresiones contemporáneas de los racismos de México”, al cual se hace alusión en el libro?

Se habla de una complejidad sobre todo por la forma en la que se expresa. Por ejemplo, en este libro me parecen muy acertados los tres ejes con los cuales se aborda: cuerpos, medios de comunicación y educación. Cuerpos porque es el primer frente donde se habla de racismo, o sea, el cuerpo de las personas, ya sea que son racializadas de manera positiva logrando estar en un sistema que les favorece o que son racializadas de manera negativa siendo objeto de conductas racistas, es el espacio donde cruzan nuestras historias y donde se viven. El segundo punto es el de los efectos de los medios de comunicación en la comunicación racista y en la comunicación antirracista. Esa es otra de las bases donde los discursos racistas, el racismo estructural, existe en la sociedad mexicana. Las lógicas de operación de ese racismo estructural han generado unas dimensiones del racismo que desde COPERA hablamos mucho, y son la dimensión emocional y la dimensión estructural, entonces cómo estos medios de comunicación generan un discurso público y aceptado, y muy difícil de desaprender, sobre qué cuerpos son válidos y qué cuerpos no son válidos, a qué cuerpos podemos aspirar y a qué cuerpos no podemos aspirar. Y el tercer punto que también se aborda en el libro tiene que ver con la educación, que en México ha sido una educación racista, y con la currícula escolar, cómo han sido estos contenidos, cómo este mensaje de los medios de comunicación de qué cuerpos son deseables y qué cuerpos no son deseables se traduce en el sector educativo a qué lenguas son deseables, qué implica hablar español y qué implica hablar tu lengua materna si eres de un pueblo originario, cómo ha sido desvalorizado y cómo se traduce en la pérdida cada vez mayor del uso de las lenguas maternas.

Las manifestaciones de racismo en México podrían asociarse únicamente a la discriminación en contra de población indígena ¿qué otros grupos étnicos son discriminados en México y que tan grave es la situación?

Aquí en México, en 2020, se hizo por primera vez el censo donde se incorporó la pregunta de autodescripción para personas negras afromexicanas o afrodescendientes, lo cual era un compromiso que tenía pendiente de realizar de acuerdo con la agenda internacional. A partir de este censo se pudo especificar claramente cuál era el porcentaje de población afrodescendiente que existe actualmente en el país, más o menos 2.5 millones de personas en México se autodescriben como personas afrodescendientes. El tema es que el propio racismo ha tenido este proceso de invisibilización, tanto de pueblos originarios como de población afrodescendiente debido a los procesos de mestizaje. Desde el colectivo COPERA se aborda mucho cuál es la figura de este mestizaje, que bajo la idea de que estamos todes mezclades, no se profundiza dentro de esta mezcla, sino que invisibiliza a los pueblos originarios y a la población afrodescendiente. También está la parte que hay unas mezclas que son más favorables que otras, entonces ha habido toda una reconversión y todo un reposicionamiento, lento pero muy profundo, de un trabajo de base hecho por distintas organizaciones y también a nivel institucional, para el reconocimiento de la población afrodescendiente en este país como otra de las poblaciones que existen aquí y que obedecen al proceso histórico de la colonia, del colonialismo y de los efectos y las secuelas que tiene. Una cosa interesante en la campaña de AfroCensoMX, que hicimos con el colectivo COPERA, la Fundación W.F. Kellogg, Race and Equality (Raza e Igualdad) y el Colegio de México, el Conapred también y varias organizaciones que se sumaron a la difusión de esta campaña, fue una intervención que se llamaba José María y Vicente y obedece justamente a las figuras de José María Morelos y Pavón, quien escribe Los sentimientos de la nación, que es uno de los instrumentos jurídicos que sirve de antecedente a la Constitución Política mexicana, pero si analizas que la figura de José María Morelos y Pavón era una persona afrodescendiente, entiendes mucho más el contexto desde el cual escribe Los sentimientos de la nación; y también Vicente Guerrero. Cuando tú vas a una papelería, a José María Morales y Pavón lo ponen rosado y con chapitas; este proceso de blanqueamiento de la historia es irrisorio y tremendo, entonces el tomar conciencia sobre cómo ha sido la historia y cómo nos la van narrando en el papel que tiene la educación respecto al racismo en México, se ve cómo se van interceptando todos los canales.

¿En qué espacios esperan que se amplíe la discusión sobre los racismos en México? ¿Qué resultados esperan a partir de la ampliación de la discusión?

Mira, cuando hicimos esta campaña para el Conapred tuvimos varios productos comunicacionales, y uno fue un video que fue El racismo en México, entonces eso fue una bomba que tuvo millones de vistas en YouTube. Mi tesis doctoral fue analizar los comentarios y analizamos alrededor de 7,250 comentarios, y para contestar la pregunta, lo interesante es que en estos 7,250 comentarios hubo solo uno que hacía referencia a la relación entre el racismo y colonialismo en México, ninguno hablaba sobre la relevancia de la participación o intervención del Estado en el racismo en México. Además había una disputa, que me parece muy interesante y que se retoma en uno de los ejes que abordamos en el libro, que hablaba sobre la escuela y había una confusión sobre cuál es el papel de la escuela; por un lado había comentarios que se referían a que les niñes que aparecían en ese video contestaban así porque no habían ido a la escuela y no había sido educades, y por otro lado habían comentarios que decían “cuando iba a la escuela me decían Oaxaca, me insultaban”, etc, entonces vemos cómo no hay un acuerdo sobre realmente qué hace la escuela. Por cierto, creo que México es el país número uno en el tema de bullying y si vemos qué tanto de este bullying que sucede obedece a discursos racistas, ahí es uno de los lugares que me encantaría que se cambiara la mirada. La concepción argumental del racismo hace diez años obedecía, y yo creo que todavía a la fecha, a entender al racismo como una cuestión de una persona, de un grupo y no se entendía la dimensión estructural; cuando se habla de que la responsabilidad era de las madres y los padres de familia y de les niñes, se está invisibilizando que vivimos en una sociedad racista donde a los 5, 6 años tu ya contestas qué muñeco es bueno y qué muñeco es malo aunque no sepas porqué, pero entiendes cómo es que funciona y opera la sociedad, qué se espera de la sociedad, nuevamente la relación entre cuerpo, medios y educación, qué es importante para la sociedad, qué cuerpos son válidos, dónde hay que estar, qué es lo deseable y qué cuerpos no son los válidos, qué cuerpos no son a donde tenemos que centrar la atención. Entonces me encantaría que esta conversación se ciñera mucho en el sector educativo. Lo que quería decir era que el proceso de cómo se discutía la parte de academia y colonialismo y racismo era un comentario, entonces el puente de cómo se entiende el racismo en una sociedad y la parte de las causas que lo origina siguen siendo muy lejano, entonces acercar más la parte académica con la parte activista y la parte también social, hablar de este tema y de sus causas ese sería otro de los puntos fantásticos. Yo creo que otra de las cosas que va a cambiar el racismo en México, como sucedió también con el tema del feminismo, son las conversaciones día a día que tenemos en casa, con nuestras amistades, los chistes, qué nos da gracia y qué nos deja de dar gracia, ahí es donde puedes ver los termómetros de una sociedad, cuando puedes ver que hay ciertos humores que son un lubricante social que da una permisividad de acciones y conductas en una sociedad y hay sociedades que no lo permiten, donde es como fuera de lugar, no es gracioso, y eso tiene que ver con un nivel de conciencia, con un nivel de discusión en el espacio público de hacia dónde vamos. Otro de los lugares también sería sin duda, y ya está sucediendo, son los medios de comunicación; por un lado están todos los discursos de odio que las redes generan porque hay una parte impersonal cuando estás atrás de la computadora que te permite no ser políticamente correcto y entonces ahí dices lo que piensas y lo que sientes, y es un termómetro también para entender qué está pasando con la sociedad; pero por otro lado ves a muchísima gente joven que está tomando las redes para discutir teoría, práctica y activismo con respecto al racismo en México y con respecto al racismo en América Latina y en el mundo.

México es uno de los siete países de la región que tiene un compromiso internacional para combatir el racismo y la discriminación racial ¿Qué acciones consideran clave para impulsar una agenda antirracista?

Creo que hay una parte de difusión y de discusión que todavía está pendiente; aunque el tema del racismo en el debate público tiene una mayor presencia de la que tendía hace 10 años, todavía es poca la participación que se tiene. Creo que en parte de las dependencias públicas tendría que haber, así como se incluye la perspectiva de género en varios protocolos, una perspectiva antirracista como parte de sus protocolos, pero para ello tendría que haber también una claridad incluso conceptual sobre a qué nos referimos cuando se habla de racismo, la diferencia entre racismo y clasismo. Hay varias cosas que todavía quedan medio confusas en la esfera pública y que son importantes de especificar con toda su claridad, todavía la parte de formación, que es lo que hacemos bastante en el colectivo COPERA, es uno de los puntos que sigue siendo esencial. Por parte del Estado se tienen que abrir espacios para que esa formación y esa capacitación se de en todas las instancias. Digo cursos de capacitación en los tres Poderes sobre qué es el racismo, cuáles son los efectos y las lógicas en las que opera, experiencias vividas en América Latina, entender muy claramente la diferencia entre un racismo segregacionista como es en Estados Unidos y el tema del mestizaje en México y América Latina, o sea entender también los distintos tipos y lógicas en las que opera el racismo porque hay bastante confusión. También la currícula escolar, creo que es otro de los lugares donde se podría bajar la política pública, irla bajando desde el compromiso internacional, tratados internacionales, cómo se aterriza en instrumentos en México a partir de las instancias que aquí existen para el trabajo y la visibilización del racismo para que forme parte de las estructuras del Estado en términos de capacitación y de implementación de distintos protocolos. Y por otro lado está la parte de las organizaciones y de la sociedad y de los pueblos originarios y pueblos afrodescendientes que tienen muchísimo que decir al respecto, así como el cuestionamiento que tenemos que hacer a nivel colectivo sobre cómo estamos con respecto a ese tema en México y cuáles son los costos que tenemos como sociedad mexicana con respecto al racismo.

