Día de los Derechos Humanos: Redoblar esfuerzos para la promoción y defensa de los derechos humanos en tiempos de autoritarismos y discursos de odio

Día de los Derechos Humanos: Redoblar esfuerzos para la promoción y defensa de los derechos humanos en tiempos de autoritarismos y discursos de odio

Washington D.C., 10 de diciembre de 2021.– Latinoamérica atraviesa momentos críticos en términos de derechos humanos. El ejercicio arbitrario del poder y el discurso de odio que se cuela en diferentes esferas de la sociedad, han dado paso a un contexto de violaciones sistemáticas de derechos humanos, donde grupos poblaciones como las personas afrodescendientes, indígenas, LGBTI+, mujeres, defensoras de derechos humanos y aquellas que disienten con el poder, enfrentan consecuencias y riesgos particulares.

Este 10 de diciembre, en ocasión del Día de los Derechos Humanos, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) desea llamar la atención de la comunidad internacional y de la sociedad en general sobre situaciones que persisten y se exacerban en varios países de América Latina y el Caribe, y sobre las cuales urge emprender acciones conjuntas para detener las acciones represivas que menoscaban los derechos fundamentales, incluido el derecho a la vida.

Racismo sistémico

En Colombia, la respuesta de la Fuerza Pública a las manifestaciones del Paro Nacional—iniciado el 28 de abril—ha impactado de forma diferencial a la población afrodescendiente y Afro-LGBTI+. Raza e Igualdad y las organizaciones CODHES, Comisión por la Vida y Mesa Humanitaria, registraron 108 homicidios hasta el 8 de julio de 2021, de los cuales 39 fueron contra personas afrodescendientes, es decir, el 36,1%.

Luego de su visita el pasado 8 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe de Observaciones y Recomendaciones, en el cual expresa su preocupación por el perfilamiento racial, discursos estigmatizantes y la violencia policial, y se refirió a la violencia de género que viven diferencialmente las mujeres afrodescendientes.

Sin embargo, el Gobierno, ha adoptado una postura negacionista y no ha reconocido las recomendaciones formuladas por la CIDH, cuestionando la procedencia del contenido de los informes presentados respecto de las cifras de las víctimas porque no coinciden con las institucionales. Respecto al racismo sistémico y la violencia racista, las autoridades han argumentado que el Estado cuenta con normatividad contra actos discriminatorios, desconociendo que el marco normativo existente es insuficiente para combatir de manera efectiva esta problemática en Colombia.

Violencia política

Brasil vive un momento de intensificación de las tensiones políticas, con una amenaza constante e intensa contra las candidaturas de las mujeres negras y LBTI+, que son blanco de la violencia política que se ha extendido por todo el país. La violencia política es un fenómeno que compromete y elimina no solo la vida e integridad de las personas, sino también el ejercicio de los derechos políticos de comunidades enteras, que están representadas por estas mujeres que, en general, tienen vastas trayectorias como defensoras de los derechos humanos.

En 2021, Raza e Igualdad con las organizaciones Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), Criola, Tierra de Derechos, Instituto Marielle Franco, Justicia Global y la Red Nacional de Negros y Negros LBGT (Rede Afro LGBT), tuvieron una Audiencia ante la CIDH para denunciar la situación de los derechos políticos de las concejalas negras (cis y trans) en Brasil.  En la audiencia, celebrada en abril de 2021, se entregaron recomendaciones a la CIDH para garantizar los derechos y la protección de las mujeres que forman parte del ámbito político del país.

Prisión por motivos políticos

En las cárceles de Nicaragua, ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses se encuentran privados de libertad por ejercer su derecho a defender derechos humanos, participar en protestas sociales, hacer público su deseo de candidatearse a la Presidencia de Nicaragua y/o manifestar su descontento hacia el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en redes sociales u otras plataformas.

Según el más reciente boletín del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH, publicado en octubre de 2021, desde el inicio de las crisis sociopolítica en abril de 2018, el Estado de Nicaragua ha detenido arbitrariamente a más de 1614 personas y 149 de estas continúan bajo arresto. Lamentablemente, esta cifra ascendió en los días previos, durante y posteriores a las votaciones presidenciales celebradas el pasado 7 de noviembre, sin garantías de libertad, justicia, transparencia, ni legitimidad democrática.

Cabe destacar que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado de Nicaragua en desacato, tras el incumplimiento de la orden de liberación de 21 personas identificadas como opositoras, así como otras medidas indispensables para salvaguardar derechos humanos en el Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros.

Represión contra la sociedad civil y prensa independiente

El 2021 ha sido determinante en la situación de represión que enfrenta la sociedad civil y la prensa independiente en Cuba, sobre todo a raíz de las históricas protestas del 11 de julio. El 8 de diciembre recién pasado, la organización Cubalex publicó un reporte sobre detenciones arbitrarias en el marco de dichas manifestaciones, el cual señala que 1,306 personas fueron privadas de libertad ese día y posteriormente, y de esas, 703 continúan en prisión. Entre las personas detenidas se encuentran activistas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

A ello se suma la intensa represión que desató el Gobierno desde el pasado 20 de septiembre, cuando la sociedad civil convocó a la Marcha Cívica por el Cambio. Desde esa fecha se registraron interrogatorios, allanamientos, detenciones arbitrarias, asedio policial, agresiones y campañas de difamación, entre otras acciones por las que finalmente no se llevó a cabo la manifestación el 15 de noviembre. Ese día, además, las autoridades recurrieron a la retención domiciliar para evitar que las personas se sumaran a la Marcha y, en muchos casos, hubo cortes en el servicio de Internet.

Pese a que el Gobierno de Cuba ha recibido numerosos llamados de la comunidad internacional para garantizar y respetar los derechos humanos de la población, como los derechos de reunión y asociación pacíficas y de libertad de expresión, las autoridades no han adoptado ninguna medida en ese sentido y, al contrario, el contexto parece empeorar cada vez más, mientras el país atraviesa una profunda crisis económica.

Discriminación y violencia por orientación sexual e identidad de género

El no reconocimiento de los derechos de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas, genera en la región un preocupante ambiente de discriminación y violencia contra las personas LGBTI+. Este 2021, Latinoamérica continuó siendo la región con más asesinatos de personas trans en el mundo, pues de 375 registrados a nivel global, 311 ocurrieron entre México, Centroamérica y Suramérica. La plataforma Sin Violencia LGBTI, un sistema de información sobre violencia contra la población LGBTI+ en América Latina y el Caribe, documentó más de 600 personas LGBTI fueron asesinada entre 2019 y 2020.

A pesar de este contexto tan adverso, activistas y organizaciones LGBTI+ mantienen su lucha por el respeto y garantía de sus derechos. En Perú, por ejemplo, la comunidad de personas trans se mantiene firme en su demanda de una Ley de Identidad de Género que contribuya, en primer lugar, al reconocimiento de sus identidades y, por consiguiente, a garantizarles acceso e igualdad en las diferentes esferas de la sociedad.

En República Dominicana, organizaciones que trabajan a favor de los derechos de las personas LGBTI+ han intensificado su incidencia, luego de que la Cámara de Diputados de República Dominicana aprobara el pasado 30 de junio una reforma al Código Penal que excluye la orientación sexual como causal de discriminación. De hecho, la lucha también es para que la identidad de género sea incluida entre las causales de discriminación.

Promoción de la igualdad

El 2 de septiembre, lanzó la campaña “Hacia una región libre de discriminación racial”, la cual se extenderá hasta el año 2024 y busca promover la ratificación e implementación universal de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI).

Raza e Igualdad considera que la ratificación e implementación de la CIRDI es esencial para el avance en la visibilización y reconocimiento de las opresiones sistémicas que existen en el hemisferio en contra de las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas y otros grupos y minorías raciales. Asimismo, cree que esta Convención representa un eje clave para que los Estados de la región cumplan su obligación de promover condiciones equitativas, igualdad de oportunidades y combatir la discriminación racial en todas sus manifestaciones individuales, estructurales e institucionales.

