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La activista cubana Aymara Nieto, un año después de comenzar una nueva vida en República Dominicana

La activista cubana Aymara Nieto, un año después de comenzar una nueva vida en República Dominicana

El año transcurrido desde que Aymara Nieto aterrizara en Santo Domingo, República Dominicana, procedente de La Habana representa el tiempo de libertad reconquistada, pero también de distancias e incertidumbres varias. Muchos acontecimientos sucedieron a nivel mundial desde entonces: la geopolítica se ha reconfigurado, los cambios han sobrevenido y la vida de quien fuera una reconocida integrante de las Damas de Blanco, el movimiento ciudadano de oposición pacífica fundado en 2003 por familiares de disidentes encarcelados, también se ha transformado. Hoy, luego de un intenso período de adaptación a su nueva realidad y tras lo que describe como un profundo encuentro con la fe, nos concede esta entrevista.

En agosto de 2025, tras más de seis años de prisión política y acoso, fuiste obligada a exiliarte en República Dominicana, ¿cómo ha sido el proceso de reconstruir tu vida lejos de tu patria y cuáles han sido los mayores desafíos de adaptación durante este periodo?

“Ha sido una experiencia muy fuerte para mí, para mi familia, ya que se me obligó a salir de mi país por defender, en mi patria, los derechos humanos y la libertad de los presos políticos. 

Cuando llegué a RD, fui acogida por hermanos de lucha de la ‘Fundación Cubano Americana’. Y tengo una relación muy especial con quienes me recibieron, que desde el encuentro en el aeropuerto nos brindaron su casa sin ningún tipo de interés. Me apoyaron, y todavía son mis padres adoptivos aquí, pues todos los días mantenemos esa comunión de que yo soy su hija. Con ellos celebramos el cumpleaños de la niña, los aniversarios de nosotros. La verdad es que ha sido algo muy bueno en mi vida: contar con personas con valores, que al enterarse de que hemos pasado por cosas tan malas como familia, nos han dado ese soporte cual allegados cercanos.

A pesar de que todavía no tengo papeles aquí y no he podido realizar trabajos formales, me dedico a limpiar casas y hay que estirar ingresos mínimos pues aún no se me permite laborar legalmente, sobrevivo porque tengo la fuerza y tengo algo mayor: hemos encontrado a Dios. 

Somos cristianos pentecostales. Mi hija más pequeña se está adoctrinando ahora; dentro de poco se bautiza, yo ya me bauticé. Y el visitar la iglesia, estar en comunión con el Señor, ponerlo en primer lugar de nuestras vidas, conocerlo, todo esto ha sido muy positivo. Han sanado las heridas, hemos sabido perdonar todo el daño que nos hicieron”.

Durante tu prisión sufriste traslados punitivos a cientos de kilómetros de tu familia, celdas de castigo y falta de atención médica. ¿Cuál es tu estado de salud actual y cómo evoluciona la recuperación física y psicológica de esas secuelas?

“Sufrí mucho: retaliaciones, traslados, castigos. Yo estaba en la prisión de La Habana, en El Guatao, llamada Prisión de Mujeres del Occidente, y fui trasladada para la prisión provincial de Las Tunas, la Prisión Provincial Típico Nuevo, a más de 700 kilómetros de distancia de los míos.

Allí me sometieron a celdas de aislamiento sin haber cometido delito alguno. Solo porque mi esposo hacía denuncias en los medios, me mantenían castigada, me retiraban el acceso al teléfono y me humillaban verbal y físicamente. Además, la atención médica en la prisión era deficiente: faltaban medicamentos y asistencia sanitaria básica.

Debido a mi firmeza, mi resistencia en la lucha, al apoyo internacional y a mi pertenencia a organizaciones opositoras, la represión en mi contra se intensificó al máximo.

Era muy difícil. Estuve dos años sin ver prácticamente a nadie. Como atravesábamos la pandemia del COVID y la cuarentena, mi familia no podía trasladarse a Las Tunas pues se había suspendido el transporte. Yo duré dos años y ocho meses allí y solo tuve una visita. Fue duro. Y el saber que había una epidemia mortal, que estaban muriendo muchas personas mientras yo estaba en una celda, hacía mayor la angustia.

Yo clamé a Dios por mi gente, que me la librara de aquello y que todo lo malo del mundo me pasara a mí y los salvara de la enfermedad y de las tantas cosas que estaban sucediendo en esos momentos. Fue muy fuerte para mí, para nosotros.

Hoy la fe ha transformado por completo mi vida y la de mi entorno. Gracias a eso puedo decir que estoy curada de las afecciones de salud que padecí en prisión; por ejemplo, sufría de hipertensión, pero desde que puse mi vida en manos del Señor no he vuelto a tener episodios ni secuelas. Perdoné todo lo que me hicieron, para que Dios tome el control sobre los abusos cometidos contra mí, contra los presos políticos y contra el pueblo cubano.

Mi familia también ha encontrado el sendero de la espiritualidad y eso nos ha permitido reconstruirnos. A pesar de estar aún separados, mi hija mayor vive en Cuba con mi mamá y mis cuatro nietas, la creencia ha restaurado nuestras vidas. Quisiera ser un testimonio para los presos políticos y sus familiares: les exhorto a buscar a Dios y ponerlo en primer lugar para superar los obstáculos frente a la dictadura”.

Es conocido lo doloroso que fue separarte de tus tres hijas, dos de ellas menores al momento de tu arresto y el papel crucial de tu madre apoyándote. ¿Cómo se encuentra tu núcleo familiar y de qué manera han afrontado las secuelas emocionales de la cárcel, el distanciamiento prolongado y el exilio?

Yo no quería abandonar Cuba; en todas las entrevistas lo decía: que tendrían que matarme en mi tierra. 

Sin embargo, cuando me plantean el ultimátum de que o me iba del país o no saldría de prisión, tuve que pensar en mis hijas, que ya eran adolescentes (cuando me arrestaron las menores tenían solo cinco y nueve años). Ahí me detuve a reflexionar. Si no fuera por mis niñas, yo todavía estaría en prisión. Por ellas finalmente acepté. 

Al llegar al exilio necesité volver a conocerlas. No sabía sobre sus nuevos gustos ni sus personalidades, y ellas apenas tenían memoria de la convivencia conmigo ni del trato maternal. Nos tocó rehacer nuestra relación familiar desde cero.

Al principio tuve una crisis. Cuando pasan todas esas cosas, la coraza que uno tiene ante cualquier situación para que nadie te vea flaquear, se quiebra. Pasé por una depresión muy grande, de unos dos meses. No tenía ánimos de bañarme, de peinarme, ni de comer, ni de nada. Y de ahí me levantó la oración, porque fue algo muy terrible.

Pero ya estoy bien. Estoy como que, no lo vas a creer, hermano, pero como que yo no pasé por nada de eso. Me siento así pues Dios me ha quitado toda la angustia, toda la tristeza, toda la tensión que tuve que enfrentar; porque cuando uno es preso político en una dictadura, también tiene que lidiar con los presos comunes, con los guardias, con la Seguridad del Estado, y debes mantener tu mente muy alerta porque te pueden hasta matar.

Hoy estamos en armonía y con mucho amor; en mi casa no se discute, todo se habla bajo la paz y el gozo del espíritu. Hemos dejado el dolor atrás. 

Mi madre sí sufre todavía. Ella no ha tenido este proceso de fe, carga con el peso de los siete años que estuve encarcelada y la lejanía actual. Hemos completado un año más separadas donde solo nos comunicamos por videollamadas cuando la red lo permite, pues los constantes apagones en Cuba hacen imposible la comunicación. 

También quiero reflejar que mi hija mayor está embarazada, ya casi al parir, ingresada en el Hospital Nacional, y yo… es el cuarto nieto con el que no voy a poder ayudarla, con el que no voy a poder estar”.

Están documentadas las detenciones arbitrarias y la persecución constante contra tu esposo, Ismael Boris Reñí. ¿Cuál es su situación actual y la de tus compañeros de causa que permanecen en Cuba?

“Mi esposo, Ismael Boris Reñí, sufrió persecución constante en la Isla. Afortunadamente, ya se encuentra conmigo aquí en República Dominicana, donde podemos vivir sin el acoso diario del régimen.

