Día de los Derechos Humanos: seguimos comprometidos con la defensa de los derechos humanos en América Latina

Día de los Derechos Humanos: seguimos comprometidos con la defensa de los derechos humanos en América Latina

Washington, D.C. 10 de diciembre de 2019. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos hoy se une a la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que conmemora la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Setenta y un años después de aprobado ese documento que marcó un hito en el reconocimiento de los derechos inherentes a cada ser humano, estableciendo que debían respetarse sin distinción de la raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas, origen, ni ninguna otra condición, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos – Raza e Igualdad – continúa abogando por el cumplimiento y la defensa de dicha Declaración.

Durante este día, recordamos que la situación de derechos humanos en América Latina es crítica y por lo tanto se necesita un urgente accionar de los Estados para velar y garantizar efectivamente los derechos de sus ciudadanos, especialmente de aquellas poblaciones que históricamente han sido marginadas.

En Cuba, nos preocupa la situación de los prisioneros políticos y del hostigamiento y represión en contra de activistas y periodistas independientes. El caso del preso político José Daniel Ferrer García, coordinador general y fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), es alarmante, pues han pasado tres meses desde su detención, no ha tenido un proceso judicial y sufre malos tratos en los calabozos de la prisión en que se encuentra detenido. Su situación es especialmente preocupante porque podría correr la misma suerte de varias otras activistas independientes que han sido condenadas por delitos comunes después de expresar su opiniones. Por ejemplo, la Dama de Blanco Martha Sánchez está en prisión actualmente bajo una condena de 4 años y medio. De la misma manera, es alarmante la situación de activistas y periodistas independientes que sufren de restricciones de viajes sin razón legal alguna, lo que viola el derecho a la libre circulación de todo ciudadano cubano. En relación con esta situación, apoyamos la propuesta de una demostración pacífica y simbólica a favor de los derechos de libre circulación que se llevará a cabo este martes en la terminal del Aeropuerto Internacional José Martí. Recordamos que toda demostración o expresión pacifica de un individuo constituye un derecho inalienable bajo las leyes internacionales.

En Nicaragua, la grave crisis política y de derechos humanos que el país atraviesa desde hace casi 20 meses no parece mejorar, pues las autoridades se rehúsan a respetar las voces disidentes y continúan violando los derechos humanos de los nicaragüenses, incluyendo el derecho a la manifestación, a la libre movilización y a la libertad de expresión y de prensa. Hasta la fecha, se contabilizan alrededor de 150 presos y presas políticas, quienes atraviesan juicios viciados y carentes de garantías constitucionales. Tampoco se ha permitido el retorno al país de organismos internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que las organizaciones locales se enfrentan a la persecución y el asedio permanente por parte de policías y grupos afines al Gobierno.

En Colombia, las múltiples violencias que se viven tras la firma del Acuerdo de Paz no permiten pensar en la superación real de las desigualdades, marginación, terror y violencia que aún se vive en los territorios colombianos. El asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales es uno de los fenómenos que hoy por hoy más laceran la integridad de quienes defienden los derechos humanos. Según cifras oficiales, entre enero del 2016 y agosto de 2018 se reportaron aproximadamente 343 asesinatos de líderes sociales, sin embargo, organizaciones de la sociedad civil reportan más de 400, de los cuales alrededor del 40% fueron asesinatos contra líderes afrodescendientes e indígenas. A esto se le suma el “genocidio estadístico” que representan los últimos resultados de la encuesta poblacional: las cifras oficiales reportaron 2,9 millones de personas que se auto-reconocían como afrodescendientes en el Censo de 2018, al menos un millón menos de las reportadas en el Censo de 2005.  En este mes, después de dos semanas de paros nacionales y movilizaciones sociales del pueblo colombiano que demanda al Estado respuestas inmediatas y urgentes frente a las graves violaciones a los derechos fundamentales, el incumplimiento en la implementación efectiva del Acuerdo de Paz, y los compromisos asumidos en materia de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición representantes de las organizaciones de sociedad civil siguen apostando a la construcción de la paz por una vía pacífica que posibilite el encuentro en la diferencia.

Parte del equipo de Raza e Igualdad con defensores de derechos humanos de América Latina.

Durante el año de 2019, la persistencia de la violencia y discriminación contra la población afro-LGBTI ha sido una problemática que ha venido siendo estudiada de manera más cercana por los Sistemas Internacionales de protección de Derechos Humanos. Durante este año se celebró la Audiencia sobre la situación de la población Afro-LGBTI de las Américas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con presencia de representantes de Brasil, Colombia, República Dominicana y Perú; por su parte, el Experto Independiente sobre OSIG de la ONU, Victor Madrigal,  se reunió en Colombia con organizaciones afro LGBTI en Cartagena y la Comisionada Margarette Macaulay visitó activistas Afro-LGBTI de la Favela de Maré en Río de Janeiro en Brasil.

Todas estas actividades se enmarcan en un año en el que ha persistido la violencia contra las personas Afro-LGBTI.  Brasil sigue siendo el país con mayor cantidad de asesinatos contra las personas trans del mundo. Según los datos actuales de la Asociación Nacional de Personas Trans en Brasil ANTRA, al menos 106 personas transgénero fueron asesinadas en Brasil hasta noviembre de 2019, muchas de estas víctimas son mujeres trans afrodescendientes. Con otras dimensiones, la violencia contra la población Afro-LGBTI en países como Colombia y República Dominicana, persiste, con la ocurrencia de casos de homicidio. Otras expresiones de la violencia, como en el caso de Nicaragua, están fuertemente asociadas a un contexto represivo político y religioso que impacta en la vida de los y las activistas LGBTI, llegando incluso a situaciones como el exilio, para evitar detenciones arbitrarias y torturas.  

En México, Panamá y Perú, la incorporación de preguntas de auto-identificación racial y étnica en los censos de población y vivienda sigue siendo un gran desafío en la recolección de datos estadísticos reales y permanentes que reflejen las características de la población afrodescendiente e indígena de esos Estados. Organizaciones de la sociedad civil han denunciado en múltiples ocasiones que la falta de información estadística sobre pueblos étnicos se debe, entre otras cosas, a una falta de trabajo dialógico y participativo que procure la elaboración de preguntas de auto identificación racial en conjunto con las comunidades étnicas. Al contrario, los censos contienen preguntas que carecen de contexto, lo que conlleva a que los pueblos no las comprendan y esto se derive en datos estadísticos erróneos, incompletos o no abordados en los censos. Por tal razón, la creación de planes, programas o políticas de gobierno en beneficio de la superación de las realidades de desigualdad e injusticia social de esta población son tan complejos de materializar e implementar.

Al cumplirse cinco años de fundado el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, seguimos comprometidos con la defensa de los derechos humanos en la región, especialmente en los países en los que trabajamos: Cuba, Nicaragua, Colombia, Brasil, República Dominicana, México, Panamá y Perú. Continuamos trabajando para promover y proteger los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, por su orientación sexual o identidad de género; además de aquellos que piensan y muestran opiniones distintas. Este 10 de diciembre reafirmamos nuestros deseos de aportar a la construcción de una sociedad equitativa para todos y todas, sobre la base de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

¡No más impunidad! Día Internacional de la Memoria Trans

On Trans Remembrance Day, The International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality) stands in solidarity with the struggles of trans women against the various forms of violence they have been victims of, particularly the violence that has obstructed their lives. The fight against the murder of trans people must be the fundamental basis of any discussion on the implementation of policies or recognition of gender identity. This is the most basic task of all States.

Brazil remains the country with the highest number of trans people murdered in the world. The dossier on murders and violence against transvestites and transsexuals in Brazil of 2018, prepared by the National Association of Transvestites and Transsexuals (ANTRA), noted that, in 2018 alone, 163 murders of transgender people occurred, 82% of them black. The largest number of trans people were killed in the state of Rio de Janeiro, with a total of 16 murders. According to current ANTRA data, as of November 11, at least 106 transgender people have been killed in Brazil this year(2019).