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El libro Expresiones contemporáneas de los racismos en México. Cuerpos, medios y educación, fue coordinado por Juris Tipa, Saúl Velasco Cruz y Uriel Nuño Gutiérrez, y cuenta con los aportes de Fabiola Fernández Guerra Carrillo, Elsa Muñiz, Alejandra Ramírez López, Carl Winston Jones, Rodrigo Zárate Moedano, Cristina Masferrer León, Miguel Ángel Paz Frayre, Juris Tipa y Saúl Velasco Cruz.

Raza e Igualdad promueve taller sobre Protocolo para Juzgar con Perspectiva Intercultural con miras a fortalecer la exigibilidad de derechos de la población afromexicana

Ciudad de México, 3 de febrero de 2023.– En el marco del Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente, que se conmemora cada 24 de enero, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó el taller “Protocolo para Juzgar con Perspectiva Intercultural: Personas, Pueblos y Comunidades Afrodescendientes y Afromexicanas”, con el objetivo de promover el conocimiento y apropiación de este protocolo entre organizaciones de la sociedad civil, a fin de fortalecer la exigibilidad y protección de los derechos de la población afrodescendiente y afromexicana.

El taller fue impartido por Javier Meléndez, Dictaminador del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Por parte de Raza e Igualdad, las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Elvia Duque, Oficial Senior sobre Raza y Etnicidad, y la conducción de este espacio estuvo a cargo de Miguel Ángel Alanis, consultor en México.

En su intervención, Duque refirió que este Protocolo es una herramienta clave que responde a las demandas que por décadas han impulsado las organizaciones y activistas en México para consolidar el efectivo reconocimiento de los derechos de la población afromexicana. Destacó en particular el apartado “Construcción social de la raza y la etnicidad”, pues contiene precisiones conceptuales sobre el racismo y sus múltiples manifestaciones, así como sobre los procesos de racialización que impactan la vida de las personas afrodescendientes y afromexicanas. “Dichos conceptos los consideramos clave en el proceso de profesionalización y deben ser analizados y contemplados en todas las etapas del proceso judicial”, dijo.

Contenido e importancia del Protocolo

El Protocolo para Juzgar con Perspectiva Intercultural: Personas, Pueblos y Comunidades Afrodescendientes y Afromexicanas fue presentado oficialmente en noviembre de 2022. Su objetivo principal es que las personas juzgadoras lo utilicen como una caja de herramientas que facilite y guíe su actuación a través de los momentos procesales que se desarrollan dentro de un procedimiento judicial, explicó el experto Javier Meléndez.

Detalló que el Protocolo desarrolla una perspectiva intercultural para la impartición de justicia, en la cual se tomaron en cuenta los ejes transversales de esta metodología: la igualdad y no discriminación, la libre determinación y el acceso a la justicia, basándose en criterios jurídicos establecidos por la SCJN y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Este Protocolo comenzó a elaborarse desde un punto de vista sociológico, antropológico e histórico hasta transitar al contenido eminentemente jurídico”, señaló Meléndez, quien realizó su exposición basándose en cuatro aspectos clave del Protocolo: los antecedentes que llevaron a su origen, la estructura de su contenido, su contenido más relevante y su importancia para la exigibilidad de los derechos de la población afromexicana.

El experto refirió que una de las barreras que hubo en el proceso de realización fue la falta de precedentes y criterios nacionales sobre los derechos de la población afromexicana. Meléndez enfatizó que hasta el momento sólo hay tres precedentes en la materia, cuyo abordaje fue a partir de una equiparación normativa en la Constitución con los derechos de los pueblos indígenas. Entre estos mencionó la Acción de Constitucional 81/2018, donde la SCJN se pronuncia por primera vez sobre los derechos de los pueblos afromexicanos ante la falta de consulta previa, libre e informada en el proceso de creación de disposiciones legislativas en el Estado de Guerrero.

Meléndez hizo hincapié en que, aunque este Protocolo está dirigido esencialmente a personas juzgadoras, uno de los propósitos es que sea apropiado por las personas que trabajan en la promoción y defensa de los derechos de las personas afrodescendientes y afromexicanas.

Este taller formó parte de las acciones que Raza e Igualdad, con el apoyo de la Fundación W.K. Kellogg, impulsa en México en el marco del proyecto “Promoción de una agenda antirracista para fortalecer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra el racismo y la discriminación racial en México”. Raza e Igualdad espera contribuir al conocimiento y apropiación del Protocolo para Juzgar con Perspectiva Intercultural: Personas, Pueblos y Comunidades Afrodescendientes y Afromexicanas a través de esta y otras acciones, e invita a acceder al documento por medio de este enlace: https://bit.ly/3DeNKoG

Día Internacional de los Afrodescendientes: ¿Qué estamos haciendo para promover y defender sus derechos?

Washington D.C., 31 de agosto de 2022.– Este 31 de agosto se celebra por segundo año el Día Internacional de los Afrodescendientes, cuyo principal objetivo es promover el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las y los afrodescendientes. En las Américas—donde según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) hay 134 millones de afrodescendientes—esta población sigue enfrentando grandes obstáculos para gozar plenamente de sus derechos y siendo víctima de diferentes manifestaciones de discriminación y violencia.

Por ello, al conmemorarse un año más el Día Internacional de los Afrodescendientes, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) quiere llamar la atención sobre la necesidad de que, en el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes y a partir de los mecanismos existentes a nivel del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas, los Estados asuman e implementen acciones para la promoción y protección de esta población.

Sobre el 31 de agosto y otros mecanismos internacionales

El 16 de diciembre de 2020, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución 75/170 con la que proclamó el 31 de agosto como Día Internacional de los Afrodescendientes. “A fin de promover un mayor reconocimiento y respeto de la diversidad del legado, la cultura y la contribución de los afrodescendientes al desarrollo de las sociedades, así como de promover el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los afrodescendientes”, reza la Resolución.

Como motores impulsores de este tipo de acciones ha estado, por un lado, el plan de actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024), pues uno de sus objetivos principales es aprobar y fortalecer marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales de conformidad con la Declaración y el Programa de Acción de Durban y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, asegurando su aplicación plena y efectiva.

Por otro lado, el registro de hechos de discriminación y violencia en contra de personas afrodescendientes—como el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd en mayo de 2020 en Estados Unidos—ha incidido para encender las alertas sobre esta situación y para la adopción de mecanismos internacionales en materia de derechos humanos de la población afrodescendiente y de justicia racial.

Por ejemplo, un mes después de la muerte de Floyd, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó la Resolución 43/1 “Promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los africanos y los afrodescendientes frente al uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos por los agentes del orden”, la cual llama a generalizar la atención al racismo en los instrumentos de derechos humanos y demanda un rol activo de los Estados para cumplir con su objetivo en materia de justicia racial.

Luego, en 2021, Naciones Unidas adoptó dos importantes mecanismos. Uno de ellos es el Foro Permanente de Afrodescendientes, que fue aprobado en agosto a través de la Resolución 75/314 de la Asamblea General de Naciones Unidas, con la misión de ser un órgano asesor del Consejo de Derechos Humanos. Entre sus mandatos está el de “contribuir a la plena inclusión política, económica y social de los afrodescendientes en las sociedades en las que viven, en pie de igualdad con los demás ciudadanos y sin discriminación de ningún tipo, y contribuir a garantizar el disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos”.

Por otro lado, en una resolución adoptada el 13 de julio de 2021, el Consejo de Derechos Humanos decidió establecer un mecanismo internacional de expertos independientes, compuesto por tres expertos con experiencia en aplicación de la ley y derechos humanos, que deben ser designados por el presidente del Consejo. Su mandato es examinar el racismo sistémico y el uso excesivo de la fuerza y ​​otras violaciones del derecho internacional de los derechos humanos contra africanos y afrodescendientes por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo.

¿Qué estamos haciendo?

Raza e Igualdad trabaja con organizaciones aliadas en América Latina y el Caribe en la defensa y protección de los derechos de las poblaciones afrodescendientes y Afro-LGBTI+, a través del fortalecimiento de capacidades para impulsar procesos de visibilización, documentación y litigio estratégico antes el Sistema Interamericano y el Sistema de Naciones Unidas. Todo ello con el fin de contribuir vivir en una sociedad más justa y equitativa.

En julio, en Brasil, el Instituto organizó una visita de la Relatora para los Pueblos Afrodescendientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, para que la Comisionada escuchara las denuncias más recientes de la población negra, especialmente las relacionadas con brutalidad policial y racismo religioso. Además, en mayo lanzó la Escuela de Formación Política Kátia Tapety para mujeres Afro BLTI, con el objetivo de fortalecer la participación civil en los espacios de decisión colectiva, con especial énfasis en reducir las brechas de género y raza en la participación política a nivel regional, nacional y global.