Pero no ocurre lo mismo con muchos de nuestros compañeros. Activistas como Roberto Ferrer, aunque han salido de la cárcel, se hallan en ‘libertad condicional’, lo que equivale a estar recluidos en sus propios hogares bajo la vigilancia de la Seguridad del Estado.

Otros casos son aún más graves, como el de Yunaykis Linares, presa política del 11J, a quien le revocaron la libertad condicional concedida tras la mediación del Vaticano y la reingresaron en prisión para cumplir los tres años restantes de su condena. Muchos otros manifestantes del 11J continúan encarcelados. La represión no para.”

Desde 2013 contabas con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el acompañamiento de Raza e Igualdad. ¿Qué eficacia tuvieron estas herramientas?

“Conté con el respaldo fundamental de muchas organizaciones. He sido parte de las Damas de Blanco, la UNPACU (Unión Patriótica de Cuba), Cuba Decide y el Foro por los Derechos y Libertades. Durante mi encarcelamiento recibí el apoyo constante de líderes como Berta Soler, Claudio Fuentes, Rosa María Payá y José Daniel Ferrer, así como de redes internacionales en Europa y Estados Unidos.

El acompañamiento de la CIDH y de Raza e Igualdad fue decisivo. La presión que ejercieron las medidas cautelares e informes de estas instituciones fue determinante para que el régimen prefiriera mandarme al destierro antes que mantenerme en prisión, dada la visibilidad que había alcanzado mi caso.”

Tu excarcelación no representó la libertad plena, sino una nueva condena: la del exilio forzado. ¿Cómo evalúas el uso sistemático de la expulsión del país para desarticular el liderazgo opositor?

“El exilio forzado sigue siendo la herramienta principal del régimen para neutralizar el liderazgo opositor. En mi caso, tras haber cumplido una condena previa de un año, salí a las calles con el mismo compromiso activista. Por ello, en esta última ocasión, los oficiales de la Seguridad del Estado me notificaron explícitamente que las calles de Cuba estaban prohibidas para mí y que la única vía para salir de la cárcel era abandonar el país. Sí, es un mecanismo sistemático para vaciar a la oposición interna.”

 

Siempre reiteraste tu compromiso de exigir la liberación de los presos políticos, ¿cómo mantienes la articulación con los movimientos de derechos humanos desde el exterior?

“Me mantengo totalmente activa en el exilio. Sigo colaborando de cerca con las Damas de Blanco, UNPACU y Cuba Decide. Participo activamente en las manifestaciones y actividades organizadas por la Asociación Cubano Dominicana y otros grupos de exiliados para visibilizar la causa cubana. Hago un llamado constante a la unidad de todos los hermanos en el exilio para exigir la liberación de los prisioneros políticos y elaborar mecanismos de presión contra el régimen. Yo firmo cada petición que me envían a favor de un cambio para Cuba y de la libertad de los prisioneros; mi firma siempre estará ahí.

Siento profundamente el sufrimiento de los presos políticos. Si la situación en las cárceles era grave durante mi reclusión, hoy es más crítica debido al colapso del sistema eléctrico nacional: la falta de energía impide la conservación de los pocos alimentos que hay y no permite el bombeo de agua potable, por ejemplo. Los familiares a menudo no pueden hacer las visitas porque no tienen nada de comida para llevar o no hay transporte para trasladarse. La crisis en las prisiones y en la sociedad cubana es absoluta.”

Como mencionas, en la Cuba actual, la honda crisis socioeconómica y la represión continuada agravan el escenario, ¿cuál es tu lectura de la situación de los derechos humanos en las cárceles y en la sociedad cubana?

“La situación en Cuba es insostenible. La escasez de agua, alimentos y electricidad ya ha alcanzado niveles extremos. Esta debacle trae consigo, además, el aumento de la violencia social, de los robos y la desesperación entre la población.

El deterioro en las prisiones va paralelo al del país. La mayoría de los cubanos sobrevive en condiciones francamente deplorables, mientras que una minoría que tiene acceso a remesas del extranjero, algunos pequeños negocios o empresas vinculadas a la cúpula gubernamental mantienen un nivel de vida muy distante del resto. El colapso económico está desencadenando, además, consecuencias sociales severas, como el incremento en los homicidios, feminicidios y suicidios. Sin un cambio político drástico, el escenario solo puede continuar empeorando.”

Para concluir, ¿qué mensaje envías a las defensoras de derechos humanos que permanecen encarceladas y qué llamado haces a la comunidad internacional?

“Les digo por experiencia propia que aun en el punto más oscuro hay esperanza. Pido a los presos políticos y a sus familias mantener la fe y no cesar en las denuncias, las protestas y las demandas de liberación. La comunidad internacional, la ONU y los movimientos en el exilio deben también intensificar la presión sobre el régimen hasta lograr la libertad de todos los prisioneros de conciencia.

A quienes nos han apoyado y a las organizaciones que defienden nuestra causa, les expreso una vez más mi sincero agradecimiento. 

Los cubanos dentro y fuera de la Isla tenemos que mantenernos unidos. No están solos; desde el exilio continuaremos alzando la voz por la libertad. Sigo pidiendo a Dios que traiga un cambio a mi país, para que quienes sufrimos el destierro forzoso podamos regresar a Cuba, nuestra casa.

Que así sea. Gracias, Aymara.



Comunicado de solidaridad ante la emergencia causada por los terremotos en Venezuela

Bogotá, 1 de julio de 2026 – Las organizaciones que integramos Regionar y la Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de las Américas expresamos nuestra profunda solidaridad con el pueblo venezolano y con todas las personas y comunidades afectadas por los terremotos ocurridos el 24 de junio de 2026. Lamentamos profundamente la pérdida de vidas humanas, las personas heridas y los graves daños ocasionados por esta tragedia.

En momentos como este, resulta indispensable que la respuesta humanitaria se guíe por los principios de humanidad, imparcialidad, e independencia, asegurando que la asistencia llegue de manera oportuna a todas las personas afectadas, sin discriminación alguna.

Hacemos un llamado a las autoridades gobernantes para que garantice el acceso a información pública oportuna, completa y verificable sobre la magnitud de la emergencia y las acciones de respuesta, reconociendo que la información salva vidas y es esencial para que la población pueda tomar decisiones, localizar a sus familiares y acceder a ayuda.

Asimismo, instamos a que se eliminen las restricciones que dificultan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y de los actores humanitarios, de manera que puedan contribuir plenamente a las labores de asistencia, protección y recuperación de las comunidades afectadas.

Finalmente, exhortamos a la comunidad internacional a fortalecer su apoyo al pueblo venezolano, movilizando recursos y coordinando esfuerzos para atender las necesidades más urgentes y acompañar los procesos de reconstrucción y recuperación, con pleno respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas afectadas.

Reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y nuestro compromiso con la protección de los derechos humanos en toda la región.

Firmantes:

  • Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador. Ecuador Asociación Memoria y Justicia. Costa Rica
  • Asociación Pro Derechos Humanos. Perú
  • Asociación Indígena Mapuche Taiñ Adkimn. Chile
  • Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ» (CSMM). Ecuador
  • Centro Jurídico por los Derechos Humanos. Honduras
  • Centro Loyola Ayacucho. Perú
  • CIVILIS. Venezuela
  • Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –CAJAR. Colombia
  • Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (C.N.O.A.). Colombia
  • Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Colombia Corporación Humanas. Chile
  • Equipo Jurídico por los Derechos Humanos. Honduras
  • Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación. Honduras
  • Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ). Perú
  • Fundación Mahuampi Venezuela. Colombia
  • Fundación para la Justicia. México
  • Instituto de Defensa Legal. Perú
  • Movimiento Autónomo de Mujeres. Nicaragua–Costa
  • Movimiento de Mujeres Dominico Haitiana. República
  • Organización Social Salvador. Uruguay
  • Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA). Venezuela
  • Red para la Infancia y la Adolescencia de El Salvador (RIA).
  • Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica
  • American Friends Service Committee (AFSC).
  • ARTICLE 19 México y Centroamérica
  • Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación
  • Centro de Derechos Reproductivos Regional
  • Centro de Investigación e Incidencia para Centroamérica (CIIC)
  • Centro por la Justicia y el Derecho Internacional Regional
  • CIVICUS, Alianza Global para la Participación Ciudadana
  • Fundación para el Debido Proceso (DPLF) / Due Process of Law Foundation
  • Instituto Internacional de Derechos Humanos Regional
  • Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos
  • Latin America Working Group (LAWG)
  • Red de Coaliciones Centroamericanas por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (REDESCA)
  • Robert F. Kennedy Human Rights Global
  • Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe







El manifiesto colectivo de seis mujeres activistas de América Latina y el Caribe

Washington D.C., 6 de marzo de 2026 – El pasado 19 de febrero, seis mujeres activistas de Brasil, Colombia, Cuba, México y República Dominicana se reunieron en un encuentro virtual que, desde Raza e Igualdad, llamamos ‘Cuando las mujeres crean, la memoria resiste’. Durante una hora y treinta minutos compartieron quiénes eran, desde dónde luchan y qué realidades atraviesan sus territorios. De ese intercambio nació un manifiesto colectivo que hoy cobra especial sentido en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

En este espacio participaron Eva Rafaela Calça, de la Rede Trans Assis de Sao Paulo, Brasil; Andrea Ceballos, de la Organización Indígena del Territorio Pasto, en Colombia; María Camila Zúñiga, del Movimiento de Mujeres Unidas, Diversas y Emancipadas (Mude), también de Colombia; Lourdes Esquivel, integrante de la organización Damas de Blanco de Cuba; Daniela Islas, del colectivo Afrocaracolas de México; y Estefany Feliz Pérez, del movimiento de jóvenes Reconoci.Do de República Dominicana. Para muchas de ellas, fue la primera vez que compartían un espacio común entre luchas tan diversas, pero atravesadas por una misma urgencia: la dignidad.

El ejercicio culminó con la escritura de un manifiesto que recoge su voz colectiva y sus principales demandas:

“Nosotras las mujeres de América Latina y el Caribe nos unimos en un grito poderoso para exigir igualdad y justicia. El amor y la fuerza es lo que nos sostiene en esta lucha diaria.
Desde el ayer y el hoy reconocemos la fuerza y determinación de nuestra historia. Somos motor. Somos tesoros del mundo.
Luchamos por sentirnos seguras y en igualdad, siendo reconocidas y tratadas con dignidad, desde una mirada antirracista y decolonial.
¡Hoy y siempre exigimos respeto y libertad en todos los espacios!”

Ese llamado no surge en el vacío. América Latina y el Caribe continúa marcada por una violencia estructural contra las mujeres. En los últimos cinco años, al menos 19.254 feminicidios han sido registrados en la región, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la CEPAL. En la mayoría de los casos, las muertes violentas son perpetradas por parejas o exparejas, lo que demuestra que la violencia de género sigue instalada en los espacios más cotidianos.

Violencia feminicida en la región

Brasil encabeza las cifras más alarmantes. En 2025 registró 1.470 feminicidios, el número más alto de la última década, un promedio de cuatro mujeres asesinadas por día, de acuerdo con datos del Ministerio de Justicia. En ese contexto, Eva Rafaela Calça insistió en que la violencia no se limita al asesinato: también se expresa en la exclusión y la sobrecarga. Para ella, es urgente “un espacio público que valore a la niñez como una responsabilidad de toda la sociedad, y no solo de la madre”, porque muchas veces “la madre queda sobrecargada”, y también políticas que amplíen oportunidades de trabajo para mujeres trans “más allá de la informalidad y la prostitución”. Su reflexión conecta la violencia feminicida con la falta de políticas de cuidado y con la marginación estructural de las mujeres trans.

En Colombia, donde el Observatorio Colombiano de Feminicidios reportó 973 casos en 2025, la impunidad sigue siendo una herida abierta. María Camila Zúñiga recordó que, además de exigir justicia frente a los asesinatos, es fundamental que “reconozcan el trabajo que hacen las mujeres con las infancias, desde los territorios”, y que se dignifiquen sus vidas. “Sabemos que, cuando una mujer es asesinada, la justicia no siempre llega”, agregó.

En México, donde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 721 feminicidios en 2025, la violencia se entrelaza con el racismo estructural. Daniela Islas advirtió que para las mujeres afromexicanas la urgencia pasa también por el reconocimiento: “lo que más nos urge es el reconocimiento de nuestros derechos, que haya más políticas públicas para las mujeres afromexicanas, donde se nos garantice la atención médica”. Ella también se refirió a lo que más anhela: “Imaginamos un mundo sin racismo, sin discriminación, donde nuestros derechos como mujeres afromexicanas se reconozcan y se protejan”. La violencia de género, en su territorio, no puede separarse de la discriminación racial.

En Cuba, organizaciones independientes como el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) registraron 48 feminicidios en 2025 y advierten que estos crímenes son el desenlace de violencias prolongadas. Lourdes Esquivel lo expresó desde la crudeza de su realidad: “En Cuba a las mujeres nos violan todos los derechos. Nos encarcelan a los hijos, nos los matan, nos golpean. Pasamos hambre. Hay niños que no tienen nada que comer”. Su testimonio recordó que la violencia también se manifiesta en el hambre, la represión y el dolor cotidiano.

En República Dominicana, donde se registraron 59 asesinatos de mujeres el año pasado (de acuerdo con la Fundación Vida Sin Violencia), las cifras conviven con políticas y prácticas que afectan especialmente a mujeres migrantes y de ascendencia haitiana. Estefany Feliz Pérez denunció que, si no cuentan con documentos de identidad, “no reciben asistencia a la salud, y tampoco pueden estudiar”, y que existe “una persecución contra las mujeres haitianas y las dominicanas de ascendencia haitiana” que incluso implica detenciones arbitrarias y pagos indebidos. 

A nivel global, las mujeres tienen solo el 64% de los derechos legales que tienen los hombres, según ONU Mujeres. De mantenerse el ritmo actual, cerrar las brechas podría tomar siglos. Frente a este panorama, el encuentro virtual del 19 de febrero fue más que un espacio simbólico: fue una apuesta por la articulación regional.

Este manifiesto también es la prueba de que es posible construir acuerdos en la diversidad. Seis mujeres de contextos distintos, con historias y luchas propias, lograron encontrarse sin haberse conocido antes, escucharse con atención y reconocerse en sus diferencias. En este ejercicio de diálogo honesto y respetuoso identificaron necesidades comunes y tejieron una voz colectiva. Este espacio virtual no solo permitió compartir denuncias, sino también demostrar que la articulación regional es una herramienta poderosa cuando se basa en la escucha, el respeto y la conciencia de que ninguna lucha está aislada.

Desde Raza e Igualdad reafirmamos nuestro compromiso de dar voz a quienes resisten desde los territorios y de acompañar sus demandas. Porque cuando las mujeres crean juntas, la memoria resiste; y cuando la memoria resiste, también se construye futuro.



Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre los Afrodescendientes realizará consulta regional en Bogotá

Bogotá, 16 de septiembre de 2025. Este viernes 19 de septiembre, el Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre los Afrodescendientes realizará la consulta regional para América Latina hispanohablante, un espacio que forma parte del proceso de construcción de la futura Declaración de las Naciones Unidas sobre el respeto, la protección y la efectividad de los derechos humanos de las personas afrodescendientes.

Este encuentro, que iniciará a partir de las 9 de la mañana en la sede principal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y reunirá a más de 60 líderes y lideresas, forma parte de las consultas regionales que adelanta el Foro Permanente en distintas partes del mundo, para recoger insumos y garantizar que las voces de las comunidades afrodescendientes sean tenidas en cuenta en la elaboración de la Declaración. La jornada en Bogotá será la segunda consulta regional, luego de la realizada en diciembre de 2024 en Barbados, enfocada en el Caribe.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en la región viven alrededor de 200 millones de afrodescendientes, equivalentes al 30% de la población total. Sin embargo, persisten barreras estructurales que limitan su acceso a la justicia, la participación política, la educación, la salud y el empleo digno. Dichas brechas se profundizan en el caso de las mujeres afrodescendientes, quienes enfrentan de manera interseccional los efectos del racismo y el sexismo. La consulta regional en Bogotá, dirigida a las comunidades afrodescendientes de los países hispanohablantes de América Latina, busca generar un diagnóstico sobre las múltiples formas de discriminación y racismo estructural en la región, y al mismo tiempo consolidar propuestas que fortalezcan el proyecto de Declaración.