Murders of trans people also occur in all other Latin American and Caribbean countries.  The effort of some civil society organizations to better document this violence has resulted in various regional observatories that monitor violence throughout the region such as: Sin Violencia LGBT, la Red Lactrans, and the ILGALAC, among others. However, these valuable efforts do not replace the duty of States to adequately register and investigate these acts. The UN Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation or gender identity and gender expression stated in his 2019 report on data collection and management:

“The breakdown of data that allows comparisons to be made between population groups is part of States’ obligations in the field of human rights, and has become an element of the human rights-based approach to data use.”

Accordingly, we highlight the relevance of not only adequately characterizing violence against the trans population, but also having a better characterization that accounts for their socio-economic situation, educational contexts, and racial characteristics, as it appears that in countries like Brazil, the magnitude of gender identity violence, especially violence against trans people, has had a particular impact on people of African descent.

This task, apart from being carried out through adequate investigation and prosecution work from a criminal perspective, must be accompanied by preventive actions in the different areas of rights protection.  Some actions to adopt include the construction of policies that respond to the origin of multicausal violence, the prevention of domestic violence due to gender identity, transphobic bullying in educational settings, adequate health care with a differential approach, as well as actions of transformation and openness in work spaces.

From Race and Equality, and in alliance with the civil society organizations with whom we work in the Latin American region, we will continue to demand that integral political States denaturalize violence against trans people, and the oversight of names and lives that also deserve to be lived with full respect for their dignity and full guarantee of their rights.

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“La situación de violencia contra personas Afro-LGBTI es invisibilizada y sistemática en América Latina” alertan activistas ante la CIDH

Quito, Ecuador. November 12, 2019. In the thematic hearing held during the 174 period of Hearings of the Inter-American Commission on Human Rights in Quito, Ecuador, LGBTI activists and Afro-descendants from Brazil, Colombia, the Dominican Republic, and Peru presented on the situation of violence, lack of protection, and lack of knowledge of their prevailing rights in each of these States.

Throughout the space, the activists highlighted how Afro-descendants with sexual orientations and non-normative gender identities are at greater risk of suffering from violations of their rights, especially by the States’ general lack of knowledge on the differentiated effects suffered by people living this reality.

Likewise, the activists presented a summary of different cases of murder and violence against transgender people and Afro-descendants, especially those committed with a high degree of cruelty and hatred; in addition to remaining completely unpunished. 

Bruna Benavides, ANTRA activist

“In January of this year, in Brazil, a trans woman had her heart torn out and then replaced by the image of a saint. Her murderer was acquitted of the charge, even though he narrated in great detail how he had killed her and kept her heart at home with a smile on his face,” said Afro-Brazilian activist Bruna Benavides, a member of the National Association of Transvestites and Transsexuals, or ANTRA in Brazil.

According to information given by Benavides, this year alone, 110 trans people were killed in Brazil, 85% of them black. Likewise, the activist reported that 90% of the population of transvestites and trans women in this country are engaged in prostitution due to the lack of job opportunities.

Furthermore, she pointed out that this group of people are recurring victims of different State institutions due to the inaccessibility of appropriate healthcare services and of fair employment opportunities and recognition, as well as having a lack of respect for their identities. In this regard, Benavides added ,“… today we are afraid to walk the streets again, and as a defender of human rights, I do not feel safe despite the progress we have made because our leaders have common policies of racist hatred , male chauvinism…”

In this order, the leader Justo Arevalo representative of the Colombian organizations Arco Iris de Tumaco, the National Conference of Afro-Colombian Organizations (CNOA), and Somos Identidad, highlighted that contexts of rejection, violence, and discrimination within these communities towards people who assume a non-normative sexual orientation or gender identity create other types of cyclical and systemic violence that threaten the integrity of AfroLGBTI people. An example of this is in Colombia, where there is forced displacement towards cities that sharpen the circles of violence in which these people live.

Justo Arevalo, Colombian activist

“In March of 2019, a report on the realities experienced by Afro-LGBTI people was filed in Bogotá before the Jurisdiction for Peace, whose main findings show that documented violence and impact are blocked by very racial and class-particular relations, typical of the sociocultural, economic, and political environment in which they occur, prejudice as a factor of violence, and the responsibility of illegal armed actors in the face of serious violations of rights against Afro LGBT people, “Arevalo added in his speech.

Belén Zapata, an Afro-descendant trans activist from Peru, alerted the audience of the impact that police abuse has on the lives of Afro-descendant and transvestite people, highlighting that it sets a pattern of deep violence against their right to personal integrity in countries like Brazil, Colombia, Cuba, the Dominican Republic, and Peru.

Likewise, the activist referred to the access of healthcare services by trans-descendant Afro-descendant women in the region, which is characterized in its generality for not being efficient or worthy of use by this population.

In this regard, the activist added: “There are still cases in which medical personnel offer inadequate and/or improper care to Afro-descendant transgender women. This pattern is particularly serious in cases of care for Afro-descendant transgender women who perform sex work and are taken in for injuries as a result of physical aggressions. But also, in cases where the request for other services is related to reproductive health or HIV / AIDS. “

Violation of the rights of Afro-LGBTI people is systematic

“As long as we avoid highlighting the intersection between race and sexual diversity, we will continue to perpetuate a system that makes the Afro-descendant LGBTI community invisible; we will continue to have legal structures, public policies, and government institutions that do not protect or guarantee the human rights of the Afro LGBTI population,” added Katherine Ventura, representative of the American University Legal Clinic. She also pointed out that there are patterns of violence that are particular to the Afro-LGBTI population, naming three: 1) Absence of rights’ guarantees focused on the Afro-LGBTI community; 2) Lack of implementation of existing laws and 3) Inadequate data collection, particularly in criminal investigation processes against Afro-LGBTI people.

On this matter, the Commissioners of the IACHR indicated the responsibility of the States to collect data, generate policies, and promote processes that guarantee the reparation, respect, and recognition of the rights of Afro-LGBTI people. In this regard, Commissioner Margarette May Macaulay urged States to ratify the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination as an alternative that seeks to address the issues of Afro-descendants with sexual orientations and non-normative gender identities.

To finalize the hearing, the organizations requested that the IACHR to urge the States of Brazil, Colombia, the Dominican Republic, and Peru to:

1. Urgently investigate cases of homicide and police abuse that involve Afro-LGBTI persons and, consequently, register and characterize them properly.

2. Implement the recommendations of the Afro-LGBTI population that this Commission has made since 2015, particularly those focused on the development of public policies that explicitly include the Afro-LGBTI population.

3. As part of the fulfillment of the objectives proposed in the Decade of Afro-descendants 2015-2024, the Afro-LGBTI population should be included as a beneficiary of justice and development-oriented measures in the region, and it should be requested that all states comply with the recommendations of the Inter-American Commission regarding the importance of providing differentiated data on sexual orientation and gender identity.

4. Suggest the ratification of the Inter-American Convention against Racism, Racial Discrimination and Related Intolerances and the Inter-American Convention against All Forms of Discrimination and Intolerance to all States.

5. That the Inter-American Commission publish the report of the on-site visit to Brazil in 2018 and the rapporteur on the rights of Afro-descendants and racial discrimination visit Brazil to better know the situation of the Afro-LGBTI population, with effective participation of civil society organizations.