Hasta la fecha, la campaña ha sido presentada en Colombia y Uruguay, y este 10 de diciembre le toca el turno a Brasil. En el caso de Colombia, se está haciendo incidencia ante el Estado para promover la ratificación de la CIRDI, mientras que en Uruguay y Brasil se están elaborando y ejecutando acciones para garantizar la efectiva implementación de la Convención.

Raza e Igualdad espera que este Día de los Derechos Humanos contribuya a visibilizar estas y otras situaciones preocupantes existentes en la región, y que, a partir de ahí, se junten voluntades de diferentes sectores para impulsar cambios por una sociedad más democrática, justa, equitativa y respetuosa de los derechos humanos. Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con activistas y organizaciones locales en la promoción y defensa de estos derechos fundamentales.

Corte IDH: La posición asumida por el Estado de Nicaragua constituye un acto de desacato

  • Nicaragua rechazó reiteradamente cumplir con la orden de la Corte IDH de liberar a 21 personas identificadas por el gobierno como opositoras, así como otras medidas indispensables para salvaguardar sus derechos humanos en el Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros.

Managua, Nicaragua y San José, Costa Rica, 26 de noviembre de 2021- El pasado 22 de noviembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una resolución en donde declaró que la posición asumida por Nicaragua rechazando cumplir las medidas de protección y la inobservancia de lo ordenado en resoluciones anteriores “constituye un acto de desacato a la obligatoriedad de las decisiones dictadas por este Tribunal y un incumplimiento al deber de informar”. La Corte se refiere a las medidas provisionales otorgadas a Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Félix Maradiaga, Dora María Téllez, Tamara Dávila, Arturo Cruz, Miguel de los Ángeles Mora Violeta Mercedes Granera Padilla, Ana Margarita Vijil Gurdián, Suyen Barahona Cuán, Jorge Hugo Torres Jiménez, Víctor Hugo Tinoco Fonseca y otras personas presas por motivos políticos, consideradas por el gobierno de Nicaragua como opositoras.

La Corte IDH constata que 21 de las 22 personas beneficiarias permanecen arbitrariamente detenidas, pese a que ordenó su liberación inmediata; y que por el contrario, en la mayoría de los casos, se prolongó arbitrariamente su detención, no se ha facilitado el contacto frecuente, privado y periódico con sus familiares y abogados y tampoco se les ha garantizado el acceso inmediato a servicios de salud y medicamentos. La resolución destaca que “la detención y los procesos penales seguidos en contra de ellos evidenciarían un proceso de hostigamiento y criminalización de las personas que se identifican en oposición al actual gobierno de Nicaragua y que dicha criminalización habría tenido efectos en la participación de estas personas en las elecciones generales de noviembre.”.

Con respecto a las restrictivas visitas familiares autorizadas, que permitieron tener certeza sobre el lugar de la detención y verificar las deplorables condiciones en las que se encuentran, la Corte reitera en su resolución que “se debe garantizar la comunicación adecuada de los detenidos con sus abogados y familiares”.

El Tribunal también recordó que “es deber de la Asamblea General de la OEA asegurar el oportuno cumplimiento de las decisiones mediante la adopción de medidas institucionales de carácter colectivo que sean eficaces, oportunas y expeditas para asegurar el efecto útil de la Convención Americana de Derechos Humanos”. Por último, reiteró el requerimiento a Nicaragua para la liberación inmediata de las personas beneficiarias de las medidas e indicó que mientras se hacen los trámites pertinentes, facilite su contacto con familiares y abogados, y  garantice su acceso inmediato a servicios de salud y medicamentos.

Para las organizaciones representantes, resulta sumamente preocupante la posición de completo desacato adoptada por el Estado de Nicaragua frente a las órdenes del Tribunal Interamericano, pues constituyen un abierto desafío a las obligaciones internacionales que adoptó de honrar y proteger los derechos humanos de todas las personas sujetas a jurisdicción, lo que profundiza la situación de riesgo extremo en la que permanecen las personas beneficiarias.

Finalmente, en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las organizaciones urgen al Estado que cesen las acciones dirigidas a profundizar la violencia en particular contra las presas políticas beneficiarias de medidas provisionales, quienes a su vez, sufren aislamiento permanente, alimentos limitados, expresiones relacionadas con su maternidad como «mala madre», «abandonaste a tu hija», «abandonaste a tu hijo», permanente oscuridad o luz en unos casos u otros, entre otras acciones que menoscaban sus derechos a la integridad personal y psicológica».

Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos

Colectivo de Derechos Humanos – Nicaragua nunca +

Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos

Race and Equality

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional

Organizaciones de derechos humanos y de víctimas rechazan la denuncia del gobierno de Nicaragua contra la Carta de la Organización de Estados Americanos

Las organizaciones firmantes del presente comunicado expresamos nuestro más profundo rechazo a la denuncia de la Carta de la Organización Estados Americanos (OEA), presentada por el Estado de Nicaragua el 19 de noviembre de 2021. Condenamos enérgicamente la intención del régimen de Nicaragua de desligarse de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, a través de acciones que alejan cada vez más la posibilidad de encontrar una pronta salida democrática a la grave crisis sociopolítica en la que se encuentra sumergido el país desde el año 2018. 

En una carta dirigida al Secretario General de la OEA Sr. Luis Almagro, el Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, expresó que “instruido por el presidente constitucional de la República de Nicaragua, comandante Daniel Ortega y conforme al artículo 67 de la convención sobre los derechos de los tratados, me dirijo a usted para notificarle oficialmente nuestra indeclinable decisión de denunciar la carta de la Organización de los Estados Americanos OEA conforme a su artículo 143 que da inicio al retiro definitivo y denuncia de Nicaragua a esta organización”.

Este pronunciamiento de Nicaragua se da tan solo una semana después de que la Asamblea General de la OEA aprobó con 25 votos una resolución que declara que las votaciones celebradas el 7 de noviembre no fueron libres, justas, ni transparentes y no tienen legitimidad; reitera el llamado a la liberación inmediata de todas las personas presas políticas y solicita al Consejo Permanente de la organización una evaluación colectiva urgente de la situación de Nicaragua con base en la Carta Democrática Interamericana y la Carta de la OEA en un plazo hasta el 30 de noviembre, a fin de “tomar acciones apropiadas”.

Cabe destacar que el Estado de Nicaragua pretende fundamentar esta decisión en supuestas solicitudes de la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral  -instituciones que no tienen autonomía ni poder de decisión ya que todas están subordinadas al partido de Gobierno (Frente Sandinista de Liberación Nacional).

Para las organizaciones suscritas, el rápido avance de esta lamentable iniciativa es una prueba más de la concentración de poderes que existe en Nicaragua, que ha sido documentada y denunciada por organizaciones internacionales y, recientemente, en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta concentración de poder en el Ejecutivo ha facilitado la instalación de un Estado Policial de facto en el cual los actos de hostigamiento, las amenazas, detenciones arbitrarias, torturas y otras formas de represión ejercida desde las instituciones de seguridad, tanto estatales como paraestatales, son avaladas por los demás poderes y concertadas con las instituciones de control.

La decisión ha sido tomada ignorando lo dispuesto en la Constitución de Nicaragua que establece en su Artículo 5 que: “Nicaragua se adhiere a los principios que conforman el Derecho Internacional Americano reconocido y ratificado soberanamente”. La decisión representa un retroceso significativo en materia de derechos humanos y eventualmente afectará también otros compromisos que el Estado ha asumido bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana. Adoptar una decisión de esta naturaleza habría ameritado una reforma constitucional en tanto afecta los principios fundamentales sobre los cuales se ha edificado el Estado de Nicaragua, según su propia Constitución.