La jornada, que se desarrollará mediante un diálogo amplio y participativo, se centrará en temas prioritarios identificados por el Foro Permanente, entre ellos: el reconocimiento y abordaje del racismo sistémico y estructural; la justicia reparadora frente a los legados del colonialismo, la esclavización, el apartheid y el genocidio; los derechos colectivos de los pueblos afrodescendientes; el desarrollo sostenible y la reducción de desigualdades; así como cuestiones urgentes y emergentes en derechos humanos, como el impacto de la inteligencia artificial, el cambio climático, la injusticia ambiental y la necesidad de reformar el orden económico internacional.

 

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) acompañamos la participación de destacadas lideresas de la región, quienes aportarán desde sus experiencias y trayectorias a la discusión. Entre ellas se encuentran: la boliviana Paola Yánez, coordinadora de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora; la hondureña Mirtha Colón, presidenta de la Organización Negra Centroamericana (ONECA); la dominicana María Bizenny Martínez, coordinadora del Departamento de Derechos Humanos e Incidencia Política de MOSCTHA; la colombiana Luz Marina Becerra Panesso, representante legal de la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La Comadre); y la mexicana Teresa Mojica, presidenta de la Fundación Afromexicana Petra Morga. Su participación permitirá visibilizar las realidades específicas que enfrentan las mujeres afrodescendientes frente a las violencias raciales, el desplazamiento forzado y la exclusión.

Voces de la diáspora: Mujeres afrodescendientes en resistencia y liderazgo global

Como antesala a la consulta, el jueves 18 de septiembre a las 4:00 p.m., en el Hotel Suite Jones (Chapinero, Bogotá), se llevará a cabo el diálogo Voces de la diáspora: Mujeres afrodescendientes en resistencia y liderazgo global. Este encuentro contará con la participación de las lideresas mencionadas y del profesor Justin Hasford, miembro del Foro Permanente de la ONU sobre los Afrodescendientes, cuya trayectoria en Estados Unidos y articulación con movimientos afrodescendientes de la diáspora, permitirá un análisis comparado entre América Latina y el Norte Global.

El evento, organizado por Raza e igualdad, tendrá interpretación simultánea inglés-español y busca consolidar un espacio de intercambio y construcción colectiva, fortaleciendo el vínculo entre las luchas históricas de las comunidades afrodescendientes en América Latina y aquellas que se desarrollan en otros contextos internacionales.



Organizaciones de sociedad civil expresamos preocupación por el agravamiento de la situación de personas defensoras de derechos humanos en República Dominicana

  • Desde el inicio del plan para incrementar las deportaciones, se han denunciado múltiples violaciones a los derechos humanos, incluyendo expulsiones masivas y deportación de niñas, niños y adolescentes no acompañados.
  • Las denuncias de violaciones de derechos humanos en la República Dominicana han conducido a un aumento en las agresiones y ataques a organizaciones de la sociedad civil y a activistas que promueven y defienden los derechos de las personas inmigrantes haitianas y sus descendientes.

Washington D.C., 5 de noviembre del 2024.– Las organizaciones abajo firmantes, que hemos trabajado durante décadas en favor de la protección y promoción de los derechos humanos en la República Dominicana, expresamos nuestra profunda preocupación por la alarmante escalada de hostilidad, acoso y violencia hacia personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en la República Dominicana.

El pasado 2 de octubre el presidente Luis Abinader, anunció la implementación inmediata de un plan para deportar semanalmente a más de 10.000 personas en “situación migratoria irregular”. Desde entonces, diversas organizaciones de sociedad civil que trabajan en la protección de los derechos de las personas migrantes y apátridas han denunciado múltiples violaciones a los derechos humanos, tales como expulsiones colectivas, deportación de niñas, niños y adolescentes no acompañados, confiscación de documentos de identidad y hacinamiento en los centros de detención.

A raíz de estas denuncias se han incrementado las agresiones, discursos estigmatizantes y ataques a organizaciones de sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos. Recientemente, el 8 de octubre, integrantes de un grupo autodenominado “Movimiento Código Patria” amenazaron a integrantes del Movimiento Sociocultural de Trabajo Humanitario y Ambiental (MOSCTHA). Tan solo cuatro días más tarde se llevó a cabo  la detención arbitraria de Franklin Dinol, coordinador del Movimiento Reconoci.do. Esta no es la primera vez que se  atenta contra organizaciones de la sociedad civil o sus integrantes. En diciembre de 2022, tuvo lugar un allanamiento ilegal en las oficinas del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA).

Las recientes agresiones se inscriben en un contexto más amplio de racismo, xenofobia y persecución contra personas defensoras de derechos humanos en el país, que ha sido reconocido y condenado por la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana y las Naciones Unidas. A pesar de la gravedad de esta situación, el gobierno de Luis Abinader no cuenta con una política pública específica para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Aunque el Estado cuenta con un Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH), el cual establece objetivos para promover y defender los derechos humanos de todas las personas en el país, el mismo carece de medidas concretas que salvaguarden a quienes se dedican a la defensa de estos derechos, aunado a la situación de riesgo de quienes se dedican a la protección y defensa de los derechos humanos.

Recordamos que los estándares internacionales establecen la obligación de los Estados de adoptar políticas públicas, medidas legislativas y reglamentarias para garantizar que quienes promuevan y defienden derechos humanos puedan hacerlo sin represalias. Asimismo, destacamos que los Estados tienen la obligación de investigar , perseguir y sancionar seria y eficazmente las amenazas, discursos de odios y atentados en su contra, puesto que mantener los hechos en la impunidad puede llevar a su repetición y el amedrentamiento de otras personas defensoras.

El gobierno de Luis Abinader, tiene la obligación de cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de estos instrumentos. En este sentido, las organizaciones firmantes exhortamos al Estado a adoptar una política pública que garantice la protección de las personas defensoras de derechos humanos y a actuar con la debida diligencia para investigar las agresiones cometidas en su contra.

Firman:

Amnistía Internacional

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional

Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Santa Clara

Colectivo #HaitianosRD

Fundación Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas Y Sociales (CIJYS)

Global Justice Clinic, NYU School of Law

Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)

Instituto Caribeño de Derechos Humanos (ICADH)

Movimiento Sociocultural de Trabajo Humanitario y Ambiental (MOSCTHA)

Robert F. Kennedy Human Rights

Ante el auge de la extrema derecha en Latinoamérica, líderes afrolatinos, indígenas y LGBTI+ sostuvieron reuniones de incidencia en Washington D.C.

Washington D.C., 16 de octubre 2024.- Ante la creciente influencia de movimientos de extrema derecha y el preocupante avance de agendas racistas y xenófobas en América Latina y el Caribe, una delegación de liderazgos afrolatinos, indígenas y LGBTI+, encabezada por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), sostuvo reuniones clave de incidencia en Washington D.C. con el Congreso de los Estados Unidos, el Departamento de Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante estos encuentros, la delegación presentó soluciones y perspectivas críticas frente a problemas como la discriminación racial y de género, la brutalidad policial y la sistemática falta de acceso a servicios esenciales como la salud y la educación.

Asimismo, la delegación presentó recomendaciones para promover la formulación e integración de políticas más inclusivas y equitativas en marcos clave como el Plan de Acción Conjunta para la Igualdad Racial y Étnica (JAPER), el Plan de Eliminación de la Discriminación Racial en las Américas (CAPREE) y la Declaración de Asociación de América del Norte por la Equidad y la Justicia Racial. 

Durante las reuniones, Mauricio Ye’kwana, Director Ejecutivo de Hutukara Associação Yanomami, abordó la crisis de violencia que enfrenta los territorios indígenas en Brasil, destacando las constantes amenazas derivadas de la explotación minera ilegal y la falta de reconocimiento gubernamental de sus tierras ancestrales. Ye’kwana señaló la negligencia del gobierno en su protección y la impunidad que rodea los asesinatos de líderes indígenas. También alertó sobre el preocupante reclutamiento de jóvenes indígenas por grupos armados, lo que debilita la cohesión comunitaria. Además, hizo un llamado urgente a la representación indígena en foros internacionales como la COP, enfatizando la necesidad de reconocer a los pueblos indígenas como guardianes esenciales del medio ambiente.