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Evaluación externa del trabajo de Raza e Igualdad para apoyar a la sociedad civil latinoamericana en la documentación de violaciones de derechos humanos y producción de informes sobre aquellas

Términos Referencia

Evaluación externa del trabajo del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) para apoyar a la sociedad civil latinoamericana en la documentación de violaciones de derechos humanos y producción de informes sobre aquellas

Introducción

 El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos es una organización internacional no gubernamental de defensa y protección de los derechos humanos que trabaja con contrapartes y activistas locales en América Latina para promover y proteger los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o identidad de género. Fortalecemos a las organizaciones de base para que se conviertan en actores políticos y promuevan cambios estructurales en los países donde trabajamos. Nuestra metodología se base en la capacitación técnica, la documentación de las violaciones a los derechos humanos y el trabajo de incidencia política a nivel nacional e internacional para lograr cambios estructurales sostenibles.

Raza e Igualdad lleva a cabo proyectos en los cuales intenta fortalecer las capacidades de activistas y organizaciones de la sociedad civil latinoamericana para hacer mejor uso de los mecanismos regionales e internacionales de protección de los derechos humanos. Además, los procesos tienen enfoque en la documentación de violaciones de derechos humanos, la preparación de informes y la incidencia en espacios y ante actores claves.

Propósito y alcance de la evaluación 

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos está interesado en realizar una evaluación independiente para valorar el impacto de su proyecto que buscaba apoyar a los activistas latinoamericanos en la realización de documentación de violaciones de derechos humanos y producción de informes sobre aquellas. El objetivo fundamental de la evaluación es brindar una valoración que identifique los logros, las contribuciones de Raza e Igualdad para generar cambios positivos, las oportunidades desaprovechadas y los retos del proyecto. Esta valoración deberá servir para mejorar trabajos futuros en el tema del proyecto y otros tópicos relacionados con el. Desde esta perspectiva, la audiencia primaria de la evaluación será Raza e Igualdad, su Director Ejecutivo y el equipo de trabajo.

La evaluación deberá abordar las siguientes arreas clave del proyecto:

  • Resultados e impacto
  • Relevancia
  • Efectividad para alcanzar los objetivos
  • Procesos internos y administración del proyecto
  • Inclusión de la perspectiva inter-seccional (género y LGBT)

El reporte final deberá incluir recomendaciones para la construcción de modelos exitosos, lecciones aprendidas así como sugerencias para superar cualquier limitación en el trabajo actual y futuro de Raza e Igualdad.

Metodología

Para esta evaluación se recomienda preferiblemente la aplicación de métodos cualitativos que hagan uso de diversas técnicas de recolección de datos. Esta aproximación puede incluir revisión con base en documentación de las investigaciones y acciones de incidencia ejecutadas, un análisis de la cronología de las actividades del proyecto así como de sus productos y resultados, análisis de la correspondencia electrónica, entrevistas con participantes del proyecto y actores externos relevantes, cuestionarios escritos, revisión de reportes y documentación asociada al proyecto, incluyendo artículos publicados en medios de comunicación y comunicados de prensa. Durante la evaluación, se espera que el evaluador se involucre con varios actores internos y externos al proyecto; esto incluye a pero no se limita a:

  • Equipo de trabajo de Raza e Igualdad, incluyendo su Director Ejecutivo, el Oficial del Programa a cargo del proyecto, el Asistente de Programa.
  • Participantes del proyecto.
  • Conferencistas y capacitadores que participaron en las actividades del proyecto.
  • Actores de la sociedad civil de la región que participaron en actividades del proyecto.
  • Personal de instituciones internacionales de derechos humanos, incluyendo Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas.

La lista final de actores que deberán consultarse para la evaluación será definida conjuntamente entre Raza e Igualdad y el evaluador seleccionado.

Raza e Igualdad realizará una preselección de posibles evaluadores (lista corta) a los que solicitará: una breve descripción de la metodología que usarían para la evaluación, propuesta económica, y un borrador de plan de trabajo con cronograma específico. El evaluador seleccionado trabajaría en colaboración con el equipo del Instituto para refinar la metodología y desarrollar un plan de evaluación detallado. Durante las fases de investigación y análisis de la evaluación, el consultor trabajara en forma independiente.

Productos principales

Los productos principales que el evaluador deberá entregar son:

  • Una metodología de evaluación detallada y un plan de evaluación
  • Una presentación breve con los hallazgos iniciales de la evaluación.
  • Un documento preliminar de reporte final para ofrecer comentarios
  • Un reporte final de la evaluación (máximo 20 páginas)

Marco temporal tentativo y proceso de selección

Raza e Igualdad espera que la evaluación se inicie el 15 de agosto de y termine el 30 de septiembre de 2019. Dentro de este periodo calendario de tiempo, se espera que evaluador realice la evaluación en 20 días laborales. Las fechas exactas se concertarán con el evaluador seleccionado.

Raza e Igualdad está interesado en recibir aplicaciones del mayor número posible de evaluadores. Las aplicaciones deben incluir:

  • Una carta que presente al evaluador y destaque sus habilidades y competencias para esta evaluación.

Las aplicaciones deben remitirse a  jobs@oldrace.wp  hasta el 15 de agosto de 2019.

La ONU renueva mandato crucial para la protección en contra de la violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género

“Esta es otra histórica victoria, no solo para las comunidades con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, sino para la humanidad como un todo.”

(Ginebra, julio 12 de 2019) – En una votación definitiva, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó la resolución para renovar el mandato del Experto Independiente sobre la Protección contra la Violencia y la Discriminación por motivos de Orientación Sexual o Identidad de Género (OSIG).

La resolución fue adoptada por un voto de 27 a favor, 12 en contra, y 7 abstenciones.

La campaña haciendo el llamado al Consejo para la renovación del Experto Independiente de la ONU sobre OSIG fue apoyada por 1.312 organizaciones no gubernamentales de 174 Estados y territorios.

“Esta es otra histórica victoria, no solo para las comunidades de orientaciones sexuales e identidades de género diversas, sino para la humanidad como un todo”, mencionó Paula Sebastiao de Arquivo de Identidade Angolano en Angola, y Simran Shaikh, quien es el coordinador del proyecto Trans Respect v. Transphobia en Asia, en nombre de 60 grupos de derechos humanos alrededor del mundo. “Atendiendo el llamado de un número record de organizaciones de cada región imaginable, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha reafirmado su compromiso de combatir la discriminación y violencia por motivos de OSIG, y ha recordado a todos los Estados de sus obligaciones frente a esas comunidades.”

Creado en 2016, el Experto Independiente de la ONU sobre OSIG ha sido apoyado por un creciente número de Estados de todas las regiones del mundo. La resolución para crear y renovar el mandato fue presentada por un Grupo Central de siete países de Latinoamérica – Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay.

“La renovación de este mandato demuestra como el apoyo de los Estados miembros de las Naciones Unidas para combatir la violencia y discriminación contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas ha crecido inmensamente” expresaron activistas de la Semana de Incidencia Trans de la ONU. “El Experto Independiente es crucial en atraer atención internacional sobre vulneraciones específicas y desafíos que enfrentan personas trans y de género diverso en todas las regiones.”

A pesar de que el proceso de renovación tuvo que superar 10 reformas hostiles, el corazón de la resolución que proclama la naturaleza universal del derecho internacional de los derechos humanos se mantiene en firme.

“La existencia de un mecanismo específico de derechos humanos de la ONU que supervise asuntos de OSIG es crucial para que nuestras comunidades sean escuchadas a un nivel global”, agregó Ryan Silverio de ASEAN SOGIE Caucus de Filipinas. “Si el mundo está realmente comprometido con no dejar a nadie atrás, no puede evitar hacer frente a la violencia y discriminación a la que nos enfrentamos. Las leyes que criminalizan nuestras identidades y acciones son injustas, y ya no deberían ser toleradas”.