A futuro, la denuncia de la Carta de la OEA traerá consigo un mayor aislamiento del gobierno de Nicaragua. Una vez que cesen los efectos de la Carta respecto de Nicaragua, transcurridos dos años desde la notificación de su decisión, significará la pérdida de un valioso espacio de cooperación técnica e integración regional para alcanzar el desarrollo integral sobre la base de la democracia, el Estado de Derecho, y la garantía, respeto y promoción de los derechos humanos. Sin embargo, no omitimos recalcar que, a pesar de su denuncia, el Estado no queda exento de cumplir con las obligaciones en materia de derechos humanos emanadas de la Carta que tenga pendientes tal y como prevé el artículo 143 del instrumento. Asimismo, tal y como ha señalado la Corte IDH, también subsistirá para Nicaragua su deber de cumplir con los tratados interamericanos de derechos humanos ratificados, las normas consuetudinarias, las derivadas de los principios generales del derecho y las pertenecientes al ius cogens.

Finalmente, hacemos un llamado urgente a la OEA para que, de conformidad con la Carta Democrática Interamericana, realice con prontitud la evaluación colectiva de la crisis de derechos humanos por la que atraviesa Nicaragua, tal y como ha sido acordado en la Resolución antes citada, y utilice todos los medios a su alcance para restablecer la democracia y el respeto de los derechos humanos en el país centroamericano.  

Exhortamos a los países miembros de la Organización de Estados Americanos a aplicar con eficacia y prontitud todos los mecanismos disponibles para coadyuvar el levantamiento del Estado Policial y el restablecimiento del orden constitucional en Nicaragua.

Firman 

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más”

Fundamedios

Grupo Secuestrados Políticos Unidos

IFEX-ALC 

Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)

Nicaragüenses en el Mundo (NEEM)

Organización de Víctimas de Abril (OVA)

Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN)

Urnas Abiertas

Día Internacional de la Memorias Trans: Llamado urgente a combatir la transfobia en Latinoamérica

Washington D.C., 20 de noviembre de 2021.– Al conmemorar un año más el Día Internacional de la Memoria Trans, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) desea llamar la atención de los Estados y la comunidad internacional hacia las escalofriantes cifras de asesinatos de personas trans en las Américas, una realidad que—una vez más—coloca a la región en las listas más desafortunadas sobre homicidios a nivel mundial. Al mismo tiempo, Raza e Igualdad quiere exhortar a los Gobiernos para que la situación de violencia y discriminación en contra de las personas género-diversas sea puesta entre sus prioridades y adopten acciones urgentes y efectivas para combatir la transfobia.

El pasado 11 de noviembre, el proyecto de investigación Transrespeto versus Transfobia en el Mundo (TvT), de TGEU, publicó un informe del Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM, por sus siglas en inglés), el cual es dado a conocer cada año en vísperas del 20 de noviembre, Día Internacional de la Memoria Trans. Según los datos, entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 hubo 375 asesinatos de personas trans en todo el mundo, de los cuales 311 ocurrieron entre México, Centroamérica y Suramérica. A nivel global, el total representa un incremento del 7% respecto al informe anterior (Octubre 2019 – Septiembre 2020).

Tragedia transfóbica

En Latinoamérica, Brasil sigue siendo el país donde se registran más asesinatos de personas trans, seguido por México (65), Honduras (53) y Colombia (25)*. Respecto a las cifras mundiales, el informe del TMM destaca que el 96% de las personas asesinadas eran mujeres trans o personas trans femeninas, y que el 58% de las personas trans asesinadas cuya profesión se conocía eran trabajadoras sexuales. Este es un patrón muy fácil de corroborar en la región a través de las denuncias que hacen organizaciones LGBTI+.

“Los datos indican una tendencia preocupante en lo referente a las intersecciones entre misoginia, racismo, xenofobia y el odio hacia las trabajadoras sexuales, siendo la mayoría de las víctimas mujeres trans negras y de color, migrantes y trabajadoras sexuales”, alerta el TMM, que además advierte que estos números son sólo una pequeña muestra de la realidad, puesto que muchos asesinatos siguen sin reportarse, o son erróneamente identificados.

Vidas arrebatadas

Brasil, que tiene el 41% de los asesinatos de personas trans en el mundo, conmemora junto al Día Internacional de la Memoria Trans el Día Nacional de la Conciencia Negra. Por tanto, el 20 de noviembre representa entre las organizaciones de derechos humanos en el país, especialmente las que trabajan en la defensa de la población trans y de la población negra, una fecha para homenajear y visibilizar a ambas poblaciones, que coinciden en la intersección de sus vulnerabilidades en medio de una sociedad transfóbica y racista.

El país inició el 2021 con el brutal asesinato de una adolescente trans. La madrugada del 4 de enero, Keron Ravach fue asesinada a cuchilladas y golpes por un joven de 17 años que fue identificado como el autor del crimen de odio y fue detenido. La joven, que atravesaba un proceso de transición de género, fue definida por sus amigos como una persona tímida, pero que al mismo tiempo soñaba con ser una influencer digital. De acuerdo con el informe del TMM, la edad promedio de las personas trans asesinadas en el último año es de 30 años, siendo Keron la más joven de todas las víctimas, con solo 13 años.

Indolencia e impunidad

En la mayoría de los casos de personas trans asesinadas existen antecedentes de violencia y amenazas, pero estos son ignorados por las autoridades o no son atendidos oportunamente; por tanto, cuando ocurre el asesinato, no se cuenta con insumos suficientes para identificar a la persona o personas responsables. Esta es una denuncia que frecuentemente realizan organizaciones que promueven y defienden los derechos de la población LGBTI+ y que se vio manifestada en el asesinato de Gina Rodríguez Sinuiri el pasado 21 de septiembre, en el Callao, Perú.

Gina, de 28 años, recibió varias puñaladas en una habitación que rentaba en un hotel de la ciudad, y aunque fue trasladada a un hospital, falleció 18 horas después. El sospechoso es un hombre que solicitaba regularmente servicios de trabajadoras sexuales trans y las contactaba a través de sus redes sociales haciendo uso de distintos nombres. Según sus compañeras, no era la primera vez que el hombre contactaba a Gina. Además, la Agencia Presentes—que se encarga de visibilizar la situación de la población LGBTI+ en América Latina y el Caribe—recogió declaraciones de compañeras de Gina, en las que señalaron que en varias ocasiones se han acercado a la Policía Nacional del Perú para denunciar actos de violencia en contra de ellas, pero siempre las ignoran.

A la indolencia de las autoridades, se suma el hecho que Perú no cuenta con una Ley de Identidad de Género, por lo que las personas trans no pueden realizar gestiones con su nombre identitario, y esto las expone a discriminación y burlas en varios sectores de la sociedad. “Nosotras denunciamos ante las autoridades y policías pero no nos hacen caso, y eso es lo que más frustración y cólera nos da. Nosotras tenemos familia, somos seres humanos que tenemos sentimientos. Cada vez que hacemos una denuncia, al darnos la media vuelta, lo archivan. Lo peor es que se ríen y nos botan”, dijo en esa ocasión una compañera de Gina.

Morir en la invisibilidad

Aunque los asesinatos de personas trans son invisibilizados en general, al abordar esta problemática se suele hacer referencia solamente en mujeres trans, debido a que las estadísticas muestran que son las principales víctimas, lo cual, sin duda, es una realidad. Sin embargo, los hombres trans también están en el foco de la violencia y discriminación por transfobia y, al igual que en el caso de las mujeres trans, esta se puede tornar mortal para ellos. Un ejemplo de ello es el caso de Samuel Edmund Damian Valentin, un joven transgénero que fue asesinado a tiros el 9 de enero en Trujillo Alto, Puerto Rico.

Samuel Edmund era estudiante en el Atlantic University College, en Guaynabo, y el primero de enero había escrito en su página de Facebook: “un nuevo año por venir, agradecido por todas las experiencias que [me enseñaron] lo fuertes que somos realmente, a la vida, al bien y al mal y por toda la justicia que está por venir”.