Bruna Benevides, Presidenta de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), de Brasil, expuso las violaciones de derechos humanos que enfrentan las mujeres trans, especialmente las mujeres trans negras. Benevides señaló que el componente racial del transfemicidio está profundamente arraigado en la sociedad brasileña, y que las mujeres trans negras son desproporcionadamente afectadas por la violencia y la exclusión. Benevides también enfatizó la falta de representación de las personas trans en los movimientos antirracistas y que la invisibilización de sus problemas dentro de los espacios LGBTQ+ es una preocupación clave. 

Por su parte, Lucía Xavier, Coordinadora General de CRIOLA (Brasil) alertó sobre una ola conservadora que se ha extendido por Brasil y que aumentado significativamente la violencia contra las mujeres negras, tanto cis como trans, quienes enfrentan múltiples barreras para acceder a recursos básicos debido a políticas de financiamiento discriminatorias. Xavier solicitó una mayor representación política de las mujeres negras, así como políticas públicas efectivas que protejan sus derechos y promuevan su bienestar.

María Martínez, del Movimiento Socio-Cultural de los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA),  denunció la constante amenaza de expulsión y la brutalidad policial que sufren las personas migrantes haitianas en República Dominicana. La reciente política del gobierno dominicano de deportar a 10,000 haitianos por semana ha agravado la discriminación y el racismo estructural que ya sufren estas comunidades, siendo las mujeres haitianas particularmente vulnerables a la violencia de género. Asimismo, Martínez explicó que la falta de reconocimiento civil y la situación de apatridia excluyen a estas personas del acceso a servicios básicos como la salud y la educación. 

Erlendy Cuero, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Afrocolombianos desplazados (AFRODES) de Colombia, alertó sobre la difícil situación de la juventud afrodescendiente en Colombia, particularmente afectada por la violencia y el conflicto armado. La discriminación racial por parte de las fuerzas de seguridad ha resultado en un aumento alarmante de homicidios y desapariciones forzadas de jóvenes afrocolombianos, quienes son frecuentemente estigmatizados y tratados como sospechosos solo por su color de piel. 

Sandra Arizabaleta, Directora de la Fundación Afrodescendiente por las diversidades sociales y sexuales “Somos Identidad” (Colombia) expuso cómo la polarización política en Colombia ha exacerbado la violencia y la discriminación contra las personas afrodescendientes y LGBTI+. Para Arizabaleta es urgente crear políticas públicas que aborden de manera efectiva la interseccionalidad entre raza, género y orientación sexual, algo que actualmente está ausente en el discurso político colombiano. Asimismo, denunció la violencia que aún persiste por parte de grupos armados contra estas poblaciones vulnerables.

Cecilia Ramírez, Directora Ejecutiva del Centro para el Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP), Perú explicó que el plan de desarrollo afroperuano, que fue diseñado para mejorar las condiciones de estas comunidades, se ha estancado debido a la falta de recursos financieros y apoyo técnico. Ramírez también enfatizó en cómo el racismo estructural sigue siendo un obstáculo para el progreso social y económico de las personas afrodescendientes en Perú, quienes continúan teniendo los peores indicadores socioeconómicos. En sus planteamientos, propuso la implementación de cuotas étnicas para asegurar la representación política de afrodescendientes e indígenas, y subrayó la necesidad de procesos de autoidentificación más inclusivos que consideren tanto el género como la etnicidad.

Patricia Torres Sandoval, Representante del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA), centró su intervención en la violencia contra las mujeres y niñas indígenas, enfatizando cómo esta situación se ve agravada por la violencia estructural que proviene del racismo, la pobreza y el colonialismo. También subrayó el impacto devastador de las actividades extractivistas en la región, que no solo causan destrucción ambiental, sino que también profundizan la pobreza y la exclusión social de las comunidades indígenas, intensificando la violencia contra las mujeres. Torres destacó que la falta de voluntad política y la implementación ineficaz de acuerdos internacionales contribuyen a la marginación y exclusión de estas comunidades, lo que requiere una atención urgente y sostenida.

Finalmente, las y los líderes presentaron una serie de recomendaciones clave a las autoridades, enfocadas en fortalecer la representación, promover políticas inclusivas y garantizar la rendición de cuentas:

  • Financiar programas que promuevan el liderazgo de las comunidades Afro-Latinas, Indígenas y LGBTQ+. 
  • Fomentar alianzas entre organizaciones de base de derechos humanos en EE.UU. y América Latina para fortalecer su capacidad y visibilidad. 
  • Instar a los gobiernos latinoamericanos a adoptar legislaciones que protejan a las poblaciones marginadas y promuevan políticas antirracistas y antihomofóbicas. 
  • Garantizar que acuerdos como JAPER y CAPREE aborden activamente la violencia que sufren estas comunidades.
  • Fortalecer la supervisión de la financiación internacional para garantizar que los recursos lleguen a los grupos vulnerables. 
  • Facilitar el diálogo entre los gobiernos y la sociedad civil para mejorar la transparencia en el monitoreo de derechos humanos y garantizar la rendición de cuentas de los responsables de abusos.

Raza e Igualdad respalda firmemente estas recomendaciones y reafirma su compromiso de seguir acompañando a estos liderazgos en la promoción de sus voces ante instancias gubernamentales y otros espacios de incidencia. Asimismo, continuará trabajando en la documentación de las violaciones a los derechos humanos y en la construcción de propuestas que fomentan sociedades más inclusivas, equitativas y respetuosas.

República Dominicana: Delegación de sociedad civil presente en la Pre-Sesión EPU

Ginebra, 6 de marzo de 2024.– Una delegación de sociedad civil dominicana participó en la Pre-sesión del Examen Periódico Universal (EPU) realizada el viernes 16 de febrero de 2024 en Ginebra, Suiza, con el apoyo técnico del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad). La delegación estuvo compuesta por María Martínez (Movimiento Socio Cultural de Trabajadores Haiti, MOSCTHA), Manuel Dandre (Red de Encuentro Dominicano-Haitiano Jacques Viau, Red Jacques Viau), Rosalba Díaz (Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas, COLESDOM), Roberto Acevedo (Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados, ODH-GV) y Jenny Morón (Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas, MUDHA), quienes contaron con el acompañamiento de Elvia Duque, Oficial Senior sobre Raza y Etnicidad de Raza e Igualdad.

Durante una semana en la ciudad suiza, la delegación también tuvo la oportunidad de hacer incidencia al reunirse con representantes de organismos de Naciones Unidas y representantes de misiones diplomáticas, espacios donde compartieron información sobre la situación de discriminación que enfrentan algunos grupos poblacionales en República Dominicana y que resultan violatorias de sus derechos humanos.

Jenny Morón, de MUDHA, expuso la situación de apatridia que, según estimaciones de la sociedad civil, afecta a más de 209 mil personas y que se ha agravada a raíz de la Ley 169-14, al punto que actualmente existen cuatro grupos cuyos derechos humanos son afectados de una u otra forma: 1) quienes debido a su apellido y características fenotípicas no son asociados a la población haitiana y cuentan con todos sus derechos; 2) personas que inicialmente pertenecían al numeral 1 pero el Estado le quitó la nacionalidad en 2013 por identificar algún vínculo con la población haitiana; 3) quienes han sido inscritos en el llamado Libro Especial (Libro de registro para hijos e hijas de madres extranjeras no residentes); y 4) aquellos nacidos en territorio dominicano pero no cuentan con ningún tipo de documentación o designación de nacionalidad.

El activista Manuel Dandre, de la Red Jacques Viau, compartió su experiencia como persona afectada por la Sentencia TC 0168-13, pues a pesar de haber nacido en República Dominicana, a sus 55 años el Estado cambió sus documentos luego de identificar vínculos con población haitiana. “Aquellas personas que nos encontramos en el numeral 2 y 3 tenemos acceso parcial o nulo a derechos básicos como educación, empleo, tránsito, etc., y estamos temerosos a cambios legislativos que continúen mermando nuestros derechos”, expresó.

