Día Mundial de la Libertad de Prensa: Periodismo en resistencia dentro y fuera de Nicaragua

Washington D.C., 3 de mayo de 2022.- Este 3 de mayo, se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa; sin embargo en Nicaragua, los medios de comunicación Confidencial, 100% Noticias y La Prensa están confiscados; Radio Darío vive bajo permanente asedio de la policía, periodistas, comentaristas, trabajadores de medios y colaboradores de organizaciones promotoras de la Libertad de Prensa están arbitrariamente en la cárcel; el asesinato del periodista Ángel Gahona continúa en la impunidad; más de 100 periodistas informan desde el exilio, y las y los periodistas que reportan desde el terreno lo hacen desde la clandestinidad debido a las represalias. 

Por ello, con el objetivo de denunciar el grave deterioro de la Libertad de Prensa en Nicaragua, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) conversó con tres periodistas nicaragüenses exiliados sobre los patrones represivos contra la prensa, su decisión de exiliarse, los retos y oportunidades de informar desde dentro y fuera del país, entre otros aspectos. A continuación sus comentarios sobre la situación. 

María Lilly Delgado: Hay una nueva versión del periodismo de catacumbas 

María Lilly Delgado es una periodista nicaragüense con larga trayectoria en medios nacionales e internacionales que, como corresponsal para la cadena internacional Univisión, cubrió las protestas de abril del año 2018. En mayo del año 2021, Delgado fue citada a la Fiscalía como “testigo” por el caso de supuesto lavado de dinero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Posteriormente, cuando solicitó la presencia de un abogado en la cita, las autoridades cambiaron su condición a “investigada” y le aplicaron restricción migratoria y “prohibición a salir a lugares públicos y reuniones”. Actualmente se encuentra exiliada en Estados Unidos. 

Para Delgado, en Nicaragua, la prensa y los periodistas independientes son perseguidos por pensar y expresarse diferente a la narrativa oficial del régimen, por informar la demanda de justicia de los familiares de las víctimas de la represión estatal y los familiares de las personas presas políticas. “El régimen quiere aniquilar o silenciar toda voz disidente y crítica”, denunció.

“Hay una nueva versión del periodismo de catacumbas a través de la social media y la web”, afirmó refiriéndose a que, ante el peligro inminente, las y los periodistas operan de forma anónima y “prácticamente clandestina” a lo interno del país. 

Sobre informar desde el exilio, Delgado considera que representa “un enorme reto” porque las mujeres y los hombres de prensa no solo deben reinventarse y expandirse, también deben explorar alianzas, hacer periodismo colaborativo con el objetivo de seguir elevando la calidad del contenido periodístico, buscar la sostenibilidad; y adicionalmente, garantizar la seguridad de quienes reportan a lo interno.

Pese a los momentos difíciles que está viviendo el periodismo nicaragüense, la periodista cree que es el momento de renovar el compromiso con los principios de la ética periodística, como son la verdad y precisión, independencia y humanidad. “Desde donde estemos intentemos poner nuestro grano de arena con este enorme ejército de periodistas que desde dentro y fuera de Nicaragua reivindican su derecho a informar sobre la crisis de derechos humanos”, finalizó.

José Denis Cruz: El régimen no quiere una prensa crítica sino una que sea el altoparlante de su discurso

José Denis Cruz es un periodista nicaragüense que se encuentra exiliado en España. Trabajó en La Prensa y El Nuevo Diario, dos periódicos de edición nacional que cesaron de circular debido a la política represiva del régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Decidió exiliarse en el año 2018, luego de cubrir las protestas sociales, exponerse a golpizas, balas y otros ataques, y tras concluir que “Nicaragua ya no era un país seguro para los periodistas”. Actualmente labora en un medio español de fact-checking y verificación de noticias falsas. 

Para Cruz, ejercer la libertad de prensa sin sufrir represalias es difícil. Los medios y periodistas nicaragüenses han sufrido asedio, censura, amenazas, exilio forzoso, criminalización y en el peor de los casos, asesinato. “Ese ha sido el costo que ha pagado el periodismo por ejercer la libertad de prensa”, lamentó. 

“El régimen no quiere una prensa crítica sino una que sea el altoparlante de su discurso, y el periodismo independiente ha sido valiente en desafiarlo. Las y los periodistas, como toda sociedad que quiere un cambio, defendemos los valores de libertad, justicia y democracia”, expresó.