«Sobre los hombres trans y la invisibilización en la esfera pública, la verdad es que es la violencia que más sufrimos. La vida cotidiana está pensada para los hombres cis género; no se nos puede garantizar temas de salud pública de manera digna y eficiente para nosotros. Es importante que nombren nuestras identidades, que hombres trans o personas transmasculinas se embarazan. Lo que no se nombra no existe. Si existimos en los espacios, existamos en la palabra”, refiere al respecto Danilo Donato, activista transmasculino e integrante de la Fundación GAAT, de Colombia. Según el registro de esta organización sobre muerte de personas trans, en lo que va de este 2021 en el país han sido asesinadas 32 hasta la fecha, mientras que 8 han fallecido por complicaciones derivadas por cirugías e intervenciones artesanales y de barreras de acceso a derechos.

Odio en su máxima expresión

Kendra Contreras, conocida como “Lala”, era una mujer transgénero de 22 años que habitaba en la localidad de Somotillo, en el occidente de Nicaragua. Quienes conocían a Lala aseguran que era una joven soñadora, esforzada, con anhelos de superación y que deseaba que su identidad de género fuera respetada. Lamentablemente, el 3 de marzo de 2021, dos hombres acabaron con su vida de una forma atroz: la amarraron a un caballo dejando que la arrastrara en dos ocasiones por al menos 400 metros y luego la lapidaron. Esta es la máxima expresión del odio hacia las mujeres, cuerpos e identidades diversas en una sociedad altamente machista, como es la nicaragüense.

Desafortunadamente, esa no fue la única vez que mataron a Lala, pues lo hacen cada vez que irrespetan su identidad de género y la llaman por su “nombre de pila”, cuando se refieren a ella como “hombre” en reportes de espacios informativos. Muchos medios de comunicación siguen haciendo un mal abordaje de estos casos al centrarse en información y prejuicios que generan morbo y revictimizan a las víctimas de transfobia y violencia de género.

Llamado urgente

Como cada año, Raza e Igualdad aprovecha esta fecha para recordarle a los Estados su obligación de respetar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación, y en lo concerniente a la situación de violencia y asesinatos contra personas trans, realizamos las siguientes recomendaciones:

  • Monitorear y sancionar públicamente los discursos transfóbicos que muchas veces se cuelan en medios de comunicación y que incurren en llamados a la discriminación y violencia contra la población trans.
  • Adoptar las leyes y políticas necesarias para garantizar el reconocimiento, respeto e inclusiónde las personas con orientación sexual e identidad de género diversas.
  • Establecer mecanismos especiales de respuesta a las acciones de violencia y asesinatos contra personas LGBI y trans, los cuales lleven al esclarecimiento de los hechos y al castigo de los responsables, así como al establecimiento de garantías de no repetición.
  • Recolectar datos sobre hechos de violencia y asesinatos contra personas trans, desagregados por identidad de género específica e identidad étnico-racial.
  • Promover a través de la institucionalidad y canales oficiales una campaña para educar y sensibilizar a la población sobre la orientación sexual e identidad de género, con miras a generar un contexto de reconocimiento y respeto de la integridad y vida de las personas LGBI y trans.

*En el caso de Colombia, la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas con Experiencia de Vida Trans (GAAT) registra 32 asesinatos de personas trans en lo que va de 2021.

Raza e Igualdad reconoce y agradece el rol de Antonia Urrejola en la promoción de los derechos humanos en la región

Washington D.C., 12 de noviembre de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se une a las muestras de reconocimiento y agradecimiento a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, por su destacada y comprometida labor en la promoción y protección de los derechos humanos en América Latina y el Caribe, y de forma especial, por el papel clave que desempeñó en el monitoreo, visibilización y adopción de medidas ante la grave situación de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018.

Este viernes 12 de noviembre de 2021, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó la elección de representantes de sus órganos, organismos y entidades, entre estos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En dicho proceso, Urrejola había presentado el pasado 22 de septiembre su candidatura a la reelección como comisionada de la CIDH, rol que ha desempeñado desde 1 de enero de 2018—tras ser electa en junio de 2017—y finaliza el próximo 31 de diciembre.

En el seno de la CIDH, Urrejola es actualmente la Relatora para Colombia, Ecuador, Guyana y Nicaragua, así como Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Relatora sobre Memoria, Verdad y Justicia. Además, el 15 de marzo fue elegida al interior de la CIDH como su Presidenta, junto con Julissa Mantilla y Flávia Piovesan como primera y segunda Vicepresidenta, respectivamente, siendo la primera vez en la historia de dicho organismo que su junta directiva quedó compuesta solo por mujeres.

En 2018, Urrejola también fue Relatora para Brasil, Jamaica, Trinidad y Tobago, Uruguay y Cuba. En el caso de este último país, su Relatoría fue primordial en el seguimiento y visibilización de la situación de derechos humanos en la Isla. Mientras que como Relatora para Colombia y sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ha sido muy cercana a las problemáticas que enfrenta esta población en el país, principalmente por la incursión en sus territorios de grupos armados ilegales y la falta de implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, además que recientemente jugó un papel destacado en el seguimiento de la CIDH a la crisis de derechos humanos en Colombia en el contexto del Paro Nacional.

En la votación de este viernes, realizada en el marco de la 51 Asamblea General de la OEA, la mayoría de las representaciones de países votaron por Joel Hernández García, de México (27 votos), Carlos Bernal P, de Colombia (21 votos), y Roberta Clark, de Barbados (23 votos), como nuevos integrantes de la CIDH, quedando por fuera la reelección de Urrejola.

Una amiga de Nicaragua

Desde que estalló la crisis socio-política y de derechos humanos en Nicaragua, la voz de Antonia Urrejola ha sido particularmente incansable en dos sentidos. Por un lado, la abogada chilena y especialista en Justicia Transicional, ha mantenido visible la crítica situación en el país, y por otro, ha sido una figura cercana de consuelo y esperanza para los familiares de asesinados, presos políticos y exiliados. Por tanto, su próxima salida de la CIDH causa conmoción a lo interno de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos en el país.

Asimismo, organizaciones internacionales de derechos humanos, como Raza e Igualdad, nos sentimos especialmente estremecidos por la noticia, ya que en el proceso de seguimiento a la crisis en Nicaragua e incidir a nivel del Sistema Interamericano para la defensa y protección de los derechos humanos en el país, Urrejola ha sido una aliada clave. En Raza e Igualdad hemos contado con su participación comprometida en eventos internacionales, campañas y Audiencias Temáticas.

Al referirse a la situación en Nicaragua, Urrejola ha sido insistente en afirmar que la impunidad y la injusticia no lograrán perpetuarse en el país, por lo que hoy, retomamos las palabras que brindó a Raza e Igualdad en una entrevista realizada en el marco del tercer aniversario de la crisis en Nicaragua, las cuales dicen: “Los esfuerzos en materia de derecho internacional de los derechos humanos, suelen no tener efectos inmediatos, pero también es cierto que la historia muestra que se trata de esfuerzos que producen resultados finalmente”.

Con esa esperanza y bajo el compromiso de continuar la labor de defensa y protección de los derechos humanos en Nicaragua, Raza e Igualdad extienden su más sincero reconocimiento y agradecimiento a Antonia Urrejola, y expresa su deseo de continuar trabajando de la mano en la promoción de los derechos fundamentales en la región.

Nicaragua: Carta abierta a delegaciones de los Estados miembros de la OEA

Las organizaciones de la sociedad civil que suscribimos la presente carta expresamos nuestra enérgica condena por las reiteradas violaciones a los derechos humanos que continúan ocurriendo en Nicaragua, a más de tres años de las protestas de abril 2018. Asimismo, manifestamos nuestra profunda preocupación por la coyuntura poselectoral, que augura la perpetuación de la represión e impunidad en el país.

 A la fecha, el gobierno no ha garantizado justicia ni reparación para las víctimas de la represión. Tampoco ha implementado las recomendaciones contenidas en informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ni los provenientes de la Misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a la cual expulsó del país y decidió no renovar su mandato. El gobierno también se ha mostrado renuente a implementar las recomendaciones de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a colaborar con los procedimientos especiales y los órganos de tratados de la ONU. 