La defensora de derechos humanos María Martínez, de MOSCTHA, enfatizó la crisis que enfrenta el Estado dominicano en el área laboral, siendo las mujeres y la población en condición de apátrida las más afectadas. Según el mismo Ministerio de la Mujer, más del 95% de las mujeres en el país identifican sus espacios laborales como escenarios de violencia o acoso[1].

Así mismo, la activista Rosalba Diaz, de COLESDOM, resaltó que “la carencia de legislación que garantice protección a la población LGBTI+ ha generado una gran vulnerabilidad de esta población” enfatizando en su presentación “los constantes casos de mutilación, estigma y demás casos de vulneración a los derechos humanos que enfrenta la población intersexual incluso desde muy temprana edad, así como les patrones judiciales que merman los derechos de custodia de las madres lesbianas en República Dominicana”.

En tanto, Roberto Acevedo, de ODH-GV, expuso la falta de acceso a trabajo y discriminación que sufren personas con VIH/SIDA, pues a pesar de la existencia de la Ley 135-11 -que contempla la privacidad de la información sobre el diagnóstico del VIH, las instituciones públicas realizan pruebas de laboratorios como parte del proceso de preselección de candidatos a puestos de trabajos, teniendo como consecuencia no emplear a las personas que resultan positivas aun poseyendo las habilidades necesarias.

La delegación hizo un balance positivo de la visita pues además de visibilizar la crisis que vive el país debido a políticas racistas, xenofóbicas y discriminatorias, así como de posicionar sus recomendaciones, sirvió para advertir sobre la Ley 1/2024, la cual crea un organismo centralizado del Estado, con el objetivo de proteger los intereses de la nación y evaluar amenazas internas y externas contra este. La sociedad civil considera que esta ley genera las herramientas necesarias para avalar al Estado en su labor de criminalización de activistas y personas defensoras de derechos humanos, por lo tanto, la delegación hizo un fuerte llamado para demandar su derogación.

A ello se suma que, al regreso de la delegación a República Dominicana, se conoció la aprobación de la Resolución No. 13, del 17 de febrero de 2024, sobre tramitación de registro de nacimientos de hijos de extranjeros nacidos en República Dominicana. Después de algunos días de evaluación de esta Resolución, a primera vista esta resolución resulta ser una posible solución a varios de los temas abordados por esta delegación en Ginebra respecto a la situación de apatridia, pero al hacer un análisis de fondo genera preocupación porque no beneficia a la población en condición de apatridia en tanto establece la presentación de documentos que esta no posee.

A continuación, desatacamos algunas de las recomendaciones presentadas por esta delegación durante su gira de incidencia en la Pre-sesión del EPU en Ginebra:

  • Promover la creación de una mesa técnica de acompañamiento, revisión e implementación de las recomendaciones realizadas en el EPU, con la participación de la sociedad civil, un estado miembro del Consejo, organismos internacionales y el Estado Dominicano.
  • Promover una ley nacional de igualdad y no discriminación que persiga, tipifique y sancione el racismo y la discriminación en todas sus formas.
  • Motivar al Estado para que modifique y/o elimine cualquier legislación, sentencia o disposición que no esté alineada con los tratados y acuerdos internacionales de protección de los derechos humanos.
  • Motivar al Estado a firmar, ratificar e implementar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI).
  • Prevenir la apatridia creando mecanismos claros, gratuitos y expeditos para beneficiar a las personas víctimas de la Sentencia 168.13, dado que la Ley 169.14 no ha solucionado el problema causado por la Sentencia 168.13. Además, ratificar la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención de 1961 para Reducir los Casos de Apatridia.
  • Sensibilizar a las autoridades, para que eviten la criminalización de la migración y eliminar la política de arresto, deportación y expulsión basados en el perfil racial. Además, tomar las previsiones necesarias para que ninguna persona dominicana por su color de piel o descendencia sea expulsada del territorio nacional.
  • Promover la interculturalidad en la esfera de la educación y en los medios de comunicación.
  • Promover la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas que se encuentren en contexto de vulnerabilidad.
  • Crear una legislación que integre los beneficios de los Convenios 156, 190, 189.
  • Promover e incentivar la integración social de grupos vulnerables (personas que viven con VIH-SIDA, usuarios de drogas) para que puedan aportar a su comunidad.
  • Motivar la elaboración y promulgación del reglamento de aplicación de la ley 135-11 de VIH/SIDA, que a 12 años aún no cuenta con ese importante instrumento jurídico.
  • Promover el fortalecimiento del rol del Defensor del Pueblo, para que promueva y defienda los derechos humanos independientemente del género, nacionalidad y creencia.

Raza e Igualdad agradece a MUDHA, COLESDOM y ODH-GV por obtener sus recursos y sumarse a la delegación inicialmente compuesta por MOSCTHA y la Red Jacques Viau, y les invita a seguir construyendo en unión estrategias para contrarrestar la cruda realidad que viven algunas poblaciones en República Dominicana. También, reiteramos nuestro compromiso de luchar contra las diferentes discriminaciones existentes en este país de la mano con las organizaciones miembros a la Red Jacques Viau y la coalición de ONGs CODHAJUR.

 

En la foto (de izquierda a derecha): Elvia Duque (Raza e Igualdad), María Martínez (MOSCTHA), Manuel Dandre (Red Jacques Viau), Rosalba Díaz (COLESDOM), Roberto Acevedo (ODH-GV) y Jenny Morón (MUDHA), en Sala XXII, Edificio E de Naciones Unidas. Ginebra, Suiza. 

 

[1] Ministerio de la Mujer. Ministerio de la Mujer pone en marcha ruta para la ratificación del Convenio 190 de Violencia y Acoso en el Mundo Laboral. 28 Junio, 2023. Disponible en https://mujer.gob.do/index.php/noticias/itemlist/tag/Convenio%20190#:~:text=M%C3%A1s%20del%2095%25%20de%20las,Convenio%20n%C3%BAmero%20190%20contra%20la

25J: Las mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora en los espacios para la protección y defensa de los derechos de la población afrodescendiente

Washington D.C., 25 de julio de 2023.– La creación de nuevos mecanismos internacionales para la protección y promoción de los derechos de las personas afrodescendientes, marca una oportunidad clave e histórica para superar el racismo y la discriminación que enfrenta esta población. Por ello, este Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hacemos un llamado para que en estos espacios se tengan en cuenta las perspectivas de género e interseccional, de tal forma que estas marquen el trabajo de vigilancia de la situación y formulación de recomendaciones a los Estados.

Del 25 de julio y la lucha por la justicia racial

El 25 de julio fue establecido como Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora durante el Primer Encuentro de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, que se celebró un día como hoy, pero de 1992, en Santo Domingo (República Dominicana), en reconocimiento al trabajo que realizan mujeres de ascendencia africana en la lucha contra la discriminación racial, el sexismo, la pobreza y la marginación.

En nuestra línea de trabajo sobre igualdad racial, hemos venido incorporando los enfoques de género e interseccional en todas las acciones que realizamos (litigio estratégico, fortalecimiento de capacidades y documentación), pues consideramos que a través de esas perspectivas se pueden garantizar la inclusión de las mujeres y todas aquellas personas con orientación sexual e identidad de género diversas.

Asimismo, ante la creación de mecanismos internacionales sobre población afrodescendiente, hemos apoyado la participación de mujeres afrodescendientes en nuevos espacios como el Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia Racial y la Igualdad en el contexto de la Aplicación de la Ley (EMLER, por sus siglas en inglés) y el Foro Permanente sobre los Afrodescendientes (PFPAD por sus siglas en inglés), así como en otros de vieja data como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Mujeres afrodescendientes marcando agenda en nuevos mecanismos

En la segunda sesión del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes de las Naciones Unidas, que tuvo lugar del 30 de mayo al 2 de junio en Nueva York, organizaciones de mujeres afrodescendientes de Brasil, Colombia y República Dominicana conformaron una Delegación de Justicia Racial para denunciar la violencia racial y de género en América Latina. Con el apoyo de Raza e Igualdad y la Alianza Negra para Poner Fin a la Violencia (Fundo Elas), dicha delegación también planteó la necesidad de construir agendas y proyectos para combatir, a través de una perspectiva interseccional, las diferentes formas en que la violencia racista afecta la vida de las mujeres en la región.