Sobre informar desde el exilio, Cruz considera que los medios de comunicación que han surgido desde fuera son admirables, se adelantaron a los tiempos con nuevos formatos como las entrevistas a través de la plataforma ZOOM y las reuniones editoriales virtuales. Las y los periodistas se las ingenian para contar las noticias desde nuevas narrativas como podcasts y explainers. “Hay una reinvención del periodismo y por primera vez vemos  medios que no están ligados a grupos de poder”. Sin  embargo, considera que siempre estará presente el reto de mantener la calidad, y encontrar el equilibrio entre la salud mental y la sostenibilidad de los medios. 

Finalmente, José Denis envía el siguiente mensaje para quienes continúan informando desde Nicaragua: “Tengan cuidado. No queremos más mártires… Valoramos su valentía, sin ustedes no supiéramos cómo va el país”. Para sus colegas en el exilio, envía un mensaje de resistencia: “Sigamos resistiendo y denunciando, desde cualquier espacio, las violaciones a los derechos humanos que comete el régimen”.

Carlos Eddy Monterrey: Este régimen es capaz de todo, es un régimen represivo

Carlos Eddy Monterrey es un periodista radial que trabajó como comentarista del noticiero “Tras La Noticia” de Radio La Costeñísima, el único medio de comunicación independiente en la ciudad de Bluefields, en la Región Autónoma del Caribe Sur de Nicaragua. En su programa radial, Monterrey abordaba la crisis sociopolítica y económica, la autonomía regional, el debilitamiento de las instituciones, entre otros temas de interés regional y local. Como consecuencia de esta labor, el periodista fue agredido verbalmente por un ex Secretario Político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y simpatizantes de dicho partido, también sufrió constante acoso policial, amenazas y campañas de desprestigio. Actualmente está exiliado.

Para Monterrey, ejercer la libertad de prensa es “la libertad de informar, tener acceso a la información de parte de organismos e instituciones del Estado sin represión, ni censura”, pero esto no sucede en Nicaragua, “el régimen está desafiando todos los acuerdos internacionales”, lamentó. 

El periodista compartió que, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le extendió medidas cautelares porque su vida e integridad personal se encuentran bajo riesgo y urgencia, “esto definitivamente no ha sido acatado por el Gobierno, por el Estado”. Asimismo, lamentó que personas con medidas cautelares de la CIDH hayan sido encarceladas.

Sobre los retos que enfrentan las y los periodistas en el exilio, Monterrey lamentó las dificultades económicas, así como la necesidad de mantener un “bajo perfil”, no identificarse o evitar hacer publicaciones por miedo a que el régimen tome acciones contra sus familiares. 

Ya sabemos que este régimen es capaz de todo, es un régimen represivo, criminal y viola totalmente todos los derechos humanos, civiles y políticos de todos los ciudadanos nicaragüenses”. 

Por otro lado, denunció que las y los periodistas que continúan trabajando desde el terreno se enfrentan a acoso constante y amenazas de fanáticos; pero también destacó que tienen una gran capacidad para “ingeniárselas”, tomar medidas de seguridad, e informar a través de plataformas digitales. “Esa es la manera en que la población nicaragüense se da cuenta de lo que ocurre”. 

Finalmente, su llamado es a “seguir resistiendo e informando a un pueblo ávido de información y ávido de conocer la verdad de lo que realmente está ocurriendo, que es lo que trata de ocultar el régimen Ortega Murillo (…) que se divulgue la verdad y que seamos críticos contra todas las atrocidades y barbaridades que cometen”.

Pronunciamiento

En este día, Raza e Igualdad se solidariza con las y los periodistas nicaragüenses que se encuentran dentro y fuera del país; así como con las personas trabajadoras de medios de comunicación, las personas defensoras de la libertad de prensa y sus familias. La continuidad de su labor es fundamental para el restablecimiento de la democracia en Nicaragua así como para que las víctimas y sus familias accedan a la justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición.

Demandamos la liberación inmediata y sin condiciones de todas las personas presas políticas, incluidas personas periodistas, trabajadoras de medios y de organizaciones defensoras de libertad de expresión y libertad de prensa que han sido injustamente condenadas.

Instamos al Gobierno de Nicaragua a respetar la libertad de prensa, brindando condiciones para que las y los periodistas desarrollen su trabajo sin enfrentar asedio policial, persecución, amenazas, judicialización, exilio, e incluso la muerte.

Demandamos la derogación de la Ley Especial de Ciberdelitos, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y otras leyes con las que se ha criminalizado el ejercicio de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de informar. 

Representante OACNUDH sobre Nicaragua: La creación del Grupo de Personas Expertas en Derechos Humanos supone un paso adelante hacia la rendición de cuentas

Washington D.C., 20 de abril de 2022.- En el cuarto aniversario del inicio de la crisis socio política y de derechos humanos de Nicaragua, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos entrevistó al Representante Regional para América Central de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Alberto Brunori, sobre el rol de las Naciones Unidas en la situación que atraviesa el país desde el año 2018, la negativa del Estado de Nicaragua a cumplir las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH) y otros órganos internacionales de protección, y el papel del Mecanismo de investigación y rendición de cuentas establecido en la 49 sesión del CDH.

