Raza e Igualdad denuncia la situación de personas presas políticas en Cuba, Nicaragua y Venezuela en el marco de la IX Cumbre de las Américas

Raza e Igualdad denuncia la situación de personas presas políticas en Cuba, Nicaragua y Venezuela en el marco de la IX Cumbre de las Américas

Washington DC, 2 de junio de 2022.En el marco de la Cumbre de las Américas, el Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos– que es liderado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)– realizará el evento “¿Presos por qué?: Personas presas por motivos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela”, cuyo objetivo es generar un espacio de reflexión y diálogo sobre las circunstancias y condiciones que experimentan las personas privadas de libertad en el ejercicio de sus derechos fundamentales en esos tres países.

El evento, que tendrá una modalidad híbrida, se llevará a cabo el miércoles 8 de junio en el salón Orpheum A del Hotel Índigo, en Los Ángeles (California), a partir de las 4:00 pm hora local (5:00 pm hora Centroamérica y 7:00 pm hora Caracas y La Habana). Asimismo, será transmitido por la página de Facebook y el canal de YouTube de Raza e Igualdad. 

Entre los panelistas, se encuentra Uzra Zeya, Subsecretaria para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos de Estados Unidos;  Brian A. Nichols, Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental; el Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y para la Prevención y Combate a la Tortura, Edgar Stuardo Ralón; y el Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada. 

También se contará con la participación de Victoria Cárdenas, empresaria nicaragüense y esposa del precandidato presidencial y preso político del régimen de Ortega y Murillo, Juan Sebastián Chamorro; Anamely Ramos, artista cubana y defensora de derechos humanos; Munira Muñoz, abogada y coordinadora de la organización Foro Penal USA/Venezuela. El evento será moderado por David Álvarez Veloso, Coordinador del Consorcio de Derechos Humanos.

La situación de las personas presas políticas en Cuba, Nicaragua y Venezuela 

La cantidad de personas presas políticas en Cuba, Nicaragua y Venezuela continúa incrementando. Estos tres países se caracterizan por tener gobiernos autoritarios que utilizan leyes para criminalizar las actividades de promoción y defensa de los derechos humanos, el periodismo y a la oposición política. 

Cuba

En Cuba, cuyo sistema de partido único mantiene un férreo control sobre la sociedad en todos sus ámbitos, se contabilizaban 150 personas presas políticas hasta julio de 2021, pero tras las históricas protestas del 11 y 12 de julio, la cifra aumentó a más de 1400. Entre las personas detenidas hay por lo menos 50 menores de edad, de los cuales, hasta marzo de 2022,  20 habían sido enjuiciados y condenados a entre 7 y 13 años de prisión.

Nicaragua

En Nicaragua, la represión estatal y paraestatal a las manifestaciones pacíficas iniciadas en abril de 2018, resultó en 355 víctimas fatales, más de 2,000 personas heridas y 1,614 detenciones arbitrarias.

La crisis se ha extendido por más de cuatro años y, actualmente, más de 170 personas se encuentran presas por motivos políticos, sin acceso a atención médica especializada en condiciones que incumplen las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Personas Reclusas (Reglas Nelson Mandela) y la Ley interna en materia de derechos humanos, que pueden calificarse de tratos crueles, inhumanos, degradantes, torturas físicas y psicológicas. Esta situación es especialmente crítica para las 14 mujeres presas políticas, 19 personas de la tercera edad y personas con enfermedades crónicas.

Venezuela

Desde el 2014 Venezuela no ha sido la excepción a la profundización de la crisis de derechos humanos, luego que la ciudadanía saliera a protestar por la situación económica y de inseguridad en el país. Ese año, el número de personas detenidas por motivos políticos alcanzó los 3,708, mientras que en 2017 se registraron 5,511 arrestos por las mismas motivaciones. Actualmente, según la organización Foro Penal, hay 239 personas privadas de libertad por motivos políticos en este país. 

Desde el año 2014 al menos 10 personas presas políticas han perdido la vida y la organización Foro Penal ha reportado que las condiciones carcelarias en el país son precarias, y ha registrado casos de presos por motivos políticos que se encuentran recluidos junto a presos comunes. 

¿Cuándo una persona es presa política?

En el ámbito del derecho internacional, no hay una definición o caracterización de personas presas políticas. Sin embargo, la existencia de esta problemática en la región ha permitido identificar criterios para determinar cuándo una persona ha sido privada de libertad por motivos políticos, independientemente del país donde se registre.

Estos son algunos:

  • Las actividades de la persona están vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión, asociación o reunión; la oposición política, la defensa de los derechos humanos y manifestaciones pacíficas.
  • El Estado lleva a cabo acciones con el fin de consolidar o retener el poder, las cuales resultan en violaciones a los derechos humanos.
  • Existe una utilización y articulación de las estructuras e instituciones del Estado para la privación arbitraria de la libertad de la persona y su criminalización.
  • El contexto se caracteriza por Estados unipartidistas y autoritarios, donde las instituciones democráticas no existen…aunque hay registro de casos en contextos de países con cierta institucionalidad democrática reconocida.

Información del evento ¿PRESOS POR QUÉ? Personas presas por motivos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. 

Miércoles, 8 de junio de 2022

4:00 PM Los Ángeles | 5:00 PM Centroamérica | 7:00 PM Caracas – La Habana

Hotel Índigo – Los Ángeles, Downtown | Salón Orpheum A

RSVP y registro virtual: https://bit.ly/3sVeJAw

Interpretación simultánea ESPAÑOL | INGLÉS | PORTUGUÉS

17M: La tarea es eliminar la LGBTIfobia estructural

Washington D.C., 17 de mayo de 2022.– Las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y de identidades diversas a lo largo de la historia universal han sido perseguidas por su identidad de género y su orientación sexual. Aunque hay avances normativos en materia de derechos humanos aún en algunas sociedades patologizan y criminalizan a las personas LGBTI+.

Incluso, hasta el 17 de mayo de 1990, Organización Mundial de la Salud (OMS) consideraba a la homosexualidad como una patología mental, así lo registró en la primera versión de su Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de 1948. Asimismo, desde 1975 definieron a la transexualidad como un trastorno mental. Recién en el 2018, con la versión CIE-11, la sacó de la lista.

Por ello, cada 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia se conmemora la histórica decisión de la OMS que contribuyó a la despatologización y al reconocimiento de la homosexualidad como un aspecto natural de la vida y de la sexualidad. Sin embargo, aún en muchos lugares del mundo, la diversidad sexual es condenada por la religión, las leyes y la sociedad, incluso con pena de muerte.

El daño histórico es irreversible y lo mejor que queda por hacer es saldar esa deuda histórica que ha colocado a la comunidad LGBTI+ en un contexto de particular vulnerabilidad.

Cuerpos como territorios de violencia

“Nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros derechos” es la consiga de este año elegida por la organización 17 de Mayo para conmemorar esta fecha. “Un tema que nos recuerda que muchos de nosotros en todo el mundo vivimos la LGBTQI-fobia en carne propia todos los días y que nuestros cuerpos están siendo abusados, arruinando nuestras vidas.”, describe su portal web.

En Latinoamérica y el Caribe, se registraron al menos 370 asesinatos de personas LGBTI+ en el 2020, y la tendencia desde 2014 es que el número de homicidios aumente anualmente, tal y como señala el último informe la red de organizaciones de la sociedad civil Sin Violencia LGBTI. A diario, se practican muchas violencias sobre los cuerpos que no cumplen con las expectativas de género binario cisnormativo heterosexual, siendo la muerte la forma más violenta de atentar contra las vidas de las personas de la diversidad sexual.

Lucha LGBTI+

Gracias a los liderazgos LGBTI+ y a la suma de contribuciones de organizaciones de derechos humanos, hoy hay más personas visibles y no visibles uniéndose a la lucha LGBTI+ contra la desigualdad, violencia y la discriminación estructural.

Sin embargo, es compromiso de todes construir y defender una sociedad plural, donde se respeten las diversas formas de expresar, pensar, actuar, amar y ser. Esta es una lucha de todes, para todes y que todes debemos hacer nuestra. Como menciona Dhananjayan Sriskandarajah, director de Oxfam, en una columna de opinión de Equal Times, la defensa de la dignidad, la libertad, la identidad y la vida son derechos ligados intrínsecamente a los derechos de cada une.

En la campaña global a favor de la igualdad, justicia social y no discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género todes debemos ser parte.

Acciones contra el odio y la violencia

Este 17 de mayo, desde Raza e Igualdad conmemoramos el derecho a vivir libres de violencia y con dignidad. Si bien existen cambios normativos y reconocimientos legales en muchos países, creemos que no es suficiente. Tenemos el firme convencimiento de que la verdadera transformación social llegará cuando, desde diferentes sectores, empecemos un verdadero trabajo para deconstruir los pensamientos y actitudes de las sociedades que no permite que todas las personas en sus diversidades puedan vivir plenas y seguras.