En este país suramericano, Raza e Igualdad ha venido trabajando en proyectos que denuncian el cierre de espacios de participación ciudadana para los movimientos negros e indígenas; en la lucha contra el racismo religioso; en la protección y defensa de la población Afro-LGBTI+; en el fortalecimiento político de las mujeres negras, indígenas LBTI, y en la lucha contra la violencia policial. Asimismo, se da seguimiento a la implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI), que fue ratificada a finales de 2021 en Brasil.

En Colombia, el Instituto realizó en articulación con organizaciones de Cali actividades de documentación y elaboración de un informe sobre las afectaciones e impactos diferenciales de las violencias contra personas afrodescendientes en esta ciudad en el marco del Paro Nacional 2021, con énfasis en las violencias ejercidas por parte de la Fuerza Pública.  En los próximos días, junto a las organizaciones Ilex-Acción Jurídica, Temblores ONG y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) Raza e Igualdad publicará un informe nacional sobre la violencia policial racista.

En relación con procesos de incidencia ante Naciones Unidas sobre el uso desproporcionado de la fuerza contra personas afrodescendientes, el Instituto recientemente presentó un informe para el Mecanismo de personas Expertas para Promover la Justicia e Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley. Así mismo, presentó un informe de aportaciones para la preparación del informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en virtud de la resolución 47/21 del Consejo de Derechos Humanos; esto en coalición con Ilex-Acción Jurídica, CODHES, Proceso de Comunidades Negras (PCN) y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos (CEAF) de la Universidad ICESI, de Cali.

En México, en el marco del Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, y con miras a contribuir a un mundo más equitativo, Raza e Igualdad lanzó el pasado 25 de julio el proyecto “Promoción de una agenda antirracista para fortalecer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra el racismo y la discriminación racial en México”, el cual está siendo implementado gracias al apoyo de la Fundación W.K. Kellogg.

Una de las primeras actividades de este proyecto consistió en un ciclo de conferencias dictadas entre el 25 y el 26 de agosto recién pasados por el Dr. Pastor Murillo, integrante del Foro Permanente sobre las Personas Afrodescendientes de la ONU. Las conferencias, que se realizaron tanto en la Ciudad de México como en Mérida, Estado de Yucatán, giraron en torno a las herramientas internacionales para combatir el racismo y la discriminación racial, y el papel de las universidades en esa lucha.

A nivel regional, Raza e Igualdad mantiene la campaña CIRDI 2024 “Hacia una región libre de discriminación racial”, para la promoción de la firma, ratificación e implementación de Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI). En el marco de esta campaña, el Instituto se ha planteado trabajar de la mano con organizaciones locales para fortalecer sus capacidades de seguimiento en aquellos países donde se ha ratificado esta Convención, así como de incidencia en aquellos donde solo se ha firmado.

El Instituto también ha venido visibilizando el problema de la discriminación desde una perspectiva interseccional, por medio del Foro Interamericano contra la Discriminación, evento que se realizada cada año con la participación de personas expertas internacionales y activistas de la región. Sus objetivos principales son promover la efectiva participación de las organizaciones no gubernamentales en el marco de las Asambleas Generales y Cumbres de las Américas de la OEA y mejorar su incidencia en el marco del sistema, así como visibilizar las diferentes discriminaciones que se enfrenta en las Américas y las principales demandas de los diferentes sectores poblacionales víctimas de discriminación, especialmente afrodescendientes y población LGBTI.

Para Raza e Igualdad es importante hacer hincapié en las herramientas de promoción y protección que ofrecen mecanismos internacionales, como la CIRDI, a favor de la población afrodescendiente. Creemos firmemente que es a través de estos instrumentos que los Estados pueden adoptar e implementar políticas claras y eficaces para garantizar los derechos humanos y el bienestar social de las y los afrodescendientes. Para ello, es fundamental el trabajo con organizaciones de la sociedad civil que velan por los derechos de esta población, pues son garantes de la visibilización de sus realidades, y el seguimiento a los compromisos nacionales e internacionales.

Este 31 de agosto, Raza e Igualdad reafirma su compromiso de defender y proteger los derechos de las personas afrodescendientes en las Américas, y llama a los Estados a adoptar medidas y fortalecer aquellas ya existentes en términos de población afrodescendiente, partiendo del reconocimiento de las desigualdades históricas que ha enfrentado este grupo étnico. A dos años de que finalice el Decenio Internacional de los Afrodescendientes esta tarea no solo es urgente, sino que representa un verdadero compromiso con la democracia y la inclusión social.

Raza e Igualdad lanza proyecto para la construcción e implementación de una agenda antirracista en México

Washington D.C., 28 de julio 2022.– En el marco del Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, y con miras a contribuir a un mundo más equitativo, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) lanzó el lunes 25 de julio, a través de un evento semipresencial en la Ciudad de México, el proyecto “Promoción de una agenda antirracista para fortalecer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra el racismo y la discriminación racial en México”, el cual está siendo implementado gracias al apoyo de la Fundación W.K. Kellogg.

Con la participación de representantes de instituciones públicas, organizaciones autónomas de derechos humanos, organizaciones étnicas y de carácter nacional, el evento se llevó a cabo en el salón Digna Ochoa, en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En sus palabras de bienvenida, el Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, resaltó la voluntad política del Estado mexicano para combatir el racismo y la discriminación racial con la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) en noviembre de 2019.

En tanto, la Directora de Programas para América Latina y el Caribe de la Fundación W.K. Kellogg, Alejandra Garduño Martínez, señaló la equidad racial como un elemento clave para la construcción de una agenda antirracista. “Lograr la equidad racial significa que la identidad de una persona no determina el trato que recibe; la equidad racial requiere, por tanto, la transformación de los sistemas y la identificación y cambio de las prácticas que niegan el trato equitativo o producen resultados desiguales para ciertos grupos sociales, teniendo como consecuencia el aumento de la desigualdad social”, enfatizó.

En el primer panel del evento, que se denominó “Importancia de promover una agenda antirracista en México”, las y los participantes brindaron sus apreciaciones sobre el racismo y la discriminación racial, coincidiendo en que estos son problemas estructurales en la sociedad mexicana y que tienen diferentes manifestaciones, por lo que deben ser combatidos desde diferentes ámbitos y mediante acciones comunes.

Francisco Estrada Correa, Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH), llamó la atención sobre la necesidad de que las políticas públicas o programas sociales asuman la problemática discriminatoria desde un punto de vista integral, pues al centrarse solamente en algunas de sus manifestaciones, son también acciones o prácticas racistas, consideró. “Para desaprender el racismo, la educación en las escuelas, los mensajes en medios de comunicación y las formas de socialización que aprendemos en la familia son centrales para su eliminación siempre y cuando vayan acompañados de disposiciones legales que sancionen estas conductas”, anotó.

La coordinadora de Igualdad de Género y No Discriminación de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Elvira García Aguayo, destacó el avance a nivel internacional con la adopción de acuerdos como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) y la CIRDI. En ese sentido, invitó a conocer el Sistema de Seguimiento y Atención a Recomendaciones Internacionales en Materia de Derechos Humanos, el cual puede ser localizado en Internet bajo las siglas SERIDH.

Akosua Ali, Presidenta de la sede de Washington D.C. de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color conocida por sus siglas en inglés NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), no pudo asistir de forma presencial al evento por razones de salud, por lo que su intervención fue a través de un video. La activista hizo referencia a la historia de la esclavitud en México, país que durante el Siglo XVI tenía más africanos esclavizados que cualquier otra colonia en el hemisferio occidental. “Debemos comenzar a tener estas conversaciones difíciles para sanar el trauma del pasado y avanzar juntos para garantizar que nuestras comunidades estén seguras, saludables y completas”, dijo.

Berenice Vargas, Subdirectora de Planeación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, consideró que el trabajo comunitario es importante para combatir y eliminar las prácticas racistas y discriminatorias, por lo cual es necesaria la coordinación entre las instituciones estatales y las organizaciones de la sociedad civil. También recalcó que las acciones en el marco de este esfuerzo deben contar con las perspectivas de género, interculturalidad, multiculturalidad, derechos humanos e interseccionalidad.

El Subdirector de Vinculación Territorial del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Jean Philibert Mobwa, brindó un panorama sobre el reconocimiento del racismo y la discriminación racial a nivel constitucional en México y el resto de países de las Américas. “La negación o eliminación del término raza en las disposiciones nacionales no resuelven el problema de la discriminación racial y el racismo. Y ojo que aquí sí funciona el principio general del Derecho según el cual ‘lo que no está prohibido está permitido’”, expuso.

En el segundo panel, titulado “Hacia la construcción de una agenda antirracista en México”, intervino María Celeste Sánchez, Senadora suplente por la Ciudad de México; Fátima Gamboa, directora general de EQUIS: Justicia para las Mujeres A.C.; José Antonio Aguilar, fundador y director de Racismo MX; Sagrario Cruz, profesora e investigadora de la Universidad Veracruzana, y Conrado Zepeda, director del Servicio Jesuita a Refugiados en México.