El Experto Independiente de la ONU sobre OSIG está obligado a asesorar la implementación de derecho internacional de derechos humanos existente, a través de su comunicación con los Estados, y trabajando de forma colaborativa con otros mecanismos de Naciones Unidas o regionales, para evidenciar formas de violencia y discriminación. A través del trabajo de este mandato desde 2016, el impacto en la criminalización de las relaciones de parejas del mismo sexo, la falta de reconocimiento legal del género, la importancia de la recolección de datos específica para comunidades OSIG, y ejemplos de buenas prácticas para prevenir la discriminación, han sido resaltadas globalmente, con visitas a Argentina, Georgia, Mozambique y Ucrania.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, celebra la renovación de este mandato como indispensable en la protección de derechos humanos de personas Afro con OSIG diversas. En consecuencia, es gratificante contar con un Experto Independiente que se encuentre obligado a hacer frente a las múltiples e interseccionales formas de violencia y discriminación en contra de individuos por OSIG, como aquellas motivadas por prejuicios raciales.

Esperamos que todos los gobiernos cooperen completamente con el Experto Independiente de la ONU sobre OSIG en este importante trabajo de lograr un mundo libre de violencia y discriminación para todas las personas, sin importar su orientación sexual e identidad de género.

“Sentimos mucha gratitud con los siete Estados del Grupo Central que presentaron la resolución para renovar el mandato” expuso Andrea Ayala de El Salvador. “Su apoyo viene en un momento crucial en nuestra región, donde cualquier signo de progreso en la inclusión o igualdad está siendo contrarrestado con violencia, persecución y discursos de odio, con una retórica sobre “ideología de género”, así como muchas veces con una evidente oposición a la protección de los derechos de nuestras comunidades”.

ONU RENOVA MANDATO CRUCIAL DE PROTEÇÃO CONTRA VIOLÊNCIA E DISCRIMINAÇÃO BASEADA NA ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO

leia a versão em português

Organizaciones firmantes de la declaración:

42 Degrees
ABGLT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LESBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS, TRANSEXUAIS E INTERSEXOS
Accountability International
Amnesty International
ARC International
ASEAN SOGIE Caucus
Asia Pacific Transgender Network (APTN)
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)
Asociación OTD Chile
Caribe Afirmativo
çavaria
CHOICE for Youth and Sexuality
COC Nederland
Colectivo Alejandria
Comunidad Homosexual Argentina (CHA)
Conurbanes por la Diversidad- Argentina
Egale Canada
Equality Australia
ERA – LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey
Fundación Afrodescendiente por las Diversiades Sociales y Sexuales – SOMOS IDENTIDAD
Fundacion Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual
Fundación Reflejos de Venezuela
GATE
Gender DynamiX
GIN-SSOGIE
Haus of Khameleon
Helsinki Committee for Human Rights of the Republic of Macedonia
Human Rights Awareness and Promotion Forum
Human Rights Law Centre
ILGA Asia
ILGA World
ILGALAC – Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y El Caribe
International Family Equality Day
International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI)
International Service for Human Rights
Iranti
Korean Lawyers for Public Interest and Human Rights (KLPH)
Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos AC
LGBTI Support Center
LSVD Lesbian and Gay Federation in Germany
Namibia Diverse Women’s Association (NDWA)
ODRI Intersectional rights
OutRight Action International
Pacific Human Rights Initiative
People’s Matrix
People’s Solidarity for Participatory Democracy
Planet Ally
Red Latinoamericana GayLatino
REDTRANS Nicaragua
RFSL, the Swedish Federation for LGBTQ Rights
RFSU
RWS – India’s Diverse Chamber
Stichting NNID
Synergía – Initiatives for Human Rights
The International Institute on Race, Equality and Human Rights
the Transgender Liberation Front(abbr. TLF)
Trans Pasefika
TransAction (Aotearoa / New Zealand)
Valientes de Corazón Ecuador
Young Queer Alliance

Red Afro LGBTI de América Latina y el Caribe sostuvo reunión privada con la Relatoría para personas LGBTI de la CIDH en el marco de la 49ª Asamblea General de la OEA

Washington, DC. Julio 5 de 2019.  En el marco de las actividades realizadas durante la jornada concomitante con la 49ª Asamblea General de la OEA, el día 27 de junio los miembros de la Red Afro LGBTI de América Latina y el Caribe pertenecientes a Brasil, Colombia, Perú y República Dominicana, se reunieron en Medellín, Colombia, para realizar una serie de talleres de trabajo sobre el ejercicio de la incidencia política en los Estados y el refuerzo de conocimientos frente a los Sistemas de Protección de Derechos Humanos en el ámbito interamericano. De esta manera, se contó con la presencia de Manuel Canahui y Ernesto Zelayandia, becarios de la Relatoría de los Derechos de Personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, para la realización de una breve capacitación sobre el Sistema Interamericano y su importancia en el ámbito del activismo Afro LGBTI en cada uno de los países de los miembros de la Red. Durante esta jornada, los becarios recordaron a los asistentes la función del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los órganos que lo constituyen, a saber, la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos – Corte IDH, así como las funciones de cada uno.

Dentro del trabajo e la CIDH, y específicamente de la Relatoría LGBTI, se expuso desde qué año existe dicha dependencia y cuáles han sido sus aportes investigativos más relevantes, a saber, el Informe sobre Violencia a Personas LGBTI lanzado en 2015, y el nuevo informe de Reconocimiento de Derechos de Personas LGBTI en las Américas, cuyo lanzamiento y discusión en Colombia se realizó durante la noche de ese mismo 27 de junio y contó con la participación de tres activistas Afro LGBTI como comentaristas. Con la presentación hecha por los becarios, se aprovechó la oportunidad para analizar cuáles son las diferentes funciones de promoción y protección de Derechos Humanos dentro de la CIDH, y cómo los miembros de nuestras organizaciones contrapartes pueden hacer uso estratégico de algunas de ellas. Así, se mencionaron, entre otras, la celebración de audiencias, las visitas in loco con sus respectivos informes de análisis, las visitas de trabajo y la solicitud de medidas cautelares.

Con este recuento de recursos a los que nuestras contrapartes pueden acceder, también se ahondó en cómo se puede hacer un llamado colectivo a diferentes Relatorías que se puedan interesar en temas interseccionales, poniendo como ejemplos los esfuerzos que ya han existido entre las Relatorías de Derechos de las Mujeres y de La Niñez. Así, se mencionó cómo se puede buscar un trabajo entre la relatoría para los Derechos de los Afrodescendientes y la Relatoría LGBTI. Finalmente, los becarios resaltaron la importante función de la Corte IDH en producir varias sentencias en materia de protección a personas LGBTI, y remitieron a nuestras contrapartes los estándares que establecen dichas sentencias en materia de igualdad y no discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género para que tengan en cuenta a la hora de realizar acciones de litigio estratégico en sus correspondientes países.

Desde Raza e Igualdad celebramos la realización de este tipo de jornadas en las que nuestras contrapartes pueden establecer relaciones cercanas con miembros de órganos internacionales como la CIDH. Para los avances Estatales en materia de igualdad de derechos, es imprescindible contar con estos espacios de cercanía y capacitación. Esto, no solo para que las contrapartes se informen cada vez más sobre los recursos disponibles en materia internacional para realizar incidencia jurídica en asuntos de derechos de personas Afro LGBTI. También, para que, desde los organismos internacionales, como la CIDH, sus funcionarios se enteren de qué otras necesidades se están haciendo visibles desde las organizaciones de Derechos Humanos presentes en América Latina y el Caribe, y así empiecen a generar desde sus propias agendas esfuerzos de análisis interseccionales.

Líderes y lideresas de América Latina y el Caribe en la 49ª Asamblea General de la OEA: “Estamos ante una grave situación de vulneración a nuestros derechos humanos”

En el marco de la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos OEA celebrada en Medellín, Colombia del 25 al 28 de junio de 2019, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) llevó a cabo diversos eventos con la especial participación de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas Afrodescendientes y LGBTI de Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Brasil, Nicaragua, México, Bolivia y República Dominicana.