Por ello, conminamos a los Estados a combatir el estigma, la discriminación y la violencia estatal que precariza las existencias LGBTI+ residentes y en movilidad humana, que permite el abuso policial, la impunidad en crímenes de odio, la discriminación, la violencia en espacios educativos y sanitarios, la tortura, la violencia sexual y reproductiva, los malos tratos, los trámites injustificados y un largo etcétera de acciones que disfrazan y justifican la violencia para seguir manteniéndoles en la marginalización.

Todo ello, tiene efectos reales, graves y adversos en la seguridad integral de la población LGBTI+, en el acceso al trabajo, en sus desarrollos, en la educación y en la salud física y mental que no se pueden tolerar más. Se necesitan los esfuerzos de todos los Estados y sociedades para eliminar el entorno LGBTIfóbico y garantizar los derechos humanos de la población LGBTI+. Esto no se logrará sin la voluntad política de escuchar activamente, comprender y abordar con altura las necesidades específicas de lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y demás identidades diversas.

Día Mundial de la Libertad de Prensa: Periodismo en resistencia dentro y fuera de Nicaragua

Washington D.C., 3 de mayo de 2022.- Este 3 de mayo, se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa; sin embargo en Nicaragua, los medios de comunicación Confidencial, 100% Noticias y La Prensa están confiscados; Radio Darío vive bajo permanente asedio de la policía, periodistas, comentaristas, trabajadores de medios y colaboradores de organizaciones promotoras de la Libertad de Prensa están arbitrariamente en la cárcel; el asesinato del periodista Ángel Gahona continúa en la impunidad; más de 100 periodistas informan desde el exilio, y las y los periodistas que reportan desde el terreno lo hacen desde la clandestinidad debido a las represalias. 

Por ello, con el objetivo de denunciar el grave deterioro de la Libertad de Prensa en Nicaragua, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) conversó con tres periodistas nicaragüenses exiliados sobre los patrones represivos contra la prensa, su decisión de exiliarse, los retos y oportunidades de informar desde dentro y fuera del país, entre otros aspectos. A continuación sus comentarios sobre la situación. 

María Lilly Delgado: Hay una nueva versión del periodismo de catacumbas 

María Lilly Delgado es una periodista nicaragüense con larga trayectoria en medios nacionales e internacionales que, como corresponsal para la cadena internacional Univisión, cubrió las protestas de abril del año 2018. En mayo del año 2021, Delgado fue citada a la Fiscalía como “testigo” por el caso de supuesto lavado de dinero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Posteriormente, cuando solicitó la presencia de un abogado en la cita, las autoridades cambiaron su condición a “investigada” y le aplicaron restricción migratoria y “prohibición a salir a lugares públicos y reuniones”. Actualmente se encuentra exiliada en Estados Unidos. 

Para Delgado, en Nicaragua, la prensa y los periodistas independientes son perseguidos por pensar y expresarse diferente a la narrativa oficial del régimen, por informar la demanda de justicia de los familiares de las víctimas de la represión estatal y los familiares de las personas presas políticas. “El régimen quiere aniquilar o silenciar toda voz disidente y crítica”, denunció.

“Hay una nueva versión del periodismo de catacumbas a través de la social media y la web”, afirmó refiriéndose a que, ante el peligro inminente, las y los periodistas operan de forma anónima y “prácticamente clandestina” a lo interno del país. 

Sobre informar desde el exilio, Delgado considera que representa “un enorme reto” porque las mujeres y los hombres de prensa no solo deben reinventarse y expandirse, también deben explorar alianzas, hacer periodismo colaborativo con el objetivo de seguir elevando la calidad del contenido periodístico, buscar la sostenibilidad; y adicionalmente, garantizar la seguridad de quienes reportan a lo interno.

Pese a los momentos difíciles que está viviendo el periodismo nicaragüense, la periodista cree que es el momento de renovar el compromiso con los principios de la ética periodística, como son la verdad y precisión, independencia y humanidad. “Desde donde estemos intentemos poner nuestro grano de arena con este enorme ejército de periodistas que desde dentro y fuera de Nicaragua reivindican su derecho a informar sobre la crisis de derechos humanos”, finalizó.

José Denis Cruz: El régimen no quiere una prensa crítica sino una que sea el altoparlante de su discurso

José Denis Cruz es un periodista nicaragüense que se encuentra exiliado en España. Trabajó en La Prensa y El Nuevo Diario, dos periódicos de edición nacional que cesaron de circular debido a la política represiva del régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Decidió exiliarse en el año 2018, luego de cubrir las protestas sociales, exponerse a golpizas, balas y otros ataques, y tras concluir que “Nicaragua ya no era un país seguro para los periodistas”. Actualmente labora en un medio español de fact-checking y verificación de noticias falsas. 

Para Cruz, ejercer la libertad de prensa sin sufrir represalias es difícil. Los medios y periodistas nicaragüenses han sufrido asedio, censura, amenazas, exilio forzoso, criminalización y en el peor de los casos, asesinato. “Ese ha sido el costo que ha pagado el periodismo por ejercer la libertad de prensa”, lamentó. 

El régimen no quiere una prensa crítica sino una que sea el altoparlante de su discurso, y el periodismo independiente ha sido valiente en desafiarlo. Las y los periodistas, como toda sociedad que quiere un cambio, defendemos los valores de libertad, justicia y democracia”, expresó.

Sobre informar desde el exilio, Cruz considera que los medios de comunicación que han surgido desde fuera son admirables, se adelantaron a los tiempos con nuevos formatos como las entrevistas a través de la plataforma ZOOM y las reuniones editoriales virtuales. Las y los periodistas se las ingenian para contar las noticias desde nuevas narrativas como podcasts y explainers. “Hay una reinvención del periodismo y por primera vez vemos  medios que no están ligados a grupos de poder”. Sin  embargo, considera que siempre estará presente el reto de mantener la calidad, y encontrar el equilibrio entre la salud mental y la sostenibilidad de los medios

Finalmente, José Denis envía el siguiente mensaje para quienes continúan informando desde Nicaragua: “Tengan cuidado. No queremos más mártires… Valoramos su valentía, sin ustedes no supiéramos cómo va el país”. Para sus colegas en el exilio, envía un mensaje de resistencia: “Sigamos resistiendo y denunciando, desde cualquier espacio, las violaciones a los derechos humanos que comete el régimen”.

Carlos Eddy Monterrey: Este régimen es capaz de todo, es un régimen represivo

Carlos Eddy Monterrey es un periodista radial que trabajó como comentarista del noticiero “Tras La Noticia” de Radio La Costeñísima, el único medio de comunicación independiente en la ciudad de Bluefields, en la Región Autónoma del Caribe Sur de Nicaragua. En su programa radial, Monterrey abordaba la crisis sociopolítica y económica, la autonomía regional, el debilitamiento de las instituciones, entre otros temas de interés regional y local. Como consecuencia de esta labor, el periodista fue agredido verbalmente por un ex Secretario Político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y simpatizantes de dicho partido, también sufrió constante acoso policial, amenazas y campañas de desprestigio. Actualmente está exiliado.

Para Monterrey, ejercer la libertad de prensa es “la libertad de informar, tener acceso a la información de parte de organismos e instituciones del Estado sin represión, ni censura”, pero esto no sucede en Nicaragua, “el régimen está desafiando todos los acuerdos internacionales”, lamentó. 

El periodista compartió que, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le extendió medidas cautelares porque su vida e integridad personal se encuentran bajo riesgo y urgencia, “esto definitivamente no ha sido acatado por el Gobierno, por el Estado”. Asimismo, lamentó que personas con medidas cautelares de la CIDH hayan sido encarceladas.

Sobre los retos que enfrentan las y los periodistas en el exilio, Monterrey lamentó las dificultades económicas, así como la necesidad de mantener un “bajo perfil”, no identificarse o evitar hacer publicaciones por miedo a que el régimen tome acciones contra sus familiares. 

Ya sabemos que este régimen es capaz de todo, es un régimen represivo, criminal y viola totalmente todos los derechos humanos, civiles y políticos de todos los ciudadanos nicaragüenses”. 

Por otro lado, denunció que las y los periodistas que continúan trabajando desde el terreno se enfrentan a acoso constante y amenazas de fanáticos; pero también destacó que tienen una gran capacidad para “ingeniárselas”, tomar medidas de seguridad, e informar a través de plataformas digitales. “Esa es la manera en que la población nicaragüense se da cuenta de lo que ocurre”. 

Finalmente, su llamado es a “seguir resistiendo e informando a un pueblo ávido de información y ávido de conocer la verdad de lo que realmente está ocurriendo, que es lo que trata de ocultar el régimen Ortega Murillo (…) que se divulgue la verdad y que seamos críticos contra todas las atrocidades y barbaridades que cometen”.