La Senadora Suplente por la Ciudad de México, María Celeste Sánchez, reconoció el papel que deben jugar las organizaciones de la sociedad civil en la construcción de una agenda antirracista en el país, con una representación de todos los grupos poblacionales y zonas geográficas. Además, confirmó que el Senado cuenta con una iniciativa de proyecto de decreto desde diciembre 2020 en que se solicita reformar y adicionar diversas disposiciones del código penal federal para tipificar como delito el odio racial con fundamento de la CIRDI, se espera que una vez se reintegre el Senado en septiembre y con la promoción de una “agenda antirracista” se logre avanzar en este y muchos temas de interés para las comunidades étnicas en México.

La directora general de EQUIS: Justicia para las Mujeres, Fátima Gamboa, aportó al debate algunos cuestionamientos para la construcción de una agenda antirracista, entre ellos: el papel que tienen las organizaciones que impulsan proyectos, los cuales—dijo—deben ser más horizontales, de acompañamiento y fortalecimiento, así como contar con una ética en el uso de voz y representación de personas, organizaciones y actores clave para su construcción que perfile transformaciones estructurales antirraciales con perspectiva de género.

Sagrario Cruz, profesora e investigadora de la Universidad Veracruzana, presentó una serie de propuestas para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en el país, apuntando a sectores como educación, salud y censo. Sobre este último, expresó que es muy necesario que se actualice la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) con datos desagregados.

José Antonio Aguilar, Fundador y Director de Racismo MX, resaltó la importancia de este proyecto, al cual identificó como un primer espacio para establecer una agenda antirracista en México. “Tenemos un país donde más del 80% de la población, de acuerdo con la ENADIS del 2017, tiene tonos de piel oscuros sin importar la identidad, entonces eso quiere decir que hay una población mayoritaria en México que es vulnerable hacia actos de discriminación racista”, compartió.

Conrado Zepeda, director del Servicio Jesuita a Refugiados en México, se refirió a la problemática del racismo y la discriminación racial desde la perspectiva de la movilidad humana y la interseccionalidad. “Todos los migrantes y refugiados no son tratados de igual manera por los agentes gubernamentales, por las organizaciones sociales y por las personas en general; no es lo mismo ser migrante o refugiado de género masculino, blanco, joven, heterosexual y europeo, que ser una migrante o refugiada de género femenino, indígena o negra, anciana, lesbiana y de un país pobre”, planteó.

Sobre el proyecto

Miguel Ángel Alanis, consultor de Raza e Igualdad en México, señaló que este proyecto “forma parte de una estrategia integral enfocada en México cuyo objetivo es empoderar a las organizaciones de la sociedad civil para fortalecer su lucha contra el racismo estructural y la discriminación racial que enfrentan en lo cotidiano, con base en una agenda antirracista que dirija sus acciones hacia un mundo más equitativo”.

Un enfoque clave de este proyecto es la promoción de la implementación efectiva de herramientas y convenciones regionales e internacionales de derechos humanos y de lucha contra el racismo y la discriminación racial. “Con la firma de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) por el Estado mexicano el 19 de noviembre del 2019, se perfila la necesidad de redoblar esfuerzos para promover los contenidos y alcances establecidos en la Convención entre las instituciones públicas, académicas y las contrapartes que abonen a construir una agenda antirracista en el país”, explicó Alanis.

En México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, 2,576,213 de personas se auto reconocen como afrodescendientes y 7,364, 645 son hablantes de alguna lengua indígena. A pesar de los avances en el reconocimiento de los derechos y la inclusión de la información estadística, continúan existiendo barreras estructurales que imposibilitan el ejercicio de los derechos humanos y el disfrute de una vida libre de discriminación y racismo.

17M: La tarea es eliminar la LGBTIfobia estructural

Washington D.C., 17 de mayo de 2022.– Las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y de identidades diversas a lo largo de la historia universal han sido perseguidas por su identidad de género y su orientación sexual. Aunque hay avances normativos en materia de derechos humanos aún en algunas sociedades patologizan y criminalizan a las personas LGBTI+.

Incluso, hasta el 17 de mayo de 1990, Organización Mundial de la Salud (OMS) consideraba a la homosexualidad como una patología mental, así lo registró en la primera versión de su Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de 1948. Asimismo, desde 1975 definieron a la transexualidad como un trastorno mental. Recién en el 2018, con la versión CIE-11, la sacó de la lista.

Por ello, cada 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia se conmemora la histórica decisión de la OMS que contribuyó a la despatologización y al reconocimiento de la homosexualidad como un aspecto natural de la vida y de la sexualidad. Sin embargo, aún en muchos lugares del mundo, la diversidad sexual es condenada por la religión, las leyes y la sociedad, incluso con pena de muerte.

El daño histórico es irreversible y lo mejor que queda por hacer es saldar esa deuda histórica que ha colocado a la comunidad LGBTI+ en un contexto de particular vulnerabilidad.

Cuerpos como territorios de violencia

“Nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros derechos” es la consiga de este año elegida por la organización 17 de Mayo para conmemorar esta fecha. “Un tema que nos recuerda que muchos de nosotros en todo el mundo vivimos la LGBTQI-fobia en carne propia todos los días y que nuestros cuerpos están siendo abusados, arruinando nuestras vidas.”, describe su portal web.

En Latinoamérica y el Caribe, se registraron al menos 370 asesinatos de personas LGBTI+ en el 2020, y la tendencia desde 2014 es que el número de homicidios aumente anualmente, tal y como señala el último informe la red de organizaciones de la sociedad civil Sin Violencia LGBTI. A diario, se practican muchas violencias sobre los cuerpos que no cumplen con las expectativas de género binario cisnormativo heterosexual, siendo la muerte la forma más violenta de atentar contra las vidas de las personas de la diversidad sexual.

Lucha LGBTI+

Gracias a los liderazgos LGBTI+ y a la suma de contribuciones de organizaciones de derechos humanos, hoy hay más personas visibles y no visibles uniéndose a la lucha LGBTI+ contra la desigualdad, violencia y la discriminación estructural.

Sin embargo, es compromiso de todes construir y defender una sociedad plural, donde se respeten las diversas formas de expresar, pensar, actuar, amar y ser. Esta es una lucha de todes, para todes y que todes debemos hacer nuestra. Como menciona Dhananjayan Sriskandarajah, director de Oxfam, en una columna de opinión de Equal Times, la defensa de la dignidad, la libertad, la identidad y la vida son derechos ligados intrínsecamente a los derechos de cada une.

En la campaña global a favor de la igualdad, justicia social y no discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género todes debemos ser parte.

Acciones contra el odio y la violencia

Este 17 de mayo, desde Raza e Igualdad conmemoramos el derecho a vivir libres de violencia y con dignidad. Si bien existen cambios normativos y reconocimientos legales en muchos países, creemos que no es suficiente. Tenemos el firme convencimiento de que la verdadera transformación social llegará cuando, desde diferentes sectores, empecemos un verdadero trabajo para deconstruir los pensamientos y actitudes de las sociedades que no permite que todas las personas en sus diversidades puedan vivir plenas y seguras.

Por ello, conminamos a los Estados a combatir el estigma, la discriminación y la violencia estatal que precariza las existencias LGBTI+ residentes y en movilidad humana, que permite el abuso policial, la impunidad en crímenes de odio, la discriminación, la violencia en espacios educativos y sanitarios, la tortura, la violencia sexual y reproductiva, los malos tratos, los trámites injustificados y un largo etcétera de acciones que disfrazan y justifican la violencia para seguir manteniéndoles en la marginalización.

Todo ello, tiene efectos reales, graves y adversos en la seguridad integral de la población LGBTI+, en el acceso al trabajo, en sus desarrollos, en la educación y en la salud física y mental que no se pueden tolerar más. Se necesitan los esfuerzos de todos los Estados y sociedades para eliminar el entorno LGBTIfóbico y garantizar los derechos humanos de la población LGBTI+. Esto no se logrará sin la voluntad política de escuchar activamente, comprender y abordar con altura las necesidades específicas de lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y demás identidades diversas.

Raza e Igualdad lanza campaña regional para promover la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia

Washington D.C., 8 de septiembre de 2021.- Con el objetivo de contribuir a combatir el racismo en las Américas, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), realizó este jueves 2 de septiembre de 2021 el lanzamiento de la campaña “Hacia una región libre de discriminación racial”, la cual se extenderá hasta el año 2024 y busca promover la ratificación e implementación universal de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI).

La campaña—que se inserta en el Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024)—fue lanzada a través de un evento virtual que contó con la participación de la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de Gay McDougall, recién reelecta para integrar por un tercer periodo el Comité contra la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), de Naciones Unidas, y de la Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell.

También participaron representantes de Estados Partes de la Convención (Antigua y Barbuda, Brasil y México), y de organizaciones de la sociedad civil de la región. La presentación de la campaña estuvo a cargo del Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, y la moderadora del evento fue Elvia Duque, Oficial del Programa para América Latina de Raza e Igualdad.

“Consideramos que esta campaña era necesaria, especialmente en medio del Decenio Internacional para los Afrodescendientes, para que la mayoría de los países de las Américas ratifiquen e implementen esta importante Convención”, comentó Quesada en sus palabras de bienvenida.

La campaña

Raza e Igualdad considera que la ratificación e implementación de la CIRDI es esencial para el avance en la visibilización y reconocimiento de las opresiones sistémicas que existen en el hemisferio en contra de las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas y otros grupos y minorías raciales. Asimismo, cree que esta Convención representa un eje clave para que los Estados de la región cumplan su obligación de promover condiciones equitativas, igualdad de oportunidades y combatir la discriminación racial en todas sus manifestaciones individuales, estructurales e institucionales.