Las Resoluciones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) tampoco han sido observadas por Nicaragua, en particular, la relativa al “Restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos en nicaragua mediante elecciones libres y justas”, mediante la cual se solicitó al gobierno que adoptase una serie de medidas para la reforma electoral, la participación plural en los procesos electorales, la observación electoral internacional, la independencia del Consejo Supremo Electoral, el registro de votantes, procedimientos para la presentación de quejas, entre otras. 

Con profunda preocupación hemos confirmado que las instituciones del Estado nicaragüense, particularmente el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Consejo Supremo Electoral y los cuerpos de seguridad han propiciado las condiciones para que las “votaciones” del 7 de noviembre garantizaran a la pareja presidencial perpetuarse en el poder, privando al pueblo nicaragüense de su derecho de elegir libremente a sus autoridades y exponiéndole a graves violaciones a sus derechos humanos.

Para alcanzar ese objetivo, un gobierno sin contrapesos y cooptado por el Ejecutivo, adoptó leyes que tienen como efecto la criminalización selectiva de la disidencia, canceló la personalidad de tres partidos políticos y 55 organizaciones de la sociedad civil, y, desde el mes de mayo encarceló a 7 precandidatos a la Presidencia de la República y a una treintena de líderes de sociedad civil, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, dirigentes campesinos e integrantes de organizaciones políticas de oposición. Antes de mayo, ya existían más de un centenar de personas prisioneras por motivos políticos, muchas de las cuales han sido condenadas en procesos en los que se violaron las garantías del debido proceso. Todas las personas privadas de libertad enfrentan duras condiciones de reclusión, malos tratos e incluso actos de tortura; y las mujeres están expuestas a condiciones de vulnerabilidad agudizadas por motivos de género.

Las detenciones arbitrarias continuaron en la víspera de las votaciones, en donde se documentaron más de treinta detenciones y más de 200 actos de violencia política. La mayoría de estas personas recientemente capturadas continúan detenidas, sin que se informe a sus familias respecto de su detención, ni sobre su paradero. Al respecto, la CIDH expresó su preocupación en un comunicado en el que reiteró el llamado a la libertad de todas las personas arbitrariamente detenidas en el contexto electoral.

 A pesar de todos los intentos de aparentar que las elecciones se desarrollarían en normalidad, la mayoría de la población escogió decir NO a la permanencia de quienes ostentan la titularidad del Ejecutivo en el poder al no ejercer el voto. En tal sentido, el observatorio ciudadano electoral de Urnas Abiertas, una iniciativa impulsada desde la sociedad civil, ha estimado en más del 80% la abstención en los comicios, lo que confirma que el pueblo se rehusó a participar en lo que desde mucho antes ya se vislumbraba como una un proceso que no cumple con ninguno de los estándares internacionales en la materia ni cumple con las condiciones mínimas para ser justo, libre y transparente. 

El cuestionamiento internacional de los resultados de este proceso, que no contó con observación internacional, no se hizo esperar. Más de 40 países del mundo han rechazado el proceso electoral por ausencia de garantías democráticas, declarándolo ilegítimo, incluida la Unión Europea. Incluso los Estados miembros de la OEA, en un borrador de la Resolución a adoptar próximamente, declaran que las circunstancias de “las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”.

 Las organizaciones que suscribimos la presente, creemos que la gravedad de las violaciones de derechos humanos en las que continúa incurriendo el Estado de Nicaragua y el viciado proceso electoral por el cual los Ortega Murillo pretenden permanecer en el poder, ameritan una respuesta contundente de la Organización de Estados Americanos.

Lejos de propiciar condiciones para un diálogo incluyente que restablezca la paz social en Nicaragua, el día después de las votaciones, el Presidente lanzó amenazas directas contra las personas prisioneras políticas que nos hacen temer que su vida, salud e integridad personal corran ahora un riesgo agravado. Al respecto, distintas organizaciones que aglutinan a familiares de personas prisioneras políticas temen que ese discurso se traduzca en una “orden de ejecución”.

 

Este cuarto mandato consecutivo del régimen de Ortega significa la perpetuación de las violaciones a derechos humanos y la impunidad, dejando a las personas privadas de libertad por motivos políticos en total indefensión. Conscientes de la urgencia con la que amerita ser atendida la situación por la que atraviesa Nicaragua, llamamos a las delegaciones de los Estados miembros participantes en la 51 Asamblea General de la OEA, a tomar todas las medidas a su alcance según la Carta de la organización y la Carta Democrática Interamericana para el pronto restablecimiento de la democracia en Nicaragua y la garantía de los derechos humanos de las y los nicaragüenses, incluyendo la inmediata libertad de todas las personas presas políticas.

Suscriben

Centro Nicaragüense por los Derechos Humanos (CENIDH)

Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI)

CIVICUS

Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos

Nicaragüenses en el Mundo (NEEM)

Urnas Abiertas

Campaña: Mecanismo de investigación y rendición de cuentas ONU para Nicaragua

Creemos en una Nicaragua libre, igualitaria y democrática donde se garanticen los derechos humanos de todas las personas, la verdad y la justicia. Esto no es posible actualmente en Nicaragua. Desde abril de 2018, el gobierno ha criminalizado, detenido arbitrariamente, torturado e incluso asesinado a quienes promueven los derechos humanos y a quienes cuestionan su forma de gobernar. Si bien alcanzó un punto álgido en el período previo a la farsa del proceso electoral de ayer, es probable que sus políticas represivas persistan en el tiempo, mientras las causas estructurales que subyacen a la crisis de derechos humanos del país siguen profundamente arraigadas. 

Es hora de que Naciones Unidas responda contundentemente y cree un mecanismo internacional que garantice la justicia y la rendición de cuentas para el pueblo de Nicaragua. Por ello, el ISHR y Raza e Igualdad, como parte del Colectivo 46/2 -una coalición de ONGs internacionales, regionales y nicaragüenses- han lanzado un llamado global para que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU cree un mecanismo de investigación y rendición de cuentas para Nicaragua en su próxima sesión de marzo de 2022.

¿Cómo ha respondido la ONU hasta ahora?

El pasado mes de marzo, el Consejo de Derechos Humanos adoptó la resolución 46/2, su tercera resolución sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. En esta se instaba al gobierno a tomar una serie de medidas urgentes para revertir el rumbo de la crisis del país, que van desde la liberación de las personas detenidas arbitrariamente y la derogación de las leyes restrictivas, hasta la protección de las mujeres y las comunidades indígenas, y la cooperación con la comunidad internacional. 

Desde su adopción, hemos hecho un seguimiento objetivo de la acción -y la inacción- del gobierno para aplicar las 14 recomendaciones de la resolución, basándonos en la información pública del sistema de Naciones Unidas y Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Hoy lanzamos nuestro segundo marco de evaluación de la implementación de la resolución 46/2 por parte de Nicaragua. Sobre la base de estas evaluaciones, concluímos que:

  • El gobierno de Nicaragua no ha tomado medidas sustanciales, ni iniciales, para implementar ninguna de las recomendaciones de la resolución 46/2; 
  • El gobierno ha tomado un número significativo de acciones contrarias a las recomendaciones, resultando en un espacio cerrado de la sociedad civil y un aumento de los ataques a los defensores de los derechos humanos, periodistas, candidatos presidenciales y disidentes.

Además, el Gobierno nicaragüense no ha señalado ninguna intención de reanudar una cooperación significativa con la comunidad internacional, desde que expulsó del país a las presencias de derechos humanos de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diciembre de 2018. Durante las reuniones del Consejo de Derechos Humanos dedicadas a la situación de derechos humanos en el país, Nicaragua evitó abordar cualquier preocupación sustancial, y rechazó todas las críticas por considerarlas «intervencionistas y supremacistas». En septiembre, el Gobierno no cumplió con sus obligaciones en materia de tratados de derechos humanos, al asistir en «modo de escucha» a un examen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) sin responder a ninguna pregunta, a pesar de los «numerosos acontecimientos extraordinarios que merecían ser abordados». 