El Mecanismo de investigación y rendición de cuentas adoptado por el Consejo es un pedido de las organizaciones de la sociedad civil tales como el Colectivo 46/2, conformado por Raza e Igualdad y otras veinte organizaciones de derechos humanos han realizado desde el año 2021, luego de confirmar el deterioro progresivo de la situación y la absoluta falta de voluntad del Estado nicaragüense para cumplir las recomendaciones de Naciones Unidas. Este Mecanismo estará conformado por tres personas expertas en derechos humanos que, durante un año, investigarán de forma exhaustiva e independiente, establecerán los hechos y las circunstancias, recopilarán, preservarán y analizarán las pruebas, y -cuando sea posible- identificarán a los responsables de las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril del año 2018.

Para Brunori, este Grupo de Personas Expertas en Derechos Humanos tiene un mandato “inédito” y “supone un paso adelante hacia la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua”

Nicaragua lleva más de 4 años inmersa en una profunda crisis de derechos humanos. El Consejo de Derechos Humanos la ha analizado y ha emitido cuatro resoluciones. ¿Cómo ha sido la posición del Estado de Nicaragua ante estas recomendaciones? ¿Qué acciones ha llevado a cabo el gobierno? ¿Cuál es la valoración de la OACNUDH al respecto?

Me preocupa que, a lo largo de los últimos cuatro años, el Gobierno no haya mostrado la intención de implementar las recomendaciones emitidas, tanto por el Consejo de Derechos Humanos, como por la Oficina del Alto Comisionado y otros mecanismos del Sistema Regional (OEA) y Universal de Derechos Humanos (ONU). El año pasado la Oficina publicó un boletín donde se establecen los escasos avances en este sentido. En septiembre de este año (2022), la Oficina presentará, por requerimiento del Consejo de Derechos Humanos, un informe actualizado y exhaustivo donde se analizará la implementación de las recomendaciones emitidas por los mecanismos de derechos humanos del sistema de la ONU hasta 2022.

Recientemente, en su 49 sesión, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una resolución que incluye el establecimiento de un mecanismo de investigación y rendición de cuentas para Nicaragua. ¿Cuál es el mandato de este mecanismo? ¿Qué características deben tener las personas expertas que lo conformarán? ¿Cuál será el rol de la OACNUDH en este?

La Resolución 49/3 refleja la preocupación existente en la comunidad internacional y en la sociedad civil nicaragüense. La creación del Grupo de Tres Personas Expertas en Derechos Humanos supone un paso adelante hacia la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua.

Su mandato, como reza la resolución, consistirá en realizar investigaciones exhaustivas e independientes de las violaciones de los derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril de 2018, establecer los hechos, reunir pruebas e identificar a los responsables, de manera que esta información pueda utilizarse también en futuras iniciativas de rendición de cuentas. También deberá formular recomendaciones que contribuyan a mejorar la situación de derechos humanos en el país y presentar un informe escrito al Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2023, entre otras tareas.

Cabe resaltar que el mandato ha destacado las posibles dimensiones de género de los abusos y violaciones, así como sus causas estructurales.

Las tres personas expertas serán elegidas por el Presidente del Consejo de Derechos Humanos, por lo que confiamos en su criterio para identificar los mejores perfiles que puedan llevar a cabo el mandato de manera exitosa. Estoy convencido de que se tratará de profesionales con conocimiento del país y la región, con un profundo dominio del derecho internacional de los derechos humanos, y con la experiencia necesaria para afrontar una tarea delicada que contribuya a que las víctimas de violaciones a sus derechos humanos en Nicaragua obtengan justicia y reparación.

La Oficina del Alto Comisionado, por su parte, seguirá cumpliendo su mandato de monitoreo regular de la situación de derechos humanos en el país. En tal sentido, la Resolución 49/3 refuerza el papel de la Oficina en el ámbito del monitoreo, de los informes y del análisis normativo, de manera independiente respecto al mandato del Grupo de Expertos.

Actualmente existe un Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) que fue establecido a partir de junio 2018 para darle seguimiento a las recomendaciones realizadas por la CIDH y el GIEI. ¿Cuáles son las principales diferencias entre ambos mecanismos? ¿Cuáles son los puntos fuertes del Mecanismo de Naciones Unidas? ¿Contemplan trabajar de la mano?