Pronunciamiento

En este día, Raza e Igualdad se solidariza con las y los periodistas nicaragüenses que se encuentran dentro y fuera del país; así como con las personas trabajadoras de medios de comunicación, las personas defensoras de la libertad de prensa y sus familias. La continuidad de su labor es fundamental para el restablecimiento de la democracia en Nicaragua así como para que las víctimas y sus familias accedan a la justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición.

Demandamos la liberación inmediata y sin condiciones de todas las personas presas políticas, incluidas personas periodistas, trabajadoras de medios y de organizaciones defensoras de libertad de expresión y libertad de prensa que han sido injustamente condenadas.

Instamos al Gobierno de Nicaragua a respetar la libertad de prensa, brindando condiciones para que las y los periodistas desarrollen su trabajo sin enfrentar asedio policial, persecución, amenazas, judicialización, exilio, e incluso la muerte.

Demandamos la derogación de la Ley Especial de Ciberdelitos, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y otras leyes con las que se ha criminalizado el ejercicio de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de informar. 

#26A Día de la Visibilidad Lésbica: desafiando al heteropatriarcado

Washington D.C., 26 de abril de 2022.- En varios países del mundo, cada 26 de abril se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica. Tal y como se concibe la fecha, es un acto político que reivindica la presencia y el papel de las personas lesbianas en los espacios públicos. Es también una oportunidad para continuar luchando por los derechos humanos y para visibilizar los múltiples desafíos que enfrentan desde la sociedad y el Estado. 

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), además de reiterar su compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos de la población LGBTI+, da especial reconocimiento a las vidas lesbianas que se rebelan y enfrentan al mandado de la heteronormatividad, un sistema que normaliza e institucionaliza la violencia contra las diversidades sexuales e identitarias. A lo largo del tiempo, dicha contribución ha sido y es de suma importancia para la lucha por los derechos humanos y la vida digna. 

Esta también es una oportunidad para recordar las valerosas luchas del movimiento lésbico y las tareas pendientes que los diversos Estados de América Latina y el Caribe tienen con las lesbianas. En la historia de Perú, por ejemplo, este año por primera vez una pareja de madres y esposas lesbianas, Jenny Trujillo y Darling Delfín, demandaron al Estado Peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “tras esperar casi 5 años a que la justicia peruana garantice los derechos de su hijo y de ellas como lesbianas y madres”, como indica el portal web de Demus, organización que litiga el caso. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) del país se niega a registrarlas a ambas en el documento de identidad de su hijo como sus madres, pese a que, en primera instancia, el Poder Judicial le ordenó hacerlo. Actualmente, el caso tiene una petición y solicitud de medida cautelar en curso dentro del Sistema Interamericano. En Perú, las familias homoparentales siguen siendo tabú y no gozan de los derechos que les corresponde por ley. A menudo, las madres lesbianas son criminalizadas por sus exparejas hombres y por la justicia peruana que durante los procesos de tenencia pretenden quitarles a sus hijos/as. Por ello, el caso de Jenny y Darling marcaría un gran precedente en el reconocimiento legal de familias diversas.  

En Colombia, el caso de Marta Lucía Álvarez Giraldo también llegó a la CIDH y tuvo un precedente importante. Ella estuvo privada de su libertad en el Centro de Reclusión Dosquebradas «La Badea», en Pereira, cuando demandó al Estado porque las autoridades penitenciarias se negaron a autorizar el ejercicio de su derecho a la visita íntima debido a su orientación sexual. Como resultado de un proceso legal de 9 años y una Solución Amistosa en el Sistema Interamericano, el Estado tuvo que pedir  disculpas por discriminarla e implementar una reforma al reglamento del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para prohibir que se sancionen las manifestaciones de afecto entre integrantes de los sectores LGBTI+ al interior de las cárceles.  

Por otro lado, en República Dominicana, organizaciones de promoción y defensa de los derechos de las personas LGBTI+ como TRANSSA, el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans y el Voluntariado GLBT se encargan de documentar y producir data sobre situaciones de violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género, una labor que en general los Estados de la región no desempeñan.  En su último informe titulado “Homicidios de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex en la República Dominicana” señalan que entre 2020 y 2021, en este país asesinaron a dos mujeres lesbianas, una en cada año.  

La falta de un sistema de registro estatal que recopile datos sobre las violencias contra las personas LGBTI+ dificulta la formulación de políticas públicas de prevención y atención, e imposibilita producir datos estadísticos para visibilizar y abordar la violencia adecuadamente. 

Por su parte, Nicaragua vive una crisis sociopolítica y de derechos humanos que agrava la situación de aquellos grupos que han sido históricamente vulnerados, como las personas LGBTI+, y más aún si participan en espacios políticos y de defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, desde el estallido de la rebelión cívica en abril de 2018, más de 70 personas de la diversidad sexual y de género han sido víctimas de campañas de odio, y más de 4 personas estuvieron encarceladas por motivos políticos y en condiciones discriminatorias por su orientación sexual e identidad de género. Dos lideresas lesbianas de la Mesa Nacional LGBTIQ+ de Nicaragua que se encuentran en el exilio aseguraron que, en los espacios políticos nicaragüenses, tanto oficialistas como de oposición, se invisibilizan las demandas de las mujeres lesbianas y no se priorizan medidas que garanticen sus derechos. Además, manifestaron que las mujeres lesbianas no tienen acceso real a los espacios de toma de decisiones y más si son jóvenes.  

En Cuba desde 2002, Las Isabelas -primer grupo de activismo formado por mujeres no heterosexuales de Cuba- vienen reclamando el reconocimiento de sus uniones y familias, sus derechos patrimoniales como pareja, a visitas conyugales para mujeres lesbianas en las cárceles, la Educación Integral de la Sexualidad y la perspectiva de género.  Actualmente, el gobierno de este país promueve una serie de reuniones para dar a conocer y debatir los alcances del proyecto de ley del Código de las Familias. Sin embargo, esta iniciativa que reconoce a las familias diversas se someterá a consulta popular, una situación insólita porque los derechos humanos no se supeditan a votación.  

Desde Raza e Igualdad seguimos trabajando a favor de los derechos de las personas LGBTI+ y de la mano con diversas organizaciones a fin de erradicar los estereotipos, prejuicios y normas sociales que discriminan y normalizan la violencia contra las lesbianas en espacios públicos y privados. Trabajaremos para derribar la heterosexualidad obligatoria que perpetúa el bullying lesbofóbico, las terapias de conversión, las violaciones correctivas entre otros crímenes de odio. ¡Los derechos LGBTI+ son derechos humanos! 

En ese sentido, recomendamos a los Estados: 

  • Implementar las políticas de Educación Sexual Integral bajo un enfoque de derechos humanos a fin de que se reconozca y respete la diversidad sexual y las identidades de género. 
  • Garantizar el trato digno hacia las mujeres lesbianas y personas GBTI+ en todos los servicios públicos y privados del país a través del fortalecimiento de los programas de capacitación a autoridades, operadores de justicia, funcionarios públicos y personal administrativo, y a través de la adecuación de los protocolos de atención. 
  • Registrar, documentar y analizar las violencias contra lesbianas y personas GBTI+ a fin de ilustrar mejor las situaciones de violencia y, posteriormente, formular políticas de prevención y atención. 
  • Garantizar el acceso a la justicia a través de la investigación y sanción de la discriminación y los crímenes cometidos contra las mujeres lesbianas y personas GBTI+. Asimismo, elaborar mecanismos que evite la criminalización de las madres lesbianas en procesos de tenencias de sus hijos/as. 
  • Garantizar y defender los derechos civiles y el derecho a la familia de las lesbianas y personas LGBTI+ a través del acceso al matrimonio igualitario y el reconocimiento legal de madres lesbianas y familias diversas. En ese sentido, respetar también los derechos adquiridos en el extranjero.  
  • Promover el acceso de lesbianas y personas GBTI+ a espacios políticos y cargos de poder a fin de garantizar el derecho a la participación política sin violencia y la representación de identidades.  

Representante OACNUDH sobre Nicaragua: La creación del Grupo de Personas Expertas en Derechos Humanos supone un paso adelante hacia la rendición de cuentas

Washington D.C., 20 de abril de 2022.- En el cuarto aniversario del inicio de la crisis socio política y de derechos humanos de Nicaragua, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos entrevistó al Representante Regional para América Central de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Alberto Brunori, sobre el rol de las Naciones Unidas en la situación que atraviesa el país desde el año 2018, la negativa del Estado de Nicaragua a cumplir las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH) y otros órganos internacionales de protección, y el papel del Mecanismo de investigación y rendición de cuentas establecido en la 49 sesión del CDH.