¿Qué debe hacer la comunidad internacional?

Dada la gravedad de las violaciones de derechos que se están cometiendo, y la prolongada falta de voluntad del gobierno para abordar la crisis y cooperar con la ONU, es hora de que las Naciones Unidas -a través de su Consejo de Derechos Humanos- nombre a un grupo de personas expertas internacionales independientes para que investiguen la situación. En su último párrafo, la resolución 46/2 pide al Consejo que «considere todas las medidas disponibles para fortalecer la promoción y la protección de los derechos humanos en Nicaragua», un llamamiento que ha reiterado la Alta Comisionada Bachelet.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe establecer un mecanismo internacional de rendición de cuentas para Nicaragua cuando considere su resolución anual sobre el país en su próxima sesión de marzo de 2022. 

Este mecanismo debe contar con el personal y recursos adecuados, y deber tener el mandato de investigar las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido en el país desde e abril de 2018, así como sus causas estructurales; de recopilar y preservar pruebas con vistas a garantizar que los autores de violaciones o abusos del derecho internacional de los derechos humanos rinden cuentas. 

El 14 de diciembre, según el mandato de la resolución 46/2, la Alta Comisionada Michelle Bachelet presentará ante el Consejo de Derechos Humanos una actualización oral sobre el contexto «postelectoral» en Nicaragua. Hacemos un llamado a todos los Estados para que garanticen una posición conjunta sólida, basada en las declaraciones conjuntas interregionales anteriores, que expresa profunda preocupación por las graves violaciones que tienen lugar en el país y muestren  su apoyo a la creación de un mandato de las Naciones Unidas que establezca un mecanismo de rendición de cuentas en la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. 

¿Qué puede hacer usted?

Managua, Nicaragua. 30/03/2019.  Oscar Navarrete/ LA PRENSA.

 

Nicaragua necesita justicia y verdad para salir de esta crisis y recuperarse como sociedad. Comparte nuestra página de campaña con un periodista que conozcas, tus compañeros o en las redes sociales, usando los hashtags #MecanismoParaNicaragua y #SOSNicaragua. 

 

¡No nos olvidemos de Nicaragua!

El próximo domingo 7 de noviembre de 2021, Daniel Ortega Saavedra asegurará su cuarto mandato consecutivo y cinco años más en el poder junto a su esposa Rosario Murillo como Vicepresidenta, en un proceso electoral “hecho a su medida”. Ahora más que nunca, la comunidad internacional no debe olvidarse del pueblo nicaragüense y debe desconocer el gobierno que será impuesto a las y los nicaragüenses en las votaciones, que no cuentan con las garantías mínimas para considerarse “elecciones democráticas”.

La democracia de Nicaragua comenzó su deterioro progresivo muchos años atrás, con el Pacto entre el expresidente Arnoldo Alemán y Daniel Ortega. El estallido social de abril 2018 y la respuesta represiva por parte de las autoridades estatales y fuerzas paraestatales -que escaló a niveles letales- causó un desgaste del Estado de Derecho donde el Poder Ejecutivo cooptó todos los demás poderes del Estado e instituciones. Posteriormente, y como consecuencia del cierre de los espacios participativos y de diálogo, la censura y las crecientes violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía en el contexto electoral, la crisis se profundizó cada vez más. Finalmente, la democracia nicaragüense se mostrará erosionada en los comicios de este domingo.

El 7 de noviembre será un día triste para el pueblo de Nicaragua, que tiene más de tres años de luto y anhelaba se realizaran elecciones libres para iniciar un proceso de transición democrática con garantías de verdad, justicia sin impunidad, reparación integral de los daños sufridos, y garantías de no repetición. Lamentablemente, no hay señales de una pronta mejoría de la situación en el país centroamericano. Todo indica que ya es un hecho la perpetuación en el poder de un gobierno que viola los derechos humanos de manera sistemática.

Por ello, es momento de desmantelar cualquier vestigio que quede de la fachada democrática que Ortega y Murillo quieren mostrar con las votaciones de este domingo. Urge que la comunidad internacional, organismos multilaterales y organismos internacionales de derechos humanos utilicen todos los recursos a su alcance para impedir que se continúen violando los derechos humanos, particularmente de las personas que son identificadas como opositoras al régimen.

Para contribuir a este propósito, Raza e Igualdad comparte la siguiente actualización respecto de la grave situación de los derechos humanos en Nicaragua.

Personas presas políticas- Según el informe más reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde el inicio de la crisis sociopolítica en el año 2018, más de 1,614 personas han sido privadas de su libertad arbitrariamente y 149 personas continúan encarceladas por haber participado en actos de protesta u oposición al gobierno de Ortega. 

Desde mayo de este año, la Policía Nacional, apoyada por el Ministerio Público, desencadenó una ola de detenciones orientadas a la criminalización de al menos 39 personas, entre ellas siete aspirantes a la Presidencia de la República, defensoras y defensores de derechos humanos, trabajadores de organizaciones no gubernamentales, periodistas, empresarios, líderes campesinos y estudiantiles y otras voces disidentes. Las más recientes detenciones fueron ejecutadas contra el Presidente y Primer Vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), Michael Healy y Álvaro Vargas, respectivamente, el pasado 21 de octubre.

En la mayoría de estos casos se ha aplicado un “paquete” de leyes aprobadas en el 2020, que han sido sumamente criticadas por la comunidad internacional porque incumplen las obligaciones del país en materia de derechos humanos y causan un efecto perverso en la administración de la justicia, criminalizando selectivamente a la oposición. Estas leyes son la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Ley Especial de Ciberdelitos, la Ley contra el Lavado de Activos y la Reforma al Código Procesal Penal Ley 1060, que expande el término de detención a 90 días, sin garantías mínimas del debido proceso.

Familiares de presos y presas políticas, organizaciones locales e internacionales denunciamos que -por las violaciones al debido proceso y su situación de incomunicación- estas personas se encontraban en situación de “desaparición forzada” hasta el día 31 de agosto, cuando las autoridades estatales permitieron las primeras visitas familiares en la Dirección de Auxilio Judicial. Más recientemente, el 11 de octubre, se permitió una segunda visita a través de la cual las familias de las personas detenidas constataron condiciones de detención agravadas, como el aislamiento y la permanencia en la oscuridad o bajo luz eléctrica permanente, la continua pérdida de peso y falta de atención médica adecuada.

La privación de libertad por motivos políticos es una pesadilla que debe ser eliminada de Latinoamérica, y Nicaragua no es la excepción. Para Raza e Igualdad una sola persona presa política es demasiado y no descansaremos en nuestra demanda de libertad. Ante la perpetuación en el poder de la familia Ortega Murillo, el 2022 será un año clave para incidir ante los órganos y mecanismos internacionales a fin de que urjan al régimen liberar a todas esas personas que hoy están en la cárcel injustamente y a cesar de inmediato toda forma de represión contra quienes disienten.

Libertad de expresión y libertad de prensa  – Durante los últimos tres años, los ataques contra medios de comunicación, periodistas y directivos de medios de comunicación, no han cesado. La prensa independiente de Nicaragua ha sido víctima de hostigamientos, amenazas, campañas de difamación, acoso judicial, robo de equipos, retención de papel y tinta, allanamientos, retención migratoria y privación de libertad de periodistas, comentaristas y directivos de medios.

Desde mayo de este año, en el marco de las investigaciones administrativas y penales en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro -una de las principales organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de prensa en el país, la cual había cesado de operar en febrero 2021- más de 25 periodistas, trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación fueron citados a declarar en el Ministerio Público y algunos amenazados con la aplicación de la Ley Especial de Ciberdelitos. Asimismo, se emitieron órdenes de detención en contra de algunos de sus trabajadores, como el caso del defensor Guillermo Medrano y la periodista Lourdes Arróliga. Esta situación ha obligado al exilio a al menos 40 periodistas. 