El MESENI y la Oficina vienen colaborando de forma estrecha en el monitoreo de la situación de derechos humanos en Nicaragua, de manera que realizamos reuniones de análisis e información, y emitimos comunicados conjuntos para expresar las preocupaciones que comparten tanto el Sistema Interamericano como el Sistema Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, el mandato de investigación, establecimiento de los hechos y circunstancias de las violaciones, e identificación de responsables que el Consejo le da al Grupo de Personas Expertas es inédito para Nicaragua, y precisamente ahí radica su fortaleza. El Grupo de Personas Expertas, además de informar a la comunidad internacional sobre lo sucedido en el país, reunirá pruebas que ayuden a llevar ante la justicia a los autores de las graves violaciones cometidas.

Por último, cabe agregar que el marco de colaboración establecido por el Consejo de Derechos Humanos en su Resolución 49/3, prevé también que el Grupo  pueda relacionarse con otros organismos de derechos humanos.

En múltiples ocasiones la Alta Comisionada Michelle Bachelet ha instado al gobierno de Nicaragua permitir el reingreso de su Oficina. En su último informe lo solicita nuevamente. ¿El Estado de Nicaragua ha respondido a alguna de estas comunicaciones? ¿Qué acciones realizará la Oficina para lograr un “sí” por parte del Estado? ¿Qué expectativas tiene de esta visita?

El Gobierno no ha contestado a las múltiples peticiones de la Oficina de acceso al país, de las que se han hecho eco también numerosos Estados miembros y organismos internacionales. Por nuestro lado, seguiremos reiterando nuestra petición, tanto en nuestros informes públicos como de manera bilateral.

Tener acceso al país nos permitiría tener un conocimiento aún más profundo sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. Podríamos, además, tener la oportunidad de visitar a las personas arbitrariamente detenidas y contribuir a la mejora urgente de su situación. Igualmente, podríamos establecer una interlocución franca y directa con el Gobierno, que no resulta posible cuando el intercambio se reduce a comunicaciones bilaterales que no son respondidas y, cuando son públicas, contienen  consideraciones políticas sin entrar al fondo de las cuestiones de interés para los derechos humanos. La presencia en el país también nos permitiría llegar y dar aliento a tantas personas defensoras de derechos humanos que están realizando su labor en una situación de extrema precariedad, y bajo la constante amenaza de la prisión o el exilio.

De no recibir una respuesta positiva del gobierno de Nicaragua para trabajar en el terreno, ¿Cuáles son las oportunidades y desafíos que podrían enfrentar estas personas expertas al trabajar a distancia?

La ONU cuenta con amplia experiencia en el monitoreo remoto, tanto debido a situaciones de conflicto e inseguridad donde no resulta posible el acceso físico a un determinado territorio, como (más frecuentemente) por la objeción de los gobiernos a permitir la entrada de oficiales de derechos humanos de la misma. Los gobiernos deben saber que bloquear el acceso de los y las investigadoras puede entorpecer su trabajo, pero finalmente no va a detener los avances hacia la rendición de cuentas. Por medio de entrevistas (físicas y virtuales) con víctimas y testigos, y el análisis de documentación, puede realizarse una labor exhaustiva de investigación. Pero, en todo caso, no debemos adelantarnos sobre este punto, pues, deberán ser las y los propios expertos los que valoren la situación en su momento.

Ante la falta de verdad y justicia en Nicaragua, ¿Qué mensaje le enviaría a las víctimas de la represión y a la ciudadanía nicaragüense? ¿Cuál es su llamado al gobierno de Nicaragua?

Ante las víctimas y todas las personas que han sufrido violaciones de derechos humanos, incluyendo a familiares que han perdido a sus seres queridos, o quienes llevan meses e incluso años en prisión de manera injusta, sólo puedo extender mi solidaridad. Admiro profundamente la resiliencia que han mostrado y el trabajo que siguen realizando, tanto dentro de Nicaragua como en el exilio, por mejorar la situación en el país. Esta crisis se está extendiendo ya por demasiado tiempo, y espero que no pierdan la esperanza por lograr que se haga justicia, se libere a todas las personas que están detenidas arbitrariamente y en situaciones inhumanas, y se tomen las medidas que aseguren que estas violaciones no vayan a repetirse.

Al Gobierno le diría ante todo que, más allá de toda la serie de recomendaciones que ha recibido por parte de los organismos de derechos humanos, escuche y dé la voz a los y las nicaragüenses. Las profundas desavenencias que pueden existir sobre el modelo de sociedad que desean para Nicaragua y sobre su papel en el mundo, no pueden jamás justificar la privación de la vida y de la libertad, las torturas ni la exclusión de la vida social y política. El Gobierno debe saber que de esta crisis solo puede salir cesando inmediatamente la persecución contra aquellos sectores de la sociedad con los que discrepa, e incorporándolos al debate y a los ámbitos de decisión políticos.