El Mecanismo de investigación y rendición de cuentas adoptado por el Consejo es un pedido de las organizaciones de la sociedad civil tales como el Colectivo 46/2, conformado por Raza e Igualdad y otras veinte organizaciones de derechos humanos han realizado desde el año 2021, luego de confirmar el deterioro progresivo de la situación y la absoluta falta de voluntad del Estado nicaragüense para cumplir las recomendaciones de Naciones Unidas. Este Mecanismo estará conformado por tres personas expertas en derechos humanos que, durante un año, investigarán de forma exhaustiva e independiente, establecerán los hechos y las circunstancias, recopilarán, preservarán y analizarán las pruebas, y -cuando sea posible- identificarán a los responsables de las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril del año 2018.

Para Brunori, este Grupo de Personas Expertas en Derechos Humanos tiene un mandato “inédito” y “supone un paso adelante hacia la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua”

Nicaragua lleva más de 4 años inmersa en una profunda crisis de derechos humanos. El Consejo de Derechos Humanos la ha analizado y ha emitido cuatro resoluciones. ¿Cómo ha sido la posición del Estado de Nicaragua ante estas recomendaciones? ¿Qué acciones ha llevado a cabo el gobierno? ¿Cuál es la valoración de la OACNUDH al respecto?

Me preocupa que, a lo largo de los últimos cuatro años, el Gobierno no haya mostrado la intención de implementar las recomendaciones emitidas, tanto por el Consejo de Derechos Humanos, como por la Oficina del Alto Comisionado y otros mecanismos del Sistema Regional (OEA) y Universal de Derechos Humanos (ONU). El año pasado la Oficina publicó un boletín donde se establecen los escasos avances en este sentido. En septiembre de este año (2022), la Oficina presentará, por requerimiento del Consejo de Derechos Humanos, un informe actualizado y exhaustivo donde se analizará la implementación de las recomendaciones emitidas por los mecanismos de derechos humanos del sistema de la ONU hasta 2022.

Recientemente, en su 49 sesión, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una resolución que incluye el establecimiento de un mecanismo de investigación y rendición de cuentas para Nicaragua. ¿Cuál es el mandato de este mecanismo? ¿Qué características deben tener las personas expertas que lo conformarán? ¿Cuál será el rol de la OACNUDH en este?

La Resolución 49/3 refleja la preocupación existente en la comunidad internacional y en la sociedad civil nicaragüense. La creación del Grupo de Tres Personas Expertas en Derechos Humanos supone un paso adelante hacia la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua.

Su mandato, como reza la resolución, consistirá en realizar investigaciones exhaustivas e independientes de las violaciones de los derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril de 2018, establecer los hechos, reunir pruebas e identificar a los responsables, de manera que esta información pueda utilizarse también en futuras iniciativas de rendición de cuentas. También deberá formular recomendaciones que contribuyan a mejorar la situación de derechos humanos en el país y presentar un informe escrito al Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2023, entre otras tareas.

Cabe resaltar que el mandato ha destacado las posibles dimensiones de género de los abusos y violaciones, así como sus causas estructurales.

Las tres personas expertas serán elegidas por el Presidente del Consejo de Derechos Humanos, por lo que confiamos en su criterio para identificar los mejores perfiles que puedan llevar a cabo el mandato de manera exitosa. Estoy convencido de que se tratará de profesionales con conocimiento del país y la región, con un profundo dominio del derecho internacional de los derechos humanos, y con la experiencia necesaria para afrontar una tarea delicada que contribuya a que las víctimas de violaciones a sus derechos humanos en Nicaragua obtengan justicia y reparación.

La Oficina del Alto Comisionado, por su parte, seguirá cumpliendo su mandato de monitoreo regular de la situación de derechos humanos en el país. En tal sentido, la Resolución 49/3 refuerza el papel de la Oficina en el ámbito del monitoreo, de los informes y del análisis normativo, de manera independiente respecto al mandato del Grupo de Expertos.

Actualmente existe un Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) que fue establecido a partir de junio 2018 para darle seguimiento a las recomendaciones realizadas por la CIDH y el GIEI. ¿Cuáles son las principales diferencias entre ambos mecanismos? ¿Cuáles son los puntos fuertes del Mecanismo de Naciones Unidas? ¿Contemplan trabajar de la mano?

El MESENI y la Oficina vienen colaborando de forma estrecha en el monitoreo de la situación de derechos humanos en Nicaragua, de manera que realizamos reuniones de análisis e información, y emitimos comunicados conjuntos para expresar las preocupaciones que comparten tanto el Sistema Interamericano como el Sistema Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, el mandato de investigación, establecimiento de los hechos y circunstancias de las violaciones, e identificación de responsables que el Consejo le da al Grupo de Personas Expertas es inédito para Nicaragua, y precisamente ahí radica su fortaleza. El Grupo de Personas Expertas, además de informar a la comunidad internacional sobre lo sucedido en el país, reunirá pruebas que ayuden a llevar ante la justicia a los autores de las graves violaciones cometidas.

Por último, cabe agregar que el marco de colaboración establecido por el Consejo de Derechos Humanos en su Resolución 49/3, prevé también que el Grupo  pueda relacionarse con otros organismos de derechos humanos.

En múltiples ocasiones la Alta Comisionada Michelle Bachelet ha instado al gobierno de Nicaragua permitir el reingreso de su Oficina. En su último informe lo solicita nuevamente. ¿El Estado de Nicaragua ha respondido a alguna de estas comunicaciones? ¿Qué acciones realizará la Oficina para lograr un “sí” por parte del Estado? ¿Qué expectativas tiene de esta visita?

El Gobierno no ha contestado a las múltiples peticiones de la Oficina de acceso al país, de las que se han hecho eco también numerosos Estados miembros y organismos internacionales. Por nuestro lado, seguiremos reiterando nuestra petición, tanto en nuestros informes públicos como de manera bilateral.

Tener acceso al país nos permitiría tener un conocimiento aún más profundo sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. Podríamos, además, tener la oportunidad de visitar a las personas arbitrariamente detenidas y contribuir a la mejora urgente de su situación. Igualmente, podríamos establecer una interlocución franca y directa con el Gobierno, que no resulta posible cuando el intercambio se reduce a comunicaciones bilaterales que no son respondidas y, cuando son públicas, contienen  consideraciones políticas sin entrar al fondo de las cuestiones de interés para los derechos humanos. La presencia en el país también nos permitiría llegar y dar aliento a tantas personas defensoras de derechos humanos que están realizando su labor en una situación de extrema precariedad, y bajo la constante amenaza de la prisión o el exilio.

De no recibir una respuesta positiva del gobierno de Nicaragua para trabajar en el terreno, ¿Cuáles son las oportunidades y desafíos que podrían enfrentar estas personas expertas al trabajar a distancia?

La ONU cuenta con amplia experiencia en el monitoreo remoto, tanto debido a situaciones de conflicto e inseguridad donde no resulta posible el acceso físico a un determinado territorio, como (más frecuentemente) por la objeción de los gobiernos a permitir la entrada de oficiales de derechos humanos de la misma. Los gobiernos deben saber que bloquear el acceso de los y las investigadoras puede entorpecer su trabajo, pero finalmente no va a detener los avances hacia la rendición de cuentas. Por medio de entrevistas (físicas y virtuales) con víctimas y testigos, y el análisis de documentación, puede realizarse una labor exhaustiva de investigación. Pero, en todo caso, no debemos adelantarnos sobre este punto, pues, deberán ser las y los propios expertos los que valoren la situación en su momento.

Ante la falta de verdad y justicia en Nicaragua, ¿Qué mensaje le enviaría a las víctimas de la represión y a la ciudadanía nicaragüense? ¿Cuál es su llamado al gobierno de Nicaragua?

Ante las víctimas y todas las personas que han sufrido violaciones de derechos humanos, incluyendo a familiares que han perdido a sus seres queridos, o quienes llevan meses e incluso años en prisión de manera injusta, sólo puedo extender mi solidaridad. Admiro profundamente la resiliencia que han mostrado y el trabajo que siguen realizando, tanto dentro de Nicaragua como en el exilio, por mejorar la situación en el país. Esta crisis se está extendiendo ya por demasiado tiempo, y espero que no pierdan la esperanza por lograr que se haga justicia, se libere a todas las personas que están detenidas arbitrariamente y en situaciones inhumanas, y se tomen las medidas que aseguren que estas violaciones no vayan a repetirse.

Al Gobierno le diría ante todo que, más allá de toda la serie de recomendaciones que ha recibido por parte de los organismos de derechos humanos, escuche y dé la voz a los y las nicaragüenses. Las profundas desavenencias que pueden existir sobre el modelo de sociedad que desean para Nicaragua y sobre su papel en el mundo, no pueden jamás justificar la privación de la vida y de la libertad, las torturas ni la exclusión de la vida social y política. El Gobierno debe saber que de esta crisis solo puede salir cesando inmediatamente la persecución contra aquellos sectores de la sociedad con los que discrepa, e incorporándolos al debate y a los ámbitos de decisión políticos.