“Lo importante de estar presente en este espacio fue que pude llevar las voces de varias mujeres silenciadas. Grada Kilomba, artista, escritora e intelectual negra, dice que el hombre blanco está en la cima de la pirámide social, luego viene la mujer blanca, luego el hombre negro, y la mujer negra es invisible en la base de la pirámide. Y queremos cambiar eso”, asegura Monique Damas, abogada y Directora Ejecutiva del Selo Juristas Negras, una de las organizaciones que conformó la delegación.

Erlendy Cuero, vicepresidenta de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) y quien también fue parte de la Delegación de Justicia Racial ante el Foro Permanente sobre los Afrodescendientes de las Naciones Unidas, valora que garantizar la perspectiva de género en estos espacios es esencial debido a la persistencia de acciones de racismo y discriminación encaminadas a dañar su integridad no solo por ser mujeres, sino por ser también mujeres afrodescendientes.

“Somos nosotras las que sufrimos el impacto desproporcionado del conflicto armado, cuando nuestros cuerpos siguen siendo abusados sexualmente como estrategias para el destierro y desarraigo de nuestros territorios, cuando no podemos acceder a educación, empleo, vivienda digna, salud, etc.”, dice.

Respecto a qué se espera con la participación de las mujeres afrodescendientes en estos nuevos mecanismos, así como en otros que ya llevan varias décadas en funcionamiento como el CERD y el Comité CEDAW, Cecilia Ramírez, Directora Ejecutiva del Centro para el Desarrollo de las Mujeres Negras Peruanas (CEDEMUNEP), asegura: “Sociedades más justas, igualitarias y equitativas, garantizar la autonomía de las mujeres afrodescendientes; asimismo, aumentar las capacidades de las jóvenes afrodescendientes y brindarles  las oportunidades necesarias para que puedan desarrollar todo su potencial”.

“Esperamos que desde nuestros estados puedan generarse acciones afirmativas y políticas públicas con presupuestos que garanticen acortar las brechas de desigualdad que enfrentamos no solo por nuestra condición de género sino también por nuestra pertenencia étnica”, añade Ramírez. Cabe destacar que durante la revisión del Comité CEDAW a Perú en 2022, se contó por primera vez con la participación de activistas afroperuanas, por medio de CEDEMUNEP con el apoyo de Raza e Igualdad.

Desde Cuba, Marthadela Tamayo, del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), destaca el enfoque de género y la interseccionalidad como herramientas clave en espacios sobre población afrodescendiente. “Porque son espacios necesarios para que estas poblaciones expliquen o narren las realidades que viven desde todas las intersecciones que atraviesan en su día a día en sus barrios o comunidades”, afirma.

“Además estos espacios pueden ser escenarios muy positivos para que las mujeres podamos articularnos, desarrollarnos y participar de la vida política y pública de un país”, agrega.

Desde Raza e Igualdad seguiremos promoviendo la participación de las mujeres afrodescendientes en los mecanismos regionales e internacionales existentes para la protección y promoción de los derechos de las personas afrodescendientes. Es fundamental que las perspectivas de género e interseccional sean tomadas en cuenta en la recolección de datos, análisis de situación y formulación de recomendaciones a los Estados.

Voces Trascendentales: Arte y la Cultura como formas de Resistencia y Orgullo

Washington D.C., 28 de junio de 2023.- En el Día Internacional del Orgullo LGBTI+, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) desea dedicar este artículo a reconocer, celebrar y visibilizar la presencia de personas LGBTI+ de la región en el campo del arte y la cultura que siempre han sido formas de resistencia, sobrevivencia y orgullo para las personas LBGTI+. Sus disruptivas formas de expresión artística han revolucionado este sector, no solo enriqueciéndolo sino desafiado y transformado las narrativas dominantes de la cisheteronormatividad.

Desde el enfoque de los derechos humanos, en el informe A/HRC/14/36 de la Relatoría Especial sobre Derechos Culturales de las Naciones Unidas señala que, en muchos aspectos, los derechos culturales son esenciales para el reconocimiento y el respeto de la dignidad humana. A través de estos, se protegen el desarrollo y la expresión de diversas visiones del mundo -individuales y colectivos-, y abarcan libertades importantes relacionadas con cuestiones de identidad[1].

En ese sentido, la representación y la visibilidad digna de grupos históricamente vulnerados, como la población LGBTI+, son fundamentales para reivindicar sus cuerpos e identidades, y promover sus derechos humanos. “Combate el estigma y la discriminación. La representación positiva en la cultura contribuye a desafiar los estereotipos y prejuicios negativos que existen la entorno a la diversidad sexual y de género”, menciona Alex Aguirre, Investigador en Derechos Humanos del Instituto para la paz y el Desarrollo (Ipades) de Nicaragua, quien señala que esto también sucede con une misme cuando los personajes y narrativas reflejan experiencias propias que contribuyen a desarrollar mayor confianza y aceptar su identidad de género u orientación sexual sin sentir vergüenza o culpa.

“La manifestación artística diversa visibiliza, expone, retrata y enriquece. Poder disfrutar del arte de manos de personas de la diversidad sexual y de género brinda una perspectiva diferente al público, humanizando y volviendo suyas las expresiones”, dice Fhran Medina, abogado y activista por los derechos de las personas LGBTI+ de Fraternidad Trans Masculina Perú.

Desde el significado del arte y la cultura, más que tener un fin instrumental, Guillermo Valdizán dice en su libro Creación Heroica que “las formas de producción cultural están íntimamente ligadas a los procesos de transformación de las sociedades”[2]. Es decir, la producción cultural no existe sino en un contexto social, político y económico determinado y ha continuado presente a lo largo de la historia de las sociedades; por ello, son parte del proceso social y no solo una herramienta. Como dice Sol Ámbar Sánchez Latorre, Directore de incidencia de la Fundación GAAT de Colombia, existe una apropiación de la esfera cultural más visible por parte de las personas LGBTI+ que produce nuevas representaciones y reflexionan sobre la sexualidad y el género, y desde este espacio se gestan transformaciones culturales también.

A continuación, las contrapartes de Raza e Igualdad recomiendan algunos ejemplos notables de producciones culturales que han contribuido a la visibilidad de las personas LGBTI+:

Yunior Pino, fotógrafo y activista cubano: “Somos personas valerosas, dotadas de talentos y dones; educamos para erradicar los tabúes que por generaciones han causado mucho daño y discriminación. Recomiendo el filme cubano titulado «Fátima” porque cuenta la cruda realidad que vive en su mayoría la comunidad LGBTI+ en Cuba, ante una sociedad machista, discriminatoria y un sistema que obliga a ejercer la separación familiar y la prostitución”.

Sol Ámbar Sánchez Latorre, Directore de incidencia de la Fundación GAAT de Colombia: “Me gustaría que el trabajo de Kia sonorica, una artista trans paraguaya, pudiera conocerse más. Ella también es historiadora anticolonial, conoce bien la historia del arte; y ahora es una de las artistas Latinoamericanas pioneras en el uso de la inteligencia artificial para producir obras artísticas”.

Fhran Medina, abogado y activista peruano: “Antay es mi cantautor peruano favorito, no solo por ser un gran cantante, sino por el trabajo y el enorme corazón que le pone a cada canción y presentación. Sus letras son ternura y también mucho arte. Como cantautor trans, lleva consigo muchas historias y vivencias de la población trans. El videocip de la canción “Júrame” es algo que todas las personas deberíamos ver, pueden encontrar más de sus producciones en Spotify y Youtube”.

Articulación Brasileña de Lésbicas – Rede ABL: “Recomendamos el trabajo de Bia Ferreira en la música porque es una mujer negra y ‘sapatão’* que trae en sus canciones verdaderos ‘evangelios’ de liberación. Es importante que otras personas conozcan su trabajo porque explica de forma didáctica la causa y las soluciones a diversas cuestiones sociales”.