Oenegés nicaragüenses: “La justicia para Nicaragua va a llegar”

Son innumerables las violaciones a los derechos humanos que el régimen de Daniel Ortega ha cometido en contra de las personas opositoras en Nicaragua desde el estallido de las protestas de abril de 2018 a las que respondió con represión, violencia, tortura, detenciones arbitrarias y juicios espurios. La represión dejó como saldo 355 víctimas letales, 1614 detenciones arbitrarias cuyos casos todavía se encuentran en la impunidad, además de obligar a más de 110,000 nicaragüenses a exiliarse.

Cuatro años han pasado y aunque la situación sea crítica para la oposición nicaragüense, las organizaciones de la sociedad civil continúan documentando casos, ya sea en el país o desde el exilio, para poder llevarlos ante la justicia internacional y lograr reparación para  las víctimas  entre las que se cuentan más de 181 presos políticos.

El Instituto Sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), conversó con Alexandra Salazar, Coordinadora  de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), quien trabaja en los procesos judiciales que se realizan a personas presas políticas en Nicaragua y Wendy Flores, coordinadora del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, sobre el trabajo de acompañamiento a las víctimas de la represión en Nicaragua en su búsqueda de justicia, los procesos que se han realizado para llevar los casos ante los organismos internacionales y los pasos que vienen a continuación para que en en el país haya justicia y reparación.

Salazar considera que la renovación del mandato a la Alta Comisionada de Derechos Humanos y la creación del grupo de expertos para Nicaragua contribuirán a impulsar investigaciones que permitan garantizar la justicia a todas las víctimas de la represión de Ortega desde abril de 2018.

La documentación de todos los hechos es uno de los pasos  más importantes para alcanzar la justicia. Al respecto, Salazar considera que tal documentación es un desafío para las organizaciones nacionales e internacionales que ya no tienen acceso directo a los procesos que se realizan dentro de la Policía Nacional que conllevan a la judicialización de opositores en Nicaragua. Pese a la falta de acceso, Salazar indica que continuarán realizando la documentación que es tan necesaria para poder asignar responsabilidad o señalar violaciones al debido proceso.

“La represión es tan intensa y persistente  que ha conllevado a un silencio, a un miedo profundo a la denuncia por temor a represalias que pueden derivar en  detenciones”, advierte Salazar, a pesar de ello, los familiares y las víctimas continúan denunciando y aportando pruebas que se espera presentar en juicios imparciales de jurisdicción interna e internacional.

En contra de la impunidad

En 2019 el régimen de Daniel Ortega aprobó la cuestionada Ley de Amnistía (Ley n° 996), con la que liberaron a los presos políticos que aún permanecían en las cárceles luego de las manifestaciones de 2018 y no habían sido excarcelados previamente, acción que benefició a todas aquellas personas capturadas ilegalmente.

Sin embargo, Flores recordó que la amnistía, también tuvo como propósito principal dejar en “la impunidad los crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos” cometidos por el régimen en contra de la población civil.  Pero si algo ha permitido que esos crímenes no desaparezcan de la mente de las personas, es que sus familiares, apoyados por las organizaciones que velan por los derechos humanos, continúan denunciando y documentando los hechos.

“La comunidad internacional, tiene la oportunidad a través de sus distintos mecanismos y procedimientos, de determinar la responsabilidad del Estado de Nicaragua por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en 2018 hasta la actualidad, pero también de enrumbar acciones dirigidas a que los autores intelectuales y materiales de estos crímenes sean debidamente juzgados”, detalló Flores.

Siguen sumando presos políticos

En las cárceles de Ortega se encuentran 181 personas presas políticas.  Algunas de ellas se encuentran privadas de libertad desde 2018, mientras que otras están por cumplir su primer año tras las rejas. Recientemente, varios prisioneros políticos fueron condenados bajo procesos cuestionados por la falta de imparcialidad del Poder Judicial nicaragüense y una Fiscalía encargada de falsificar pruebas en contra de los detenidos, según documentaron los medios de comunicación independientes.

La cantidad de personas presas políticas sigue aumentando y una semana antes de que se cumpla un cuarto aniversario de abril de 2018, la Policía continúa asediando las casas de las familias de víctimas de la represión letal de 2018 y deteniendo a ciudadanos por el solo hecho de ser identificados como opositores y opositoras.

Flores recuerda que desde 2018 en Nicaragua se han realizado más de 800 juicios penales “en contra de manifestantes, activistas, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, opositores-ras políticos-as, empresarios y cualquier persona que disienta públicamente del Gobierno”.