Relatora CIDH para Nicaragua: “Seguiremos monitoreando la situación, acompañando y escuchando a las víctimas”

La labor de monitoreo, documentación, denuncia y condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido fundamental desde el inicio de la grave crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua. Reconociendo su labor, en el cuarto aniversario de la rebelión cívica de abril 2018, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) entrevistó a la Relatora para Nicaragua de la CIDH, Esmeralda Arosemena, sobre el rol que ha jugado este organismo en la situación que atraviesa el país desde abril de 2018 y cuáles podrían ser los próximos pasos para lograr verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas de la violencia y represión.

En un informe publicado en octubre de 2021, la CIDH advirtió que en Nicaragua existe un debilitamiento del Estado de Derecho y un profundo deterioro en materia de Derechos Humanos que se viene fraguando desde hace dos décadas. ¿Qué avances o retrocesos se han dado en Nicaragua en materia de Derechos Humanos desde la publicación de este informe (octubre de 2021)? ¿Qué nuevos patrones se han identificado y qué es lo que más preocupa actualmente?

El informe recoge varios elementos que dan cuenta de lo que señala el título del mismo, concentración del poder y debilitamiento del Estado de derecho en Nicaragua. En noviembre de 2021 se llevaron a cabo elecciones en un contexto de represión, corrupción, fraude electoral e impunidad estructural, lo cual permitió asegurar que el Ejecutivo se perpetúe en el poder y a su vez, consolidar un régimen antidemocrático en el país.

La CIDH observa que el Estado continúa con una estrategia tendiente a mantener cooptado el espacio cívico y democrático mediante la imposición de un estado policial perpetuo, y de nuevas medidas y leyes que restringen de manera arbitraria los derechos de la población. Recientemente, desde la CIDH, rechazamos el cierre masivo y forzado de organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, universidades, agencias de cooperación y desarrollo, colectivos feministas, gremios médicos, entre otros.

Por otro lado, tenemos muy presente la violación del derecho penal, incluso (las) recogidas en las normas constitucionales del país; y la criminalización de las personas identificadas como opositoras al gobierno, elemento que responde a la falta de independencia judicial y separación de poderes de un Ministerio Público y un Poder Judicial sometido a la voluntad del gobierno en un claro desmedro del Estado de derecho y de la democracia. Ello recordando a las presas políticas y presos políticos que, entre febrero y marzo fueron juzgadas, y condenadas con altísimas penas, sin garantías judiciales.

Han pasado 4 años desde el inicio de la crisis en el país, y el régimen de Ortega y Murillo continúa sin dar una respuesta a las recomendaciones y medidas cautelares otorgadas por la CIDH e incumple sentencias y resoluciones de la Corte-IDH. ¿Cómo valora esta posición de Nicaragua? ¿Cuál es la posición de la CIDH para contribuir al cese de la represión y a la salida de esta crisis? ¿Qué mecanismos o instrumentos internacionales adicionales existen para la rendición de cuentas en Nicaragua?

Entre los roles que la CIDH tiene, está el de generar conciencia sobre los derechos humanos, visibilizar las vulneraciones, y hacer uso de sus mecanismos de protección como las medidas cautelares. En tal sentido, seguiremos monitoreando la situación, acompañando y escuchando a las víctimas, y exigiendo que Nicaragua restablezca su democracia y repare las graves e inaceptables violaciones que siguen ocurriendo bajo un régimen que decidió no ser democrático.

La Comisión ha valorado la falta de cumplimiento de sus recomendaciones para la inclusión del Estado de Nicaragua en la sección B del Capítulo IV de su Informe Anual por tres años consecutivos. Hemos otorgado más de 30 medidas cautelares a personas, líderes, lideresas, opositoras políticas por estar en situación de riesgo y daño irreparable a sus derechos. Por su parte, la Corte Interamericana en 2021 comunicó a la OEA el desacato del Estado de Nicaragua a las medidas provisionales dictadas a favor de la liberación de las personas presas políticas en el país. Esto ejemplifica que, desde los órganos del Sistema Interamericano se está haciendo uso de todas las herramientas convencionales disponibles para contribuir con el cumplimiento de las recomendaciones formuladas al Estado.

Debemos recordar que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua fue una instancia instalada mediante un acuerdo entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (SG OEA), la CIDH y el gobierno de Nicaragua para investigar los hechos de violencia acaecidos en el período del 18 de abril al 30 de mayo de 2018. El GIEI presentó su informe que daba cuenta de las graves violaciones ocurridas y que continuaron. Posteriormente, la CIDH instaló su Mecanismo Especial de Seguimiento también para Nicaragua (MESENI) para seguir monitoreando y visibilizando. Ahora Naciones Unidas ha resuelto establecer también tiene una propuesta de establecer un grupo de personas expertas para que investigue las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.

Recientemente, en una audiencia de la CIDH, expresó que ha intentado establecer un diálogo con el Estado pero no ha recibido respuesta alguna. ¿Cree que hay posibilidades de obtener una respuesta positiva del Estado en el corto plazo? ¿Qué resultados se puede esperar de este diálogo?

La Comisión Interamericana ha expresado permanentemente su disposición para colaborar técnicamente con el Estado para el restablecimiento de los derechos humanos, el Estado de Derecho y el cumplimiento de las recomendaciones. Desde nuestro rol, seguiremos insistiendo en que el diálogo nacional con los organismos que cumplen la función de defender y promover los derechos humanos, es una de las vías que debe asumirse en todo sistema democrático para la reparación, para la memoria, verdad y justicia.

Anteriormente, usted ha expresado que las personas presas políticas son prioridad para la Comisión. Desde su Relatoría:¿Visualizan avances que podrían resultar en la pronta liberación de las personas presas políticas? ¿Qué otros esfuerzos se prevén para exigir la liberación de estas personas?

Para la Comisión, las 171 personas presas políticas son prioridad y continuará trabajando por su liberación, así como para garantizar el debido proceso y el acceso a una defensa. Sin embargo, como lo mencioné con antelación, lamentamos la falta de voluntad del Estado para dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas y liberarlas de inmediato. Por lo anterior, la Comisión seguirá haciendo uso de todos sus mecanismos para que las presas y los presos salgan en libertad y reciban justicia y reparación.

En mi calidad de relatora para Nicaragua, seguiré acompañando a las mujeres y hombres que hoy son presos y presas políticas, a través de sus familias, amigas y amigos, de sus abogadas y abogados.

Como Relatora de Pueblos Indígenas, ¿Cuál es su valoración de la reciente cancelación de la organización defensora de derechos humanos de pueblos indígenas y afrodescendientes CEJUDHCAN? ¿Qué desafíos existen en relación a la obligación estatal de respetar la autodeterminación de estos pueblos en Nicaragua?

Sin lugar a dudas, el cierre de esta organización (CEJUDHCAN) tiene consecuencias graves para la protección de los derechos y territorios tradicionales de los pueblos  de la Costa Caribe Norte de Nicaragua. Al respecto, integrantes de diferentes comunidades han denunciado los graves efectos que el cierre de esta organización tiene para la protección de sus derechos, tierras y territorios tradicionales en un contexto de agresiones sistemáticas por parte de «colonos» (terceros invasores no indígenas). Vale recordar que los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales están estrechamente vinculados con sus tierras, territorios, recursos naturales, instituciones sociales, culturales y políticas propias, y su libre determinación.

En el informe sobre derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales de la CIDH se hace referencia a que los distintos elementos constitutivos de la libre determinación como la participación política, consulta y consentimiento libre, previo e informado, forman parte de compromisos y obligaciones de los Estados en virtud de instrumentos internacionales. Este es uno de los desafíos que los Estados, entre ellos el de Nicaragua, tienen respecto a los pueblos indígenas y a los afrodescendientes.

El pasado 7 de marzo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas afirmó que “los Pueblos Indígenas de Nicaragua han seguido sufriendo ataques violentos en el contexto de disputas territoriales, la mayoría de ellos en total impunidad”. Dados estos antecedentes: ¿De qué forma considera usted podría la CIDH articularse con el Sistema de Naciones Unidas para buscar una mejora en la situación de desprotección en que viven los pueblos indígenas?

Desde el inicio de la crisis, la CIDH trabaja de manera coordinada con la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH) para atender las graves violaciones de derechos humanos. El año pasado, ante la intensificación de la represión en el contexto de las elecciones, la CIDH anunció además que reforzaban este trabajo, así como la intención de establecer estrategias articuladas para brindar respuestas oportunas a la situación que se observa en el país […]

El pasado 23 de marzo, el ex-embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, denunció crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Ortega en contra de la ciudadanía nicaragüense: ¿Qué importancia  tiene esta denuncia para la CIDH? ¿Podría tomarse como una prueba más del deterioro de la situación de derechos humanos?