Dichos espacios de encuentro y discusión pretendían reflexionar y cuestionar sobre la realidad social y política en materia de derechos que enfrenta la Región Latinoamericana, que actualmente afecta especialmente a poblaciones históricamente marginadas e invisibilizadas como los pueblos afrodescendientes y personas LGBTI, así como las violaciones a los derechos fundamentales por persecución y hostigamiento que viven defensoras y defensores de derechos humanos por los diferentes gobiernos de la región.

Reiteramos nuestra condena por la ausencia de activistas cubanos a quienes se les fue denegada la salida del país por parte de autoridades de migración; esto como una estrategia de coerción y represión del Estado cubano para impedir que líderes y lideresas visibilicen la situación de violación de derechos en la isla.

Foro Interamericano contra la Discriminación

Durante este espacio de diálogo, activistas de la región describieron la situación social y política que en materia de derechos se viven en la región, en relación a esto la presidenta de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, afrocaribeñas y de las Diáspora señaló la importancia de que las mujeres de toda la región levanten sus voces para hacerse escuchar, denunciar, incidir y participar como sujetas de derechos.  Así mismo, el activista Rodnei Jericó de Géledes de Brasil, expresó a lo largo de su intervención los grandes desafíos que presenta la población afrobrasilera en relación a la garantía y reconocimiento de sus derechos, especialmente aquellas personas afrodescendientes con expresiones de género y sexo diversas, quienes encabezan en mayor porcentaje a nivel mundial el número más alto de homicidios, siendo las personas negras y LGBTI las víctimas más recurrentes.

En este sentido, el director de Caribe Afirmativo y activista por los derechos LGBTI en Colombia, Wilson Castañeda, indicó que, aunque el acuerdo paz colombiano es el único en el mundo con una agenda de trabajo y reivindicación de derechos de las personas LGBTI víctimas del conflicto armado, la violencia y prácticas de odio hacía las personas LGBTI se han recrudecido, esto, especialmente, a través de discursos de odio y expresiones estatales de indiferencia ante los reclamos de  estas personas. Ante estas declaraciones el representante de Caribe afirmativo señaló:  “La paz nos está costando la vida” La cara oculta del proceso de paz en Colombia es que al día de hoy, según INDEPAZ, se hayan asesinado 837 líderes y lideresas durante el proceso de paz, más 17 nuevos presuntos casos de violencia y homicidio recientemente cometidos.

Por su parte, la Comisionada Margarette May Macaulay compartió ante el público la importancia de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las Formas Conexas de Intolerancia, espacio en el que aseguró que la CIDH ha encontrado que las y los afrodescendientes en las Américas sufren de discriminación estructural, lo cual afecta cualquier derecho social al que estos pudiesen tener acceso.

En relación a esto, el abogado y representante de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, Hader Viveros, señaló que las personas afrodescendientes aún siguen siendo vistos como un producto, por tanto, continúan siendo víctimas de discriminación y desconocimiento de sus necesidades reales.   Evidencia de esto, fue presentado por la lideresa María Martínez de Moschta, quien señaló que existen más de 117 mil personas en estado de apátrida en República dominicana, producto del racismo sin sentido y la decidía del Estado.

Finalmente, los activistas Christian King, director de la organización TRANSA Trans Siempre amigas de República Dominicana, y la directora del Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP) Cecilia Ramírez, compartieron con las y los participantes la importancia de incidir en espacios de corte internacional como la Asamblea General de la OEA, insistiendo en la posibilidad que estos espacios brindan a la sociedad civil de presentar demandas y visibilizar las agendas sociales y políticas del movimiento social latinoamericano en lucha por la garantía de sus derechos.

Lea aquí declaraciones de la Coalición Afrodescendiente

49ª Asamblea General de la OEA

La coalición afrodescendiente fue representada por Erlendy Cuero Bravo lideresa afrocolombiana de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados – AFRODES

Conversatorio “La implementación del Acuerdo de Paz, fuente de innovación social y desarrollo para los territorios afrocolombianos”

En compañía de líderes y lideresas afrocolombianos, se llevó a cabo el pasado 25 de Junio en el marco de la 49ª Asamblea General de la OEA,  el conversatorio “La implementación del acuerdo de paz, fuente de innovación social y desarrollo para los territorios afrocolombianos, espacio que contó con especial participación de la Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, la Comisionada Ángela Salazar de la Comisión de la Verdad y de la Comisionada Margarette May Macaulay de la Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH.

Durante el espacio precedido por la Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, esta instó a líderes y lideresas a continuar la luchando, construyendo y trabajando por la paz a pesar de estar enfrentados a una sociedad “parturienta”en medio de un conflicto social y político aún sin resolver.  En este sentido la Comisionada Ángela Salazar de la Comisión de la Verdad señaló que el papel del pueblo afrodescendiente en la implementación del Acuerdo de Paz siendo enfrentando grandes desafíos especialmente porque aún no existe reconocimiento de las historias, relatos y vivencias de los pueblos negros.

El conversatorio que tuvo por eje central de discusión el sistemático asesinato de líderes y lideresas sociales, recordó la muerte de lo más de 400 líderes y lideresas asesinados según cifras de la Defensoría del Pueblo; hecho frente al cual activistas afrocolombianos expresaron total repudio recordando el reciente caso de violencia contra la fallecida María del Pilar Hurtado.

En relación a esto Audes Jiménez, lideresa afrocolombiana y representante de la Red de mujeres afrolatinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora, expresó: “Mientras el presidente Iván Duque está preocupado por la migración de venezolanos en Colombia, y su política de migración, en Colombia se está cometiendo un genocidio de líderes y lideresas sociales y esto debe ser de conocimiento de la Asamblea General”.  Así mismo la lideresa añadió que en el Caribe Colombiano continúan los asesinatos, el asedio y persecución hacía activistas especialmente de grupos étnicos que defienden su tierra y territorio como fuente de vida.

Así mismo, la reconocida lideresa afrocolombiana Francia Márquez señaló que existe un sentimiento generalizado en los pueblos afrocolombianos de abandono y desatención por parte del Estado, situación que está permitiendo el exterminio del pueblo negro, indígena y campesino del país, que ha dedicado su vida e historia a cuidar la casa grande: el mundo. “La paz implica pensar otras alternativas al desarrollo. En nombre del desarrollo nos están matando, amenazando y somos objetivo militar” señaló la lideresa.

En este sentido, también manifestó que es el racismo estructural lo que ha generado que las mujeres sigan siendo asesinadas y violentadas “Tenemos rabia porque estamos hablando de un discurso de paz vacío, la paz aún no llega a los territorios y nosotros hemos sido quienes hemos puesto los muertos” añadió Márquez.

Ante esta declaración, el activista LGBTI y director de la Fundación Afrocolombiana Arco Irís de Tumaco, Nixón Ortíz, señaló que la falta de compromiso del Estado colombiano con la implementación del  Acuerdo de Paz ha generado una serie de focos de violencia en los territorios, aún desprotegidos y desatendidos. “Queremos decir que venimos resistiendo con mucha fuerza con nuestros cuerpos, cantos y bailes. Nuestras armas son nuestras tradiciones. Pero la falta de gobernabiliad en los territorios pone en riesgo a las poblaciones” añadió Ortíz.

Finalmente, la invitación del Padre Emigdio Cuesta Pino, secretario general de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas CNOA, fue que a pesar de las muertes los líderes y lidersas sigan luchando, construyendo y resistiendo, como una responsabilidad asumida con los que ya no están, por los que hoy quedan y por aquellos que llegarán.

Conversatorio: ¿Hacia dónde va Nicaragua? Retos y Desafíos ante la grave crisis de derechos humanos

Una delegación de nicaragüenses viajó hasta Medellín para participar de la Asamblea General de la OEA y cabildear ante las misiones diplomáticas que estarían allí presentes. En ese marco, la delegación de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y ex prisioneros políticos, participaron del evento “¿Hacia dónde va Nicaragua? Retos y desafíos ante la grave crisis de derechos humanos”, organizado por Raza e Igualdad en conjunto con Cejil.