La meta que Raza e Igualdad busca alcanzar con esta campaña es que los 35 Estados de la Organización de Estados Americanos (OEA) firmen, ratifiquen e implementen la Convención contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia para el año 2024.

Para ello, se han definido una serie de acciones regionales, tanto a nivel bilateral como multilateral, con las que se busca dar acompañamiento y herramientas a los Estados para hacer efectiva la ratificación e implementación de la CIRDI. Las organizaciones de la sociedad civil también juegan un rol importante en esta campaña, pues se les capacitará para que den seguimiento al proceso de firma, ratificación e implementación en sus respectivos países.

La importancia de la CIRDI

A pesar de que la Convención Interamericana contra el Racismo fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en junio de 2013 y entró en vigencia en noviembre de 2017, hasta la fecha, solo 6 de los 35 Estados Miembros la han ratificado: Antigua y Barbuda, Brasil, Costa Rica, México, Ecuador y Uruguay. La Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, destacó en su intervención que la CIRDI adquirió una gran relevancia a raíz del informe sobre racismo sistémico presentado en 2020 por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Dicho informe fue una de las acciones derivadas de la Resolución 43/1 (“Promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los africanos y los afrodescendientes frente al uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos por los agentes del orden”), adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras el asesinato de George Floyd. Dicha Resolución llama a generalizar la atención al racismo en los instrumentos de derechos humanos y demanda un rol activo de los Estados para cumplir con su objetivo en materia de justicia racial.

Joy-Dee Davis Lake, representante alterna de Antigua y Barbuda ante la OEA, señaló que la CIRDI se adoptó en un momento en que la comunidad internacional había tomado conciencia sobre la necesidad de mejorar y fortalecer los márgenes de protección que ya se habían establecido en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

Tanto la Convención Internacional como la Convención Interamericana, dijo Davis Lake, “representan el catálogo más ambicioso para prohibir todo tipo de discriminación que se conoce bajo las leyes internacionales, ya sea por raza, color, origen nacional o étnico, nacionalidad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones culturales, o las opiniones de cualquier tipo, origen social, estrato socio-económico, nivel educativo, refugiados, migrantes, repatriados, discapacidades, [entre otros]”.

Por parte de Brasil, Paulo Roberto, Secretario Nacional de Políticas para la Promoción de la Igualdad Racial, del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, celebró el paso dado por su país e invitó a los Estados de la región a ratificarla e implementarla. “Ratificamos la Convención el 13 de mayo (de 2021), día de la Ley Áurea en Brasil, lo que representó una ganancia para la sociedad brasileña. La Convención es un instrumento para enfrentar el racismo y la cultura colonialista”, aseguró.

“El tema de racismo y discriminación es un tema importante en nuestra región, porque atenderlo es una de las formas que nos permiten la integración de nuestras sociedades multiculturales, pero también por el hecho que convivimos con otras culturas que sin pasar por el combate al racismo y la discriminación nos lleva a diferentes discursos o crímenes de odio”, subrayó Christopher Ballinas, Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México.

Barillas comentó que un hecho que motivó la ratificación de la CIRDI por parte de México fue el crimen de odio sufrido en agosto de 2019 por un grupo de personas en El Paso Texas, que dejó 23 víctimas mortales, de las cuales 9 eran mexicanas.

La Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la CIDH, comisionada Margarette May Macaulay, destacó el hecho que la CIRDI mandata la conformación de un Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, el cual debe estar integrado por un perito designado por cada uno de los Estados Parte, y debe ejecutar su o sus funciones de manera independiente, así como supervisar los compromisos asumidos en la Convención.

“Recomiendo encarecidamente a los Estados que ratifiquen e implementen la Convención. Nuestro contexto de discriminación estructural contra los afrodescendientes, los pueblos indígenas y otros grupos étnico-raciales exige un compromiso fuerte y serio para combatir la discriminación y todas las formas de intolerancia en el hemisferio”, refirió Macaulay.

Gay McDougall, recién electa para integrar el Comité contra la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), habló sobre la responsabilidad de la comunidad internacional para combatir el racismo y la discriminación racial. “El asesinato de George Floyd creó un nivel de urgencia para acelerar la respuesta” ante esta problemática, indicó.

Sonia Guajajara, líder indígena y Coordinadora Ejecutiva de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), celebró la ratificación de la CIRDI por parte de Brasil, pero también denunció el racismo estructural, institucional y ambiental en el país. “¿Armonía racial para quién?”, preguntó Sonia, quien participó del evento desde Brasilia, específicamente desde el campamento indígena “Lucha por la vida”, en el que más de 6 mil personas protestan contra el proyecto “Hito Temporal”, que está siendo votado por la Corte Suprema y pone en peligro los territorios indígenas protegidos por la Constitución.

“Hay un fenómeno de negar el racismo en Brasil o simplemente reconocerlo en casos extremos de odio racial. Los pueblos indígenas han estado luchando por el respeto a sus formas de vida en todo el planeta, y aquí en las Américas no ha sido diferente. Hemos visto a nuestros líderes asesinados, nuestras mujeres violadas, nuestros derechos territoriales cuestionados y nuestros jóvenes suicidándose”, agregó.

Paola Yáñez, Coordinadora regional de la Red de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, expresó que la visibilización del racismo en las sociedades latinoamericanas y caribeñas ha sido una ardua tarea que han tenido que asumir las organizaciones de mujeres. “La adopción de la Convención Interamericana contra el Racismo marca un hito importante para el movimiento afrodescendiente porque nos permite avanzar en el reconocimiento del racismo y la necesidad de tomar medidas en esta región”, apuntó.

“Es importante que todos los Estados puedan ratificar esta Convención porque se trata de la acumulación de más de tres décadas de trabajo en la lucha contra el racismo y la discriminación racial, y es necesario que esa acumulación sea parte de nuestras legislaciones nacionales para resguardar y proteger los derechos de las personas afrodescendientes e indígenas y de otras minorías étnico-raciales”, expresó Noelia Maciel, Integrante de la Coordinadora Nacional Afrouruguaya.

Únase

La campaña cuenta con un sitio web (www.cirdi2024.org) donde se puede conocer más sobre el objetivo, estrategia y actividades de la misma. Contiene además información sobre la CIRDI y cómo avanza el proceso de firma y ratificación en las Américas, así como todas las herramientas necesarias para que los Estados inicien este proceso. Cabe destacar que el sitio web cuenta con versiones en español, portugués e inglés, y que la campaña se estará visibilizando a través de Twitter, Facebook e Instagram, por lo que Raza e Igualdad invita a seguirla desde ya.

Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial: Llamado a los Estados para enfrentar la pandemia de COVID-19 con políticas públicas inclusivas y eficaces

Washington D.C., 19 de marzo de 2021.– A un año de que el COVID-19 llegara por primera vez a las Américas, esta pandemia sigue afectando de manera desproporcionada y diferenciada a las poblaciones afrodescendientes de la región, por lo que en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial –que se conmemora cada 21 de marzo—el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un llamado a los Estados a enfrentar la pandemia de COVID-19 con políticas públicas que tengan un enfoque diferenciado y garanticen la recuperación económica para todos y todas.

Como organización que trabaja en América Latina y el Caribe en la protección y defensa de los derechos humanos de poblaciones históricamente marginadas, como es la población afrodescendiente, hemos venido siguiendo con atención las condiciones en que esta comunidad ha enfrentado la pandemia de COVID-19 y cuáles han sido las respuestas de los Estados. Cabe recordar que las y los afrodescendientes en las Américas suman 130 millones de personas, equivales al 21% de la población total en la región, según estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Diferentes condiciones, diferente impacto

El impacto desproporcionado y diferenciado de la COVID-19 sobre la población afrodescendiente está determinado por el racismo estructural, la discriminación racial y la exclusión que esta población ha enfrentado por la acción u omisión de los Estados y sus sociedades, lo cual, en medio de la pandemia, se tradujo en falta de información adecuada para prevenir el contagio del virus y serias dificultades para acceder a los sistemas de salud en casos positivos. A esto debe añadirse el recrudecimiento de la violencia, tanto de parte de grupos criminales como de la policía, siendo ejemplo de ello Brasil y Colombia.

A excepción de Brasil, no se cuenta con cifras oficiales sobre cuántas personas afrodescendientes de los países de la región han resultado contagiadas y cuántas han fallecido por COVID-19; sin embargo, información recopilada por organizaciones de la sociedad civil da cuenta de las condiciones de vulnerabilidad y desigualdad en que estas han enfrentado la pandemia. En agosto de 2020, Raza e Igualdad publicó un análisis que fue una primera aproximación a las condiciones en que la población afrodescendiente de la región enfrentó el COVID-19, y en él se destaca una frase de Paola Yáñez, lideresa afroboliviana y coordinadora regional de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD): “El virus de COVID-19 no discrimina, pero vivimos sus efectos de forma diferenciada porque no vivimos en iguales condiciones”.

Panorama

Gracias a la comunicación con organizaciones aliadas y con líderes y lideresas afrodescendientes de los países donde Raza e Igualdad tiene incidencia, podemos hacer referencia a condiciones particulares que pusieron en una posición de desventaja a la población afrodescendiente al momento de hacer frente a la pandemia de COVID-19, debido principalmente a la discriminación y exclusión que experimentan y a que la respuesta de los Estados no fue adecuada o no tomó en cuenta su realidades y necesidades específicas.

En Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro ha mantenido una actitud negacionista sobre el COVID-19, el 67% de los brasileños que dependen exclusivamente del sistema de salud pública son personas afrodescendientes, que además son la mayoría de los pacientes con diabetes, tuberculosis, hipertensión y enfermedades renales crónicas, todas consideradas agravantes para el coronavirus, de acuerdo a estadísticas de la Sociedad Brasileña de Medicina Familiar. Brasil es el segundo país del mundo con más muertes por COVID-19 y, de acuerdo al Instituto Brasileño de Geografía y Población, la tasa de mortalidad por este virus entre la población afrodescendiente fue de 92 muertes por cada 100 mil habitantes, mientras que entre la población blanca fue de 88.

En tanto, en Colombia, las organizaciones afrodescendientes alertaron sobre la vulnerabilidad de esta población en medio de la pandemia, primero porque la mayoría no goza de un seguro social, y segundo, por la condición del sector salud en sus comunidades, tanto rurales como urbanas. Por ejemplo, en ciudades como Buenaventura (Valle del Cauca) y Quibdó (Chocó), los hospitales deben atender entre 400 y 500 mil personas –la mayoría afrodescendientes e indígenas— y no disponen ni con el personal, ni con la infraestructura necesaria para atender casos de alta complejidad.

En Cuba, el Gobierno usó la excusa de las medidas impuestas para prevenir el contagio de COVID-19 para realizar detenciones arbitrarias e impedir la labor de las personas defensoras de derechos humanos en el país, incluidos representantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), quienes fueron objeto de agresiones, detenciones arbitrarias y allanamientos en el contexto de una campaña para exigir una respuesta del Gobierno sobre la implementación del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial.

En el caso de Nicaragua, el secretismo del Gobierno sobre las estadísticas de salud no permite conocer el impacto real de la pandemia, pero tanto la población afrodescendiente como la indígena de la Costa Caribe del país enfrentó esta emergencia sanitaria en condiciones de precariedad. Dicha zona se encuentra bajo el constante y violento acecho de colonos y se caracteriza por tener un deficiente acceso a servicios de salud y educación, situación que se vio agravada por el paso de los huracanes Eta e Iota en noviembre de 2020.

En México y Perú, que son de los países que tanto a nivel mundial como regional presentan más casos y fallecimientos por COVID-19, también hubo condiciones particulares para la población afrodescendiente. En México, la aplicación del Censo 2020 –que por primera vez incluyó una pregunta de autoidentificación para el pueblo afrodescendiente— coincidió con la pandemia. En Perú, la respuesta del Estado a la emergencia sanitaria se vio trastocada por la crisis política a raíz de la destitución del presidente Martín Vizcarra.

La importancia de la Convención contra el Racismo

En vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, y en el marco del Decenio de los Afrodescendientes 2015-2024, Raza e Igualdad recuerda a los Estados la necesidad de adoptar medidas concretas y prácticas mediante la aprobación y aplicación efectiva de marcos jurídicos nacionales e internacionales y de políticas y programas de lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia que enfrentan las y los afrodescendientes.

En ese sentido, Raza e Igualdad invita, una vez más, a la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, en tanto esta representa un marco de acción eficaz e integral para avanzar hacia la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de las personas afrodescendientes.

A la fecha, los únicos países que han ratificado esta Convención son Antigua y Barbuda, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay y Brasil, que recién lo hizo en febrero de 2021, por lo que organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil brasileña esperan que el gobierno de Jair Bolsonaro la convierta en ley.

Desde Raza e Igualdad también recomendamos a los Estados:

  • Generar políticas públicas, programas y proyectos que combatan efectivamente el racismo estructural y la discriminación racial contra los y las afrodescendientes.
  • Mejorar los sistemas de salud, empleo y educación, incluyendo la eliminación de la brecha entre el sector rural y urbano.
  • Garantizar que las poblaciones afrodescendientes e indígenas sean una prioridad en los programas de recuperación económica de la pandemia de COVID-19.
  • Incluir en los planes de emergencia acciones dirigidas a las y los afrodescendientes, respetando el derecho de consulta y consentimiento previo, así como sus diferentes interseccionalidades, especialmente niños, mujeres, desplazados, migrantes y población LGBTI.
  • Asegurar la recolección permanente de datos estadísticos confiables y desagregados por etnia/raza con enfoques interseccionales en las áreas de salud, educación, empleo y justicia.

En el Día Internacional de la Mujer, Raza e Igualdad reconoce a las mujeres que luchan por la igualdad y por un mundo mejor en medio del Covid-19

Washington D.C., 8 de marzo de 2021.– En este Día Internacional de la Mujer, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un especial reconocimiento a las mujeres que durante el último año se mantuvieron firmes en la lucha por la igualdad, a pesar de que sus derechos se vieron particularmente vulnerados en medio de la pandemia de Covid-19. De esta forma, Raza e Igualdad se une al tema definido este 2021 por Naciones Unidas para conmemorar este 8 de marzo, el cual se titula, “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”.

Raza e Igualdad conversó con mujeres de seis países de América Latina y el Caribe que participan en espacios de incidencia para la promoción y defensa de sus derechos. Les pedimos que nos compartieran su llamado a las autoridades como principales responsables del bienestar de la sociedad, pero también un mensaje de esperanza y resistencia para todas las mujeres de la región.

Unidas y seguras

Desde Colombia, Alicia Quiñónez, de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), pidió a las autoridades fijar sus ojos en los territorios afrocolombianos, raizales y palenqueros, así como cuidar la vida y garantizar a las lideresas sociales el derecho a una vida digna y a poder ejercer su trabajo social, empresarial y político en sus territorios.

En su mensaje a las mujeres, dijo: “las invito a imaginarnos y trabajar por espacios políticos, empresariales y sociales que nos permitan seguir unidas, seguras y alzando nuestras voces cada día más alto con procesos organizativos que aporten y les permitan a los territorios negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros exigir sus derechos, vivir en paz, porque juntas podemos más”.

Garantía de derechos

Jessenia Casani, directora de DEMUS-Perú, expresó que las autoridades deben concentrar sus esfuerzos en lograr la igualdad de género. “Necesitamos enfrentar la pandemia, pero con igualdad de género, necesitamos, por ejemplo, desplegar estrategias preventivas frente a las múltiples violencias machistas, necesitamos en este contexto garantizar derechos sexuales y reproductivos, con educación sexual integral, con anticoncepción oral de emergencia disponible, con servicios de aborto legal y seguro, con salud materna y que todos estos servicios se brinden sin discriminación y violencia”, manifestó.

Participación política

Por su parte, Rosa Castro, de la Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca, de México, señaló que es fundamental que las mujeres mantengan la denuncia de todos los tipos de violencia que enfrentan, así como la exigencia de su participación en espacios de poder. “Que ejerzamos nuestros derechos políticos y sigamos organizadas, empoderándonos y consolidando nuestra participación política en todos los espacios de toma de decisión, las mujeres debemos tener un lugar en la mesa de gobernanza para poder estar representadas en las discusiones”, refirió.

Resistir en medio de la crisis

Juanita Jiménez, directora del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), de Nicaragua, expuso que en medio de la crisis socio-política y de derechos humanos que atraviesa el país desde abril de 2018 y de la pandemia de Covid-19, se agudizaron las vulnerabilidades de las mujeres y aumentó los riesgos para enfrentar la violencia y el femicidio. No obstante, aseguró que “la lucha por la igualdad sigue vigente porque las discriminaciones históricas y presentes continúan y se modernizan”.

“Seguimos luchando por el retorno de la democracia y el retorno de todos los derechos, queremos vivir en democracia para que se reconozca nuestra condición de humanas, que nuestros cuerpos no sean castigados por atrevernos a decidir, a pensar diferente o por criticar y fiscalizar a las autoridades; la lucha por la igualdad sigue vigente para que las niñas puedan crecer seguras, valoradas desde que nacen, que tengan acceso a las tecnologías, a la ciencia, a la educación y su desarrollo integral y lo principal, que puedan vivir libres de todas las violencias”, indicó.

Perseverancia

Lisandra Orraca, ciudadana cubana e integrante de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR), hizo un especial llamado a las autoridades para que en Cuba el delito de feminicidio sea tipificado y penado como tal. “Quisiera decirles a las mujeres de mi país que nos mantengamos unidas en la lucha por la igualdad y por el respeto hacia nuestros derechos, solo así podremos lograr un futuro mejor, libre de maltrato y de discriminación, juntas podremos lograrlo, no nos demos por vencidas jamás, podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos”, compartió Orraca.

Para Agatha Brooks, de la organización TRANSSA, de República Dominicana, es importante que las autoridades respondan de forma adecuada y eficiente a las violencias que enfrentan las mujeres trans, pues en medio de la pandemia de Covid-19 estas se vieron exacerbadas por la falta de una ley de identidad de género, la falta de acceso a servicios de salud y la drástica disminución de ingresos económicos. “A las mujeres, tanto cis como trans, les digo que no dejen de luchar, que nuestra lucha es constante y que, si mujeres en el pasado hubiesen dejado de luchar, no estaríamos donde estamos hoy; aunque se crea que no se ha avanzado, se ha avanzado mucho y nos falta mucho por avanzar, entonces ánimo, fuerza, nosotras podemos seguir adelante”, señaló.