La CIDH considera que las declaraciones del Embajador Arturo McFields confirman las graves violaciones a derechos humanos que se vienen cometiendo en el país, el deterioro institucional y la agudización de la estrategia del Ejecutivo para acallar a las voces disidentes y opositoras […] Asimismo, demuestra la persistencia de un estado policial que, en coordinación con grupos del Gobierno, agrede, vigila, amenaza y hostiga a cualquier persona identificada como opositora, y ello para este caso, se plasma con la destitución de Arturo McFields como embajador de Nicaragua ante la OEA.

¿Cuál es su mensaje para la ciudadanía nicaragüense, particularmente para las víctimas de la violencia estatal? ¿Qué llamado hace al Gobierno de Nicaragua? ¿Cuál es su mensaje a la comunidad internacional y otros Estados de la región frente a la profundización de la crisis?

A 4 años del inicio de la crisis de derechos humanos, la CIDH recuerda a las víctimas, sus familiares y las organizaciones de la sociedad civil que mantiene su compromiso permanente de seguir trabajando hasta lograr la justicia y reparación, la reconstrucción de la democracia y lograr que la reconciliación nacional llegue con memoria y verdad histórica. Desde nuestro rol, velaremos incansablemente por que la protección a la vida y la integridad física de cada una de las personas sea garantizada, asi como la libertad de expresión del pueblo nicaragüense.  

Oenegés nicaragüenses: “La justicia para Nicaragua va a llegar”

Son innumerables las violaciones a los derechos humanos que el régimen de Daniel Ortega ha cometido en contra de las personas opositoras en Nicaragua desde el estallido de las protestas de abril de 2018 a las que respondió con represión, violencia, tortura, detenciones arbitrarias y juicios espurios. La represión dejó como saldo 355 víctimas letales, 1614 detenciones arbitrarias cuyos casos todavía se encuentran en la impunidad, además de obligar a más de 110,000 nicaragüenses a exiliarse.

Cuatro años han pasado y aunque la situación sea crítica para la oposición nicaragüense, las organizaciones de la sociedad civil continúan documentando casos, ya sea en el país o desde el exilio, para poder llevarlos ante la justicia internacional y lograr reparación para  las víctimas  entre las que se cuentan más de 181 presos políticos.

El Instituto Sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), conversó con Alexandra Salazar, Coordinadora  de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), quien trabaja en los procesos judiciales que se realizan a personas presas políticas en Nicaragua y Wendy Flores, coordinadora del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, sobre el trabajo de acompañamiento a las víctimas de la represión en Nicaragua en su búsqueda de justicia, los procesos que se han realizado para llevar los casos ante los organismos internacionales y los pasos que vienen a continuación para que en en el país haya justicia y reparación.

Salazar considera que la renovación del mandato a la Alta Comisionada de Derechos Humanos y la creación del grupo de expertos para Nicaragua contribuirán a impulsar investigaciones que permitan garantizar la justicia a todas las víctimas de la represión de Ortega desde abril de 2018.

La documentación de todos los hechos es uno de los pasos  más importantes para alcanzar la justicia. Al respecto, Salazar considera que tal documentación es un desafío para las organizaciones nacionales e internacionales que ya no tienen acceso directo a los procesos que se realizan dentro de la Policía Nacional que conllevan a la judicialización de opositores en Nicaragua. Pese a la falta de acceso, Salazar indica que continuarán realizando la documentación que es tan necesaria para poder asignar responsabilidad o señalar violaciones al debido proceso.

“La represión es tan intensa y persistente  que ha conllevado a un silencio, a un miedo profundo a la denuncia por temor a represalias que pueden derivar en  detenciones”, advierte Salazar, a pesar de ello, los familiares y las víctimas continúan denunciando y aportando pruebas que se espera presentar en juicios imparciales de jurisdicción interna e internacional.

En contra de la impunidad

En 2019 el régimen de Daniel Ortega aprobó la cuestionada Ley de Amnistía (Ley n° 996), con la que liberaron a los presos políticos que aún permanecían en las cárceles luego de las manifestaciones de 2018 y no habían sido excarcelados previamente, acción que benefició a todas aquellas personas capturadas ilegalmente.

Sin embargo, Flores recordó que la amnistía, también tuvo como propósito principal dejar en “la impunidad los crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos” cometidos por el régimen en contra de la población civil.  Pero si algo ha permitido que esos crímenes no desaparezcan de la mente de las personas, es que sus familiares, apoyados por las organizaciones que velan por los derechos humanos, continúan denunciando y documentando los hechos.

“La comunidad internacional, tiene la oportunidad a través de sus distintos mecanismos y procedimientos, de determinar la responsabilidad del Estado de Nicaragua por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en 2018 hasta la actualidad, pero también de enrumbar acciones dirigidas a que los autores intelectuales y materiales de estos crímenes sean debidamente juzgados”, detalló Flores.

Siguen sumando presos políticos

En las cárceles de Ortega se encuentran 181 personas presas políticas.  Algunas de ellas se encuentran privadas de libertad desde 2018, mientras que otras están por cumplir su primer año tras las rejas. Recientemente, varios prisioneros políticos fueron condenados bajo procesos cuestionados por la falta de imparcialidad del Poder Judicial nicaragüense y una Fiscalía encargada de falsificar pruebas en contra de los detenidos, según documentaron los medios de comunicación independientes.

La cantidad de personas presas políticas sigue aumentando y una semana antes de que se cumpla un cuarto aniversario de abril de 2018, la Policía continúa asediando las casas de las familias de víctimas de la represión letal de 2018 y deteniendo a ciudadanos por el solo hecho de ser identificados como opositores y opositoras.

Flores recuerda que desde 2018 en Nicaragua se han realizado más de 800 juicios penales “en contra de manifestantes, activistas, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, opositores-ras políticos-as, empresarios y cualquier persona que disienta públicamente del Gobierno”.

Los organismos han identificado patrones dentro de estos procesos que varían, dependiendo la etapa de represión que esté desarrollando el régimen. Por ejemplo, los primeros juicios tenían la característica de que los procesados eran acusados por terrorismo, obstrucción de funciones, daños a la propiedad, asesinatos, entre otros; mientras que en una segunda etapa “se les acusó por delitos comunes como robos, tráfico de estupefacientes, y en esta etapa represiva actual; nos encontramos con delitos relacionados con la Ley de Ciberdelitos y la Ley de Soberanía”, apunta Flores.

Procesos no cumplen estándares internacionales

Salazar agregó que  ninguno de los procesos realizados en contra de miembros de la oposición, personas defensoras, activistas y periodistas, ha cumplido con los estándares internacionales y a las personas detenidas no se les brinda información sobre las causas por las que se las llevan, les violan su derecho de contar con  una defensa técnica efectiva, acceso oportuno a los expedientes y mucho menos la indispensable representación durante las audiencias.

Sumado a eso, las personas presas políticas son víctimas de torturas psicológicas, apuntó Salazar, pues la Policía les realiza interrogatorios diariamente y se les priva de una alimentación adecuada y , de acuerdo a las denuncias de sus familiares, hasta de frazadas que les ayuden a protegerse del frío de la noche.

“Hemos presentado apelaciones en contra de las sentencias y hemos presentado recursos de casación, todos han sido ineficaces y se observa  una coordinación plena y ninguna en pro de la garantía del acceso a la justicia efectiva y real para las personas presas políticas”, comenta Salazar.

En Pro de la liberación de las personas presas políticas en Nicaragua 

En marzo de 2022, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó una resolución sobre Nicaragua para establecer un grupo de expertos que deberá “realizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre todas las presuntas violaciones de derechos humanos”, cometidas en el país desde abril de 2018.

Esto, según Flores, permitirá a la ONU conocer los hechos y “responsabilizar a los perpetradores o autores materiales” de estas violaciones, lo cual es un paso positivo para poder llevar justicia a las familias de las víctimas.

“Los resultados de esta investigación podrían derivar en potenciales aperturas de procesos bajo la jurisdicción universal o bien, que en el futuro y con un cambio de Gobierno, se pueda aceptar la competencia de la Corte Penal Internacional y reconocer estos crímenes cometidos a efectos de que sean debidamente sancionados”, menciona Flores, mientras que Salazar agrega: “tenemos las voces de las propias víctimas”, como testigos de los crímenes.

“Esta generación no acepta borrón y cuenta nueva”

Aunque hayan pasado cuatro años desde el inicio de la represión y la vida de miles de nicaragüenses haya cambiado como consecuencia de la persecución política, las violaciones a los derechos humanos y la violencia generalizada, las organizaciones que trabajan en pro de los derechos humanos llaman a no perder la esperanza de que la justicia llegará a Nicaragua.