Alex Aguirre, Investigador en Derechos Humanos del Instituto para la paz y el Desarrollo (Ipades) de Nicaragua: “Recomiendo a la artista Ru Paul, es una Drag Queen icónica y presentadora del programa RuPaul’s Drag Race, ha sido una figura importante en la cultura LGBTI+ y ha promovido la aceptación y la celebración de la diversidad”.

En conclusión, la visibilidad de las personas LGBTI+ en el campo del arte y la cultura es un indicador poderoso del progreso en materia de derechos humanos. A través del cine, la música, la danza, el teatro, arte visual y más, se ha conquistado un espacio en el que estas voces trascendentales pueden ser escuchadas y sus experiencias pueden ser representadas de forma más auténtica. Raza e Igualdad reafirma su compromiso de promover la visibilidad y la representación de las personas LGBTI+ en todos los ámbitos de la vida y les desea un mes del Orgullo con mucha música, arte y cultura. Todas las personas merecen vivir en una sociedad sin violencia, más justa y sin discriminación. ¡Derechos Humanos Siempre!

*’Sapatão’ es una palabra de orgullo que hace referencia a las mujeres lesbianas de Brasil. Es similar a que el movimento trans valoró la palabra ‘travesti’.

…………

[1] Report of the independent expert in the field of cultural rights, Ms. Farida Shaheed, submitted pursuant to resolution 10/23 of the Human Rights Council. Available at https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/124/40/PDF/G1012440.pdf?OpenElement

[2] Valdizán, Guillermo (2021). Creación Heroica: Neoliberalismo, políticas culturales y estrategia comunitaria en el Perú del siglo XXI. Lima: RGC Ediciones

Activistas afrodescendientes de América Latina y el Caribe se toman Nueva York y Washington D.C.

Washington D.C., 31 de mayo de 2023 – En vista de la celebración de la segunda sesión del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes de las Naciones Unidas (PFPAD por sus siglas en ingles), que tendrá lugar del 30 de mayo al 2 de junio en Nueva York (EE.UU.), organizaciones de mujeres afrodescendientes de Brasil, Colombia y República Dominicana han conformado una Delegación de Justicia Racial para denunciar la violencia racial y de género en América Latina.  Con el apoyo del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y la Alianza Negra para Poner Fin a la Violencia (Fundo Elas), la Delegación de Justicia Racial tiene como objetivo resaltar la condición de las mujeres afrodescendientes y la urgente respuesta para obtener apoyo internacional en la construcción de agendas y proyectos para combatir, a través de una perspectiva interseccional, las diferentes formas en que la violencia racista afecta la vida de las mujeres latinas.

Además, Raza e Igualdad junto con la Open Society Foundation están fomentando la participación de otras 15 organizaciones representadas en su mayoría por mujeres afrodescendientes de América Latina y el Caribe en el Foro Permanente de los Afrodescendientes.  Con esto, cerca de 30 organizaciones formarán parte de esta Delegación de Justicia Racial presente en el Foro en un llamado conjunto a la cooperación internacional para poner fin a la violencia racial y de género en las Américas.  El objetivo de esta delegación es también preparar un informe con recomendaciones y opiniones sobre los períodos de sesiones primero y segundo del Foro Permanente, para ser presentado en el tercer período de sesiones, que está previsto que tenga lugar en Brasil en 2023.

El Foro Permanente sobre los Afrodescendientes fue creado en 2021 gracias a la Resolución 75/314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, siendo un mecanismo consultivo con el propósito de contribuir a la lucha contra el racismo y la consolidación de los derechos de la población afrodescendiente, colaborando con el Consejo de Derechos Humanos y otros mecanismos de la ONU.  La primera reunión tuvo lugar en diciembre de 2022 en Ginebra, Suiza, y durante el año 2023, además de la próxima sesión en Nueva York, el mecanismo tiene previsto reunirse en diciembre en Brasil. El Foro Permanente sobre los Afrodescendientes se estableció entre las actividades de implementación del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, y está presidido por Epsy Campbell Bar, ex vicepresidenta de Costa Rica.

Evento paralelo: Violencia racial y de género en América Latina

El jueves 1 de junio, a la 1:15 p.m. (hora de Nueva York), en el Church Center de Naciones Unidas, se llevará a cabo el evento ‘Violencia racial y de género en América Latina’, que hará un llamado a los actores políticos presentes en Nueva York, para que escuchen sobre la realidad de las mujeres negras y LBTI latinoamericanas. Con los conversatorios: ‘Derechos de las mujeres e interseccionalidad’ y ‘La visión de la sociedad civil en la lucha contra la violencia de género en América Latina’, este espacio, que se realizará en el marco del Foro Permanente de los Afrodescendientes, pretende contribuir a que las lideresas latinoamericanas dialoguen sobre los diferentes contextos en los que viven, lugares donde la brutalidad del racismo estructural es totalmente similar en términos de discriminación y violencia.

Además, la urgencia de abordar el tema de la violencia racial y de género se basa en datos que apuntan a América Latina como una de las regiones más violentas del eje sur global, siendo la población negra la principal afectada por la ausencia de políticas específicas. Por lo tanto, esta delegación tiene como objetivo aportar en la construcción de la agenda y declaración del Foro Permanente con un enfoque dirigido a combatir la violencia racial y de género en América Latina. Junto con esto, establecer canales adecuados para la obtención de datos desagregados para una mejor ejecución y proposición de políticas públicas adecuadas a las realidades de las personas afrodescendientes, especialmente de las mujeres afrodescendientes.

Semana de incidencia política en Washington D.C.

 Con el fin de fortalecer y continuar el trabajo que se llevará a cabo en el Foro Permanente sobre los Afrodescendientes, del 5 al 7 de junio esta delegación se dirigirá a Washington D.C. Allí, con el apoyo de organizaciones como la Washington Brasil Office (WBO) y Black Women Radicals, se reunirán con representantes del Departamento de Estado y con organizaciones afronorteamericanas, como el Black Caucus. También sostendrán encuentros con misiones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Igualmente, la Delegación de Justicia Racial actuará estratégicamente para la implementación y fortalecimiento de tratados internacionales bilaterales entre sus países, como la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI),  el Plan de Acción Conjunto para la Eliminación de la Discriminación Racial y Étnica y la Promoción de la Igualdad (JAPER), que acaba de ser reactivado entre Brasil y los Estados Unidos;   y el Plan de Acción entre los Estados Unidos  y Colombia para la Igualdad Racial y Étnica (CAPREE).

«Para esta delegación, es crucial que sean directamente las mujeres afrodescendientes quienes expongan sus realidades y recomendaciones para un cambio positivo porque ocupan un rol clave en la defensa de sus comunidades. Además, el contexto de justicia racial en las Américas es uno de los puntos de importancia para fomentar el intercambio entre organizaciones afrolatinoamericanas y afronorteamericanas”, explica Elvia Duque, Oficial de Raza y Etnicidad de Raza e Igualdad.

Para cerrar la semana de incidencia política, también se llevará a cabo el 7 de junio, a partir de las 11 a.m. (hora Washington D.C), el evento Movimiento de Mujeres Afrolatinoamericanas en Washington D.C., que se realizará en el centro de reuniones para mujeres afrodescendientes ÌPÀDÉ. El conversatorio sobre estrategias de comunicación y movilización contra el racismo y la violencia racial en las Américas contará con las lideresas que conforman la delegación.

Agenda

Delegación de Justicia Racial de Mujeres Afrodescendientes de América Latina y el Caribe

 Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre los Afrodescendientes – 30 de mayo al 2 de junio en Nueva York

Evento paralelo: Violencia racial y de género en América Latina

Jueves 1 de junio, 1:15 p.m. (hora de Nueva York),

Lugar: UN Church Center – 777 United Nations Plaza, Nueva York, NY 10017.  Situado a dos minutos a pie de la sede de la ONU.

Semana de incidencia en Washington DC – 5-7 de junio

Evento: Movimiento de Mujeres Afrolatinoamericanas en Washington D.C.

Miércoles 7 de junio a las 11 a.m. (DC).

Lugar: ÌPÀDÉ – 1734 20th St NW, Washington, DC 20009

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