Los organismos han identificado patrones dentro de estos procesos que varían, dependiendo la etapa de represión que esté desarrollando el régimen. Por ejemplo, los primeros juicios tenían la característica de que los procesados eran acusados por terrorismo, obstrucción de funciones, daños a la propiedad, asesinatos, entre otros; mientras que en una segunda etapa “se les acusó por delitos comunes como robos, tráfico de estupefacientes, y en esta etapa represiva actual; nos encontramos con delitos relacionados con la Ley de Ciberdelitos y la Ley de Soberanía”, apunta Flores.

Procesos no cumplen estándares internacionales

Salazar agregó que  ninguno de los procesos realizados en contra de miembros de la oposición, personas defensoras, activistas y periodistas, ha cumplido con los estándares internacionales y a las personas detenidas no se les brinda información sobre las causas por las que se las llevan, les violan su derecho de contar con  una defensa técnica efectiva, acceso oportuno a los expedientes y mucho menos la indispensable representación durante las audiencias.

Sumado a eso, las personas presas políticas son víctimas de torturas psicológicas, apuntó Salazar, pues la Policía les realiza interrogatorios diariamente y se les priva de una alimentación adecuada y , de acuerdo a las denuncias de sus familiares, hasta de frazadas que les ayuden a protegerse del frío de la noche.

“Hemos presentado apelaciones en contra de las sentencias y hemos presentado recursos de casación, todos han sido ineficaces y se observa  una coordinación plena y ninguna en pro de la garantía del acceso a la justicia efectiva y real para las personas presas políticas”, comenta Salazar.

En Pro de la liberación de las personas presas políticas en Nicaragua 

En marzo de 2022, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó una resolución sobre Nicaragua para establecer un grupo de expertos que deberá “realizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre todas las presuntas violaciones de derechos humanos”, cometidas en el país desde abril de 2018.

Esto, según Flores, permitirá a la ONU conocer los hechos y “responsabilizar a los perpetradores o autores materiales” de estas violaciones, lo cual es un paso positivo para poder llevar justicia a las familias de las víctimas.

“Los resultados de esta investigación podrían derivar en potenciales aperturas de procesos bajo la jurisdicción universal o bien, que en el futuro y con un cambio de Gobierno, se pueda aceptar la competencia de la Corte Penal Internacional y reconocer estos crímenes cometidos a efectos de que sean debidamente sancionados”, menciona Flores, mientras que Salazar agrega: “tenemos las voces de las propias víctimas”, como testigos de los crímenes.

“Esta generación no acepta borrón y cuenta nueva”

Aunque hayan pasado cuatro años desde el inicio de la represión y la vida de miles de nicaragüenses haya cambiado como consecuencia de la persecución política, las violaciones a los derechos humanos y la violencia generalizada, las organizaciones que trabajan en pro de los derechos humanos llaman a no perder la esperanza de que la justicia llegará a Nicaragua.

Salazar menciona que “tenemos plena certeza que tarde o temprano la justicia para Nicaragua va a llegar y tiene que ser real, verdadera y bajo mecanismos que logren generar la certeza y la confianza de que los procesos son imparciales”.

“A diferencia del pasado o de nuestra historia como nicaragüenses, esta generación no acepta como receta el “perdón y olvido” o el “borrón y cuenta nueva”, por ello, deben mantener la esperanza de que sus voces, sus demandas y sus luchas constantes, contribuirán a los diferentes procesos de búsqueda de verdad, justicia y reparación”, alentó Flores.

Rechazo internacional a la condena de miembros de la extinta Fundación Violeta B. de Chamorro, La Prensa y periodistas independientes de Nicaragua

Latinoamérica, 24 de marzo de 2022. Las organizaciones abajo firmantes rechazamos la farsa jurídica por la cual la justicia nicaragüense ha sentenciado a entre 7 y 13 años de prisión a las personas ex-trabajadoras  de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), al gerente general de La Prensa y a periodistas independientes de Nicaragua.

Este miércoles 23 de marzo, Juan Lorenzo Holmann, gerente general del periódico La Prensa, fue declarado culpable del supuesto delito de lavado de dinero. La jueza Nadia Camila Tardecillas, del Juzgado Segundo de Distrito Penal, solicitó una pena de nueve años y cuatro meses de prisión más una multa monetaria. Holmann fue detenido el 14 de agosto cuando la policía allanó dicho medio, el cual en ese momento era el único medio impreso independiente que aún circulaba en el país. Su juicio finalizó este miércoles 23 y su sentencia definitiva será leída el próximo 31 de marzo.