Salazar menciona que “tenemos plena certeza que tarde o temprano la justicia para Nicaragua va a llegar y tiene que ser real, verdadera y bajo mecanismos que logren generar la certeza y la confianza de que los procesos son imparciales”.

“A diferencia del pasado o de nuestra historia como nicaragüenses, esta generación no acepta como receta el “perdón y olvido” o el “borrón y cuenta nueva”, por ello, deben mantener la esperanza de que sus voces, sus demandas y sus luchas constantes, contribuirán a los diferentes procesos de búsqueda de verdad, justicia y reparación”, alentó Flores.

Nicaragua, cuatro años de impunidad: Raza e Igualdad lanza campaña que demanda verdad, justicia, reparación y no repetición por crímenes de lesa humanidad

Washington D.C., 13 de abril de 2022.- En el cuarto aniversario de la crisis sociopolítica y de derechos humanos de Nicaragua, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) lanza la campaña “Nicaragua, cuatro años de impunidad” para denunciar las graves violaciones a los derechos humanos que continúan ocurriendo en el país centroamericano, y sumarse a las demandas de procesos que garanticen la verdad, justicia, reparación integral de las víctimas y no repetición por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el marco de la represión violenta y sistemática a la rebelión cívica de abril del año 2018. 

Asimismo, Raza e Igualdad urge a la comunidad internacional a enviar un mensaje de lucha contra la impunidad. 

Contexto

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una profunda crisis caracterizada por la represión estatal y paraestatal, el prolongado quebrantamiento del Estado de Derecho, restricciones al espacio cívico y la persistencia de una situación de impunidad generalizada. Esta situación se manifiesta en violaciones severas a los derechos humanos que hasta la fecha han resultado en: 355 victimas letales impunes, más de 2,000 manifestantes heridos, al menos 1614 detenciones arbitrarias, el exilio de más de 110,000 nicaragüenses, la creciente criminalización del ejercicio periodístico, el cierre de más de 114 organizaciones de la sociedad civil, el recrudecimiento de los ataques contra pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, y la permanencia de más de 170 personas presas políticas en condiciones que incumplen las Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Personas Reclusas (Reglas Nelson Mandela) y la Ley interna en materia de derechos humanos, que pueden calificarse de tratos crueles, inhumanos, degradantes, torturas físicas y psicológicas. Estas condiciones vulneran particularmente a 14 mujeres, 13 personas de la tercera edad y personas con padecimientos crónicos que se encuentran privadas de libertad.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa incumpliendo todas las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos para el restablecimiento de la institucionalidad democrática y garantizar los derechos humanos en el país. El año pasado (2021), en el contexto pre electoral -principalmente en los meses de mayo y junio-, Daniel Ortega, en su afán de asegurar su cuarto mandato consecutivo, encarceló a 47 personas. Entre estas personas se encuentran todas aquellas que manifestaron su voluntad de ser candidatos y candidatas a la presidencia de Nicaragua, así como liderazgos estudiantiles y campesinos, periodistas, empresarios, personas defensoras de derechos humanos, entre otras. 

Estas votaciones ilegítimas de noviembre pasado, que dieron la victoria a Ortega, dejaron entrever la erosión de la democracia y la perpetuación en el poder de un gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos de la población nicaragüense, y fueron cuestionadas por el Parlamento Europeo, las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta última aseguró que “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”, de acuerdo con las normas internacionales.

En febrero de este año (2022), el Sistema Judicial de Nicaragua controlado por el régimen, reanudó los juicios contra las personas detenidas arbitrariamente en el contexto pre-electoral y electoral, bajo leyes que restringen indebidamente el espacio cívico y democrático, particularmente la Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042), Ley contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (Ley 977) y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz (Ley 1055). Todos estos juicios estuvieron marcados por graves violaciones a las garantías del debido proceso como el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, la igualdad de las partes procesales, o el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial. Cabe destacar que, en todos los casos, las personas juzgadas fueron condenadas a penas desproporcionadas con supuestas pruebas que no demostraron la comisión de los delitos imputados. Asimismo, tampoco se respetó el derecho de defensa al no permitir la presentación de pruebas por parte de los procesados.

El pasado 7 de marzo, en la presentación de su informe anual sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, la Alta Comisionada Michelle Bachelet, denunció las faltas al debido proceso y las condiciones inhumanas que “han deteriorado progresivamente el estado de salud de las y los detenidos, particularmente de las personas mayores de edad y pacientes crónicos”. Igualmente, instó al Consejo de Derechos Humanos (CDH) a tomar todas las medidas para asegurar la rendición de cuentas. Para garantizar justicia, verdad y reparación frente a las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y otras graves violaciones de derechos humanos el Consejo aprobó una resolución que establece durante un año un “Grupo de Expertos de Derechos Humanos” con el mandato de investigación y rendición de cuentas por las graves violaciones de los derechos humanos cometidas desde el año 2018. 

No obstante, en vísperas del aniversario de las protestas sociales, el régimen nicaragüense está repitiendo el patrón represivo contra familiares de las víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos, personas periodistas y otras voces disidentes. El día martes 12 de abril, familiares de Darwin Potosme, víctima letal de la represión, denunciaron asedio policial, allanamiento de su vivienda y amenazas de encarcelamiento por parte de agentes de la Policía Nacional. La opositora Yolanda González sufrió el allanamiento de su vivienda en presencia de personas menores de edad, interrogatorios y vigilancia por parte de paramilitares. El cantante crítico al gobierno, Josué Monroy de la banda “Monroy y Surmenage”, el productor de “La Antesala”, Leonardo Canales; y las personas productoras de eventos musicales  de SaXo Producciones, Salvador Espinoza y Xochitl Tapia, también fueron detenidas por agentes policiales durante allanamientos a sus viviendas. 

Campaña

Dado este contexto, y como una forma de conmemorar el cuarto aniversario de la rebelión cívica de abril 2018, Raza e Igualdad iniciará este lunes 18 de abril una campaña que visibiliza los graves abusos a los derechos humanos en Nicaragua, el arduo trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda de justicia, y el posicionamiento de la comunidad internacional en esta profunda crisis.

Entrevistamos a dos defensoras de derechos humanos nicaragüenses sobre la situación actual del país, las condiciones de las personas presas políticas en los centros de detención, sus juicios, condenas y el papel de la sociedad civil en la defensa de sus derechos. Adicionalmente, entrevistamos a la Relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena, sobre los avances y desafíos de los derechos humanos en Nicaragua, el rol de la CIDH en el contexto actual, los mecanismos o instrumentos internacionales que existen para la rendición de cuentas, entre otros aspectos; y al Representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Alberto Brunori, sobre el mecanismo o grupo de tres expertos en derechos humanos que investigará por un año las violaciones a derechos humanos cometidas desde abril 2018.

Todos los productos de esta campaña se publicarán a través de las cuentas de Twitter, Facebook e Instagram, y el sitio web de Raza e Igualdad. Invitamos a la comunidad internacional, prensa nacional e internacional y a la sociedad civil a unirse y compartir el contenido usando los hashtags #SOSNicaragua y #Nicaragua4AñosdeImpunidad, para que el clamor por el cese de la represión y demanda de verdad, justicia, reparación y no repetición se escuche en Nicaragua y todo el mundo.

Rechazo internacional a la condena de miembros de la extinta Fundación Violeta B. de Chamorro, La Prensa y periodistas independientes de Nicaragua

Latinoamérica, 24 de marzo de 2022. Las organizaciones abajo firmantes rechazamos la farsa jurídica por la cual la justicia nicaragüense ha sentenciado a entre 7 y 13 años de prisión a las personas ex-trabajadoras  de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), al gerente general de La Prensa y a periodistas independientes de Nicaragua.

Este miércoles 23 de marzo, Juan Lorenzo Holmann, gerente general del periódico La Prensa, fue declarado culpable del supuesto delito de lavado de dinero. La jueza Nadia Camila Tardecillas, del Juzgado Segundo de Distrito Penal, solicitó una pena de nueve años y cuatro meses de prisión más una multa monetaria. Holmann fue detenido el 14 de agosto cuando la policía allanó dicho medio, el cual en ese momento era el único medio impreso independiente que aún circulaba en el país. Su juicio finalizó este miércoles 23 y su sentencia definitiva será leída el próximo 31 de marzo.

El pasado lunes 21 de marzo el juez Noveno del Distrito de Juicios de Managua, Luden Martín Quiroz García declaró culpable y sentenció a ocho años de prisión a la periodista y precandidata presidencial, Cristiana Chamorro, en su calidad de presidenta de la FVBCH por los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos, gestión abusiva y falsedad ideológica. Además, debe pagar una multa equivalente a tres veces el monto supuestamente lavado. El juicio se llevó a cabo entre el 3 y el 11 de marzo en el recinto policial “Evaristo Vásquez” -conocido popularmente como “El Chipote”- donde han sido sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes y actos de tortura. La mayoría de personas que permanecen presas por motivos políticos, además, están incomunicadas. 