Mujeres en pandemia: resistencia y colectividad

La emergencia sanitaria generada por el Covid-19 no solamente sobrepasó las capacidades de la mayoría de los sistemas de salud en todo el mundo, sino que también desnudó la desigualdad, la violencia y la pobreza preexistentes en nuestras sociedades, por lo que grupos históricamente marginados como la población afrodescendiente, personas LGBTI y las mujeres, sufrieron los impactos de esta pandemia de forma extrema y diferenciada. La falta de acceso a servicios de salud, la exclusión de medidas sanitarias y la exacerbación de la violencia de género y el aumento en la carga de cuido que asumen las mujeres en los hogares, son algunas de las situaciones que se pusieron de manifiesto.

Sin embargo, a la par de todo ello, vimos cómo las mujeres que luchan por el reconocimiento y garantía de sus derechos se mantuvieron firmes y, además, aquellas en cargos públicos, personal de salud y cabezas de familia, demostraron una gran capacidad de gestión, valentía y cuidado, respectivamente. Por eso y muchos más, desde Raza e Igualdad deseamos que en este Día Internacional de la Mujer se renueven las fuerzas de todas las mujeres para seguir adelante en sus tareas y activismos, pues su aporte es esencial para contar con sociedades más justas y equitativas.

A lo largo de esta semana, estaremos compartiendo en nuestras redes sociales videos con los mensajes de estas mujeres, bajo el lema “Mujeres en pandemia: resistencia y colectividad”. Invitamos a unirse a esta campaña para que sus voces puedan llegar a más espacios de reflexión e incidencia.

Raza e Igualdad presenta el informe “La CEDAW y su impacto en la vida de las mujeres: Una mirada interseccional” de la mano de expertas internacionales y representantes de la sociedad civil de la región

Washington D.C., 5 de marzo de 2021.– En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) presentó este jueves 4 de marzo el informe “La CEDAW y su impacto en la vida de las mujeres: Una mirada interseccional”, en un evento virtual que contó con la participación de la presidenta del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Gladys Acosta, y representantes de organizaciones civiles regionales e internacionales que trabajan en la protección y defensa de los derechos de las mujeres afrodescendientes y LBT (lesbianas, bisexuales y trans).

De parte de la sociedad civil, participaron Marisa Hutchinson, oficial de programa de la organización International Wome’s Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW Asia Pacific); Janaina Oliveira, secretaria nacional LGBT del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil; Laritza Diversent, directora de la organización no gubernamental Cubalex; María Vélez, coordinadora de la iniciativa Casa Afirmativa de la organización colombiana Caribe Afirmativo; Wescla Vasconcelos, coordinadora del Foro de Travestis y Transexuales do Río de Janeiro en Brasil, y Cecilia Ramírez, activista afroperuana e integrante del Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP), quien fue la moderadora del evento.

El director ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, brindó las palabras de bienvenida en esta actividad, mientras que Melissa Monroy, autora principal del informe y asesora de Raza e Igualdad sobre Derechos de la Mujer, hizo una breve presentación del informe, cuyo análisis se enfoca en las mujeres afrodescendientes cisgénero, lesbianas, bisexuales y trans de Brasil, Colombia, Cuba, México, Nicaragua, Perú y República Dominicana.

El informe

Monroy explicó que este informe representa un gran esfuerzo para entender la forma en que se lleva a cabo el diálogo entre los Estados, la sociedad civil y el Comité CEDAW al momento de brindar informes y recomendaciones, respectivamente, con la particularidad de centrarse en analizar la participación y representación de las mujeres afrodescendientes cisgénero, lesbianas, bisexuales y trans en esa dinámica.

Para ello, se realizó una revisión documental de los informes presentados tanto por los Estados como por la sociedad civil al Comité CEDAW entre 2010 y 2020, así como de las respuestas y recomendaciones del Comité CEDAW. Además, dijo Monroy, se entrevistó a activistas y lideresas sociales afrodescendientes cisgénero, lesbianas, bisexuales y trans de cada país de estudio, para poder tener una aproximación real a sus experiencias y percepciones en torno a cómo la CEDAW impacta en sus vidas.

“Las acciones tanto del Comité CEDAW, la sociedad civil y los Estados se interrelacionan, por lo que es importante y necesario poder contar con la participación de más mujeres afrodescendientes diversas en estos escenarios, para que su voz se escuche”, señaló Monroy, quien agregó que, en ese sentido, el informe contiene recomendaciones dirigidas a los Estados, el Comité CEDAW y la sociedad civil.

CEDAW evoluciona junto a la conciencia social

La presidenta del Comité CEDAW, Gladys Acosta, reconoció que el problema planteado en el informe –que es la falta de participación y representación de las mujeres afrodescendientes diversas en la dinámica de intercambio con el  Comité CEDAW para que este formule recomendaciones a los Estados—es absolutamente real, pero aseguró que desde la adopción de la CEDAW en el año 1979, esta ha venido experimentando una serie de modificaciones para ampliar el significado de sus artículos y de sus recomendaciones, en la medida en que la lucha y la conciencia social han evolucionado. En ese sentido, recordó que dicho tratado pasó de hablar de violencia contra las mujeres, a hablar de violencia de género, que es un concepto mucho más integral.

“Ha habido una evolución que no es meramente conceptual, sino que es una evolución histórica de las luchas (…) las luchas están delante de los avances de las leyes, primero se lucha y luego viene la etapa del reconocimiento tanto a nivel nacional e internacional. Estos estándares son elásticos, por decirlo de una forma, se van ampliando conforme va creciendo la conciencia social y, por tanto, lo que dijimos en el año 1980 hoy en día es otra cosa y se han ampliado, se ha ampliado la compresión de lo que es la violación a un derecho”, dijo.

En el caso de la interseccionalidad, la experta refirió que este es un concepto que comenzó con la Declaración Universal de los Derechos Humanos por cuanto esta, en su primer artículo, plantea que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. “Pone en un terreno de igualdad a todas las personas en todos los niveles, lo que pasa es que por miles de razones que no vamos a abordar aquí, se ha demorado que esto empiece a llegar a donde tiene que estar”, añadió.

“Esto está en movimiento, no es nada estático y la visibilidad de la lucha que ustedes traen está tomada en cuenta, y no solamente en el comité CEDAW, he visto este proceso en todos los Comités. Nosotros tratamos de que se construya una doctrina de los derechos humanos en su conjunto, y mientras más específico, más protector”, indicó Acosta en relación al trabajo que hacen los Comités de expertos sobre los distintos tratados o convenciones internacionales en materia de derechos humanos.

Debate sobre discriminación desde la interseccionalidad

Las representantes de la sociedad civil plantearon desde sus experiencias de trabajo con mujeres afrodescendientes diversas, las distintas formas en que se manifiesta la discriminación y la violencia en contra de este grupo poblacional.

“Cuando yo pienso en la interseccionalidad yo pienso especialmente en el hecho de ser una mujer negra. Nosotras vivimos discriminación a nivel de raza o de preferencia sexual, porque eres una mujer negra lesbiana o una trabajadora trans negra, entonces todas estas experiencias múltiples llegan a una razón, a una raíz, y es ser diferente a nivel racial o étnico, y esto tiene un impacto mucho más grande en cuanto a la discriminación que nosotras sufrimos”, expresó Marisa Hutchinson, oficial de programa de IWRAW Asia Pacific.

Janaina Oliveira, secretaria nacional LGBT del PT de Brasil, señaló que es importante entender que no toda política pública desarrollada por el Estado a favor de los derechos de las mujeres puede ser alcanzada de manera diversa, principalmente en un país como Brasil, donde el gobierno de Jair Bolsonaro niega el racismo. “La prueba de esto es cuando tenemos campañas de lucha contra la violencia hacia las mujeres y tenemos una reducción de la violencia contra las mujeres no negras, pero tenemos poca atención para las mujeres, no significa que esa política del Estado vaya a alcanzar al grupo más vulnerable”, explicó.

La directora de Cubalex, Laritza Diversent, compartió por su parte que en Cuba las mujeres afrodescendientes sufren de forma constante discriminación y violencia de parte de las autoridades, pues existe un perfil racial que las asocia al trabajo sexual, lo cual está prohibido en la Isla. “Nos asocian a que somos mujeres más ´calientes´, que los turistas nos van a seguir, entonces somo objetivo constante de los órganos policiales y en medio de la pandemia de Covid-19 se ha exacerbado la violencia institucional contra las mujeres afrodescendientes”, detalló Diversent, quien reconoció en entre la sociedad civil cubana aún no hay una total compresión del término interseccionalidad, por lo que resulta difícil denunciar las violaciones que se dan bajo ese concepto.

En tanto, María Vélez, de Caribe Afirmativo, apuntó: “Nosotras, las mujeres lesbianas, bisexuales y trans negras nos enfrentamos a la realidad a través de nuestros cuerpos racializados, por ello la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género diversa no se vive de la misma manera en los cuerpos blancos que en los cuerpos racializados debido a que el racismo se ha instalado como una cultura de opresión validada social, política, económica e incluso religiosamente (…) la interseccionalidad es un enfoque que señala la necesidad de entender las opresiones como la raza, el género y la clase, y cómo estas se interrelacionan permitiendo comprender la profundidad de la desigualdad que una persona experimenta en un contexto dado”.