Las palabras de apertura del evento estuvieron a cargo de la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, mientras que la mesa de ponencia estuvo integrada por Marlin Sierra, directora ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Azahalea Solís, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Lucía Pineda, Jefa de Prensa de 100% Noticias y ex prisionera política del régimen de Nicaragua, Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua de la CIDH, Roberto Desogus, encargado para Nicaragua de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), y Sofía Macher, miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua.

Durante el evento, que se extendió por más de dos horas, las primeras tres ponentes de origen nicaragüense se enfocaron en describir sus experiencias de defensa de derechos humanos y de labores de reportería, en el caso de Lucía Pineda, mientras que los ponentes que representaban organismos internacionales describieron el trabajo de monitoreo que han continuado realizando fuera del país, y describieron sus compromisos a futuro y su interés de regresar al país cuando las autoridades muestren la disposición de recibir sus respectivas misiones.

Al siguiente día, Lucía Pineda participó de un desayuno con periodistas colombianos y extranjeros de medios digitales, impresos y televisivos. A lo largo de su estancia en Medellín, la periodista que estuvo casi seis meses en prisión por informar a través de 100% Noticias, también fue entrevistada por diversos medios de comunicación interesados en contar su experiencia y visibilizar las demandas del pueblo nicaragüense.

Lanzamiento de la exposición fotográfica “Ponte en mis zapatos”

Con la participación de activistas de derechos humanos de diferentes países de Latinoamérica, en el marco de la 49ava Asamblea General de la OEA se llevó a cabo el lanzamiento de la exposición Fotográfica “Ponte en mis Zapatos” un trabajo colaborativo entre el Maestro Edgar Armando Plata de la Universidad del Norte y Raza e Igualdad.

La muestra fotográfica que pretende visibilizar el trabajo que diferentes activistas, defensores y defensoras de derechos humanos realizan como trabajo fundamental para la defensa y reconocimiento de los derechos humanos, fue expuesta en el Instituto Colombo Americano de Medellín y estará disponible hasta el mes de agosto de 2019.

Lanzamiento del informe de la CIDH – Reconocimiento de derechos de las personas LGBTI: Miradas Afro LGBTI desde un enfoque interseccional

En el marco de la 49ª Asamblea General de la OEA la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su reciente informe “Reconocimiento de derechos de las personas LGBTI” una mirada sobre el estado de derechos de las personas con identidades y expresiones de sexo y género diversas, en relación a este documento activistas de Brasil, Nicaragua, Perú y Colombia señalaron la grave situación de des-protección y violación de los derechos fundamentales a los que continúan viéndose enfrentados las personas LGBTI de toda la región.   En este sentido la activista Belén Zapata mujer trans afroperuana señaló que los crímenes de odio y violencia contra las personas LGBTI en Perú no son considerados crímenes, aún cuando existen múltiples casos hoy no hay leyes que penalicen estos hechos “No debemos seguir muriendo y que nuestros asesinos sigan en las calles cometiendo otros crímenes”, resalta Belén Zapata sobre los asesinatos a personas trans.

Así mismo, la lideresa Alessandra Ramos, mujer trans afrobrasilera señaló que las personas LGBTI en el país se enfrentan hoy a una preocupante y grave situación de vulneración y violación a sus derechos fundamentales, especialmente porque el gobierno de turno liderado por Jair Bolsonaro no reconoce a las personas con expresiones e identidades de género y sexo diverso. En este sentido, la lideresa señaló que Brasil es el primera país en el que más se asesinan personas trans, siendo 163 el número de personas trans asesinadas el año pasado por crímenes de odio. Ante esta situación la lideresa expresó:  “Nosotres existimos para resistir y resistimos para no dejar de existir”.

Finalmente, la Red Afro LGBTI de América Latina y el Caribe presentes en el evento hicieron una declaración pública en relación a las afectaciones, violaciones y discriminación estructural que las personas Afro LGBTI de la Región Latinoamericana a razón de su orientación sexual, raza y etnia.

Lea aquí Declaración de la Red Afro LGBTI de América Latina y el Caribe

Día del orgullo LGBTI: Los 50 años de la Revuelta de Stonewall

En el día de hoy, millones de personas en todo el mundo conmemoran los 50 años de la Revuelta de Stonewall. Stonewall es considerado un evento histórico para el movimiento LGBTI organizado en el mundo, y lleva ese nombre por cuenta de un evento que ocurrió en un bar gay ubicado en Nueva York llamado Stonewall Inn.

En aquella época, muchos estados norteamericanos trataban las relaciones homosexuales como crímenes, y en Nueva York las personas estaban obligadas a usar ropa de acuerdo con su sexo biológico. Los bares ni siquiera podían vender bebidas para homosexuales o cualquier persona que desafiara la heterossexualidad cisgénero. Eran muy comunes las rondas policiales en que dueños, empleados y clientes eran criminalizados.

El 28 de junio de 1969, policías entraron en el bar Stonewall Inn y comenzaron a arrestar a empleados y clientes. Sin embargo, en vez de simplemente someterse a esa situación, ese día las personas decidieron resistir. Los clientes comenzaron a lanzar monedas a los policías, haciendo referencia a la propina que ellos pagaban para no molestar a los bares. Luego, la revuelta se intensificó e incluso cócteles molotov fueron arrojados a la puerta.

Esta reacción inesperada de personas cansadas de toda la represión de la época dio inicio a una serie de protestas en los días siguientes. Un año después, esas personas organizaron la primera Marcha del Orgullo. Sin embargo, al contar esta historia no se puede correr el riesgo de realizar una lectura que invisibilice a algunas figuras que lideraron esos episodios y que fueron extremadamente importantes para la historia del movimiento LGBTI. Es el caso de Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson.

Voces silenciadas: Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson

Sylvia Rivera fue una de las figuras emblemáticas en las revueltas iniciadas en el Stonewall Inn, y es reconocida como una de las activistas que estuvieron en la línea de frente de la Revuelta, siendo esencial en la agitación y movilización de los manifestantes.

Nacida en 1951 en Nueva York, Sylvia era pobre, latina y prostituta, hija de dos inmigrantes de Puerto Rico y Venezuela, habiendo sufrido durante toda su vida abusos de la policía. Fue abandonada por su padre en los primeros años de su vida y su madre se suicidó cuando Sylvia tenía sólo 3 años de edad. Comenzó a vivir en la calle con 11 años de edad.

Sylvia era muy amiga de Marsha P. Johnson: negra, transgénero, pobre y trabajadora sexual. Nacida en Nueva Jersey en 1945, llegó a Nueva York a finales de los años 60. Aunque poco se sepa sobre su infancia, es conocido que Marsha fue una gran activista política: gritaba en las calles, movilizaba marchas, daba entrevistas y, al igual que Sylvia , era constantemente criminalizada.

Tanto Rivera como Johnson estuvieron en la línea de frente de los procesos de resistencia en Stonewall, pero fueron más que eso. Un año después de la Rebelión, Johnson y Rivera fundaron la organización Street Transvtestite Action Revolutionaries (S.T.A.R.), que daba techo, comida y ropa para unas 50 personas trans que vivían condiciones de pobreza y habitabilidad de calle. Marsha y Sylvia sostenían ese proyecto con el dinero fruto del propio trabajo sexual. Sin embargo, en una entrevista concedida en 1989, Rivera habla que cuando ella y Marsha pidieron ayuda a otras organizaciones de la comunidad, que contaban con profesores y abogados (blancos y de clase media alta) y que podrían ayudar con algunos recursos, esas personas les dieron la espalda. No había nadie para ayudarlas.