El arbitrario proceso legal no cumplió con ninguna garantía del debido proceso, se desarrolló con la presencia de un intimidatorio contingente policial y con muy limitado tiempo para que los abogados defensores se expresen a favor de sus representados. Entre otras graves irregularidades, pese a que la defensa contaba con múltiples pruebas de su inocencia, el juicio finalizó sin que pudieran presentar 12 cajas que contenían más de 1000 documentos con información fundamental para la defensa de los procesados. Cristiana Chamorro ha permanecido bajo arresto domiciliario desde el pasado 2 de junio de 2021. 

El mismo lunes también se formalizó la sentencia que condena a otros tres extrabajadores de la FVBCH. Marcos Fletes, contador general, y Walter Gómez, financiero, han sido sentenciados a 13 años de cárcel por lavado de dinero, 300 días de multa y el pago de una multa equivalente a tres veces el monto supuestamente lavado. Incluso el conductor, Pedro Vásquez, ha sido condenado a 7 años de prisión por ser cooperador necesario del delito de lavado de dinero. 

La justicia nicaragüense, al servicio del régimen autoritario, condenó también a Pedro Joaquín Chamorro, de 70 años y miembro del directorio de  La Prensa, y hermano de Cristiana Chamorro, a 9 años de cárcel por el supuesto delito de apropiación y retención indebida, falsificación ideológica y gestión abusiva. 

Estos espurios procesos judiciales se suman a las sentencias ya emitidas en semanas anteriores contra Miguel Mendoza, periodista deportivo sentenciado a 9 años de cárcel por expresar sus opiniones en redes sociales. Así como contra Miguel Mora, fundador de 100% Noticias y precandidato presidencial, y Jaime Arellano, comentarista político, ambos condenados a 13 años de prisión, por el delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “difusión de noticias falsas”.

Las organizaciones abajo firmantes rechazamos categóricamente estas sentencias y aquellas emitidas contra las demás personas presas políticas detenidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hacemos responsable al  Estado de Nicaragua por la vida e integridad de las y los presos de conciencia  y exigimos su inmediata liberación, el cese de su criminalización y la revocación de todas las sentencias dictadas en su contra, por el mero hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión. 

Adicionalmente, las organizaciones abajo firmantes hacemos un llamado a la comunidad internacional, a los gobiernos del hemisferio, a emitir su más severa condena a la sistemática violación de derechos humanos y a implementar todas las medidas a su alcance para que las personas presas políticas en Nicaragua sean puestas en libertad.

Asimismo, nos sumamos al llamado al Consejo de Derechos Humanos para que, en su próxima resolución sobre Nicaragua, adopte un mecanismo internacional sólido, independiente e imparcial que permita investigar y documentar exhaustivamente las graves violaciones a derechos humanos cometidas desde abril de 2018, incluyendo las vulneraciones a los derechos de libertad de asociación, expresión y prensa, y sentar las bases para procesos de rendición de cuentas y sanción de todos los responsables.

Firman: 

AMARC-ALC

Articulo 19

Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo – Abraji

Asociación Nacional de la Prensa Bolivia -ANP 

Asociación de Periodistas de El Salvador – APES

Comité por la Libre Expresión – C-Libre 

Centro de Archivos y Acceso a la Información – CAinfo 

Espacio Público 

IFEX-ALC

Instituto de Prensa y Libertad de Expresión- IPLEX

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos

Instituto Demos 

Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa -ICLEP 

Instituto Prensa y Sociedad – IPYS Perú 

Instituto Prensa y Sociedad – IPYS Venezuela

Fundamedios

Foro de Periodismo Argentino – FOPEA 

Voces del Sur

Nicaragua: Raza e Igualdad rechaza las constantes violaciones a la libertad de asociación

Washington D.C., 18 de marzo de 2022.– Raza e Igualdad expresa su enérgico rechazo a las múltiples violaciones a la libertad de asociación perpetradas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde el año 2018, las que se han intensificado en los últimos cuatro años con la cancelación de la personalidad jurídica de más de 130 organizaciones.

El día de ayer, 17 de marzo, la Asamblea Nacional aprobó un Decreto Legislativo de Cancelación de Personalidad Jurídica de otras 25 organizaciones defensoras de derechos humanos, aduciendo el supuesto “incumplimiento de la Ley General Sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro y la Ley contra el Lavado de Activos”, con las que ya suman 156 oenegés canceladas desde que Daniel Ortega regresó al poder en 2007.

El cierre absoluto del espacio cívico  se agravó desde el año 2018 cuando el Estado de Nicaragua implementó una estrategia para obstaculizar el trabajo de defensoras y defensores de derechos humanos a través de actos sistemáticos  de intimidación, amenazas, campañas de estigmatización, confiscación de bienes y el uso de un marco legislativo que como han expresado organismos de derechos humanos tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, contraviene los estándares internacionales de derechos humanos y se usa selectivamente en contra de organizaciones que el régimen identifica como “opositoras”.

Entre las organizaciones canceladas el día de ayer, mediante un proceso en el que no se respetó el derecho de las personas asociadas a defenderse, se encuentran la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia (FVBCH),  Fundación Grupo Cívico Ética y Transparencia, Fundación Libertad, Asociación Colectivo de Mujeres 8 de Marzo, Fundación Fondo de Becas de Exalumnos del Colegio Centroamérica (Fobeca), Asociación Fondo de Desarrollo Local (FDL) y Asociación Operación Sonrisa Nicaragua (OSN), Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Caribe Nicaragüense (CEJUDHCAN), entre otras.

Rechazo al derecho de asociación de asociaciones indígenas 

En la cancelación de las personalidades jurídicas, preocupa especialmente la cancelación de CEJUDHCAN, pues su trabajo en favor de los pueblos indígenas y defensa de los derechos humanos con enfoque en los derechos colectivos y territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes, es de suma importancia para las poblaciones que se encuentran en situaciones vulnerables y que históricamente han sido olvidadas por los gobiernos de turno, incluido el gobierno sandinista en los años 80 y, nuevamente, desde el período 2007-2022.

CEJUDHCAN ha advertido de un aumento significativo de la violencia protagonizada por “colonos” que han invadido las tierras que les pertenecen a los pueblos indígenas que habitan en el territorio.

Las agresiones han sido tan graves que, el 11 pasado de marzo, el Gobierno Indígena del Territorio Mayangna Sauni Arungka, decretó un estado de alerta ante una posible invasión de tierras luego que uno de sus miembros fuera torturado y asesinado, tras haber desaparecido durante varios días cuando trabajaba una parcela de tierra.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet afirmó el pasado 7 de marzo que «los pueblos indígenas de Nicaragua han seguido sufriendo ataques violentos en el contexto de disputas territoriales, la mayoría de ellos en total impunidad». En ese mismo informe, Bachelet expresó que había recibido noticias de al menos 6 ataques e incidentes violentos durante el año 2021 cuando se asesinó a 11 hombres indígenas, una mujer y una niña violadas, y otras siete personas heridas, incluidos dos niños.

La cancelación de CEJUDHCAN demuestran el irrespeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas consagrado en la Constitución de la Nación. Además, demuestra la falta de voluntad del gobierno a la organización de los pueblos indígenas como comunidades autónomas.

Pronunciamiento

Desde Raza e Igualdad, expresamos nuestra solidaridad a estas organizaciones. Nos preocupa profundamente que su cierre agrave aún más la situación de grupos que han sido históricamente vulnerabilizados  en Nicaragua, como los pueblos indígenas y afrodescendientes, y mujeres; así como el cierre de más espacios participativos y de diálogo, la censura y el recrudecimiento de la represión.

Ante esta lamentable situación, demandamos al Estado de Nicaragua:

  • Cesar de inmediato los ataques contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
  • Derogar el marco legal que permite que organizaciones y personas defensoras sean criminalizadas por su trabajo en la promoción y defensa de los derechos humanos.
  • Restituir la personalidad jurídica de las asociaciones canceladas, así como proceder a la devolución de los bienes que han sido incautados.
  • Respetar sus obligaciones en materia de derechos humanos y cumplir con las recomendaciones de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
  • Investigar estas violaciones a la libertad de asociación y al derecho a defender derechos, juzgar y sancionar a todos los responsables.
  • Respetar los derechos de asociación y autodeterminación de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Reiteramos la urgente necesidad de establecer un Mecanismo internacional de investigación y rendición de cuentas en el marco de la 49 sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Este grupo de expertos investigaría los hechos denunciados con un enfoque interseccional, preserve las evidencias, identifique a los perpetradores y siente las bases del proceso de justicia que Nicaragua necesita para salir de esta crisis.

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