Preocupa profundamente el patrón establecido por las autoridades nicaragüenses de impedir el ingreso y expulsar a periodistas de medios internacionales interesados en informar sobre la crisis de derechos humanos y, recientemente, sobre el proceso electoral. Todo lo anterior, sumado a la negativa del Consejo Supremo Electoral en cuanto a la acreditación de periodistas y medios de comunicación independientes, son una prueba más de que Ortega y Murillo pretenden socavar la libertad de expresión y libertad de prensa.

Represión contra pueblos indígenas y afrodescendientes- Los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua han sido blanco de ataques de grupos armados desde el año 2015. La violencia sistemática y el número de víctimas fatales se ha incrementado considerablemente este año. 

El pasado 23 de agosto, “colonos” ejecutaron una masacre en el cerro Kiwakumbaih del territorio Mayangna Sauni As, en el Caribe Norte de Nicaragua, donde se contabilizaron al menos 9  indígenas Mayagna y Miskitu asesinados, incluyendo a mujeres y niños. Cuarenta y un días después, el 4 de octubre, invasores secuestraron y asesinaron al indígena mayangna Martiniano Macario en Kimawkas (conocido como Tigre Negro), dentro del territorio Mayangna Sauni As. 

Tras estos hechos, medios de comunicación oficialistas responsabilizaron a miembros de los pueblos indígenas por la creciente violencia y deforestación de la Reserva Biósfera de Bosawás. Asimismo, intentaron descalificar a reconocidas organizaciones defensoras de derechos de pueblos indígenas como el Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), el Centro de Asistencia Legal a los Pueblos Indígenas (CALPI) o la Fundación del Río, llamándolas “organizaciones alineadas con la oposición política” y afirmando que los líderes indígenas no se sienten representados por estas. Reconociendo la violencia que sufren los pueblos indígenas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) amplió las medidas provisionales otorgadas a 9 comunidades miskitu.

Raza e Igualdad reconoce la invaluable labor de organizaciones y defensores que trabajan desde el terreno, y la labor de las personas defensoras que se han visto forzadas al exilio, pero continúan velando por los derechos de los pueblos indígenas de Nicaragua. No debemos permanecer impasibles frente a la discriminación, asesinatos y despojos de tierras indígenas. El Estado debe garantizar seguridad frente a las invasiones y el saneamiento de los territorios titulados; asimismo, los grupos armados deben ser desarticulados, desmantelados y llevados ante la justicia.

Nicaragua en la ONU- Pese a que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha analizado por tres años consecutivos la situación de Nicaragua y ha adoptado tres resoluciones para promover y proteger los derechos humanos en el país, el Gobierno nicaragüense no ha mostrado ninguna voluntad para superar la grave crisis de derechos humanos.  

En concordancia con la Resolución 46/2, el pasado 13 de septiembre, la Alta Comisionada Michelle Bachelet realizó una actualización oral sobre Nicaragua en la que lamentó el deterioro de los derechos civiles y políticos en el contexto electoral, y exhortó al Consejo de Derechos Humanos a considerar todas las medidas a su alcance para proteger los derechos humanos en el país. Hasta la fecha, el régimen no ha cumplido con ninguna de las recomendaciones realizadas por la Alta Comisionada.

Adicionalmente, el pasado 7 y 8 de octubre, el Estado de Nicaragua fue citado a un diálogo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), para revisar la aplicación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El representante de Nicaragua optó por participar en “calidad de escucha”, negándose a entablar un intercambio constructivo con los miembros expertos. A pesar de la falta de colaboración del Estado, el pasado 20 de octubre, el Comité publicó sus observaciones finales y preocupaciones.

El Comité DESC consideró especialmente prioritarias la persecución y represalias contra personas defensoras, la violencia contra pueblos indígenas y la falta de acceso a información sobre la pandemia de la COVID-19; y formuló recomendaciones relativas a garantizar la imparcialidad e independencia del Poder Judicial y la Procuraduría de los Derechos Humanos, restablecer el diálogo y cooperación a nivel internacional con los mecanismos de protección de derechos humanos, brindar una protección efectiva a las víctimas de casos de corrupción, entre otras.

Nicaragua en el SIDH- La Corte IDH también se ha pronunciado sobre la extrema gravedad del contexto actual del país. En el marco de las medidas provisionales otorgadas en favor de 21 personas arbitrariamente detenidas en la actual ola de represión, la Corte ordenó su libertad inmediata. Asimismo, este Tribunal ha manifestado reiteradamente su disposición para realizar una visita in situ a Nicaragua con el objetivo de verificar las condiciones en las que se encuentran las y los detenidos. No obstante, el Estado no ha dado su consentimiento. 

Para Raza e Igualdad, el régimen de Ortega no ha mostrado la más mínima voluntad de cooperar “de buena fe” con Naciones Unidas, ni con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Lejos de esto, se empeña en permanecer absolutamente cerrado al escrutinio internacional y ha pretendido descalificar su trabajo acusándolos de “represivos” e “injerencistas”. Ante esta actitud negativa del Estado de Nicaragua es fundamental que los organismos de derechos humanos continúen realizando el excelente trabajo de monitoreo, documentación y denuncia de las violaciones a los derechos humanos que han hecho hasta ahora. 

De cara a la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2022, solicitamos que se renueve el mandato de monitoreo de la Alta Comisionada Michelle Bachelet y se establezca un mecanismo de investigación y rendición de cuentas para Nicaragua. Este mecanismo deberá investigar las graves violaciones de derechos humanos que las organizaciones de la sociedad civil hemos documentado desde abril de 2018, así como las causas estructurales que, al ser ignoradas por el Estado, han causado que Nicaragua permanezca inmersa en esta crisis. Este mecanismo tendría el mandato de verificar los hechos, identificar perpetradores, y preservar evidencia para cuando se den las condiciones de un proceso de justicia en Nicaragua. Es una herramienta clave de lucha contra la impunidad y apoyaremos insistentemente su establecimiento.

El pueblo nicaragüense merece justicia y libertad, ¡No nos olvidemos de Nicaragua!

Instamos al gobierno de Nicaragua a garantizar el libre ejercicio de la prensa independiente

Las organizaciones que suscribimos el presente pronunciamiento expresamos nuestra preocupación por los últimos acontecimientos que limitan el libre ejercicio de la prensa, y el recrudecimiento de violación a la libertad de expresión, incluyendo las negativas a fuentes de información para conocer e informar sobre el proceso electoral y votaciones a realizarse el próximo 7 de noviembre en Nicaragua, cuando no existe ninguna condición que permita que el proceso electoral sea justo, libre y transparente.

Lamentamos la expulsión de la que fue víctima un equipo periodístico del diario hondureño, El Heraldo; perpetrada por las autoridades de Migración en el puesto fronterizo de El Guasaule el pasado 25 de octubre. Situación similar había vivido el periodista Anatoly Kurmanaev, reportero de The New York Times, quien el pasado mes de junio fue notificado de la cancelación de su boleto a Managua por la aerolínea en la que viajaba, horas antes de que despegara el vuelo, luego de que las autoridades nicaragüenses se negaron a permitirle la entrada al país.

Otros casos que motivan  nuestra preocupación fue lo sucedido a principios de octubre a un equipo de CNN que intentó ingresar a Nicaragua por tierra, a través de la vecina Costa Rica. El 17 de octubre las autoridades nicaragüenses negaron la entrada a su territorio al periodista Frédéric Saliba, corresponsal en México de Le Monde. Este medio de comunicación también había presentado una solicitud a la embajada de Nicaragua en París para entrar al país a realizar el cubrimiento, sin embargo se acuerdo con el medio la solicitud sigue sin respuesta.

Reprobamos que a 4 días de celebrarse los comicios, medios de comunicación y periodistas independientes no hayan recibido sus credenciales por parte del Consejo Supremo Electoral, lo que impedirá que los medios y sus periodistas puedan dar una cobertura completa a un proceso electoral que no garantiza el derecho de elegir a las autoridades en libertad. Es notorio observar que el gobierno de Nicaragua, tiene como política gubernamental mantener alejada a la prensa nacional independiente y a los medios de comunicacióninternacionales de la cobertura del proceso electoral 2021.