De hecho, mientras el movimiento LBGTI crecía, sobre todo hombres gays, en su mayoría blancos, asumieron el liderazgo y relegaron a personas trans como Johnson y Rivera a la periferia porque creían que figuras como ellas, con toda su vestimenta, por un lado, traían más la falta de respeto a la comunidad y, por otro, dificultaban el argumento de que no había ninguna diferencia entre gays, lesbianas y heterosexuales.

El ápice de la tensión fue en la Marcha de 1973, cuando Rivera fue abucheada al recordar que, si no fuera por las drag queens, no habría movimiento de liberación gay y que ellas eran la línea de frente de la resistencia.

Por un orgullo interseccional

La historia de la participación de personas como Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera en la Revuelta de Stonewall resalta cómo la comunidad LGBTI no puede ser vista de una manera homogénea, como si todas las experiencias fueran las mismas y, sobre todo, como si los derechos conquistados fueran luchados de la misma forma por toda esa población. No sucede así. Más que eso, esta historia explora los límites de las alianzas dentro de la comunidad LGBTI, que no puede utilizar a las personas trans sólo como un puente para conquistar derechos o status.

Por otro lado, las dos encarnan en sus vidas la interseccionalidad, evidenciando la importancia de considerar varios marcadores sociales para pensar en los procesos de construcción de las identidades, como la raza, la clase, la nacionalidad, la etnia, la identidad y la expresión de género, la orientación sexual, entre otros ejes de opresión.

Johnson y Rivera nos dan la oportunidad de pensar que, más que solamente incluir, por ejemplo, referencias a género en los debates de raza y viceversa, la interseccionalidad debe constituir una herramienta para asumir un compromiso con las experiencias, conocimientos, luchas y las agendas políticas que emerjan a partir de la resistencia a los diversos ejes de dominación y opresión. Ello, sobre todo con aquellas que están en las esferas más bajas del reconocimiento de la humanidad – como fue el caso de Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera-, y sigue siendo el caso de tantas personas trans negras y latinas, que siguen figurando como las víctimas de más violaciones a sus derechos humanos.

En estos 50 años de la Revuelta de Stonewall, Raza e Igualdad desea renovar nuestro compromiso con las resistencias de las personas que tienen sus vidas marcadas por opresiones a partir de su raza, identidad o expresión de género, orientación sexual, clase, nacionalidad y otras, y aprovechamos esa oportunidad para invitar a toda la comunidad LGBTI a comprometerse en una lucha por igualdad que no cierra los ojos para aquellos y aquellas que no gozan de los privilegios blancos, cisgénero, masculinos y de clase, o cualquier condición que les permita experimentar una humanidad que no es experimentada por todos/as. La lucha por la igualdad no puede dejar de lado a los que más la necesitan.

Os 50 anos da Rebelião de Stonewall

Leia a versão portuguesa

ORGANIZACIONES DE DDHH EXHORTAN A REPÚBLICA DOMINICANA A RESPETAR Y PROTEGER EL SIDH

Santo Domingo, República Dominicana, 29 de mayo, 2019.- Las organizaciones abajo firmantes, expresamos nuestra preocupación ante el rechazo estatal a la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto a República Dominicana, en la que reiteró su competencia para conocer casos relacionados a dicho Estado. La Corte IDH consideró que la decisión TC- 256-14 desarrollada por el Tribunal Constitucional dominicano y que según el Estado impediría que la Corte se pronuncie sobre el país, no es válida bajo el derecho internacional.

El pasado 26 de abril, el Estado dominicano expresó en una rueda de prensa que seguirá desconociendo la competencia de la Corte IDH en base a la decisión TC-256-14 a pesar de lo ordenado por ésta en su reciente resolución. En igual sentido, se han pronunciado el actual presidente del Tribunal Constitucional dominicano y el ex presidente de la República Leonel Fernández, cabe recordar que fue el Presidente Fernández quien en 1999 formalmente aceptó la Competencia de la Corte IDH en representación del Estado dominicano. También cabe destacar que mientras distintos actores políticos se pronuncian en contra de la Resolución, destacados juristas han afirmado que la Corte IDH mantiene su competencia y que constitucionalmente sus decisiones son tan vinculantes como las del Tribunal Constitucional.

Como organizaciones de derechos humanos, nos preocupa la postura expresada por representantes del Estado dominicano, ya que se inscribe en un esfuerzo del Estado de limitar el acceso a la justicia de todas las personas que habitan en República Dominicana. Es importante destacar, que existen actualmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) más de 86 casos de violaciones a derechos humanos respecto de República Dominicana, que tratan temas como derechos de las mujeres, participación política, derechos de las personas privadas de libertad, debido proceso administrativo, derecho a un recurso efectivo ante la ley, entre otros, y que eventualmente podrían ser decididos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con esta actitud del Estado dominicano, estas víctimas podrían ver sus posibilidades de justicia y reparación gravemente afectadas.

A lo largo de los años, tanto la CIDH como la Corte IDH han sido pilares esenciales para la defensa y la protección de los derechos humanos de todo el continente y han contribuido de manera significativa al avance de los derechos humanos en nuestros países. Así, por ejemplo, los órganos del sistema interamericano de derechos humanos (SIDH) han desarrollado estándares internacionales de derechos humanos en la lucha contra la corrupción en países como Guatemala y Honduras, que han contribuido a iniciativas tales como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) o la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Asimismo, ha sido fundamental en la defensa y garantía de los derechos de una diversidad de grupos como personas LGTBI, personas privadas de libertad, afrodescendientes e indígenas, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas defensoras de derechos humanos, migrantes, entre tantas otras.

Cabe destacar que, más allá de la gran incertidumbre para las víctimas que ya tienen sentencias a su favor, la postura del Estado dominicano respecto a la competencia de la Corte Interamericana limita las posibilidades de todas las personas que habitan en territorio dominicano a ser reparadas por las violaciones a sus derechos humanos ante la falta de una solución a nivel nacional. Para ellas, el SIDH puede llegar a ser la última esperanza de encontrar justicia, verdad y reparación.

Por todo lo expuesto, las organizaciones firmantes, que trabajamos en la defensa de los derechos humanos, exhortamos a la República Dominicana a reconocer sus obligaciones internacionales y evitar buscar limitar las garantías de protección.

Descargue aquí comunicado con nombre de las organizaciones firmantes

Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia

En la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia recordamos la necesidad aún latente de que los Estados del mundo, especialmente de la Región Latinoamericana y el Caribe, continúen trabajando para que la inclusión, reconocimiento y respeto de los derechos de las personas con identidades sexuales y expresiones de género diversas sean pilares fundantes de la construcción de políticas públicas y acciones afirmativas que orienten la arquitectura de sociedades diversas, en paz y justicia social.  

Aunque han sido considerables los avances en materia de reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en todo el mundo, aún persisten violencias que atentan contra la integridad física y moral de las personas que expresan orientaciones sexuales o identidades de género diversas.  La complicidad social parece ser uno de los fenómenos que estructuralmente han imposibilitado la superación de las violencias contra las personas LGBTI, por lo tanto, realidades que someten a estas personas a estados de marginación social como la falta de acceso a servicios de salud, educación, trabajo, hacen parte de las condiciones que socialmente se normalizan por el hecho de vivir como una persona diversa, lógicas que sólo reproducen la pobreza, discriminación y vulneración en las esferas sociales cuando de garantía de derechos se trata.  

En América Latina y el Caribe, los actos de exclusión, discriminación y odio, están basados en muchas ocasiones en creencias o principios religiosos, dogmas que someten la construcción identitaria de las y los individuos a normas de género,  que no reconocen expresiones diversas de ser o vivir, razones por las cuáles el estigma que enfrenta esta población para hacer efectiva la exigibilidad de los derechos pasa por la conquista de una serie de espacios sociales y políticos que por derecho cualquier ser humano cuenta, pero que para estás personas son negados a causa de su realidad. 