Wescla Vasconcelos, coordinadora del Foro de Travestis y Transexuales do Río de Janeiro en Brasil, brindó los comentarios finales destacando la grave situación de discriminación que enfrenta la población LGBTI en este país. “Somos la población que más muere por crímenes de odio como persecución y estrangulamiento. Estas situaciones brutales tienen que parar, tienen que ser combatidas, esta realidad tiene que transformarse”, expresó.

En Raza e Igualdad, la interseccionalidad comprende un enfoque transversal en nuestras intervenciones para la protección y defensa de los grupos poblaciones con los que trabajamos, como son las personas afrodescendientes y LGBTI. Esperamos que este informe contribuya a la comprensión de este concepto como determinante de violaciones de derechos humanos, pero también como una perspectiva imprescindible en las políticas que se trazan a nivel nacional, regional e internacional de cara al reconocimiento y garantía de los derechos de todas las personas.

Acceda al informe dando clic aquí. Las versiones en portugués e inglés del informe estarán disponibles próximamente.

La grabación del evento de presentación del informe se encuentra disponible aquí.

Día de los Derechos Humanos: Con paso firme hacia el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales para todas las personas

Washington D.C., 10 de diciembre de 2020.– A 72 años de que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cumplimiento y respeto de los derechos inherentes a cada persona representa un reto a nivel mundial, y en el caso de América Latina y el Caribe, se mantienen y exacerban escenarios en los que se violan estos derechos, sobre todo en poblaciones que han sido históricamente marginadas.

Este 10 de diciembre, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), se une a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos ofreciendo un panorama sobre la situación de los derechos humanos en la región, con énfasis en aquellos países donde trabajamos de la mano con organizaciones de la sociedad civil: Brasil, Colombia, Cuba, Nicaragua, México, Panamá, Perú y República Dominicana.

El asesinato de George Floyd

Como organización que trabaja en la protección y defensa de los derechos humanos de las personas indígenas y afrodescendientes, el 25 de mayo nos unimos a la consternación mundial por el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd, a manos de cuatro policías blancos en la ciudad de Minneapolis, Minnesota. El hecho fue grabado por un testigo y el video circuló rápidamente por redes sociales, provocando gran indignación y una especie de despertar de conciencia sobre el racismo y la brutalidad policial.

Valoramos como positivo que desde los sistemas de protección de derechos humanos haya habido una respuesta rápida, como el debate urgente sobre las violaciones de derechos humanos por motivos raciales, el racismo sistémico, la brutalidad policial y la violencia contra protestas pacíficas, que tuvo lugar el 17 de junio en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y llevó a la adopción de la resolución 43/1; sin embargo, vemos con preocupación la laguna de protección ante la dificultad de los mecanismos de derechos humanos para monitorear las obligaciones de los países.

Pandemia de Covid-19, multiplicador de desigualdad

La pandemia de Covid-19 puso en evidencia la profunda desigualdad que padece la región, no solo en términos de ingresos económicos, sino también en acceso a salud y educación, a lo cual se sumó el hecho que la respuesta de los Estados no tomó en cuenta las interseccionalidades de la población, por lo que grupos históricamente marginados y discriminados como las comunidades indígenas y afrodescendientes, y las personas LGBTI, fueron impactadas de forma particular por esta pandemia.

En Brasil, por ejemplo, la población negra vio seriamente vulnerado su derecho a la vida, pues debido la negación de la pandemia por parte del gobierno de Jair Bolsonaro, no se tomaron las medidas de prevención y atención adecuadas, siendo las personas afrodescendientes las más afectadas. Además, durante los meses más críticos de la emergencia sanitaria, 1 mujer fue asesinada cada 9 horas, y de estas, el 73% fueron mujeres negras.

La discriminación por orientación e identidad de género también puso de manifiesto un trato discriminatorio hacia las personas LGBTI en el contexto del Covid-19. En Colombia, Alejandra Monocuco, una mujer trans y trabajadora sexual, murió a finales de mayo luego de que personal médico que acudió al llamado de sus compañeras porque no podía respirar, se negó a atenderla al conocer que vivía con VIH y argumentar que seguramente estaba bajo los efectos de una “sobredosis”.

La pandemia de Covid-19 coincidió con la realización del Censo de Población y Vivienda 2020 en México, por lo que las y los activistas afromexicanos temen que se haya afectado la calidad y cantidad de los datos recolectados, que hubieran permitido una mayor autoidentificación afrodescendiente, principalmente en los Estados identificados como no afrodescendientes.

Derechos LGBTI, entre la violencia y la negación

América Latina sigue siendo la región del mundo que acumula más casos de asesinatos contra personas trans. Brasil, país en el que persiste un discurso LGBTIfóbico liderado y alentado por el Gobierno, acumulaba hasta octubre pasado 151 crímenes de este tipo. En Colombia, en tanto, Raza e Igualdad ha registrado hasta la fecha 65 hechos de discriminación, hostigamiento, ataques físicos y asesinatos en los que las víctimas son personas con orientación sexual e identidad de género diversa.

La negación de derechos a las personas LGBT es otro escenario preocupante en la región, tal es el caso de Perú, donde el Tribunal Constitucional rechazó la demanda de amparo de Óscar Ugarteche contra el RENIEC para lograr la inscripción de su matrimonio con Fidel Aroche, celebrado en 2010 en México. Además, en este país la implementación de la política pico y desembocó en múltiples actos de discriminación contra la población trans y no binarie.

En Panamá, la sociedad civil sigue demandando la apertura del Gobierno para debatir y aprobar una ley que permita el matrimonio igualitario, mientras que en República Dominicana organizaciones que velan por los derechos de las personas LGBTI desarrollan una campaña por la aprobación del proyecto de Ley General de Igualdad y No Discriminación, la cual sería un importante paso en un país donde la población afro y LGBTI se encuentra desprotegida.

Asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos

Tras cuatro años de la firma del histórico Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC para terminar con más de 50 años de conflicto armado, el país se encuentra en uno de sus peores momentos en términos de violencia a nivel nacional, por el alarmante aumento de asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes, y de masacres de civiles, entre ellas la perpetrada el 11 de agosto en contra de cinco jóvenes afrocolombianos en el barrio Llano Verde, en Cali.

Según la Fundación Ideas para la Paz (Indepaz), al 7 de diciembre habían sido asesinados 287 líderes y defensores de derechos humanos en este 2020, 1,086 desde la firma del Acuerdo de Paz y 688 desde que Iván Duque asumió la Presidencia. Ante este panorama, la sociedad civil reclama una respuesta urgente y adecuada del Gobierno, pero este no da visos de reconocer la gravedad de la situación e insiste en dar cumplimiento a su plan “Paz con Legalidad” por encima del Acuerdo de Paz, por lo que este presenta graves rezagos, principalmente en lo relacionado al enfoque de género y el capítulo étnico.

Represión contra la sociedad civil

En Cuba, la situación de represión contra activistas, periodistas, artistas y personas defensoras de derechos humanos se intensificó dado que el Gobierno usó la pandemia de COVID-19 para restringir el ejercicio de derechos humanos y recrudecer el hostigamiento contra la sociedad civil independiente. La persecución contra la sociedad civil independiente ha adoptado diversas formas, entre las que se incluyen detenciones de corta duración, allanamiento de viviendas, decomiso de bienes, procesos judiciales sumarios y condenas por delitos comunes como “desacato” y “desorden público”.

En Nicaragua, país sumergido en una crisis social y de derechos humanos desde 2018, y en el contexto de nuevas crisis económicas y sanitarias, las autoridades siguen violando los derechos humanos de la población que disiente y que exige el cumplimiento de sus derechos fundamentales: a la fecha, 109 personas continúan encarceladas por participar en expresiones de protesta, y se han aprobado dos leyes (Ley de Agentes Extranjeros y Ley Especial de Ciberdelitos) y una reforma parcial a la Constitución para instaurar la cadena perpetua por “crímenes de odio”, todas acciones legislativas que atentan contra los derechos a la libertad de asociación y de reunión, a la libertad de expresión y de acceso a la información.

Asimismo, se ha continuado una estrategia represiva contra opositores, familiares de víctimas de la represión y defensores de derechos humanos, quienes son asediados, vigilados e incluso impedidos de movilizarse libremente por agentes policiales. Mientras tanto, la prensa independiente continúa siendo objeto de agresiones estatales, reportándose en promedio 40 casos mensuales de violaciones a la libertad de prensa, incluidas agresiones, ataques y procesos judiciales.

Desde Raza e Igualdad, aprovechamos esta fecha para reafirmar nuestro compromiso de fortalecer las capacidades de organizaciones locales en la denuncia de violaciones de derechos humanos, haciendo uso de los mecanismos de protección en el Sistema Interamericano y en Naciones Unidas, con el fin de obtener justicia de parte de los Estados e incidir en la adopción de leyes y políticas públicas para garantizar los derechos humanos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Hacemos un llamado a los países para que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos, sobre todo en este tiempo de crisis generada por la pandemia de Covid-19.

En Raza e Igualdad seguiremos trabajando para avanzar en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de todas las personas de los países donde trabajamos, independientemente de su raza, sexo, género, orientación sexual, identidad de género o creencias políticas. En ese sentido, reconocemos el trabajo que realizan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los Órganos de Tratado y los Procedimientos Especiales, y esperamos que se mantengan firmes en su labor.

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