Vale la pena recordar que desde abril 2018, cuando inició la crisis sociopolítica que afecta a Nicaragua, las agresiones físicas, allanamiento de medios, asedio e intimidación durante las coberturas periodísticas han sido reiteradas junto al robo y destrucción de equipos. Desde mayo del 2021 hemos observado que el gobierno de Nicaragua en un intento desesperado por silenciar a todas las voces críticas, ha realizado otras acciones lesivas a los derechos fundamentales, tales como:

  1. a) Cancelación de la personalidad jurídica de más de 50 organizaciones no gubernamentales. Muchas de ellas, ante la falta de información estatal sobre los efectos de la pandemia de Covid-19, eran fuentes primarias de información para los periodistas independientes; mientras que otras además brindaban asistencia médica y educación sanitaria a la población nicaragüense.
  2. b) Judicialización de la labor periodística. Desde que la Fiscalía inició un juicio en contra de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, también se inició una ola de intimidación en contra de periodistas, dueños de medios y creadores de contenido periodístico en la que la Fiscalía amenazaba y cuestionaba la labor periodística independiente. La judicialización de periodistas independientes y otros trabajadores del sector, busca silenciar a quienes confrontan al poder y se esfuerzan por llevar información independiente pese a la inseguridad, la negativa de acceso a la información pública y el acoso y hostigamiento al que se exponen.
  3. c) Asedios y allanamientos. Esta ha sido una de las formas más comunes de intimidación ejecutada por policías y paramilitares en contra de periodistas, en la que, además, también se ven afectados los familiares de los comunicadores, incluidos menores de edad. En muchas oportunidades se les ha negado el derecho al trabajo al impedirles salir de sus viviendas.
  4. d) Nueva ola de exilio masivo de periodistas. Ante la escalada y recrudecimiento de la violencia estatal, para muchos comunicadores la migración sigue siendo la única alternativa para salvaguardar su vida, su libertad personal y su integridad física. Hemos conocido que entre mayo y octubre al menos 40 periodistas se han visto forzados a abandonar el país para resguardar su seguridad y la de los suyos. Para muchos es la segunda vez que deben exiliarse desde que inició la crisis sociopolítica y de derechos humanos en 2018.
  5. e) Retención migratoria y despojo de pasaportes. La Dirección General de Migración y Extranjería ha despojado arbitrariamente a una decena de periodistas independientes de sus pasaportes y además les ha impedido salir del país sin ninguna explicación válida.
  6. f) Campañas de estigmatización en redes sociales. Periodistas en distintos departamentos de Nicaragua han sido expuestos en redes sociales con comentarios denigrantes luego que estos acudieron a los centros asistenciales para aplicarse la vacuna contra el coronavirus. Recientemente se conoció que Facebook eliminó más de mil cuentas vinculadas al gobierno y al Frente Sandinista de Liberación Nacional, las cuales estarían activas desde 2018 y buscaban influir la opinión pública en contra de las voces críticas.

Como organizaciones que defendemos y promovemos la Libertad de Expresión y de Prensa, recordamos al gobierno de Nicaragua su obligación de garantizar el acceso a la información pública y el libre ejercicio del periodismo, los cuales son derechos plenamente reconocidos en los tratados y convenios que en materia de Libertad de Prensa y Expresión el Estado de Nicaragua es signatario.

Las actuaciones del Estado nicaragüense contravienen los Principios de Chapultepec, así como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en especial su artículo 13, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en específico el artículo 19. Asimismo, dichas conductas son contradictorias a los principios de publicidad y participación ciudadana propugnados en la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 621).

Las organizaciones firmantes, una vez más reiteramos nuestra solidaridad y apoyo a los y las periodistas nicaragüenses y medios de comunicación que siguen haciendo su trabajo, incluso desde el exilio, para mantener informada a la sociedad nicaragüense. Exigimos a las autoridades nicaragüenses, garantizar la libertad de prensa y permitir el ingreso de la prensa internacional que busca cubrir la jornada electoral del 7 de noviembre para que el país y el mundo puedan recibir la mayor información posible  al respecto.

 

Firman,

Acción Penal

AMARC-ALC

Comité de Protección a Periodistas (CPJ)

Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más

IFEX-ALC

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)

Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN)

PEN Internacional

Voces del Sur

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre Nicaragua: Preocupa el cierre de espacios participativos y de diálogo a nivel nacional e internacional

Washington D.C. (22 de octubre); En el marco de su 70º período de sesiones, el pasado 7 y 8 de octubre, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas revisó la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por el Estado de Nicaragua. 

Durante estas sesiones, el Estado de Nicaragua se negó a entablar un intercambio con el Comité y decidió limitarse a participar “en calidad de escucha”. Esta actitud es contraria a su compromiso como Estado Parte del pacto, que implica someterse a revisión, hacer declaraciones sobre los informes periódicos presentados y contestar a las preguntas de los y las expertas del comité. 

Pese a la negativa del representante de Nicaragua, el Comité reiteró su deseo de entablar un diálogo constructivo con el Estado y aclaró que la “calidad de escucha” lo imposibilitaba. El experto Mikel Mancisidor expresó que “admitir lo contrario supondría un gravísimo precedente que pondría en cuestión todo el sistema de diálogo con los Estado” y comunicó la decisión del Comité de proceder al  “estudio del informe periódico en ausencia de diálogo con el Estado”.

De acuerdo a sus reglas de procedimiento, el pasado miércoles 20 de octubre, el Comité dio a conocer un informe público con observaciones finales sobre las cuestiones que preocupan a las y los expertos. Entre estas preocupaciones, el Comité consideró especialmente prioritarias las relativas a la persecución y represalias contra personas defensoras de derechos humanos, la violencia en torno a la posesión y utilización de territorios de pueblos indígenas y la falta de acceso a información sobre la evolución de la pandemia de la COVID-19. 

Asimismo, se refirió al cierre de espacios participativos y de diálogo; la falta de independencia e imparcialidad del Poder Judicial y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y los altos niveles de corrupción e impunidad que persisten en Nicaragua; las alegaciones de discriminación por motivos de opinión política y orientación sexual; los despidos injustificados por la participación en protestas sociales de 2018; la expulsión de estudiantes como represalia y la denegación de asistencia médica a las personas lesionadas durante las manifestaciones.

Ante estas preocupaciones, el Comité procedió con las siguientes recomendaciones al Estado de Nicaragua:

    1. Garantizar la imparcialidad e independencia del poder judicial y la Procuraduría de los Derechos Humanos.
    2. Restablecer el diálogo y cooperación a nivel internacional con los mecanismos de protección de derechos humanos 
    3. Prevenir actos de violencia contra todos los defensores de derechos humanos y para la protección efectiva de su vida e integridad personal.
    4. Readmitir y restituir a estudiantes, maestros universitarios y personal médico que hubieran sido injustamente removidos, en sus puestos de trabajo o estudio.
    5. Investigar imparcial y exhaustivamente los casos de usurpación de territorios indígenas.
    6. Brindar una protección efectiva a las víctimas de los casos de corrupción. sus abogados, los defensores que la combaten, los denunciantes de irregularidades y los testigos.
    7. Garantizar que nadie sea discriminado en el acceso a los DESC, incluso mediante la adopción de una legislación integral contra la discriminación.
    8. Combatir la discriminación por motivos de opinión política y garantizar que todas las víctimas de estos actos tengan acceso a recursos judiciales y administrativos efectivos.
    9. Garantizar que las víctimas de despidos injustificados tengan acceso a un recurso judicial efectivo, indemnización y en su caso a su restitución en el puesto de trabajo, entre otras recomendaciones.

Pronunciamiento

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, lamentamos profundamente la negativa estatal de dialogar y proporcionar la información necesaria al Comité respecto de sus preocupaciones. Una vez más, llamamos al Estado de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Recordamos que la implementación de estas recomendaciones es necesaria para cumplir con las obligaciones derivadas del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

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