Radiografía social de América Latina y el Caribe para personas LGBTI 

La radiografía social de las personas LGBTI para el 2019 en América Latina y el Caribe continúa siendo bastante desalentadora, especialmente por la conquista de espacios de participación y escenarios de toma de decisión que en el pasado ya habían sido ganados, pero que por empeño, desconocimiento y estigma de grupos fundamentalistas se han visto nuevamente amenazados.    

De igual forma, resulta muy preocupante como las motivaciones prejuiciadas continúan siendo uno de los principales móviles de homicidio de las personas LGBTI, caracterizados además por ser ejecutados con crueldad excesiva. Estas cifras, generadas principalmente por la sociedad civil, contrastan con la falta de interés de los Estados en fortalecer sus propios registros frente a estas violencias y documentar e investigar adecuadamente estos hechos. 

Brasil, por ejemplo, es considerado uno de los países donde más personas trans son asesinadas según el último informe de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil (ANTRA) y el Instituto Brasileño Trans de Educación (IBTE).   De acuerdo con el informe, solamente en el 2018 un total de 163 personas trans perdieron la vida de forma violenta en asesinatos relacionados con su sexualidad, hechos que según la presidenta de ANTRA, Keila Simpson, se identificaron durante el período electoral por discursos incitadores en contra de la población LGBTI por parte de los candidatos a la presidencia.   Esta situación continua siendo una de las principales preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos de las personas LGBTI, especialmente porque el actual gobierno en cabeza de Jair Bolsonaro, ha sido enfático en desconocer e invisibilizar la situación de derechos de esta población.  

De igual forma, en República Dominicana la situación de las personas LGBTI continua siendo alarmante, especialmente por la falta de políticas públicas y acciones afirmativas que promuevan espacios de inclusión social; muchos son los casos que organizaciones de sociedad civil reportan al año de esta violencia, pero poco o nada son tenidos en cuenta por medios de comunicación nacional u entes estatales; situación que, según lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último informe anual,   genera mayor discriminación contra las personas LGBTI agravándose al intersectarse con otros factores como la nacionalidad, raza, etnia, creencia, género, etc.   

Esta situación de desconocimiento estatal de los derechos de las personas LGBTI en República Dominicana, promueve además espacios de violación y/o agresión aceptados socialmente, incluso por autoridades estatales, tal y como lo señala el último informe publicado por Amnistía Internacional y TRANSSA Trans Siempre Amigas, en relación al abuso, maltrato y hostigamiento policial hacía mujeres trans trabajadoras sexuales, quienes son sometidas a constantes actos de violencia por parte de la policía a causa de su identidad de género.  

Otro de los elementos a tener en cuenta durante este día, está atravesado por la afectación que las personas con identidad sexual y expresiones de género diversas presentan en relación al acceso a la justicia; particularmente porque las leyes y planes de acción estatal de la mayoría de los países de la región han desconocido parcial o completamente que las afectaciones de esta población son diferenciadas y por tanto los mecanismos de reparación deben ser pensados como tal.  Ejemplo de esto es el caso de Colombia durante el proceso de paz.  Según el Registro Único de Víctimas se reporta que fueron víctimas del conflicto armado 3.368 personas reconocidas como LGBTI, siendo las principales causas de registro el desplazamiento forzado, las amenazas, los homicidios, los delitos contra la libertad y la integridad sexual, teniendo en cuenta que una persona pudo sufrir varios hechos.   

Resulta evidente, entonces, que las personas LGBTI regularmente ya sea por su orientación sexual o identidad de género son víctimas de múltiples afectaciones, pues el impacto de las dinámicas sociales las pone en desventaja en relación al del resto del conjunto social; así, por ejemplo, si estamos hablando de una mujer trans, afrodescendiente que vive en zonas rurales, las afectaciones de un conflicto, como el Colombiano, deben pensarse desde esta triple arista.  Justamente esta interseccionalidad por la que atraviesan la mayoría de las personas LGBTI no son contempladas por los Estados al momento de garantizar sus derechos siendo revictimizadas por una lectura incompleta de sus realidades. 

Retos para la inclusión 

 Ciertamente romper con las dinámicas de pobreza, exclusión y marginación social de todas las personas LGBTI, pasa por promover la prosperidad compartida para todos los grupos sociales, y esta tarea de los Estados debe estar en línea con los principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de “no dejar nadie atrás” retomando las cinco áreas priorizadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) al respecto de las personas LGBTI:  1) Bienestar económicos; 2) seguridad personal y violencia; 3) Educación; 4) Salud y 5) Participación Política y Cívica.  

Existen aún muchos retos para la región en materia de garantías de los derechos de las personas LGBTI, especialmente en lo relacionado con la consolidación de datos en la Región acerca de su situación de derechos; la carencia de datos impide avanzar en acciones afirmativas que materialicen los puntos anteriormente señalados y así lograr espacios reales de reconocimiento, participación y toma de decisión de las personas LGBTI.  

Una primera estrategia de trabajo que podrían adoptar los gobiernos en la región, es la de tomarse muy seriamente la implementación de políticas interseccionales que reconozcan las múltiples vivencias que pueden residir en una misma persona. El reconocimiento de que las personas no existen únicamente bajo la categoría racial, etaria, orientación sexual o identidad de género, debería ser consecuente con la consolidación de políticas que reconozca las brechas sociales y económicas que se han forjado en forma compleja en torno a las personas en razón a las múltiples “categorías de análisis” que pueden cohabitar en ella. Pensar en políticas sociales segmentadas sigue aislando a las personas y generando barreras para el acceso integral a derechos. 

En segundo lugar el reconocimiento de poblaciones especialmente vulneradas que requieren una intervención articulada y urgente del Estado. La violencia homicida y abusos por parte de agentes de los Estados contra las personas trans en general y las personas Afro-LGBTI en particular, da cuenta de una situación que no da espera. La existencia de una discriminación estructural que requiere una intervención de largo aliento, debería ser prioritaria para los Estados en la región, si se desea reducir sustancialmente la violencia homicida y los abusos por parte de agentes de seguridad contra los mencionados grupos sociales. 

Finalmente, la persistencia de un contexto cada día más proclive a los fanatismos religiosos que atentan no solamente contra la seguridad e integridad de las personas LGBTI, sino además contra el Estado democrático y laico, es un riesgo importante que debería preocupar a los gobernantes latinoamericanos. Los fanatismo religiosos son un boomerang que termina por golpear a sus mismos promotores. Las tácticas de señalamiento moral, represión sexual, y criminalización bajo preceptos de fe, generan inestabilidad social y llevan a la radicalización de opiniones y acciones. La defensa del Estado laico es más necesario que nunca cuando grupos religiosos específicos se intentan imponer sobre otros en forma violenta. 

Pronunciamiento  

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) en esté día une su voz a las miles de organizaciones en el mundo que trabajan por la defensa y reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI, especialmente para que la “Justicia y Protección para Todas las Personas ” sea una realidad asumida por los Estados y que para ello materialice las políticas y acciones pertinentes para proteger a quienes históricamente han sido más vulnerables y han sido oprimidos por el abuso de poder, ya sea por la fuerza física o por la fuerza de las creencias impuestas desde el desconocimiento de los derechos humanos. 

Hacemos igualmente un llamado a los Estados para que conscientes de la necesidad de generar espacios de participación e inclusión promuevan mecanismos pedagógicos de sensibilización y diálogo para que la brecha de desigualdad, discriminación y marginalidad sea erradicada.  

Instamos, así mismo, a la comunidad internacional a continuar pronunciándose a favor de la exigibilidad de los derechos de las personas LGBTI, especialmente en este momento de crisis para los derechos humanos en toda la Región de América Latina y el Caribe. 

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