El pasado lunes 21 de marzo el juez Noveno del Distrito de Juicios de Managua, Luden Martín Quiroz García declaró culpable y sentenció a ocho años de prisión a la periodista y precandidata presidencial, Cristiana Chamorro, en su calidad de presidenta de la FVBCH por los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos, gestión abusiva y falsedad ideológica. Además, debe pagar una multa equivalente a tres veces el monto supuestamente lavado. El juicio se llevó a cabo entre el 3 y el 11 de marzo en el recinto policial “Evaristo Vásquez” -conocido popularmente como “El Chipote”- donde han sido sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes y actos de tortura. La mayoría de personas que permanecen presas por motivos políticos, además, están incomunicadas. 

El arbitrario proceso legal no cumplió con ninguna garantía del debido proceso, se desarrolló con la presencia de un intimidatorio contingente policial y con muy limitado tiempo para que los abogados defensores se expresen a favor de sus representados. Entre otras graves irregularidades, pese a que la defensa contaba con múltiples pruebas de su inocencia, el juicio finalizó sin que pudieran presentar 12 cajas que contenían más de 1000 documentos con información fundamental para la defensa de los procesados. Cristiana Chamorro ha permanecido bajo arresto domiciliario desde el pasado 2 de junio de 2021. 

El mismo lunes también se formalizó la sentencia que condena a otros tres extrabajadores de la FVBCH. Marcos Fletes, contador general, y Walter Gómez, financiero, han sido sentenciados a 13 años de cárcel por lavado de dinero, 300 días de multa y el pago de una multa equivalente a tres veces el monto supuestamente lavado. Incluso el conductor, Pedro Vásquez, ha sido condenado a 7 años de prisión por ser cooperador necesario del delito de lavado de dinero. 

La justicia nicaragüense, al servicio del régimen autoritario, condenó también a Pedro Joaquín Chamorro, de 70 años y miembro del directorio de  La Prensa, y hermano de Cristiana Chamorro, a 9 años de cárcel por el supuesto delito de apropiación y retención indebida, falsificación ideológica y gestión abusiva. 

Estos espurios procesos judiciales se suman a las sentencias ya emitidas en semanas anteriores contra Miguel Mendoza, periodista deportivo sentenciado a 9 años de cárcel por expresar sus opiniones en redes sociales. Así como contra Miguel Mora, fundador de 100% Noticias y precandidato presidencial, y Jaime Arellano, comentarista político, ambos condenados a 13 años de prisión, por el delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “difusión de noticias falsas”.

Las organizaciones abajo firmantes rechazamos categóricamente estas sentencias y aquellas emitidas contra las demás personas presas políticas detenidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hacemos responsable al  Estado de Nicaragua por la vida e integridad de las y los presos de conciencia  y exigimos su inmediata liberación, el cese de su criminalización y la revocación de todas las sentencias dictadas en su contra, por el mero hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión. 

Adicionalmente, las organizaciones abajo firmantes hacemos un llamado a la comunidad internacional, a los gobiernos del hemisferio, a emitir su más severa condena a la sistemática violación de derechos humanos y a implementar todas las medidas a su alcance para que las personas presas políticas en Nicaragua sean puestas en libertad.

Asimismo, nos sumamos al llamado al Consejo de Derechos Humanos para que, en su próxima resolución sobre Nicaragua, adopte un mecanismo internacional sólido, independiente e imparcial que permita investigar y documentar exhaustivamente las graves violaciones a derechos humanos cometidas desde abril de 2018, incluyendo las vulneraciones a los derechos de libertad de asociación, expresión y prensa, y sentar las bases para procesos de rendición de cuentas y sanción de todos los responsables.

Firman: 

AMARC-ALC

Articulo 19

Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo – Abraji

Asociación Nacional de la Prensa Bolivia -ANP 

Asociación de Periodistas de El Salvador – APES

Comité por la Libre Expresión – C-Libre 

Centro de Archivos y Acceso a la Información – CAinfo 

Espacio Público 

IFEX-ALC

Instituto de Prensa y Libertad de Expresión- IPLEX

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos

Instituto Demos 

Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa -ICLEP 

Instituto Prensa y Sociedad – IPYS Perú 

Instituto Prensa y Sociedad – IPYS Venezuela

Fundamedios

Foro de Periodismo Argentino – FOPEA 

Voces del Sur

Nicaragua: Raza e Igualdad rechaza las constantes violaciones a la libertad de asociación

Washington D.C., 18 de marzo de 2022.– Raza e Igualdad expresa su enérgico rechazo a las múltiples violaciones a la libertad de asociación perpetradas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde el año 2018, las que se han intensificado en los últimos cuatro años con la cancelación de la personalidad jurídica de más de 130 organizaciones.

El día de ayer, 17 de marzo, la Asamblea Nacional aprobó un Decreto Legislativo de Cancelación de Personalidad Jurídica de otras 25 organizaciones defensoras de derechos humanos, aduciendo el supuesto “incumplimiento de la Ley General Sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro y la Ley contra el Lavado de Activos”, con las que ya suman 156 oenegés canceladas desde que Daniel Ortega regresó al poder en 2007.

El cierre absoluto del espacio cívico  se agravó desde el año 2018 cuando el Estado de Nicaragua implementó una estrategia para obstaculizar el trabajo de defensoras y defensores de derechos humanos a través de actos sistemáticos  de intimidación, amenazas, campañas de estigmatización, confiscación de bienes y el uso de un marco legislativo que como han expresado organismos de derechos humanos tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, contraviene los estándares internacionales de derechos humanos y se usa selectivamente en contra de organizaciones que el régimen identifica como “opositoras”.

Entre las organizaciones canceladas el día de ayer, mediante un proceso en el que no se respetó el derecho de las personas asociadas a defenderse, se encuentran la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia (FVBCH),  Fundación Grupo Cívico Ética y Transparencia, Fundación Libertad, Asociación Colectivo de Mujeres 8 de Marzo, Fundación Fondo de Becas de Exalumnos del Colegio Centroamérica (Fobeca), Asociación Fondo de Desarrollo Local (FDL) y Asociación Operación Sonrisa Nicaragua (OSN), Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Caribe Nicaragüense (CEJUDHCAN), entre otras.

Rechazo al derecho de asociación de asociaciones indígenas 

En la cancelación de las personalidades jurídicas, preocupa especialmente la cancelación de CEJUDHCAN, pues su trabajo en favor de los pueblos indígenas y defensa de los derechos humanos con enfoque en los derechos colectivos y territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes, es de suma importancia para las poblaciones que se encuentran en situaciones vulnerables y que históricamente han sido olvidadas por los gobiernos de turno, incluido el gobierno sandinista en los años 80 y, nuevamente, desde el período 2007-2022.

CEJUDHCAN ha advertido de un aumento significativo de la violencia protagonizada por “colonos” que han invadido las tierras que les pertenecen a los pueblos indígenas que habitan en el territorio.

Las agresiones han sido tan graves que, el 11 pasado de marzo, el Gobierno Indígena del Territorio Mayangna Sauni Arungka, decretó un estado de alerta ante una posible invasión de tierras luego que uno de sus miembros fuera torturado y asesinado, tras haber desaparecido durante varios días cuando trabajaba una parcela de tierra.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet afirmó el pasado 7 de marzo que «los pueblos indígenas de Nicaragua han seguido sufriendo ataques violentos en el contexto de disputas territoriales, la mayoría de ellos en total impunidad». En ese mismo informe, Bachelet expresó que había recibido noticias de al menos 6 ataques e incidentes violentos durante el año 2021 cuando se asesinó a 11 hombres indígenas, una mujer y una niña violadas, y otras siete personas heridas, incluidos dos niños.

La cancelación de CEJUDHCAN demuestran el irrespeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas consagrado en la Constitución de la Nación. Además, demuestra la falta de voluntad del gobierno a la organización de los pueblos indígenas como comunidades autónomas.

Pronunciamiento

Desde Raza e Igualdad, expresamos nuestra solidaridad a estas organizaciones. Nos preocupa profundamente que su cierre agrave aún más la situación de grupos que han sido históricamente vulnerabilizados  en Nicaragua, como los pueblos indígenas y afrodescendientes, y mujeres; así como el cierre de más espacios participativos y de diálogo, la censura y el recrudecimiento de la represión.

Ante esta lamentable situación, demandamos al Estado de Nicaragua:

• Cesar de inmediato los ataques contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
• Derogar el marco legal que permite que organizaciones y personas defensoras sean criminalizadas por su trabajo en la promoción y defensa de los derechos humanos.
• Restituir la personalidad jurídica de las asociaciones canceladas, así como proceder a la devolución de los bienes que han sido incautados.
• Respetar sus obligaciones en materia de derechos humanos y cumplir con las recomendaciones de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
• Investigar estas violaciones a la libertad de asociación y al derecho a defender derechos, juzgar y sancionar a todos los responsables.
• Respetar los derechos de asociación y autodeterminación de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Reiteramos la urgente necesidad de establecer un Mecanismo internacional de investigación y rendición de cuentas en el marco de la 49 sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Este grupo de expertos investigaría los hechos denunciados con un enfoque interseccional, preserve las evidencias, identifique a los perpetradores y siente las bases del proceso de justicia que Nicaragua necesita para salir de esta crisis.